Según reporta diario El Comercio, «el tribunal desechó la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) en contra de la sentencia emitida el 10 de mayo de 2022 por el juez Johnny Lituma, que ordenó la devolución de los bienes».

Se declaró sin procedencia y se rechazó la apelación. En el fallo, la Corte Provincial dio la razón la defensa de los Isaías en «todas sus partes». Por tanto, el Estado ecuatoriano deberá restituir las propiedades y accionede las que eran dueños los exbanqueros. Entre las acciones están: Departur Turismo y Apartamentos, Hotel Colón Internacional, Tabacalera Andina Tanasa o Industrial Shulk.

La apelación -desechada al fin y al cabo- fue presentada por la Procuraduría, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) y el Banco Central del Ecuador (BCE). También tuvieron participación el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia de la República.

«Las entidades buscaban impedir que los expropietarios de Filanbanco recuperen los bienes. Solicitaron a la Corte Provincial que se declare la nulidad del dictamen de Lituma y pidieron la declaratoria jurisdiccional por error inexcusable ya que habría supuestas inconsistencias en el fallo inicial», reseñó diario El Universo.

El dictamen de la Corte se dio a conocer a las partes el lunes 12 de septiembre. La resolución fue notificada tras 28 días de audiencia de estrados llevada a cabo el 16 de agosto. En ella, los involucrados, el Estado ecuatoriano y la defensa de los Isaías, expusieron sus argumentos.

Finalmente, la Corte del Guayas precisó que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son de efecto obligatorio, directo e inmediato aplicables por los jueces del Ecuador. Por su parte, Procuraduría no ha anunciado su impugnación a la decisión de la Corte Provincial.

Todavía no acaba

Las autoridades ecuatorianas aún dirigir el caso a la Corte Nacional de Justicia. No obstante, el abogado de los exbanqueros, Jorge Zavala Egas, señlaó que incluso con una nueva apelación debe cumplirse la sentencia de primera instancia.

Un poco de historia

En 2008, la AGD en el gobierno del expresidente Rafael Correa incautó los bienes de los hermanos, basado en un informe de la firmque dictaminó un hueco patrimonial de más de USD 600 millones del Filanbanco.

Fuentes: El Comercio, El Unvierso.

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Ante estas declaraciones, el excandidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascall, advirtió: “Cuidado el Banco del Pacífico se queda en la región, en un grupo muy amigo como el Grupo Gilinski, en Colombia, que son dueños de la Revista Semana y que tuvo injerencia en la campaña en Ecuador».

Rabascall aseguró que González tiene instrucciones de que no se venda el banco a grupos económicos locales en el Ecuador. “Han dicho que no hay quien cubra esos valores y solo se va a vender a instituciones financieras internacionales. También que puede ser un banco regional, bancos europeos, que no cree que sea a bancos americanos. Entonces está reduciendo los ofertantes”, señaló.

Según medios de comunicación independientes de Colombia, los Gilinski son un grupo de banqueros reconocidos por su habilidad para comprar bancos quebrados en todo el mundo. También afirman que la adquisición de Revista Semana, les permite participar en los rentables negocios del Estado, compitiendo con los Sarmiento Angulo, los Ardila Lülle, los Santo Domingo, los Char o el grupo Prisa, dueños de los medios hegemónicos de Colombia.

En este sentido, Rabascall insiste en que debe existir transparencia con el proceso de venta del banco. Explicó que a quien se le adjudique la eventual compra debería tener dentro de los términos de referencia la prohibición de ceder las acciones, por lo menos, durante los próximos de 10 años.

La eficiencia del Banco del Pacífico

Rabascall le recordó al país y a Roberto González que el banco goza de alta eficiencia organizacional. “Los depósitos crecieron, entre 2007 y 2021, en 376%. Es decir, hubo un promedio anual del 25% de crecimiento. La cartera creció en 525%, es decir, en promedio 35% anual. El patrimonio creció en 290%, es decir, un promedio de crecimiento del 19% anual. Es decir, ha existido eficiencia organizacional que ha permitido que crezca el valor en libros, que es de 820 millones de dólares”, aseguró.

Asimismo, explicó que el banco es tan eficiente que hoy tienen un nivel de ocupación en el mercado del 30%. El propio González ha asegurado que ni siquiera los otros seis bancos mas grandes llegan al 28%.

