Respecto a la posibilidad de instalación de bases internacionales en Ecuador, Noboa reconoció que el tema «lleva meses en discusión» y afirmó que su administración está abierta a evaluar colaboraciones, siempre que se respete la coordinación con las fuerzas de seguridad locales. No obstante, se abstuvo de confirmar si este punto fue tratado específicamente con Trump.

Sobre las deportaciones desde Estados Unidos, el jefe de Estado señaló que los ecuatorianos «no son prioridad» en las políticas de retorno y mencionó la existencia de programas de apoyo para recibir a deportados. «Hemos pedido que haya humanidad», agregó en entrevista para Radio Sucesos.

Cuestionamientos por falta de transparencia

La naturaleza reservada del encuentro generó controversia luego de que Noboa revelara que Trump solicitó confidencialidad sobre los temas tratados. Las críticas se intensificaron ante reportes de que encuentros privados con el presidente estadounidense suelen requerir aportes económicos significativos, según una publicación de The Guardian.

Las dudas aumentaron por irregularidades en la documentación oficial del viaje: omisión de nombres en la delegación, la inclusión de un cargo no especificado relacionado con fotografía y el uso de una aeronave privada en lugar del transporte presidencial. La ausencia de la fotografías del encuentro en el Flickr de Presidencia y denuncias sobre posibles alteraciones digitales en la única foto difundida en redes sociales.

Presión política por aclaraciones

Frente a las incógnitas, legisladores de la Revolución Ciudadana (RC5) anunciaron acciones de fiscalización. «Exigimos saber qué se habló y con qué recursos se financió este viaje», declaró el asambleísta Franklin Samaniego. Paralelamente, la asambleísta Mónica Palacios requirió información detallada sobre el uso del avión presidencial. Cancillería deberá responder a dos pedidos formales de información sobre el este polémico encuentro.

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El convenio firmado entre Ecuador y Estados Unidos en 1999, durante el gobierno del expresidente Jamil Mahuad, cedió a Washington el uso de las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta durante diez años. El contexto del acuerdo se dio en un tambaleante gobierno donde Mahuad buscó apoyo de la Embajada gringa para que se instalara en el país el Puesto de Operaciones de Avanzada – FOL (Forward Operating Location). A pesar de que los objetivos militares del país norteamericano serían desarticular movimientos subversivos colombianos y controlar el narcotráfico, como parte de las ejecuciones políticas del Plan Colombia para América Latina, los objetivos políticos eran del gobierno ecuatoriano.

Según el excomandante del Ejército de Ecuador, Gral. Luis Altamirano, una base militar es una infraestructura de carácter permanente que se concibe como un mecanismo de proyección de poder de la nación que esté interesada en instalar sus bases, con objetivos operativos, logísticos o ambos. Y que, por lo tanto, la propuesta de reformar y modificar sustancialmente el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) no sería actualmente del interés de Estados Unidos ¿Pero hay intereses del gobierno ecuatoriano?

Luego del viaje a New York y Canadá realizado por el primer mandatario del 5 al 11 de septiembre, para buscar soluciones a la crisis energética, el 16 de septiembre anunciaba al país el envío de una propuesta de reforma parcial del artículo 5 a la Asamblea Nacional para eliminar la prohibición de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera en suelo ecuatoriano. En el video del presidente, desde la ex Base de Manta, aseguró que en medio de un conflicto transnacional el país necesita respuesta nacional e internacional para revertir el supuesto pacto de gobiernos anteriores con el narcotráfico.

Ante el error procedimental de enviar el proyecto de reforma al Legislativo, a donde nunca llegó, por tratarse de un artículo constitutivo que solo puede ser modificado por una Asamblea Constituyente, el Ejecutivo decidió remitir la propuesta directamente a la Corte Constitucional para ser tratada como una enmienda. Lo que evitaría que la modificación tenga que ser sometida a Referéndum en una Consulta Popular, donde posiblemente no tendría los votos de los ecuatorianos. Además, porque según los artículos 365 y 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ofrecer territorio nacional para bases militares extranjeras está tipificado como un delito.

Dentro del debate ciudadano y político alrededor de esta decisión del gobierno se ha dicho que esta reforma persigue que Estados Unidos regrese a ocupar la Base de Manta o que vuelva alquilar suelo ecuatoriano en otro lado, en las Islas Galápagos, por ejemplo, para desplegar sus operaciones militares. Sin embargo, sobre una entrevista realizada por el medio digital La Posta al exembajador de EE.UU en Ecuador, Todd Chapman, en el 2018, los medios de comunicación que apoyan al gobierno se han esforzado por desmentir esta posibilidad.

Pero, un día antes del último y décimo cuarto viaje al exterior del presidente Noboa, el 19 de septiembre la Embajada de Estados Unidos se pronunció sobre su posible presencia militar en el marco de una “cooperación en seguridad” con Ecuador, tras una visita a Quito de Linda Fagan, comandante de la Guardia Costera de EE.UU. Según el comunicado, estos posibles nuevos acuerdos regularían las operaciones de personal militar estadounidense de manera “temporal” para brindar su apoyo en ampliar las capacidades de las fuerzas armadas ecuatorianas en materia de defensa y seguridad.

Estos recientes acontecimientos ratificarían que el gobierno ecuatoriano es quien está insistiendo en la injerencia o “ayuda internacional” de Estados Unidos, así como sucedió en el gobierno de Jamil Mahuad y que nada bueno le trajo al país. Aunque esta vez, la Embajada norteamericana ha señalado que no tiene planes de solicitar permiso a Ecuador para una presencia militar permanente. Pero, aún nos falta conocer las novedades que el presidente Noboa traerá de su segunda visita, en menos de un mes, al país norteamericano.

Entrevista completa en La Ventana Podcast

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Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Noboa grabó un vídeo desde las instalaciones que fueron de la Base de Manta para anunciar esta noticia. Indicó que la salida de la base fue «el primer pacto con el crimen transnacional» y que en la lucha por recuperar el país es «el pacto que tenemos que revertir y quebrar».

«Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades sino honestidad y voluntad política (…) En un conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas», expresó.

La Base de Manta

La Base estadounidense en esta ciudad portuaria fue el resultado de un convenio firmado entre el gobierno de EE.UU. y Jamil Mahuad en 1999 por un plazo de 10 años. la función del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) de Manta sería detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

En septiembre de 2009 tras la aprobación de la nueva Constitución, las autoridades nacionales tomaron posesión del lugar.

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