La Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a Molina de prevaricato, al disponer arresto domiciliario a una persona que no estaba privada de su libertad.

Cosas de su pasado

El 8 de agosto de 2022, Molina aceptó el habeas corpus y ordenó la libertad de Glas, Daniel Salcedo y Christian Araujo, por la supuesta vulneración a sus derechos de salud e integridad física. Luego la FGE, abrió una investigación en su contra por el delito de usurpación de funciones.

Según la entidad, el exmagistrado se encontraba inhabilitado de sus funciones desde el 5 de agosto porque fue llamado a juicio por otra causal, por lo que ya no tenía la facultad de tomar otras disposiciones.

Luego de todas las controversias, el 22 de diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura destituyó a Molona por cometer una infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones.

Finalmente, el 25 de mayo fue sentenciado a un año de prisión al encontrarlo culpable del delito de usurpación de funciones.

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El exmagistrado concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo. Los recursos permitieron que los acusados salgan de la cárcel.

Por estas decisiones, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre de 2022. La resolución se tomó debido a que cometió un “error inexcusable” al otorgar hábeas corpus.

El 11 de agosto de 2022, el presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, prohibió la salida del país a Molina, arresto domiciliario y la petición para colocarle el grillete electrónico.

Molina fue aprehendido el pasado 09 de agosto en San Jacinto, cantón Sucre. Y la Fiscalía continúa sus investigaciones por el presunto delito de prevaricato, que, según el Código Orgánico Integral Penal, se castiga con tres a cinco años de prisión.

Sobre los hábeas corpus

El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).

Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.

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Ordóñez pidió indagar a los magistrados John Rodríguez, Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. La investigación también va dirigida hacia el exjuez Banny Molina.

Rodríguez

El juez Rodríguez labora en una Unidad Multicompetente en Yaguachi, en Guayas. Él dispuso que Ángelo Javier Achile, alias «Negro Angelo», y Kevin Javier Manzaba, sean trasladados del centro penitenciario N° 3 del Guayas a la cárcel de Santo Domingo.

Frente a esta resolución judicial, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Señaló que los dos PPL trasladados son responsables de los asesinatos de al menos 40 personas durante la masacre carcelaria en Santo Domingo.

Molina

El juez Banny Molina concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo.

El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).

Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre. La resolución se tomó debido a que cometió un «error inexcusable» al otorgar hábeas corpus.

Los otros jueces

Ordóñez exhortó una investigación patrimonial contra el juez Curipallo, quien dispuso la libertad provisional al exvicepresidente Glas. También sobre el magistrado Oña, que concedió medidas sustitutivas a alias «Gordo Luis», cabecilla de Los Lobos.

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Manosalvas aseguró que no existió ninguna violación de derechos y que se le garantizó al privado de libertad (Jorge Glas) la atención médica que requiere.

Ante esta situación, la legisladora de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) aseguró que el ex segundo mandatario está en condición de secuestrado por parte del gobierno.

Los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha: Eduardo Andrade, Guadalupe Narváez y Santiago Galarza aseguraron que no hay prueba que demuestre la vulneración de los derechos del exvicepresidente.

El pasado 8 de agosto, el juez de Portoviejo, Banny Molina, emitió una orden de libertad inmediata a favor de Glas. Sin embargo, el director General del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, denunció a Molina por su decisión a pesar de que sus funciones estaban suspendidas.

El exvicepresidente deberá continuar en la Cárcel 4, en Quito, cumpliendo con dos penas por el caso de asociación ilícita (seis años) y cohecho pasivo agravado (ocho años).

Por otro lado, el juez Molina deberá enfrentar un juicio por el presunto delito de prevaricato y según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se castiga con tres a cinco años de prisión.

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Prisión para Molina

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no permite la libertad de Jorge Glas, a pesar de la disposición de la justicia ecuatoriana que le concedió el habeas corpus. El mismo juez Banny Molina, que ejecutó esta acción fue arrestado por la Policía Nacional en Manabí, por presunto delito de usurpación de funciones. 

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Molina fue aprehendido el pasado 09 de agosto en San Jacinto, cantón Sucre. Y la Fiscalía General del Estado continúa sus investigaciones por el presunto delito de prevaricato, que, según el Código Orgánico Integral Penal, se castiga con tres a cinco años de prisión.

Inconsistencias de Molina en la emisión de boletas

El 09 de agosto, el Director General del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, denunció que Molina otorgó el habeas corpus a Jorge Glas, Daniel Salcedo y otro detenido de la Cárcel 4, cuando sus funciones estaban suspendidas.

Del mismo modo, el director del SNAI, Pablo Ramírez, señaló una serie de inconsistencias en la boleta emitida por Molina, entre ellas:

• No cumple con el formato emitido y aprobado en la resolución 037 del 2015.

• La boleta electrónica al ponerla tras la luz, no coinciden con el reto de boletas emitidas.

• La firma del juez se plasma de manera manual. No la registra de manera digital y con el código QR establecido.

• No posee la fecha de registro.

• En el caso de Glas, el último dígito de su cédula es erróneo.

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La captura surge después de que el Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI)  encontró inconsistencias en las boletas de excarcelación de Jorge Glas y Daniel Salcedo. El funcionario se encontraba en su casa de San Jacinto (cantón Sucre).

Mediante un comunicado en sus redes sociales el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la detención del juez. La aprehensión del implicado estuvo a cargo de la Unidad Judicial de la Policía, en colaboración de la Subzona de Inteligencia de Manabí.

Es preciso recordar que la Fiscalía abrió la investigación tras la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura. “Hay elementos fuertes que pueden llevar a sostener que se cometió ese delito”, señaló Fausto Murillo, titular de la Judicatura, en Ecuavisa. De allí que su director solicitó la aprehensión del juez.

El detenido ya se encuentra en manos de la Fiscalía del Ecuador.

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