Rabascall recuerda que la utilidad operacional al 2021 fue de 80 millones de dólares y que las provisiones se establecieron porque creen que existe un riesgo de cartera incobrable. Es decir, el excandidato de UNES enfatiza en que esto no es una realidad, solo sería una posibilidad si es que los créditos se vuelven incobrables. Por este motivo, reitera que hay contradicciones o argumentos que se desvanecen en la propia boca de los representantes del Gobierno.

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“Es difícil creer que una empresa pública como Banco del Pacífico que siempre estuvo entre los tres bancos más importantes del país pueda llegar al puesto 10 en manos de alguien como Roberto González, que fue contratado como el gran administrador”, dice la funcionaria en un video.

Reyes añade que González debe ser investigado por llevar una administración “sospechosamente dolosa que se percibe tiene como único objetivo bajar el valor del banco. Este tipo de actuaciones administrativas son propias de personas sin ética”.

El administrador, a juicio de la parlamentaria, debe explicar el por qué del cierre de 18 agencias y los despidos. “¿Por qué ha obligado a la venta de cartera y la falta de colocación de dinero manteniendo los costos operativos casi a la par de los ingresos? No tiene lógica y parece más un plan fraguado para desmantelar a una rentable institución pública donde los grandes administradores y exitosos banqueros la están destruyendo”.

Vieja estrategia

Para Reyes, estas prácticas no son nuevas. “Es la repetida y mala estrategia de desprestigiar lo público y rentable para hacer poco atractivo a la inversión extranjera y justificar su venta a precio de gallina enferma para que luego aparezca el salvador, un banquero exitoso a comprar el banco casi en quiebra”.

La funcionaria advierte que la venta de bienes podría llegar a otras empresas públicas. “¿Acaso debemos esperar el saqueo de todos los bienes y empresas públicas del país? Si tanto quieren vender el Banco del Pacífico, el BIESS podría recibir parte de las acciones como parte de la deuda que el Estado mantiene con el banco de los trabajadores y jubilados”.

“Señor presidente, existe una frase popular muy conocida: no hay que dar papaya. Y usted como banquero no puede ser juez y parte en un negocio rentable hasta hace dos años, que ha sido encomendado para que lo quiebren. Tiene la oportunidad de hacer lo contrario y que el país recupere la confianza ya perdida en su accionar”, expresó.

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¿Por qué tanto interés y tozudez por parte de este Gobierno -que apenas tiene el 4% de aceptación- para que la Asamblea aprueba esta Ley? ¿Se repite el escenario de 1994 donde el Congreso allanó el camino para el feriado bancario de 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad? ¿Por qué se quiere privatizar el Banco Central?

Estas preguntas deben contestar el presidente Lenín Moreno, el ministro Pozo y los representantes de la banca. Tienen la obligación de transparentar el interés por entregar el manejo de la política monetaria y crediticia del país a los dueños de los bancos.

En plena emergencia económica, sanitaria y política este Gobierno benefició a la banca y a las élites económicas del país con leyes que tienen con nombres rimbombantes pero que en la práctica generaron desempleo, como la denominada Ley Humanitaria que precarizó el trabajo de miles de personas. Asimismo, la Ley de Fomento Productivo condonó millonarias deudas a 25 grupos empresariales y cómo olvidar la Ley que impuso un impuesto del 2% a los microempresarios. Mientras tanto el pueblo ecuatoriano tiene que seguir mendigando por un puesto de trabajo mal remunerado y que no le alcanza para tener una vida digna.

No hay duda que la Ley de Defensa de la Dolarización es una Ley de Defensa y Beneficios para la banca que pone en riesgo la estabilidad del sistema monetario del país. 

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Quito 31 de ene (La Calle).- Lenín Moreno, en las postrimerías de su Gobierno, enviará a la Asamblea Nacional, con carácter de urgente, el proyecto de Ley donde privatizará al Banco Central del Ecuador. En este país andino, la dolarización significó la pérdida de la soberanía monetaria y la privatización de sus reservas monetarias, que servían para respaldar la moneda nacional: el sucre. 

Asimismo, se la concibió e implementó con la libre entrada y salida de divisas donde la banca privada tenía poder total para controlar y administrar la cantidad de dinero en la economía, en vez de la banca central. La iniciativa de Moreno es devolver esta lucrativa capacidad.

