«Rodrigo Fajardo y sus aliados, han fungido como alfombra Saquicelista, que responde únicamente a agendas personales, alianzas con el correísmo y acuerdos bajo la mesa», dicta el comunicado de la ID firmado por el presidente del partido, Enrique Chávez.

El partido ratificó al asambleísta Ramiro Narváez como coordinador de la bancada legislativa. Sin embargo, resaltaron que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, no lo registra legalmente. El objetivo sería »mantener bajo control los votos que sumen a los intereses de la bancada legislativa representadas en Saquicela», recalcaron.

Réplica

Por su parte, el comunicado de la Bancada Legislativa de la Izquierda Democrática representada por Rodrigo Fajardo manifestó que los asambleístas liderados por Chávez no tienen vergüenza de cambiar sus posturas. «Súbitamente se muestran como críticos de un Gobierno al que han sostenido», dicta un comunicado.

De igual manera, señalaron que se reservarán el derecho de tomar acciones legales contra las personas que «con base de calumnias pretenden beneficiarse de la confusión en medio de una coyuntura tan crítica». También ratificaron su apoyo al juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso.

Los exilios de la ID

En noviembre del 2022, la ID separó de la bancada a los asambleístas Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo y Yeseña Guamaní por incumplir con las leyes del Consejo. Además, autorizaron al presidente Nacional, Enrique Chávez y a la Fiscalía General del Estado (FGE) tomar acciones disciplinarias y legales pertinentes contra los miembros de la ID.

“Iniciar con los procesos a quienes se han tomado atribuciones ilegítimas de representación de la ID y que han usado la identidad y los símbolos de la organización a título individual o colectivo”, reza el comunicado.

La presidencia de Chávez

Según la legisladora Guamaní, la directiva del Consejo Ejecutivo Nacional de la ID la conforman presidentes provinciales prorrogados que no respetan los estatutos. Una de las presuntas ilegalidades es designar al segundo vicepresidente del partido, Enrique Chávez, como presidente encargado en reemplazo de Guillermo Herrera.

Con esta resolución, aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se respetó el orden de sucesión y se desconoció a la primera vicepresidenta del partido, Analía Ledesma “por ser mujer”, resaltó Guamaní.

Agregó que el propósito de la designación de Enrique Chávez era tomarse el partido con el apoyo de asambleístas disidentes de la ID. Su objetivo era desconocer el liderazgo de Xavier Hervas y perseguir a los legisladores que no estaba de acuerdo con sus “intereses ocultos”. (A.G.M).

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“Para enfrentar esta ola de inseguridad no basta una ley. En Ecuador cada dos horas se comete un asesinato. Solo en lo que va del año, más de 1.655 personas perdieron la vida de forma violenta. EL uso legítimo de la fuerza ya está reglamentado tanto en la normativa nacional como internacional”, dice el principio del comunicado.

Agregaron que, como bancada, decidieron votar a favor del proyecto “para evitar que se convierta en una excusa para la incompetencia de Lasso. Los índices de inseguridad son responsabilidad directa del Gobierno. La bancada RC buscó modificar los artículos ambiguos sobre la protesta social conscientes que no pueden ser un instrumento contra los luchadores populares que seguirán enfrentando las políticas neoliberales, estaremos vigilantes”.

De acuerdo con la bancada, los 10 años anteriores fueron una muestra de un buen trabajo en seguridad. “Cuando Ecuador fue el segundo país más seguro de la región, la RC demostró que este problema, más allá de una ley necesita de voluntad política y presupuesto”.

Ley de uso de la fuerza

Con 104 votos a favor y 19 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, fuerzas armadas y guías penitenciarios.

En ejercicio de un punto de información, el asambleísta Ramiro Narváez, ponente del informe, aclaró que el texto trabajado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de ninguna manera autoriza el uso de la fuerza para sofocar las manifestaciones pacíficas, al contrario, la propuesta garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta; prohíbe el uso de armas letales en este tipo de operativos, precisamente para salvaguardar la integridad de las personas. MIB

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“Somos defensores del debido proceso. Que haya la sucesión legal que corresponde. Nosotros nos mantendremos en esto con la firmeza. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas en el caso de que se diera la defensa de la sucesión Legal”, dijo el jefe del bloque de la ID.

