»Un sector privado y productivo sobrepasó a un sector destinado al Estado por el resto de la vida. No deja de ser llamativo los diferentes matices que esta noticia representa», dijo el subsecretario del Ministerio de Producción, Axel Vedani en Radio I99.

La venta de camarón, durante el período de enero a julio de este año, significó para el país USD 4.396 millones, es decir, USD 314 millones más que la producción del crudo con USD 4.082 millones.

Del otro lado, la CNA manifestó que estos datos lo único que exponen es la contracción de esta industria en alrededor del 5 %. En los primeros siete meses del 2022 se vendió más, lo cual supuso una entrada de USD 4.500 millones al país.

»Esto es alarmante, especialmente considerando el aumento en el volumen de producción en 15 %, lo que confirma nuestras advertencias desde finales de 2022 sobre la agresiva caída de precios que hemos experimentado durante todo este año», resaltó el comunicado.

#ATENCIÓN | La @cnaecuador denuncia abandono por parte del Gobierno. Asegura que "a pesar de que las estadísticas oficiales indican que el camarón habría superado en ventas, como el primer producto de exportación, al petróleo, la realidad que enfrente el sector acuícola… pic.twitter.com/LnTUno080W

— CENTRO Digital (@radiocentroec) September 27, 2023

Abandono del gobierno

Además, la CNA enfatizó en que los problemas internos del sector agravan la situación y también denunció el abandono del gobierno. Debido a la crisis de seguridad han invertido cerca de USD 100 millones en custodias armadas y tecnología de monitoreo, pero no ha sido suficiente.

El sector camaronero reportó 50 víctimas y dos fallecidos por la inseguridad que ronda en las calles. »Ninguna de las alternativas propuestas por el sector camaronero ha sido considerada, ni siquiera el porte de armas especiales para empresas privadas», resaltó el gremio.

De igual manera hubo una advertencia sobre los graves impactos que tendría el retiro total del subsidio al diésel. Para la CNA el aumento de los precios de los combustible constituye una amenaza a su trabajo sin que exista una justificación transparente para aplicar esta medida. (AGM).

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De acuerdo con el Gobierno, los recursos fueron utilizados para cubrir el pago de la deuda pública. Sin embargo, Salgado apunta -así como la exgerenta del BCE, Verónica Artola- a una fuga de capitales por parte del sector privado por USD 1.000 millones.

La experta señala que la explicación del régimen se basa en la evolución que han tenido las exportaciones en Ecuador, es decir, la disminución del monto de las exportaciones de petróleo, ante todo, de las empresas privadas.

Añade que la reducción en la RI se debe también a que han disminuido los ingresos del impuesto a la salida de divisas (ISD). Su decrecimiento ha provocado una caída del 27 % en la recaudación de este impuesto. «Pese a que los acuerdos con el FMI culminaron, el Gobierno sigue cumpliendo con esta promesa a los importadores y fugadores de capitales», recalcó.

En cuanto al gasto, Salgado expone que ha incrementado por razones internacionales como la elevación en las tasas de interés desde EE.UU., que repercuten en Ecuador por ser un deudor. Adicionalmente, el Gobierno tuvo que cumplir con el alza salarial a profesores para acatar con la reforma a la LOEI.

La suma de estos factores ha desembocado que -pese a que la RI ha bajado desde junio de 2022- su reducción más fuerte entre enero y junio de 2023 reporte un pago del 36 % más respecto a junio de 2022. En suma, aumentó el gasto y se redujeron los ingresos, según el régimen.

¿La dolarización en riesgo?

El Gobierno de Lasso reiteró que si no se cubría el pago de la deuda pública podría tambalear la dolarización y, por ende, la estabilidad económica del país. Para Salgado, dichas declaraciones son simples amenazas utilizadas por el Gobierno para aplicar sus medidas impopulares.

De acuerdo con ella, usan esas muletillas que supuestamente benefician al país para implementar medidas contrarias al bienestar del Ecuador. Por ejemplo, la reducción del ISD que permite abaratar la fuga de capitales (porque ya no pagan como antes) y reformas en pro de exoneraciones tributarias.

