Según informó el BCE, el trágico hecho del pasado 9 de septiembre cobró la vida de una persona y dejó ocho funcionarios heridos. No obstante, los antisociales no lograron su objetivo y los valores monetarios que transportaba el vehículo quedaron a buen recaudo.

De acuerdo a la versión de testigos, los criminales se movilizaron en seis camionetas y tres volquetas reportadas como robadas. La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía evitó el atraco.

El Comandante Zonal de la Policía, José Vargas, informó que aún no detienen a los responsables del asalto, pero siguen tras su rastro. Asimismo resaltó la posibilidad de que la banda delictiva actuó con información privilegiada.

El BCE reportó el trabajo en conjunto con la Policía y el Ejército para garantizar el resguardo de los valores monetarios. También puso a disposición de Fiscalía la información necesaria para esclarecer los hechos. (AGM).

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Durante el debate, varios asambleístas mencionaron que varios solicitudes de cambio y otras peticiones no se implementaron en el informe para el debate. Algunos de ellos, la condonación de deudas de hasta USD 10 mil a los agricultores, la discusión de las zonas francas y la eliminación de los impuestos a la salida de divisas.

Algunos de sus cambios luego del primer debate

• Condonación Tributaria: Al inicio, el documento indicaba que los contribuyentes que estén al día en el SRI o se hayan igualado en sus deudas hasta que la ley entre en vigencia tendrán una condonación del 100 % de intereses, multas y recargos. Sin embargo, el primer puesto de los deudores lo tiene la Exportadora Bananera Noboa, empresa de la familia del presidente.

Por lo que la Comisión de Desarrollo Económico pidió que quienes reciban este beneficio no podrán ser familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República y de los legisladores.

Con eso, los contribuyentes deberán cancelar el capital de su deuda hasta máximo 150 días desde que se publique la ley.

• Deudas con gobiernos locales: El proyecto expone que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales también condonarán las deudas de intereses, multas y recargos de tasas o impuestos. Los ciudadanos que se quieran acoger esta ley deberán pagar el capital de la deuda en máximo 150 días desde la expedición de la ordenanza.

A su vez, las entidades deberán emitir una ordenanza hasta un máximo de 45 días desde que se haya aprobado la ley.

También incluye la condonación del 100 % de los intereses, multas y recargos a deudas vencidas en créditos educativos dados por la banca pública, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) o el Instituto de Fomento de Talento Humano.

En este apartado se incluye la Agencia Metropolitano de Tránsito, Servicio Público para Accidentes de Tránsito, que podrán realizar una acto similar para las deudas que estén bajo la administración de las entidades que recaudan anualmente el Impuesto de la Propiedad de vehículos Motorizados por el SRI.

Más deudas…

• Deuda con el Banco Central del Ecuador (BCE): El Ministerio de Economía podrá renegociar la deuda con el BCE hasta por 20 años. Es decir, la entidad bancaria podría esperar hasta 2040 para que la cartera de Estado cancele los más de USD 5 millones que adeuda.

En el informe incrementaron las condiciones del pago con una tasa de interés del 1,3 % anual, sistema de amortización francés y pagos de vencimientos semestrales. Las deudas que serán consideradas serán: los bonos de Estado, certificado de depósito e inversión, títulos y obligaciones contractuales del Ministerio de Finanzas y de empresas públicas por contratos financieros.

• Autorretenciones de los grandes contribuyentes: Las empresas que pagan más impuestos deberán pagar un porcentaje de sus ingresos al SRI por mes. La entidad definirá el porcentaje de acuerdo a la actividad económica del contribuyente.

En el primer debate se estableció que esta contribución no supere el 90 %, sin embargo, se eliminado por carecer de argumentos técnicos.