Agregó que la asambleísta Yesenia Guamaní debe subir al cargo de primera vicepresidenta. “Nosotros nunca nos negamos al diálogo. Si la primera vicepresidencia queda vacante, nosotros expondremos nuestro criterio y defenderemos nuestra posición que es legal”.

A pesar de que los miembros de la ID no votaron ni estuvieron presentes en la sesión del 31 de mayo, dicen que respetan la institucionalidad y la legalidad. “Es un acto político donde hay pesos y contrapesos. También equilibrios. Nuestra posición ha sido clara, le dimos estabilidad al país. Si en este momento se da el caso de conversar, nosotros defenderemos nuestra posición legal”.

¿Qué dice los asambleístas expulsados?

La asambleísta Johana Moreira, expulsada por expresidente del movimiento Guillermo Herrera, se pronunció de forma crítica por las declaraciones. “No apoyaron el cambio del orden del día, la auto convocatoria, la creación de la comisión, el informe de la comisión, la destitución de la presidenta y la posesión de Virgilio. Manifiestan que todo es ilegal, pero quieren tener la 1era Vicepresidencia. Son un chiste mal contado”.

Por otra parte, quien fuera miembro de la Comisión Multipartidista que recomendó la destitución de Llori, Lucía Placencia también objetó las acciones de la bancada de la ID, quienes dijeron que el proceso contra Llori era ilegal. “Primero defendieron una figura personal por sobre los ideales que nos forjan como militantes de la Izquierda Democrática, luego negaron su apoyo en todo momento, pero ahora pretenden beneficiarse de esta lucha que buscaba el bienestar de todos, no el de unos pocos”. MIB

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La señora Guadalupe Llori viene usando y abusando de los bienes de la Asamblea. Tanto los bienes materiales como los humanos. Ha utilizado al doctor Salazar para presentar medidas cautelares y denuncias penales para sus propios intereses no por los de la Asamblea. Eso se llama peculado de uso y consta en la legislación penal”, dijo el asambleísta Fausto Jarrín a los medios.

Añadió que esperan que la fiscal agilice este trámite. “Si notifica inmediatamente o si lo deja guardado, traspapelado como la denuncia de Moreno y Romo por las bombas, INA papers y tantas denuncias que duermen el sueño de los justos. O si, como hizo con 93 asambleístas lo va a hacer en cuestión de días”.

Jarrín fue enfático al decir que ha utilizado a Salazar para beneficio propio. “Eso es lo que ha hecho con el abogado de la Asamblea. Cuando se quiere presentar denuncias penales se contrata abogado, no se usa al abogado de la Asamblea porque el abogado Salazar también nos responde a nosotros y ahora firma una denuncia contra nosotros. Estamos cansados de los atropellos”. MIB

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“La burda y absurda injerencia de la justicia en el poder Legislativo. Nosotros rechazamos las actuaciones de estos jueces con estas medidas cautelares a la carta. Justamente cuando la Asamblea Nacional, que es un poder independiente, tenía que resolver un tema de suma importancia para su funcionamiento y el futuro de los ecuatorianos”, dijo el legislador Esteban Torres en su intervención.

Además del rechazo a la intromisión de la justicia en el Legislativo, la bancada presentará una queja contra los jueces. “No solo nos quedaremos en el rechazo, promoveremos una queja contra estos jueces firmada por más de 70 asambleístas y los que se quieran sumar. También acciones para que los miembros del Consejo de la Judicatura par que expliquen lo que sucede con la justicia y el poder Legislativo. Presentaremos un cambio del orden del día en la próxima sesión para que el tema no quede sin discusión.

Pedidos de denuncia

Las bancadas del PSC y Unión por la Esperanza (UNES) presentaron pedidos de denuncia por incumplimiento de funciones contra Guadalupe Llori y los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), respectivamente.