«La ministra de Telecomunicaciones declaró que redujo impuestos a los operadores de las telefónicas, redujo impuesto a la cuota de mercado, también tarifas del sector con la expectativa de que ese dinero no vaya a impuestos, sino a inversión. Pero esa compensación nunca se dio. El Estado dejó de recibir USD 320 millones por decisión política», puntualizó.

Salgado sostiene que ese dinero pudo ir a salud y educación para los ecuatorianos, pero siguen usando ese argumento que es puro cuento.

¿Adónde fueron a parar?

Salgado suscribe las palabras de Artola de los USD 1.000 millones de retiros de la banca privada que constituirían a fuga de capitales, que terminan en paraísos fiscales. «La fuga de capitales es una amenaza para la población y cuando se da lo que hay que hacer es generar leyes que detengan la salida de divisas», dijo.

Además, refirió que en el Gobierno actual dejaron los fondos abiertos únicamente con el sistema financiero privado, ya que la Ley de Defensa de la Dolarización prohibió al BCE a realizar operaciones con el Estado y sus entidades. Dichos fondos solo habrían ido a parar para giros con el sector privado.

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Una disminución de USD 2.500 millones aproximadamente en ocho meses. La pregunta que asalta es, ¿adónde se fue ese dinero?

La versión de expertos

Según los economistas Verónica Artola (exgerenta del BCE) y Segundo Camino si el desfase es la consecuencia de que banca haya retirado el dinero, el BCE deberá aclarar si fue una petición de los clientes de ese sector.

La exgerenta del Banco enfatizó que los casi USD 2.500 millones que se redujeron se debe a giros del sector privado, pero lo «apaciguaron» con el dinero que entregó el sector público.

Artola comentó para Punto Noticias que esta también es una muestra de la ineficiencia del Gobierno actual para generar acuerdos con otras entidades y solventar las necesidades del país.

«Habrá que ver qué hay detrás de todos los giros que hicieron. El desfase se debería a lo que la banca sacó el dinero, pero eso debe argumentarlo el Banco», apuntó.

Mientras tanto, Camino mencionó que hay dos alternativas ante esta reducción. Una que los bancos privados -supuestamente- sacaron el dinero de la reserva y lo inyectaron a la economía del país o que haya una «fuga de divisas» y se afecten los recursos públicos.

«Eso deberá detallarse en el balance que debe emitir el BCE. Allí deberán desglosar los justificativos que cada institución dio», mencionó.

El sube y baja de las reservas

De acuerdo con datos del BCE, en enero de 2023, el país calculó USD 8.360,6 millones. Sin embargo, en los últimos meses ha variado hasta llegar a los USD 6.904,9 millones. Avellán indicó que la última cifra «garantiza las transacciones con el exterior y la sostenibilidad de la dolarización».

Por su parte, el economista señaló que si bien es cierto que el valor alcanzado en septiembre cubre el tercer sistema de la dolarización, lo preocupante sería cuando la cifra a la que lleguen las RI no alcance ni al primer sistema.

«En ese momento hablaríamos de un peligro para la dolarización porque ya no es posible cubrir ningún sistema», dijo.

Radio La Calle intentó comunicarse con un vocero/a del Banco Central para conocer el destino del dinero, pero no obtuvo éxito. La responsable indicó que -por el momento- el gerente no tiene abierta una agenda de medios para dar declaraciones.

La respuesta, un boletín

Luego de las reacciones de actores políticos por la reducción en el valor de las RI, la entidad publicó una editorial en la que menciona su rol con las reservas, pero no detalla una respuesta concreta.

Según el BCE, su rol es hacer cumplir las obligaciones con el exterior requeridas por sus depositantes (sector público, privado y economía popular y solidaria). Recalcó que maneja las RI con procedimientos que procuren su seguridad y rentabilidad.

«La utilización de estos recursos se realiza al momento en que las entidades de los sectores público, privado o de la economía popular y solidaria así lo demanden (…) se concluye que las RI pertenecen a todos los depositantes del BCE», detalla el documento.