Regulación de las tasas de interés y liquidez económica

En los primeros años de este siglo, la dolarización significó para la banca privada un amplio poder de mercado para fijar las tasas de interés, la orientación del crédito y el nivel de liquidez. A partir de 2007, ese poder fue cuestionado por el gobierno de Rafael Correa. Él reguló las tasas de interés y la liquidez de la economía. Para este fin, se eliminó la maltrecha independencia del Banco Central del Ecuador de los noventa con la aprobación en las urnas de la nueva Carta Magna en 2008.

La independencia del Banco Central del Ecuador del poder político solo subsistía en la Constitución de 1998. En la práctica se la destruyó cuando el gobierno de Jamil Mahuad presionó a finales de 1999 al directorio del instituto emisor para que aprobara la dolarización. Como no fue así, el directorio renunció y Mahuad la anunció como el nuevo régimen monetario. Es indiscutible que todas las políticas llevadas a cabo durante el gobierno de Rafael Correa permitieron enfrentar eficazmente las crisis externas y sostener la dolarización.

Banca central independiente

El concepto de una banca central independiente proviene de los años ochenta. El monetarismo había fracasado. Primero, en los países en desarrollo y después en los industrializados. Las metas de inflación se encumbraba como una estrategia efectiva para eliminar los procesos inflacionarios.

Sin embargo, esta política monetaria no se podía implementar sin que la banca central sea independiente del poder político, supuesto culpable del abultado déficit fiscal y de la desbocada emisión monetaria. A partir de la década de los noventa, la inflación se redujo sustancialmente en la mayoría de los países de América latina.

No obstante, la tan reclamada independencia solo se aplicó para el quehacer político y no para los grupos de poder económico. La subordinación del sector productivo por el financiero en las economías en desarrollo corrompió la figura de una banca central autónoma. Esto conllevó a que su estructura directiva estuviera conformada en demasía por exaltos funcionarios de la banca privada o relacionados estrechamente con este sector.

En Ecuador, durante los años noventa, se la prostituyó de igual manera y sobrevino en la economía la quiebra del sistema bancario. Los efectos de la llamada “puerta giratoria”.

Ecuador: Lenín Moreno y el gobierno de banqueros

El régimen de Lenín Moreno es un gobierno de banqueros. Por lo tanto, la iniciativa de devolverle al Banco Central del Ecuador la independencia responde a la búsqueda de la maximización de las ganancias de la banca privada. Esta necesita de una banca central que tengan como único objetivo monetario acumular la mayor liquidez posible de la economía, pero no desde agentes privados sino desde el sector público.

No quiere un prestamista de última instancia, exige dos (Ecuador ya tiene una red de seguridad financiera). Un adicional para absorber gran parte de los recursos del sector público sin considerar sus efectos sobre el desarrollo económico del país. Un banquero, columnista de un medio de comunicación, sostiene que tal acumulación de activos líquidos debe ascender a 20.000 millones de dólares, la quinta parte del actual PIB.

Crédito de consumo

Es un error creer que tal modelo de banca central solo responde a un objetivo especulativo: destinar la liquidez de la economía al exterior con una rentabilidad de 2%. El eje del negocio financiero en Ecuador se encuentra en los agentes económico más riesgosos: los del crédito de consumo. Si bien es cierto que se abarató el crédito con las regulaciones y los “techos” a las tasas de interés. Sin embargo, la banca privada se orientó cada vez más hacia actividades poco o nada productivas.

Por lo tanto, los banqueros necesitan orientar cada vez más la liquidez de la economía hacia segmentos más riesgosos si quieren alcanzar altas tasas de rentabilidad. El proyecto de ley no solo contempla una banca central independiente, también busca liberalizar las tasas de interés y garantizar la reorientación del crédito. La propuesta de reforma al Banco Central del Ecuador significaría la segunda privatización de la moneda: la liquidez de la economía para fines privados.

Un sector financiero neutral…

En una economía en desarrollo, dolarizada y sin procesos inflacionarios de por medio (existe deflación), necesita un modelo de banca central que no le afecte los cambios de gobierno, donde la fuerte influencia del sector financiero sea neutralizada y, sobre todo, estrechamente vinculado con el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas del país. 

Ecuador ya tiene la institucionalidad, a través de la quinta función del Estado, para conformar una banca central independiente de la banca privada. Solo necesita un gobierno que busque transformar la estructura productiva del país. El 7 de febrero, con las elecciones presidenciales, se sabrá si eso es posible.  

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