Asimismo, el asambleísta Gruber Zambrano (BAN) de la bancada oficialista presentó una demanda contra los miembros de CAL apoyada por la bancada de Pachakutik. Zambrano asegura que hay incumplimiento de funciones por la demora en la aprobación de proyectos de ley, la vacancia legislativa y la calificación de juicios políticos. MIB

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“Sobre una supuesta expulsión de PACHAKUTIK, nada más falso que aquello. Ni siquiera nos han notificado con el inicio de expediente disciplinario, que conllevaría el debido proceso. Buscan amedrentar, buscan callarnos, para proteger a Pdta. Llori y apoyar a Lasso. No lo lograrán”, escribió Pereira.

Por su parte, el legislador Mario Ruiz dijo que no claudicarán en su servicio al país. “Si por defender a la Pachamama del extractivismo, el patrimonio nacional y social de nuestros hijos de privatizaciones, al pueblo de los banqueros, la cúpula de Pachakutik nos expulsa, que sean las bases y el pueblo los que juzguen ¡Nosotros no claudicaremos en nuestra lucha!”.

Expulsión de los ‘rebeldes’

A través de un comunicado, la bancada del Movimiento Pachakutik anunció la expulsión de seis asambleístas: Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Peter Calo, Patricia Sánchez, Fernando Cabascango, y Darwin Pereira.

La razón de la separación de estos legisladores sería desacato a las resoluciones que emitió la máxima autoridad del movimiento el 7 de marzo del 2022. “Los asambleístas continúan causando división del bloque, han asistido a las reuniones de la bancada, mantienen sus agendas personales y sus objetivos desestabilizadores. Han preferido el caos y hacer juego a grupos políticos que han afectado los intereses del pueblo. Contradicen los principios y mandatos de las estructuras de la organización política”. MIB

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“La Coordinación Nacional respalda el comunicado de la jefatura de bancada en la que decide separarlos de la misma. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización política y legislativa en nombre de Pachakutik. Cualquier acuerdo, decisión o documento que lleguen a firmar los asambleístas no tendrá ninguna validez. Además, el movimiento no lo reconocerá”, dice parte del documento.

La razón de la separación de estos legisladores sería desacato. El movimiento emitió resoluciones el 7 de marzo del 2022. “Los asambleístas mencionados continúan causando división del bloque, han asistido a las reuniones de la bancada, mantienen sus agendas personales y sus objetivos desestabilizadores. Han preferido el caos y hacer juego a grupos políticos que han afectado los intereses del pueblo. Contradijeron los principios y mandatos de las estructuras de la organización política”.

Las disposiciones del Movimiento fueron apoyar bajo cualquier circunstancia a los espacios que se consiguieron de forma legítima dentro del Legislativo. Esto incluye la Presidencia de la Asamblea Nacional. De acuerdo con Pachakutik, los seis legisladores tomaron decisiones en contra de este pedido. MIB

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“¿Puede existir un pacto con un Gobierno que nos ha catalogado como golpistas? Un gobierno que nos ha perseguido. Les recuerdo que soy parte de la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga Pandora Papers y tenemos abierta una investigación en Fiscalía. No, rechazamos categóricamente esos intentos de posicionar que UNES tiene un pacto con el Gobierno”, dijo Cabezas a los medios.

Añadió que fueron los únicos que presentaron un informe de minoría. “Pregunten si las demás bancadas hicieron alguna observación, aporte adicional o dieron alguna alternativa al país. La bancada de la Revolución Ciudadana le dio a esta Asamblea otra posibilidad”.

Agregó que la presidente Guadalupe Llori y el secretario de la Asamblea deben dar respuestas al país por el oficio entregado al Ejecutivo indicando que la ley no fue aprobado, modificada o negada y en consecuencia llegó al Ministerio de la Ley.