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Así lo afirmó, a propósito de las declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz (RC) en una entrevista del 28 de abril de 2023 para el diario argentino Perfil, donde proponía un sistema monetario digital denominado ‘ecuadólares’.

Para De la Torre, avanzar hacia la ‘desdolarización’ no tiene ningún objetivo técnico o político positivo. Él puntualizó que el sistema de dinero electrónico del Banco Central sí tendría respaldo de los depósitos en otras cuentas de instituciones bancarias. No como se quiso hacer creer: que el Banco Central emitiría moneda paralela al dólar y sin respaldo.

El exministro de Finanzas subraya que esta es una manera de aliviar la economía del Ecuador. Es decir, usar un canal digital reduciría los costos de importar dinero físico desde Estados Unidos, país que emite el dólar. Sostuvo que cuando se trae este dinero físico, este viene directamente de las reservas internacionales del país, por lo cual, resulta muy costoso para el Estado.

De la Torre recalca que las interpretaciones de la propuesta de Arauz son simples juegos de palabras. «En política y en elecciones, lo que digan los candidatos va a ser utilizado en su contra», expresó. La palabra «convertibilidad» tiene distintas connotaciones, como las críticas que tienen la intención de dar a entender que el Ecuador volverá a tener moneda propia con convertibilidad al dólar.

Andrés Arauz: “Vamos a fortalecer la dolarización”

Pero De la Torre explica que, por ejemplo, también: «ahora, todo el tiempo cuando vamos al cajero automático estamos convirtiendo nuestro dinero contable que está en un depósito, en billetes«. Para el experto, la economía del país seguirá fortalecida si el país mantiene el sistema financiero dolarizado. Por ello agregó que el Estado no posee problemas inflacionarios.

‘Desdolarizar al Ecuador’

Las actuales «billeteras electrónicas» o «wallets» se han consolidado en el país. Para el exministro de Finanzas, su uso cada vez se extiende más, por lo que facilitará el uso de dinero electrónico hasta en las partes más alejadas del territorio nacional. Estas aplicaciones de bancos privados permiten cobrar o pagar dinero de manera simple y rápida. Sin embargo, la precursora fue la aplicación «Efectivo» del Banco Central del Ecuador.

Con ella se promovía el uso de dinero de manera electrónica, respaldado en cuentas de bancos públicos, privados, populares o solidarios. No obstante, este sistema fue desmantelado por el gobierno del expresidente Lenin Moreno con la aprobación de la «Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera».

Según explica De la Torre, se atendió los intereses de la banca privada. Esto quiere decir que, los grandes grupos financieros del país impusieron esta ley para tener el control del dinero electrónico y no el Estado, como se instauró desde un principio.

El tema de la ‘desdolarización’ resurge en medio del escenario electoral. En las pasadas elecciones de 2021, cuando Arauz era candidato a la presidencia, pretendía supuestamente, suprimir la dolarización en el Ecuador, de acuerdo con la oposición. Para De la Torre y otros expertos, estas discusiones técnicas confunden al electorado que no sabe mucho sobre política monetaria (S.B).

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“El país no puede ser manejado como si de su banco u offshore se tratara (…) quitarnos nuestra sede es un acto de mediocridad y miseria”, dijo en rueda de prensa.

Recalcó que el mandatario pisoteó los derechos del pueblo desde la campaña el último proceso electoral pretendía desaparecer el Cpccs. Señaló que lo que no ganó en las urnas no puede forzarlo mediante decretos.

»Algún día cuando se inaugure la justicia nuevamente en el país tendrán que responder por el asesinato de Chérres, los robos de Luque », destacó.

Vera manifestó que iniciarán acciones legales para hacer respetar el contrato que se firmó con el Banco Central para la entrega del edificio.

De igual manera dijo que varias instituciones ofrecieron sus instalaciones si es que son desalojados inconstitucionalmente. »Si tenemos que trabajar en un parque, trabajaremos en un parque», agregó Vera.