• Impuestos a la vente de inmuebles: De acuerdo con el informe, las personas o empresas que vendan sus oficinas o locales deberán pagar el impuesto a la venta desde 2024. Además, señaló que las personas naturales podrán vender una casa cada cinco años sin tener que pagar el impuesto. Pese a que este inciso se eliminó para el próximo debate, no quiere decir que los ecuatorianos no pagarán impuestos, recalca Jaime Rumbea en Primicias.
• Creación de empleos: Algunas de las modificaciones son: los contribuyentes que generen un incremento neto de las plazas de empleo para jóvenes entre los 18-29 años y las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias recibirán una reducción del 50 % sobre el gasto de salarios de los que se aportó para la seguridad social.

Si las plazas son para jóvenes graduados o egresados de instituciones públicas, institutos superiores, conservatorios, entre otros, tendrán una deducción adicional del 75 %.

Por su parte, en el sector de la construcción y agricultura, el contribuyente que genere plazas de empleo tendrá una deducción adicional del 75 % del gasto de sueldos que se haya aportado en seguridad social.

• No entregar comprobantes: Los negocios que no entreguen los comprobantes de multas tendrán una multa de uno a 30 salarios básicos unificados que deberán ser saldados en un plazo de 10 días, pero ya no sería un motivo para cerrar el local.

• Empresas de pronósticos deportivos: Las empresas que se dediquen a estos pronósticos, deberán cumplir con los siguientes parámetros.

-Registrar catastro del registro único de contribuyentes RUC.

-Entregar información para fines tributarios al SRI.

-Declarar y pagar el Impuesto para Operadores de Pronósticos Deportivos.

-Nombrar una autoridad residente en Ecuador para la administración del Impuesto a la Renta Único para Operadores pronósticos Deportivos.

En caso de no acatar lo establecido, la dirección de IP del sitio web, por el cual opera la empresa, será bloqueado y tendrá una sanción de 30 salarios básicos.

• El IVA: Las personas naturales o sociedades que pagaron el IVA con las adquisiciones de bienes y servicios para la construcción inmobiliarios tiene derecho a la devolución de los intereses en un plazo de 90 días a través de una emisión de nota de crédito.

Dichas entidades podrán registrarse en el Ministerio o a la institución que corresponda, menos los que se destinen para vivienda propia y no superen los dos proyectos por año.

• En el sector turismo: Se pretende una tarifa del 0 % de IVA a los turistas extranjeros. Además, las inversiones de USD 100.000 no tengan impuesto a la renta por siete años.

La primera ley enviada

El presidente Noboa envió este proyecto el pasado 27 noviembre a las 22:52. Según el régimen, esto reduciría el déficit fiscal que tiene el país, pues Ecuador tendrá USD 832 en ingresos netos.

El proyecto ya tuvo un primero debate el 12 de diciembre de 2023, en el que se analizó el informe aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico. El presidente de la Asamblea Nacional suspendió la sesión y el documento regresó a la mesa legislativa y prepararse para el segundo debate.

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El objetivo de este programa es reemplazar a la moneda fraccionaria que ha cumplido su vida útil y garantizar las provisiones de moneda fraccionaria en todo el país. De acuerdo con el gerente general del BCE, Guillermo Avellán, anticipó que estarán en circulación USD 44.3 millones entre 2023 y 2025, reemplazando más de 287 millones de piezas.

Personajes históricos

Los personajes que se incorporan a las nuevas monedas son:

50 centavos: Matilde Hidalgo de Procel y Tránsito Amaguaña

25 centavos: Oswaldo Guayasamín, Alberto Spencer y Jorge Icaza

10 centavos: Jaime Roldós y Galo Plaza

5 centavos: Isidro Ayora

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En lo que va del año, las valoraciones del BCE respecto a la economía del país han ido cuesta abajo. El 2022 cerró con un crecimiento del 2.9 % en el PIB, ahora la proyección se disminuyó casi a la mitad de esta cifra.

Para el economista Marco Flores, la reducción del PIB implica afectaciones en la calidad de vida de los ciudadanos. Para él, este declive impedirá la reducción de pobreza y creación de empleo; continuará la migración de los pobres; el pago de la deuda pública provocará más efectos negativos; y la recaudación tributaria seguirá teniendo afectaciones negativas.

