La CNJ, a través de un comunicado, pidió formalmente que la justicia argentina envíe a Luque al país. El juez a cargo del caso ratificó el pedido el 26 de febrero. El implicado deberá rendir cuentas a la justicia ecuatoriana por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada.

«Corresponde a la Cancillería ecuatoriana gestionar este pedido de manera expedita», finaliza el documento.

Un año y piquito…

Aunque la promesa del expresidente Lasso fue traer «del cogote a Luque» luego de que todo el entramado se filtrara en los medios de comunicación, el implicado pasó un largo tiempo en Argentina. Según el exministro del Interior, Juan Zapata, el ahora recluso salió de Ecuador el 9 de enero de 2023. Desde entonces la notificación de su arresto se difundió en la Policía Nacional y la Interpol.

Luque guardaba una estrecha relación con el Lasso por sus cargos en el Banco de Guayaquil. Fue vicepresidente de las Oficinas de Banca Personal y Comercial del Banco de Guayaquil, según el portal de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

A parte de su larga estadía en el Banco de Guayaquil, el exjefe de Estado lo nombró coordinador de las 13 empresas públicas, a través del decreto ejecutivo 107, el 14 de julio de 2021.

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La entidad, a través de un comunicado, mencionó que ellos «continúan aportando al país para su lucha contra el terrorismo» con el pago de impuestos y contribuciones, entrega de crédito y creación de empleo.. Según ellos, este año se impuso un nuevo régimen de autorretención que «casi triplica el aporte de las instituciones financieras».

Indicaron que, en 2023, la autorretención fue de USD 123 millones y, en 2024, pasará a 360 millones, esto representaría un aumento de USD 237 millones. Para ellos, eso representaría una afectación a sus rentabilidad.

«Los políticos se olvidan que un dolar más de impuestos significa un dólar menos de crédito. Y sin créditos las familias y los emprendedores, no pueden crecer», reza el comunicado.

Sin embargo, los últimos dos gobiernos movieron varias fichas para que los empresarios y sectores bancarios sean los menos afectados con la llegada de la pandemia». Todo eso a través de exoneraciones de impuestos, deudas en el extranjero, con el SRI, entre otros.

Actividades rentables

De acuerdo a sus declaraciones, el ala financiera no puede continuar apoyando con más impuestos, pues se encuentran en el puesto 10 de ROE (rentabilidad bancaria) con el 12,3 %. Indicó que la lista de actividades más rentables, la encabezan actividades de servicio con el 35,3 % de ROE; luego la explotación de minas y canteras con el 24,7 %; actividades de apoyo a la gestión pública con una rentabilidad del 18,4 % y las telecomunicaciones con 15,7 %.

«No solo ahora, sino desde antes, las actividades bancarias han sido las que más contribuyen a la recaudación total de Ecuador», detalla el comunicado.

Siempre en beneficios de unos pocos…

La economista Wilma Salgado aseguró que el gobierno de 2021 condonó USD 5.305 millones a los más ricos de Ecuador. En ese momento, la exoneración de impuestos por partes del Servicio de Rentas Internas (SRI) ascendió a USD 6 millones. De esa cantidad el 87,3 % pertenecía al sector privilegiado. Mientras que solo el 1,9 % respondía a medianos y pequeños empresarios.

«Si los gobiernos de turno no fueran tan generosos con los grandes empresarios o banqueros no tendríamos tanto déficit«, apuntó en entrevista con un medio digital.

Esta misma exoneración de impuestos hizo que los bancos de Pichincha y Guayaquil, propiedad del expresidente Guillermo Lasso, se ahorren USD 112 millones en impuestos. Además, se concederían beneficios a los bancos y empresas que tienen deudas en el exterior; con esto, los bancos privados aumentaron sus utilidades en un 48 % y otras en un 100 %, solo en 2022. (N.Y.J)

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Banco Pichincha emitió un oficio en el que solicitaba la autorización a los clientes para utilizar los datos personales proporcionados a las entidades.

Según el comunicado del banco, adoptará medidas técnicas de confidencialidad y seguridad. Con esto, los usuarios podrán acceder al funcionario correspondiente y ejercer sus derechos de acceso, eliminación, revisión o portabilidad, según Radio Pichincha.

Algo similar ocurrió con el Banco de Guayaquil. Un documento de la entidad menciona que los datos de los clientes se utilizarán para contactarlos mediante mensajes de texto, aplicaciones de teléfonos móviles y notificaciones Push.

En otro apartado del documento se especifica que los titulares de las cuentas aceptan que sus datos sean compartidos a personas naturales o jurídicas del Ecuador y el extranjero.

Además, detallan que brindar la información a otros servidores que “permitan mejorar” la experiencia de los clientes. En este punto, incluyen empresas de seguros, asistencia médica o cualquier otra entidad que requieran esta información al Banco.

“Se adoptarán medidas de seguridad necesarias para garantizar la información del titular, a fin de evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado”, detalla el comunicado.

¿Qué dice la ley?

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Lopdp), que será aplicable desde el 26 de mayo, asegura a los ciudadanos que su información se manejará de manera transparente y para fines acordados. Además, los usuarios pueden decidir si sus antecedentes se comparten o se elimina.

En el caso de que las personas decidan que su información no sea compartida, las empresas están en la obligación de eliminar todo de forma inmediata.  (D.C.)

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Dicha institución recalcó que el congelamiento o la retención de arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas está prohibido. Esto ante los rumores que empezaron a circular en redes, que insinuaban que las cuentas de clientes estarían en riesgo o peligro.

Ante ello, la superintendencia enfatizó que: «La persona que divulge noticias falsas que causen alarmas en la población y provoquen retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero (…) que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años«. Normativa que corresponde al Artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, la institución solicitó a la ciudadanía a mantenerse informada unicamente por canales oficiales.

¿Cuáles fueron las razones de la intermitencia?

La tarde de este 18 de febrero varios ciudadanos expresaron su malestar en Twitter al percatarse que el soporte informático de algunos bancos presentaban fallas. Ante los reclamos, Asociacion De Bancos del Ecuador (Asobanca) aclaró que el problema tenía que ver con el proveedor de red.

«Por un inconveniente de un proveedor de servicios de conectividad se produjo intermitencia en algunos servicios bancarios del país. Al momento, los técnicos se encuentran resolviendo el problema«, explicaron en un comunicado de la asociación.

JR

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