Decreto 759

El presidente de la República, Guillermo Lasso, anuló el decreto 494 del expresidente Rafael Correa, mediante el cual el Banco Central del Ecuador (BCE) traspasó el edificio Centenario a uso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Lasso a través del decreto 759 indicó que el BCE no puede transferir a título gratuito los bienes inmuebles propios o aquellos que hayan finalizado hasta la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

El primer mandatario tomó esta decisión luego de que el Cpccs entrara en una disputa con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por el presunto plagio de su tesis (A.G.M).

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Economista

El Banco Central del Ecuador prevé que en 2023 el PIB se contraerá a crecer 2,6%. La CEPAL solo 2%. Pero fuera de toda duda el Presupuesto del Estado requerirá financiamiento por al menos USD 9000 millones. Lo grave es que sin crecimiento económico suficiente y sostenido el gobierno de Lasso entregará una deuda pública convertida en tragedia.

En diciembre de 2022, el FMI realizó la revisión final del acuerdo firmado con Ecuador y estimó que el año 2025 deberá pagar USD 10546 millones por capital e intereses de deuda pública. Ese pago es INVIABLE sin el necesario crecimiento económico. Equivale al 30% de todo el Presupuesto General del Estado.

Ahora mismo, con corte a marzo de 2023, según el propio ministerio de Economía y Finanzas, el saldo de la deuda pública incluidos otros pasivos por pagar suman USD 79665,1 millones. Sin considerar otros USD 2400 millones por muy posibles pagos de laudos arbitrales.

Claramente no es posible alcanzar un crecimiento económico sano, suficiente y sostenido, sobre una montaña de deuda pública de la que además un 60% es deuda pública externa.

Es que los cuatro años del gobierno de Moreno y los dos primeros de Lasso, sus acciones y decisiones se produjeron con base en el fundamentalísimo del mercado, siempre buscando los mayores beneficios para la élite económica que los ha sostenido, sin importar la situación de la inmensa mayoría de familias ecuatorianas.

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Las estadísticas registraron un evidente crecimiento en la cifra de remesas desde el 2015 con una diferencia de más de USD 2 mil millones. Tan solo en el 2021, la cifra fue de USD 4.362 millones, es decir, existió un crecimiento de USD 380 mil.

El flujo de remesas desde EE.UU. fue de USD 3.370 millones; en España USD 782 mil; e Italia 171.44 mil. Por otro lado, las provincias de Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar concentraron el 77,22% del flujo total de remesas, es decir, USD 3.663,16 millones.

Más remesas, más migración

Ecuador es el segundo país con el mayor número de migrantes ilegales que decidieron cruzar por el famoso Tapón de Darién, una vía para llegar a EE.UU. El Servicio Nacional de Migración de Panamá reportó que cerca de 228 mil migrantes irregulares, a nivel mundial. Entre los países registrados sobresalen Venezuela con 148.593 migrantes y Ecuador con 21.535 hasta noviembre del 2022.

Los índices de la “tradición familiar”, como resaltó Zapata, crecieron en noviembre del 2022. Ecuador superó los 100 mil migrantes. 

Cifras de empleo

Según el INEC, hasta febrero del 2023 la tasa de desempleo fue de 3.9 % a comparación, sin embargo, el 2022 cerró con un porcentaje de 3.2 %. Por otro lado, la tasa de empleo no remunerado subió del 10. 7 % al 11 %. (A.G.M).

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Guillermo Avellán, gerente general del BCE, pidió ayuda del Gobierno Nacional para las empresas y entidades financieras que se financian -léase endeudan- en el exterior, según recoge diario El Comercio.

De acuerdo al EMBI del banco estadounidense JP Morgan Chase, Ecuador contaba con un riesgo país de 1.908 puntos hasta el 4 de abril.

El indicador económico indica el nivel de "peligrosidad" que los inversionistas consideran para saber si un país es capaz de cumplir con sus compromisos de deuda. Cuanto más alto, más negativo para el Ecuador porque ahuyenta a los mercados.

El riesgo país es también un marcador del costo del financiamiento en el exterior. Lo que significa que «mientras más alto el indicador, los préstamos externos tendrán una tasa de interés más elevada para compensar el riesgo adicional asumido por los inversionistas o prestamistas», reseñó el medio.

