El convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1999, durante el gobierno del expresidente Jamil Mahuad, cedió a Washington el uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta durante diez años. El contexto del acuerdo se dio en un tambaleante gobierno donde Mahuad buscó apoyo de la Embajada gringa para que se instalara en el país el Puesto de Operaciones de Avanzada – FOL (Forward Operating Location). A pesar de que los objetivos militares del país norteamericano serían desarticular movimientos subversivos colombianos y controlar el narcotráfico, como parte de las ejecuciones políticas del Plan Colombia para América Latina, los objetivos políticos eran del gobierno ecuatoriano.

Según el excomandante del Ejército de Ecuador, Gral. Luis Altamirano, una base militar es una infraestructura de carácter permanente que se concibe como un mecanismo de proyección de poder de la nación que esté interesada en instalar sus bases, con objetivos operativos, logísticos o ambos. Y que, por lo tanto, la propuesta de reformar y modificar sustancialmente el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) no sería actualmente del interés de Estados Unidos ¿Pero hay intereses del gobierno ecuatoriano?

Luego del viaje a New York y Canadá realizado por el primer mandatario del 5 al 11 de septiembre, para buscar soluciones a la crisis energética, el 16 de septiembre anunciaba al país el envío de una propuesta de reforma parcial del artículo 5 a la Asamblea Nacional para eliminar la prohibición de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera en suelo ecuatoriano. En el video del presidente, desde la ex Base de Manta, aseguró que en medio de un conflicto transnacional el país necesita respuesta nacional e internacional para revertir el supuesto pacto de gobiernos anteriores con el narcotráfico.

Ante el error procedimental de enviar el proyecto de reforma al Legislativo, a donde nunca llegó, por tratarse de un artículo constitutivo que solo puede ser modificado por una Asamblea Constituyente, el Ejecutivo decidió remitir la propuesta directamente a la Corte Constitucional para ser tratada como una enmienda. Lo que evitaría que la modificación tenga que ser sometida a Referéndum en una Consulta Popular, donde posiblemente no tendría los votos de los ecuatorianos. Además, porque según los artículos 365 y 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ofrecer territorio nacional para bases militares extranjeras está tipificado como un delito.

Dentro del debate ciudadano y político alrededor de esta decisión del gobierno se ha dicho que esta reforma persigue que Estados Unidos regrese a ocupar la Base de Manta o que vuelva alquilar suelo ecuatoriano en otro lado, en las Islas Galápagos, por ejemplo, para desplegar sus operaciones militares. Sin embargo, sobre una entrevista realizada por el medio digital La Posta al exembajador de EE.UU en Ecuador, Todd Chapman, en el 2018, los medios de comunicación que apoyan al gobierno se han esforzado por desmentir esta posibilidad.

Pero, un día antes del último y décimo cuarto viaje al exterior del presidente Noboa, el 19 de septiembre la Embajada de Estados Unidos se pronunció sobre su posible presencia militar en el marco de una “cooperación en seguridad” con Ecuador, tras una visita a Quito de Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de EE.UU. Según el comunicado, estos posibles nuevos acuerdos regularían las operaciones de personal militar estadounidense de manera “temporal” para brindar su apoyo en ampliar las capacidades de las fuerzas armadas ecuatorianas en materia de defensa y seguridad.

Estos recientes acontecimientos ratificarían que el gobierno ecuatoriano es quien está insistiendo en la injerencia o “ayuda internacional” de Estados Unidos, así como sucedió en el gobierno de Jamil Mahuad y que nada bueno le trajo al país. Aunque esta vez, la Embajada norteamericana ha señalado que no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para una presencia militar permanente. Pero, aún nos falta conocer las novedades que el presidente Noboa traerá de su segunda visita, en menos de un mes, al país norteamericano.

Entrevista completa en La Ventana Podcast

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«Último día del despotismo… y primero de lo mismo«. Esta frase apareció pintada en los muros de Quito tras el 10 de agosto de 1909. Nosotros podríamos decir lo mismo con respecto a la venta de la soberanía de nuestro país al permitir la entrada de personal militar estadounidense.

«Último día del colonialismo… y primero de lo mismo» porque si Jamil Mahuad cedió una base aérea ecuatoriana a EE.UU., Guillermo Lasso, en su momento, y ahora Daniel Noboa no pasan desapercibido este ataque a la soberanía.

Si bien el 10 de noviembre de 1999 se firmaba el acuerdo para la Concesión de la Base Aérea de Manta al personal del Comando Operativo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, esta operación empezó en enero de ese año con conversaciones entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

Este acuerdo aparece tras la salida de las fuerzas militares estadounidenses de la Base de Howard en Panamá, que en 1999 recuperó varios espacios soberanos, entre esos el Canal de Panamá.

¿Era necesario el acuerdo? EE.UU. y Ecuador mantenían, hasta 1999, 10 convenios bilaterales en la lucha contra el narcotráfico y la operación violaba la Constitución de 1998 en el artículo 171: «Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado».