El Banco Central del Ecuador (BCE) redujo nuevamente su previsión de crecimiento económico (PIB), esta vez, al 1,5% anual.
El Presupuesto del Estado entró en vigencia con supuestos que fueron anticipados irreales, entre ellos, 3,1% de crecimiento económico anual, luego el BCE lo…

— Econ. Marco Flores T. (@MARCOAFLOREST) September 17, 2023

El 31 de marzo la entidad financiera informó que la desaceleración de las exportaciones petroleras golpearán el crecimiento del PIB y redujeron su proyección al 2.6 %. La esperanza de crecimiento hasta ese momento estaba enfocada en la recuperación de inversión y el dinamismo del consumo de hogares.

Importancia del PIB

El PIB describe el tamaño de la economía de un país y su proyección a futuro. El cálculo de su valoración es la suma de todos los bienes y servicios producidos en una nación durante un período determinado. Según la Cepal, Panamá tiene el nivel de proyección más alto en latinoamérica con un PIB del 5.1 %. (AGM)

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Varios importantes supuestos de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2023, ya en ejecución, siempre fueron frágiles e inestables, no los ocultan declaraciones claramente antitécnicas que destruyen la verdad.

Comienzan a aparecer con fuerza creciente las debilidades del presupuesto ecuatoriano. Por mínima inversión pública que no está siendo compensada por la privada y en lo social tampoco es sustituible, por insuficiente crecimiento económico (PIB) que requiere no solo ser sostenido sino también compartido, por la imposibilidad actual de colocar en mercados internacionales los Bonos Globales previstos y presupuestados, por evidentes dificultades internas y externas para realizar la llamada «monetización de activos» del Estado, por fuerte caída de la producción petrolera prevista que es base sustantiva del PGE, por todos los proporcionales impactos resultantes sobre la recaudación tributaria. En suma, por mala economía profundizada por algunos factores exógenos fuera de control.

En estas circunstancias es altamente probable que las necesidades de financiamiento del PGE del año 2023 puedan sumar alrededor de 10.000 millones de dólares, nada menos que el 31,7% del total presupuestado, un 8,2% del PIB estimado por el Banco Central para el año 2023. Un monto que para ser cubierto exige no solo gran esfuerzo sino que trae implícitas previsibles consecuencias de hacerlo con deuda pública interna y externa, más el riesgo permanente de mayores o nuevos impuestos.

Mala economía significa costos adicionales para los ecuatorianos que conocen que el Gobierno desde su óptica del Estado mínimo y la privilegiada tranquilidad de acreedores internacionales y nacionales de deuda pública externa con privados, seguirá postergando invertir en la gente, en crecimiento económico suficiente, sostenido y compartido que es el único que en forma estable y no intermitente, permite la creación de empleo y reducción de pobreza. Significa continuar postergando la necesaria inversión en la infraestructura básica del país y en imprescindibles servicios públicos que el Gobierno está obligado a que no solo sean oportunos sino también de calidad permanentes.

Mala economía agravada por frustración popular e inestabilidad interna significa destrucción de expectativas positivas en la gente y además directamente perjudica la inversión privada. Significa atraso, injusticia y exclusión social. Significa que ni la economía, ni las políticas públicas, ni el Gobierno, ofrecen resultados concretos y favorables para la gente, especialmente para los pobres e indefensos que son muchísimos. Pero todo en la vida tiene un límite.

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El Director General del Isspol, Renato González agradeció el apoyo del presidente Lasso en la recuperación de los USD 290 millones y mencionó que se proyectan recuperar USD 402 millones más. El asambleísta Ricardo Vanegas comentó que interrogaron a la ex superintendenta de Compañías Ruth Arregui por no ejercer un debido control de sus funciones en la estafa al Isspol.