Avellán expresó que con esta petición se considera equilibrar las «altas tasas de interés» de los créditos en el exterior, que están por el 20%.

Para el titular del Banco Central, esta medida es beneficiosa y está «próxima a aprobarse». Explicó que esta medida posibilitará la llegada de flujos desde el exterior y ampliará el financiamiento para el «sector privado».

Sin eufemismos

Economistas y políticos tacharon la decisión como un desatino del régimen de Lasso. Según ellos, sin adornos, se trata de dirigir dinero público a estos grupos económicos que se endeudan en el exterior.

El exministro de Economía, Carlos de la Torre mencionó en Twitter que esto no es otra cosa que «regalar dinero público» a los «pobrecitos banqueros y grandes empresarios».

Añadió un cuadro de las obligaciones con instituciones financieras en el exterior y posibles beneficios tributarios de la banca nacional.

Representantes de las tiendas políticas también se pronunciaron. El expresidente Rafael Correa calificó de «descarada y vergonzosa» la solicitud de Avellán, quien es un hombre de confianza de Guillermo Lasso, pues dirigió la Fundación Ecuador Libre y participó en la redacción del programa económico.

El jefe de bancada socialcristiana, Esteban Torres, y una de las proponentes del juicio político contra el jefe de Estado, Mireya Pazmiño se sumaron al descontento.

Aguanta, déjame explicarlo…

Avellán publicó un hilo de Twitter en el que, según él, aclara las «imprecisiones» de la solicitud. Dijo que es una «reforma necesaria a una política vigente» ya que las resoluciones fueron expedidas en el Gobierno de Correa.

«Estas políticas tributarias facilitan la llegada de recursos del exterior mediante préstamos en mejores condiciones para entidades financieras y empresas, a fin de impulsar las actividades productivas, el empleo, la inclusión financiera y el fortalecimiento la dolarización», reza uno de sus tuits.

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Para el economista Marco Flores, los siguientes días son cruciales para saber qué ocurrió con los precios de las acciones y el retiro de los depósitos en el banco suizo. Resaltó que es necesario controlar esta crítica situación para evitar el contagio en la economía mundial.

En el caso de nuestro país, manifestó que el Banco Central debe informar al país dónde está el dinero de las reservas internacionales. Se presume que parte de este capital puede estar en el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, quien fue directora del FMI hasta el 2019.

También recalcó que 25 % del presupuesto del país requiere de apoyo internacional, en donde están incluidos organismos multilaterales. La falta de financiamiento puede perjudicar no solo al Gobierno, sino a bancos privados que realizan sondeos en el exterior.

Cartas de créditos, importaciones y exportaciones sustentadas económicamente desde el exterior elevarían sus costos. Por lo tanto, los productos que se fabrican y venden en el Ecuador con bienes importados podrían subir su valor. “Hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo para tratar de prever todo lo que se pueda en el mercado interno”, dijo a Radio La Calle.

Recuerdos del Feriado Bancario

Desde la visión del economista Pablo Dávalos, la desregularización de los bancos es un factor común entre el feriado bancario de 1999, en Ecuador y lo ocurrido en el Credite Suisse. Cuando ocurre una caída en los indicadores de eficiencia, las instituciones financieras buscan la expansión de su modela de negocios sin vigilancia.

La Ley General de Instituciones Financieras, aprobada en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1994, permitía el acceso de créditos a empresas, accionistas y administradores del banco que lo otorgaba. La pérdida para el Ecuador superó los USD 8.500 millones. Los banqueros dieron a sí mismos créditos y no los pagaron.

“Ahora bajo ninguna circunstancia hay que permitir que los bancos privados tengan la cancha abierta y el margen de maniobra que ellos desean. Hay que regularlos y controlarlos”, resaltó Dávalos.

La caída del Credite Suisse

El Credite Suisse se encuentra entre los 30 bancos más importantes del país. Uno de los principales factores para su declive es el alto incremento de las tasas de interés para enfrentar la crisis económica.