Sin pacto

La asambleísta se apresuró a decir que no existe un pacto por la libertad de Jorge Glas. “Todos los privados de la libertad están en riesgo por las políticas nefastas del Gobierno de Moreno. No es un tema exclusivo de nuestro compañero Jorge Glas. Rechazamos categóricamente el intento mediático de posesionar un pacto con el Gobierno”.

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“Respecto a la decisión de UNES hay dos explicaciones. O son perfectamente incompetentes todos o hay un acuerdo con el Gobierno de Lasso. Como yo me resisto a pensar que en una bancada tan grande todos sean incompetentes, es evidente que hubo un juego de manos para querer embaucar a la gente y terminar legitimando el paso del proyecto por el Ministerio de Ley”, explica para Radio la Calle el abogado y analista Ramiro Aguilar.

Sin embargo, no hay una explicación del porqué o lo que pactaron con el Gobierno. “Si UNES esta vez habría estado del lado de la gente, habría votado el archivo. Todo lo que digan sobre eso es una tontería o mentira. Este proyecto es absolutamente nocivo para la gente y en consecuencia había que darle el tiro de gracia”.

El objetivo del Gobierno

Para el jurista, el Gobierno siempre jugó a que su proyecto pase por el Ministerio de Ley. “Pachakutik, ID, los socialcristianos y UNES estuvieron en ese juego para que luego digan: no, nosotros no votamos por el proyecto de ley”.

“En este caso lo que habría que preguntarle al expresidente Correa y a UNES es ¿qué pactaron? Hay oposición, pero en este caso hay que preguntarse qué negociaron. Me resisto a pensar que 35 personas sean tontas”, precisó.

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Del lado de Pachakutik

La legisladora de Pachakutik, Mireya Pazmiño, señala que están muy consternados y preocupados por lo ocurrido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Respecto a la abstención de la bancada UNES, frente a la moción de archivo del proyecto de Ley de Desarrollo Económico, la legisladora dice que de parecería que están buscando intereses personales.

“Ahora estamos viendo que el correísmo no es de izquierda. No es la voz del pueblo ecuatoriano. Realmente estamos muy tristes, porque el resultado de esta votación acarrea más pobreza para el pueblo ecuatoriano”, asegura.

Explica que queda una última opción que sería pedir la reconsideración de la votación y convocar al Pleno el día de mañana. “Se debería ingresar la petición para solicitar la reconsideración, a través de un oficio de cualquiera de los asambleístas. Pero considerando que mañana vence el plazo, esto debería hacerse lo antes posible hoy; a más tardar mañana, e inmediatamente la presidenta de la Asamblea debería convocar a votación”, indica.

El archivo

Pazmiño cuenta que su propuesta consistía en archivar todo el proyecto económico urgente, tal como ingresó al Pleno de la Asamblea Nacional. Luego de eso el presidente tenia la oportunidad de presentar un nuevo proyecto económico urgente.

“Estábamos llamando también a que entre todos propongamos un proyecto, aportemos y entreguemos esto en la Secretaría de la Presidencia. Pero ahora, que entre el proyecto por el ministerio de la Ley es algo muy perjudicial para todos los ecuatorianos”, afirma.

La legisladora de Pachakutik sostiene que su bancada no apoyó el informe de minoría porque estratégicamente era más conveniente archivarlo. Explica que al aprobar este informe quedaba abierta la posibilidad de que cuando regrese al Ejecutivo sea vetado por el presidente. Con el veto, explica Pazmiño, se podría ingresar nuevamente el proyecto del Ejecutivo tal cual se envió la primera vez.

Por ello, la asambleísta asegura que la mejor opción era construir un nuevo proyecto que realmente beneficie a la mayoría de los ecuatorianos, que genere una verdadera reactivación.

“Ahora quedará en el pueblo, si nos vamos a las calles. Creo que el pueblo no se va aquedar tranquilo porque esta Ley afecta a todos los sectores. Además, tendrá un costo político muy alto para la bancada de UNES”, señala.