Recalcó que la SuperCías no ha realizado el informe para que todo el dinero regrese a la Policía, pues hay un monto que se mantiene en el Banco Central (BC). A lo que el superintendente Marco López respondió que hasta el viernes la entidad presentará el informe y su trabajo en el caso culminará.

“En el juicio salieron varias recomendaciones, hasta el momento no han sido debidamente tramitadas por la Superintendencia de Compañías y otras intendencias. Perjudicaron con varios millones al Ecuador y es responsabilidad del Superintendente si se pretende perjudicar al Estado popular”, detalló.

Desfalco por el “Mago Chérrez”

Acusaron a Chérrez de perjudicar al Isspol con más de USD 900 millones en inversiones irregulares, pues fue su principal asesor financiero. Aunque la Interpol le otorgó una difusión roja, hasta el momento, Chérrez no ha rendido cuentas a las autoridades sobre esta estafa. (N.J.C)

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González afirmó, desde las instalaciones de la Superintendencia en Guayaquil, que hará frente a las amenazas del Gobierno. A su vez, en el edificio de Quito, la Policía Nacional colocó avisos de que la atención será en línea. Solamente a través de una lista se dejó ingresar a funcionarios a las instalaciones.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un comunicado mencionó que “la función Ejecutiva no reconoce, ni puede reconocer al Ing. Raúl González como Superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas no lo aceptarán como tal”. Entre las referencias públicas constaron los ministerios de Finanzas y Economía, de Trabajo, Junta Monetaria, Financiera y Banco Central.

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, reiteró que “el Gobierno no va a permitir que se viole el estado de derecho”. Mientras que el ministro Jiménez agregó “instamos al Ing. González a no intentar, ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

Trámites en línea

A partir del resguardo policial en las afueras del organismo, solo personal autorizado y en lista ingresó a la matriz en Quito. Policías controlaron el paso al edificio. Ciudadanos que se acercaron a realizar trámites no pudieron ingresar. Entre estos trámites estuvieron: información del buró de crédito, pago de deudas y quejas por cierre de cuentas.

Los ciudadanos que requirieron los servicios de la empresa tuvieron que acatarse a los carteles que indicaban la atención en línea con el correo: atencionquito2@superbancos.gob.ec

Continua el proceso de designación

Según Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el proceso de designación del titular de la Superintendencia de Bancos continuará. Existe una disposición judicial que anuló el nombramiento de González. Ulloa también aseveró que mientras el proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá como subrogante en la Superintendencia. (J.P)

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La ministra es cuestionada porque hizo caso omiso a un informe que señala que los documentos y libros históricos, resguardados en el Banco Central, corren riesgo de ser destruidos en caso de un sismo. También por un supuesto desfinanciamiento del 68% al Centro Cultural Aurelio Espinoza Polit.

El historiador y catedrático, Pablo Campaña, explica en su cuenta de Twitter que en el Ecuador existen dos espacios que alojan “cientos de miles de libros y obras de arte producidas a lo largo de la historia del país.” Esos lugares son el Banco Central del Ecuador y la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit.

Estas obras son bienes que necesitan un alto grado de cuidado y responsabilidad. “El patrimonio cultural es un derecho fundamental porque rebasa el interés académico. Estos materiales descuidados, son objetos necesarios para que las personas intenten comprender su condición humana, sirviéndose de los esfuerzos que otros han hecho para entenderla», insiste Campaña.

Carta suscrita por profesores e investigadores

Una carta publicada en Paralelaje.xyz señala que, en varias ocasiones, la Coalición por el Patrimonio manifestó su preocupación ante la inacción y presentó propuestas concretas de traslado que fueron ignoradas.

También indica que la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGRE) declaró a el Edificio Aranjuez en situación de grave riesgo. En este lugar se guardan fondos bibliográficos, colecciones arqueológicas y arte contemporáneo de la Colección Nacional que debían ser reubicados.

Según sostienen, hace algunos meses, el Ministerio de Cultura aseguró a la prensa que las colecciones arqueológicas y de arte contemporáneo ya fueron reubicadas. Sin embargo, el grupo cuestiona que no existe un informe técnico que sustente dicha acción.  