Un detonante fueron los comentarios de su principal inversor, el Banco Nacional Saudita, que manifestó que no estaba dispuesto a aportar más dinero tras haber comprado una participación cercana al 10 % por USD 1.500 millones el año pasado.

Además, el banco suizo perdió la confianza y credibilidad de sus clientes e inversores por una serie de multas y sanciones relacionadas con la evasión de impuestos, apuestas equivocadas y entre otros casos.  

Ante la situación del Credite Suisse, el banco rival Union Bank of Switzerland (UBS) adquirió la entidad financiera a un gran descuento por debajo de su valor. El objetivo de esta negociación sería detener la crisis bancaria desatada. (A.G.M).

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El economista Marco Flores explicó para Radio La Calle que para medir el porcentaje de la inversión anual es necesario realizar una comparación con valores del año anterior. Además, desmintió las «súper cifras» que da el ministro de Economía, Pablo Arosemena, frente las ventas.

Flores enfatizó que si las ventas incrementaron en la dimensión que Arosemana señala, el Impuesto Agregado a la Venta (IVA) debería haber aumentado. Sin embargo, el informe del BCE indica lo contrario.

En 2012, el IVA tuvo un porcentaje de 6,2 %, luego descendió en 2017 con el mandato de Moreno a 6,0 % y en 2022 terminó en 5,6 %. Por lo tanto, según el economista, lo único que incrementó fue el precio de las cosas, más no el número de ventas.

«Es decir, todo está más caro. Es necesario establecer una comparación con el PIB de cada año para no equivocarse y soltar datos al aire», resaltó.

Impuesto a la renta

De la misma manera, las cifras del Banco Central muestran que el Impuesto a la renta pasó de 3,7 % en 2012 a 3,6 % en 2021 y subió a 3,8 % en 2022. Esto reporta un incremento de solo dos décimas y es debido a que incrementaron los impuestos de la clase media.

En cuanto al IVA, durante el 2021 y el 2022 se mantuvo en 5,6 %. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) disminuyó de 0,8 % en 2021 a 0,7 % en 2022. El 11 de enero de 2023, Lasso bajó el ICE a las bebidas alcohólicas, gaseosas, cerveza industrial y artesanal, fundas plásticas y alcohol puro.

Es decir, el Ecuador se mantiene en las mismas condiciones. Lo único que evidenció el país fue el incremento de precios, mas no de inversión.

Inversión en los GADs y Gobierno Central

Del 1,8 % destinado al sector financiero tan solo el 1,3 % se utilizó en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Además, en el Gobierno Central, la cifra pasó del 3,6 %, en 2012, a 0,5 % en 2022. «Esto significa haber borrado al Estado con lo que tiene que ver con inversión pública», apuntó Flores.

Tendencia a la baja

El experto aseguró que desde el 2017, periodo en el que asumió Lenín Moreno, la inversión pública es una política económica contractiva y sostenida junto al gobierno de Lasso, pues en esta ocasión el Gobierno Central termina con una inversión de 0,5 %.

Detalló que toda esta política adoptada se refleja en el desabastecimiento en los hospitales, semidestrucción en las infraestructuras públicas, procedimientos tardíos e inoportunos, abandono en obra pública, incremento de la inseguridad y la segunda ola de migración.

«Los datos que da el ministro es información sin sustento, no exhibe ninguna prueba y él mismo intenta convencerse de sus propias mentiras», dijo.

Flores comentó que para determinar la inversión nacional es necesario analizar tres conceptos:

• Sector Público No Financiero: Intervienen las instituciones que están bajo el presupuesto general del Estado. Es decir, las entidades que pertenecen a los cinco poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia.
• Gobierno Central: integrado por la Presidencia, Vicepresidencia, secretarías, entidades adscritas al mando del presidente.
• Formación Bruta de Capital: tiene un periodo determinado de un año, no se sacan las depreciaciones. En este punto, se excluyen los activos financieros para determinar la variación de inversión año a año. (N.J.C)

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«El Gobierno espera recibir en el último trimestre de este año USD 1000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin costo y sin condicionamientos», informó El Comercio.