En noviembre, el documento llegó a manos de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional del Congreso, cuyo presidente era Heinz Moeller. Los miembros de la comisión resolvieron que el acuerdo no necesitaba aprobación por parte del Congreso sino pasar directamente al Ejecutivo.

¿Qué se firmó?

Las autoridades de ese entonces permitieron:

• La libre circulación de personas, aeronaves, navíos y vehículos estadounidenses que, en las condiciones del acuerdo, violaban directamente la soberanía terrestre, marítima y aérea del Ecuador.
• Les otorgaron al personal civil y militar una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal de la Embajada Americana, es decir, solo debían presentar su documento que los acreditaba como estadounidenses para circular por el territorio

Si esto les suena conocido es porque en el período de Guillermo Lasso se firmaron tres acuerdos de cooperación con Estados Unidos y el presidente Noboa aprobó dos de ellos. El acuerdo de Estatuto de las Fuerzas permitía las operaciones de militares y personal civil estadounidense otorgándoles los mismos privilegios que el personal diplomático, así como en 1999.

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En este barco de la nostalgia en el que navegamos los ecuatorianos, no ha sido suficiente para los últimos gobiernos regresarnos a la época de los apagones, ahora también nos encontramos con el peligro de cambiar nuestra Constitución y ceder la soberanía por promesas vacías y sin las garantías de rescatar a nuestro país de la violencia en la que está sumida.

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Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Noboa grabó un vídeo desde las instalaciones que fueron de la Base de Manta para anunciar esta noticia. Indicó que la salida de la base fue «el primer pacto con el crimen transnacional» y que en la lucha por recuperar el país es «el pacto que tenemos que revertir y quebrar».

«Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades sino honestidad y voluntad política (…) En un conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas», expresó.

La Base de Manta

La Base estadounidense en esta ciudad portuaria fue el resultado de un convenio firmado entre el gobierno de EE.UU. y Jamil Mahuad en 1999 por un plazo de 10 años. la función del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) de Manta sería detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

En septiembre de 2009 tras la aprobación de la nueva Constitución, las autoridades nacionales tomaron posesión del lugar.

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De acuerdo con la página de fact cheking Ecuador chequea, la declaración de González coincide con las cifras que maneja la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

Esta organización entrevistó a Fernando Carrión, docente y experto en seguridad, y, en efecto, no hay una relación entre la existencia de la base militar estadounidense en Manta y los niveles de violencia que vive el país. La caída del número de homicidios a partir del 2010, explica Carrión, se dio por otras causas: se crearon marcos institucionales con varios ministerios, se incorporó inversión pública, se aprobó el nuevo Código Integral Penal y el país tuvo más ingresos económicos. “Todos estos factores hacen que la tasa de muertes violentas por 100 mil habitantes disminuya, pero no hay un vínculo con la Base de Manta”.

En 2018, el índice de homicidios volvió a aumentar, ajuicio del experto, debido a la falta de institucionalidad y la reducción del presupuesto del Estado.

Según los datos de las instituciones gubernamentales, el 89% de los asesinatos están relacionados con la violencia criminal: narcotráfico, ajustes de cuentas, sicariatos y asaltos, mientras que el 11% restante se atribuye a riñas, femicidios, deudas y peleas callejeras.

Origen de la base estadounidense en Manta

En 1999, durante el Gobierno del expresidente Jamil Mahuad, Ecuador y Estados Unidos suscribieron el acuerdo de cooperación concerniente al ‘Acceso y uso de Estados Unidos, de las instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades aéreas antinarcóticos’. En 2009, el entonces presidente Rafael Correa ordenó la salida de los estadounidenses de la base de Manta. (MIB)

Fuente: Ecuador Chequea

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La población teme que la exposición de la isla a los combustibles, que requieren las naves, afecte potencialmente el ecosistema. Además, de acuerdo a un video que circula en redes sociales, la presencia de militares estadounidenses pone en riesgo la soberanía del país. Los galapagueños temen que se repita la historia de la base estadounidense asentada en Manta.

“El convenio de la base de Manta entró, como entra en casi todos los países, afirmando que garantizaría desarrollo, con el eufemístico término de que acabarían con el narcotráfico, pero en realidad (…) generó un aumento de prostitución y pesqueros hundidos. La gente más humilde fue la primera en evidenciar las afectaciones”, dijo Ivette Minda miembro de la coalición “No Bases” Ecuador, en una entrevista a Telesur.

La base de Manta es un ejemplo de los métodos de abuso y violencia empleados por los militares norteamericanos, quienes, gozando de inmunidad diplomática y con la excusa de realizar operativos antinarcóticos, amedrentaban contra las embarcaciones pesqueras.

Las críticas contra el Ministerio de Defensa no han parado después de permitir a EE.UU. tener acceso al aeródromo de las islas Galápagos, a las que el ministro Oswaldo Jarrín considera un «portaviones natural». A decir de esta cartera de Estado, la cooperación militar con Washington ayudará en el combate contra el narcotráfico. Pero en la sociedad continúa el temor a que se establezca una base militar estadounidense, algo que está prohibido por la Constitución ecuatoriana.

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