La carta está firmada por Guillermo Bustos, Profesor-investigador, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Valeria Coronel, Profesora-investigadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Carmen Fernández-Salvador, Profesora-investigadora, Universidad San Francisco de Quito; Sofía Luzuriaga, Profesora-investigadora, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Jorge Yépez Cruz, Profesor-investigador; Santiago Cabrera Hannah, Profesor-investigador, UASB-E; y 133 adhesiones de profesores e investigadores de patrimonio.

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La Plataforma Va Por ti Ecuador, a través de su cuenta de Twitter, anunció que desde el Banco Central recibieron una carta con respuesta negativa a su solicitud para acceder a el acta del Comité de Deuda y Financiamiento, que autoriza el requerimiento de USD 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La solicitud de información se ingresó como carta ciudadana y fue recibida en el Banco Central el 30 de septiembre.

El documento detalla que se solicitaba acceso a el acta resolutiva del Comité de Deuda y Financiamiento, previa a la autorización del endeudamiento con el FMI, por 800 millones de dólares. Además, requería el análisis previo del Comité de Deuda y Financiamiento sobre la planificación y presupuesto, con base en el Plan Nacional de Desarrollo, que justifique haber solicitado al FMI esos recursos.

La petición fue negada y cita lo siguiente:

“Me permito informar a usted que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en concordancia con lo previsto en la letra b) del artículo 17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información solicitada se encuentra bajo reserva por mandato expreso de la Ley; por lo tanto, la documentación referida se encuentra excluida del derecho de acceso a la información.”

Deuda externa

En una rueda de prensa, el pasado 30 de septiembre, Avellán informó que el FMI autorizó un desembolso de USD 800 millones.

La aprobación técnica se concretó pese a que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional decidió devolver el proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades al Ejecutivo.

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“Una vez revisada la documentación inherente al proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización y de Autonomía del Banco Central, el Consejo de Administración Legislativa acaba de calificar el proyecto. Es pertinente y lo remitió a la Comisión de Régimen Económico. En un plazo de 10 días tendrá qe realizar la sociabilización del proyecto y el debate correspondiente”, dijo Patricio Donoso, miembro del CAL.

El proyecto de ley llegó dos veces al Legislativo antes de su calificación. El pasado 25 de marzo, el presidente Lenín Moreno envió el proyecto por tercera ocasión. “Enviamos por tercera vez a la Asamblea Nacional y con el carácter de urgente, el proyecto de Ley de Defensa de la Dolarización. Señores asambleístas, es nuestro deber velar por la estabilidad de la dolarización y del sistema financiero del país”, escribió.

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“Pedimos a la Asamblea actual que se mantengan firmes y alertas. Hacemos un llamado también a los demás partidos a no repetir el acto fraudulento de Moreno al querer aprobar esta ley que ya fue archivada en noviembre de 2019”, expresó el candidato quien también realizó un llamado a que los asambleístas “eviten la agenda neoliberal que se pretende imponer en los últimos meses de este gobierno”.

Arauz también indicó que el trabajo para la campaña de la segunda vuelta electoral será de forma inclusiva y limpia “En la campaña participarán las mujeres, los jóvenes, los grupos minoritarios, los pueblos y nacionalidades indígenas; el pueblo afro y montubio”. El candidato dijo que toda ofrecerán toda la ayuda para mantener un proceso electoral íntegro.

Arauz y la nueva asamblea

Arauz puntualizó que la candidatura de UNES para la Asamblea Nacional tuvieron mucha aceptación y más de 50 candidatos consiguieron una curul en el Legislativo. “Las elecciones demostraron que somos la primera fuerza política del país”.

A sus palabras se sumó Pierina Correa, candidata a asambleísta nacional. «Los ecuatorianos piden dos cosas: trabajo y seguridad ciudadana. Quieren tener la capacidad de pagar dignamente sus gastos y los de su familia y que no les quiten lo que ganan con su esfuerzo».