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Así lo indicó en entrevista con Radio La Calle, el presidente de la Comisión, José Cabascango (PK). El informe, que rechazó la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), indica que el Mandatario habría incurrido en la violación del pacto ético sobre paraísos fiscales.

«Nosotros somos claros en la primera recomendación, el Presidente está involucrado con empresas offshore y no entiendo porque los asambleístas no discuten sobre ese tema que es grave», expresó el legislador.

Cabascango añadió que este punto está claro. «El mismo Presidente dijo que tenía empresas y se deshizo, pero no de sus capitales sino que transfirió a sus familiares».

Las quejas

Sobre las declaraciones de los asambleístas Quezada y Saquicela, Cabascango indicó que el documento se analizó por todos los asambleístas.

«Se envió el informe a sus correos para que revisen. Frente a ese informe no hubo una revisión. Saquicela envió un informe de minoría que también se pasó a presidencia. Sin embargo, asambleístas del BAN e independientes no están de acuerdo con esta investigación».

En total, el informe consta de 10.000 fojas. «Dicen que el informe carece de pruebas y el 8 de noviembre entregamos 800 fojas de pruebas que algunos asambleístas manifiestan que no hay. El debate debe concentrarse en el documento y las pruebas que indican la vinculación del presidente Lasso con empresas offshore».

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“Pachakutik se mantiene vigilante y está realizando un proceso de investigación a cada uno de los parlamentarios del movimiento Pachakutik, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios sagrados. Ama killa, Ama llulla y Ama shuwa en nuestra organización política”, dice el comunicado.

El Movimiento también solicitó que el Tribunal de Ética y Disciplina que cualquier acto irregular que se demuestre sea sancionado con rigor. Además que se impulse un proceso de responsabilidad política para su remoción.

No obstante, el Movimiento no emitió pronunciamiento acerca de las denuncias de una supuesta entrega de cargos públicos por parte del asesor del asambleísta Darwin Pereira.

Denuncia

El asambleísta Bruno Segovia pidió la investigación de los chats de uno de los asesores del legislador de Pachakutik, Darwin Pereira (PK), Petter Armijos, que habría entregado puestos en algunas instituciones del sector público.

De acuerdo con una captura de pantalla que difundió el portal digital La Historia, en un chat de whatsapp se puede leer como le piden a Armijos un puesto. “No te olvides de mi puesto, dejarás algo”. Él responde “Solo hay espacios para la gente leal mi pana. Tengo chance para unos 10 médicos. Otras 20 personas al Ministerio de Trabajo, unos cuantos docentes. En la empresa eléctrica perfil bajo”.

Pereira dijo a los medios que no conocía sobre los supuestos negociados de su asesor. Le pedirá explicaciones sobre esta denuncia y de ser el caso, su renuncia. El legislador apuntó a una posible persecución política en su contra.

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“Cuando salimos el viernes de la Asamblea había mucha tensión. Yo dije si tenemos un poco más de tiempo y podemos continuar con el dialogo seguro podremos llegar a una resolución por el bien del Ecuador. Aprovechamos todas las horas y minutos, conversamos con todas las partes”, dijo el asambleísta por CREO, César Monge.

Añadió que en esas conversaciones también estuvo el Acuerdo Nacional. “Allí están asambleístas de CREO, asambleístas independientes. Un nuevo bloque que está registrado legalmente en la Asamblea. Al final del día se tomó una decisión por el bien del Ecuador”, precisó Monge.

La entrevista se dio antes de la elección de vocales del CAL.  ”Previo a esta reunión ya veníamos trabajando con Pachakutik, con la ID y obviamente con los miembros del Acuerdo Nacional en el tema programático. Compartimos la visión que tiene Guillermo Lasso en su partido de Gobierno. No se trata solo de quien iba primero, segundo o tercero sino también de las soluciones que necesitan los ecuatorianos”.

El acuerdo con Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes dejó fuera a Unión por la Esperanza de los puestos de Presidente/a, Vicepresidente/a. Por su parte, el Partido Social Cristiano no alcanzó ningún puesto en esta jornada.

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