Según Avellán, el Gobierno de Guillermo Lasso mantuvo reuniones con directivos del FMI sobre la recepción de esos recursos. Ese cuyo desembolso se concretará luego de que el país andino solicite al organismo multilateral que busque otro banco central. Este deberá estar interesado en comprar los DEG de Ecuador para convertirlos en dólares.

La emisión de los DEG por parte del FMI forma parte de su política para reforzar las reservas de los países miembros y contribuir a la recuperación mundial tras la COVID-19, según dijo el organismo internacional en meses pasados.

Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia del COVID-19. El año pasado la economía ecuatoriana se contrajo un 7,8% y para este año se espera un crecimiento de 2,8%.

Fuente: Sputnik

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«La información llegó a la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas. Hay recursos privados que llegaron a bancos privados y debían ser entregados al Banco Central conforme a la ley. Parece que hay una falta de transparencia en esta información y los recursos. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y la Fiscalía deben investigar este caso», explicó a Radio La Calle.

De acuerdo con Soria, «las transacciones inusuales podrían tener un origen ilícito. Los bancos privados debían devolverlos al Banco Central y no lo hicieron».

Sobre si funcionarios de la UAFE podrían estar implicados en las irregularidades, Soria señaló al diario español 20 Minutos que «podría suceder. Con la investigación que realice la UAFE y otros organismos de control del Estado se podrá determinar quiénes son los responsables de no haber controlado estas transacciones, investigando fechas y montos”.

La denuncia aparece a pocos días de empezar el primer debate del proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización en el Pleno de la Asamblea Nacional.

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«Yo me considero un servidor público por vocación. Lamentablemente me despidieron el 8 desmayo del 2020. Yo presenté el 22 de mayo una objeción a mi despido, presenté una impugnación. Sin embargo, me desvincularon del Banco Central», dijo el candidato.

Candidatura

Arauz explicó que puede impugnar su despido hasta junio de 2021. No obstante, ahora aspira llegar a la presidencia del Ecuador.»Aspiro poder ser el primer servidor público para ayudar al pueblo ecuatoriano para salir de esta crisis».

El candidato de UNES se refirió a las críticas de Guillermo Lasso, sus hijos y e movimiento CREO a la indemnización que le dio el BCE.

«Eso quieren lograr que no se les pague a los 130.000 trabajadores públicos despedidos en el gobierno. Con la ley humanitaria ya se redujo la indemnización».

Añadió que «hace varios meses presenté la denuncia de que la campaña electoral de Guillermo Lasso se financia con recursos de los depositantes del Banco Guayaquil. Es un delito y se llama peculado bancario».

Servicio público

Arauz entró con un concurso de méritos al BCE y por medio de la comisión de servicios pasó a distintas instituciones. En 2017, fue a México a estudiar el doctorado en la UNAM y pidió una licencia sin sueldo. Firmó un contrato para devengar sus estudios durante 12 años en el BCE.

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“Hay avances importantes en inclusión financiera. En 2017, el 57,6% de los ecuatorianos era cliente del sistema financiero nacional. Un año más tarde, en 2018, este porcentaje subió al 60,8%. Existe una mejoría, pero el camino para lograr que la mayor parte o la totalidad de los ciudadanos tengan acceso financiero aún es largo. Por eso, desde el BCE lideramos la construcción de una estrategia nacional”, dijo Verónica Artola Jarrín, gerente general del Banco Central del Ecuador.

Una estrategia que se lleva a cabo en el marco del debate del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que en su artículo 157, sostiene que, de aprobarse la ley, el BCE pasará de ser un instrumento de la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado a ser una institución encargada de “fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización”.

Este cambio abriría la posibilidad de que se destinen los recursos de la reserva internacional para “salvar” u otorgar créditos a las instituciones financieras privadas, es decir, un nuevo salvataje bancario.

Es curioso, por tanto, que incluir a más ciudadanos al sistema financiero se convierta en el objetivo del gobierno, cuando es posible que se apruebe una ley que ponga en riesgo total el dinero de los ecuatorianos, tal como sucedió en la crisis del 99.

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