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Quito 31 de ene (La Calle).- Lenín Moreno, en las postrimerías de su Gobierno, enviará a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente, el proyecto de Ley donde privatizará al Banco Central del Ecuador. En este país andino, la dolarización significó la pérdida de la soberanía monetaria y la privatización de sus reservas monetarias, que servían para respaldar la moneda nacional: el sucre. 

Asimismo, se la concibió e implementó con la libre entrada y salida de divisas donde la banca privada tenía poder total para controlar y administrar la cantidad de dinero en la economía, en vez de la banca central. La iniciativa de Moreno es devolver esta lucrativa capacidad.

Regulación de las tasas de interés y liquidez económica

En los primeros años de este siglo, la dolarización significó para la banca privada un amplio poder de mercado para fijar las tasas de interés, la orientación del crédito y el nivel de liquidez. A partir de 2007, ese poder fue cuestionado por el gobierno de Rafael Correa. Él reguló las tasas de interés y la liquidez de la economía. Para este fin, se eliminó la maltrecha independencia del Banco Central del Ecuador de los noventa con la aprobación en las urnas de la nueva Carta Magna en 2008.

La independencia del Banco Central del Ecuador del poder político solo subsistía en la Constitución de 1998. En la práctica se la destruyó cuando el gobierno de Jamil Mahuad presionó a finales de 1999 al directorio del instituto emisor para que aprobara la dolarización. Como no fue así, el directorio renunció y Mahuad la anunció como el nuevo régimen monetario. Es indiscutible que todas las políticas llevadas a cabo durante el gobierno de Rafael Correa permitieron enfrentar eficazmente las crisis externas y sostener la dolarización.

Banca central independiente

El concepto de una banca central independiente proviene de los años ochenta. El monetarismo había fracasado. Primero, en los países en desarrollo y después en los industrializados. Las metas de inflación se encumbraba como una estrategia efectiva para eliminar los procesos inflacionarios.

Sin embargo, esta política monetaria no se podía implementar sin que la banca central sea independiente del poder político, supuesto culpable del abultado déficit fiscal y de la desbocada emisión monetaria. A partir de la década de los noventa, la inflación se redujo sustancialmente en la mayoría de los países de América latina.

No obstante, la tan reclamada independencia solo se aplicó para el quehacer político y no para los grupos de poder económico. La subordinación del sector productivo por el financiero en las economías en desarrollo corrompió la figura de una banca central autónoma. Esto conllevó a que su estructura directiva estuviera conformada en demasía por exaltos funcionarios de la banca privada o relacionados estrechamente con este sector.

En Ecuador, durante los años noventa, se la prostituyó de igual manera y sobrevino en la economía la quiebra del sistema bancario. Los efectos de la llamada “puerta giratoria”.

Ecuador: Lenín Moreno y el gobierno de banqueros

El régimen de Lenín Moreno es un gobierno de banqueros. Por lo tanto, la iniciativa de devolverle al Banco Central del Ecuador la independencia responde a la búsqueda de la maximización de las ganancias de la banca privada. Esta necesita de una banca central que tengan como único objetivo monetario acumular la mayor liquidez posible de la economía, pero no desde agentes privados sino desde el sector público.

No quiere un prestamista de última instancia, exige dos (Ecuador ya tiene una red de seguridad financiera). Un adicional para absorber gran parte de los recursos del sector público sin considerar sus efectos sobre el desarrollo económico del país. Un banquero, columnista de un medio de comunicación, sostiene que tal acumulación de activos líquidos debe ascender a 20.000 millones de dólares, la quinta parte del actual PIB.

Crédito de consumo

Es un error creer que tal modelo de banca central solo responde a un objetivo especulativo: destinar la liquidez de la economía al exterior con una rentabilidad de 2%. El eje del negocio financiero en Ecuador se encuentra en los agentes económico más riesgosos: los del crédito de consumo. Si bien es cierto que se abarató el crédito con las regulaciones y los “techos” a las tasas de interés. Sin embargo, la banca privada se orientó cada vez más hacia actividades poco o nada productivas.

Por lo tanto, los banqueros necesitan orientar cada vez más la liquidez de la economía hacia segmentos más riesgosos si quieren alcanzar altas tasas de rentabilidad. El proyecto de ley no solo contempla una banca central independiente, también busca liberalizar las tasas de interés y garantizar la reorientación del crédito. La propuesta de reforma al Banco Central del Ecuador significaría la segunda privatización de la moneda: la liquidez de la economía para fines privados.

Un sector financiero neutral…

En una economía en desarrollo, dolarizada y sin procesos inflacionarios de por medio (existe deflación), necesita un modelo de banca central que no le afecte los cambios de gobierno, donde la fuerte influencia del sector financiero sea neutralizada y, sobre todo, estrechamente vinculado con el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas del país. 

Ecuador ya tiene la institucionalidad, a través de la quinta función del Estado, para conformar una banca central independiente de la banca privada. Solo necesita un gobierno que busque transformar la estructura productiva del país. El 7 de febrero, con las elecciones presidenciales, se sabrá si eso es posible.  

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El desembolso es parte del acuerdo crediticio firmado a finales de septiembre de 2020 entre el Gobierno Nacional y el organismo multilateral. El FMI entregó en los últimos meses de 2020 los dos primeros desembolsos; cada uno por USD 2 mil millones.

Para este tercer crédito, el Ejecutivo y el FMI insistirán en las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que fueron archivadas por la Asamblea Nacional en noviembre de 2019.

Dichas reformas, conocidas como Ley Trole 4, modificaban muchos cuerpos legales en distintas materias que por inconstitucionales ponían en peligro la dolarización, indica el análisis.

Luego del segundo desembolso en diciembre de 2020, el FMI ratificó en la “necesidad” de aprobar las enmiendas al Código Monetario y Financiero. El gobierno de Moreno ha sido felicitado por promover y acatar las órdenes.

Mauricio Pozo, el alfil de la banca y los grupos económicos

La misión del ministro de Economía y Finanzas Mauricio Pozo es continuar la obra de su predecesor Richard Martínez: “cumplir los compromisos con el FMI y la banca privada de otorgarle ‘independencia’ al Banco Central”.

Esta “independencia” de los Bancos Centrales proviene de una línea teórica obsesionadas por el equilibrio fiscal sin importar las consecuencias sociales.

El análisis menciona que con dicha “independencia” se evita que un gobierno adquiera financiamiento por parte del Banco Central. Así pues, el gobierno obligatoriamente debe reducir el gasto público y su rol en la economía de un país.

La “independencia” del Banco Central asegura los pagos al FMI

El Observatorio señala que al FMI no le importa que el dinero se utilice para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, sino que le paguen las deudas adquiridas.

El acuerdo suscrito en septiembre de 2020 precisa las intenciones y fines sobre las reservas internacionales del Ecuador. Tales reservas, a cargo del Banco Central, “deberán acumularse para garantizar los pagos de deuda a los acreedores, especialmente, el propio FMI”, reza el acuerdo.

Fuente: Observatorio de la Dolarización

En suma, el FMI otorga dinero al Ecuador para que el Banco Central no toque sus reservas internacionales, y tenga garantía de que las deudas van a ser cubiertas. Sin dejar de lado las fuertes condiciones de política económica pactadas: recorte al estado, precarización laboral y desregulación a los grandes capitales.

Hay más…

El 14 de enero del año en curso, el ministro Pozo anunció un acuerdo macro con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de los EE.UU. El objetivo, “acceder a recursos para pagar deuda que se desembolsa si Ecuador vende sus activos estratégicos”. Es decir, establecer una especie de “garantía hipotecaria” al pago de deuda y asegurar las privatizaciones sobre estos sectores.

Como resultado, la hipoteca a pagar significa privatizar la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), las hidroeléctricas, telefónicas y demás sectores que le generan activos al Estado.

Discurso contradictorio del FMI

En medios de comunicación, los directivos del FMI aconsejan a los gobiernos y bancos centrales a inyectar recursos para salir de la crisis económica y sanitaria a todos los países del mundo. Consejos que han implementado la mayoría de países indistintamente de su pelaje político. No obstante, en Ecuador, el acuerdo con el FMI hace todo lo contrario.

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Arauz aseguró que se planea una “línea de crédito con el Banco Central a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Así se generará financiamiento para los emprendedores del sector privado del país”.

El candidato líder del Movimiento Centro Democrático aseguró que esto se logrará a partir de un crédito de USD 3 mil millones, que coordinará acciones con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas.

Arauz aseguró que este proceso apunta a financiar a un millón de familias ecuatorianas en la primera semana de gobierno; además de llegar a 200 mil trabajos en los primeros años de gobierno y empleo para jóvenes.

Calificación en firme

El pasado 8 de diciembre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informó sobre la calificación en firme del binomio de Unión por la Esperanza (UNES).

En ese momento, Jorge Acosta, expresidente del antiguo Tribunal Supremo Electoral aseguró que la decisión se ajusta «a los mandatos constantes de las normas que componen el Código de la Democracia y las normas que regulan su aplicación».

«Yo no encuentro ilicitud de ninguna especie y tampoco que se haya establecido un favoritismo hacia alguna persona. Me contento que, habiendo cumplido con la ley y los reglamentos, se haya permitido una participación amplia para que sea el pueblo ecuatoriano quien escoja en las urnas a la persona que desee que le gobierne y no en la mesa de ciertos Consejeros desafectos al orden jurídico imperante”, añadió.

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El Tribunal estuvo integrado por los jueces Daniella Camacho, David Jacho y Wilman Terán. Ellos asumieron que la sentencia dictada el 1 de abril de 2019 está debidamente motivada, por lo que la ratificaron en todas sus partes.

Según el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, Pedro Delgado recibió la sentencia máxima con agravante estipulada en el artículo 29, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La exposición del Fiscal estuvo basada en el hecho que Delgado no compareció durante el proceso ni en el juicio.

Frente a esto, Toainga también reiteró que el imputado se encuentra prófugo de la justicia por el delito de peculado bancario. Por ello, Pedro Delgado recibió ocho años de pena privativa de libertad.

Otros delitos

Según la investigación fiscal, Delgado tuvo un incremento de su patrimonio en el periodo desde mayo de 2009 a diciembre de 2012. En ese entonces, se desempeñó como funcionario público. Por estas razones, recibió una sentencia tipificada bajo el delito de enriquecimiento ilícito que contempla el COIP en el artículo 296.

La Corte Nacional de Justicia también llamó a juicio a Delgado por el presunto delito de uso doloso de documento falso. El delito está contemplado en el artículo 341 del Código Penal,  bajo una pena de reclusión de 6 a 9 años.

La imputación se debió a que el título de cuarto nivel presentado por Delgado era falso pues correspondía a otra ciudadana. Además, el INCAE Business School, presentó un certificado en el que determinaron que el título obtenido por Pedro Delgado en 1993, como Máster en Economía Empresarial, carece de validez.

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Varias voces han criticado esta intención del gobierno. Por ejemplo, Pablo Dávalos, en una entrevista con un medio local, criticó la propuesta, puesto que, en su criterio, “la Constitución prohíbe que el Banco Central pueda tener autonomía”.

Dicha ley persigue dos temas: autonomía interna -con un directorio propio y una duración de seis años- y autonomía financiera -para la aprobación de su presupuesto y la eliminación de la obligatoriedad actual de trasladar sus utilidades anuales al presupuesto público-.

La ley de autonomía del Banco Central del Ecuador nace a partir de los varios acuerdos que suscribió el gobierno de Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La propuesta de ley fue enviada con carácter de urgente por el gobierno.

  SL/AM/CM/sam

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