El comunicado del Banco Central del Ecuador (BCE), emitido en horas de la tarde del 30 de septiembre, sorprendió al país con el decrecimiento del 2,2% en el Producto Interno Bruto para el segundo semestre de este año. Esta, que sería la caída más fuerte que ha tenido nuestra economía desde el primer trimestre del 2021 (5,2%) a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19, se debe a varios factores derivados de la gestión del actual gobierno. Según el BCE, el comportamiento económico del país mostró esta contracción por el incremento al 15% del IVA, vigente desde el 01 de abril, que provocó una disminución de las ventas internas al 11% y una caída del consumo de los hogares al 2,2% por la baja demanda en los productos textiles y del calzado, y en los servicios de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida.

Otros factores están relacionados con las contracciones interanuales de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), reducidas al 8,2% por la contracción del 17,2% en el sector de la construcción, que constituye alrededor del 44% del componente; así como por el gasto de gobierno del 0,6%. Esto, a pesar de las variaciones anuales positivas en las exportaciones que incrementaron en un 1,9% y el 0,2% de las importaciones, más los préstamos o “asistencia técnica” brindada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre julio y septiembre del presente año. Si a esto sumamos las crisis energética y de seguridad ciudadana, la situación económica empeora aún más.

Según la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), el 80% de la generación de empleo se ve afectada por los cortes programados de electricidad en horarios laborales. El sector productivo ha cuestionado sobre los cambios de horarios en los cortes y la falta de cumplimiento en la programación, pues advirtió que las pérdidas en el sector ascenderían a los 25 millones de dólares diarios a nivel nacional. Así también lo ha manifestado el sector empresarial, donde el cálculo aproximado por las pérdidas económicas derivadas de los apagones programados podría ascender a 96 millones de dólares por cada corte de energía en 8 horas, es decir, 12 millones de dólares por cada hora sin electricidad.

Si bien es cierto, hasta el segundo trimestre de 2024, la economía nacional estuvo en recesión por las disrupciones en la producción de petróleo, los eventos climáticos y la incertidumbre política, el incremento en la criminalidad es otro de los factores que suman este alarmante decrecimiento económico para finales de año. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, que ubicó al Ecuador en el puesto 87 del ranking de Países con Mayor Índice de Criminalidad, el impacto económico por la violencia en el 2023 representó el 6% del PIB provocando pérdidas por más de 20.000 millones de dólares anuales. A estas pérdidas se agregan los montos destinados a la seguridad que hasta el momento apenas ha devengado 204 millones de dólares, es decir, solo el 2% del presupuesto del Ministerio de Defensa.

Las extorsiones, secuestros, sicariatos y homicidios intencionados obligan a los comerciantes a cerrar sus negocios a tempranas horas del día o a cerrar definitivamente, ante el temor a ser asesinados. Pues, según las estadísticas de la Policía Nacional durante los apagdones, el 65% de los delitos ocurren a partir de las 19h00 en siete provincias del país. Solo del 2 al 8 de septiembre se registraron 153 casos de homicidios intencionales, de los cuales el 21% se perpetraron entre las 19h00 y la medianoche, y el 44% entre las 00h01 y las 05h00 de la madrugada. Cifras que, sin duda, contradicen la supuesta reducción del 18% de la violencia en el Ecuador que la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró durante la rueda de prensa de ayer, 30 de septiembre, del Bloque de Seguridad.

Frente a todo relato, y para complejizar aún más la realidad, la precarización laboral alcanzó en agosto una tasa del 4% a pesar de los 64 mil nuevos empleos que ha dicho se han generado en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Y, es que hoy, los datos del empleo adecuado se mantienen en un 35% y el subempleo tan solo ha pasado del 19,9% al 20,1% respecto del mismo periodo del 2023, lo que no muestra una variación significativa. Además, la crisis en el sector social que se evidencia en la deuda que aún se mantiene con los prestadores externos de la salud, que privaría de atención médica a más de 7 millones de ecuatorianos.

Con esta crisis multidimensional que atraviesa nuestro país, hace sentido que la economía ecuatoriana esté en decrecimiento. Las familias ecuatorianas ya no soportan más los efectos de la incapacidad de este gobierno para “resolver” las emergencias energética, de inseguridad y desempleo, ante lo que la ciudadanía exige respuestas de estos 10 meses de gestión.

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El gobierno prevé cerrar el 2023 con un atraso de pagos por USD 5.017 millones en el Presupuesto General del Estado (PGE). Además existen cuentas pendientes cercanas a los USD 4.317 millones con la seguridad social, GAD, entidades públicas y proveedores del Estado.

Para la obtención de fondos económicos se colocó sobre la mesa el análisis de la focalización de subsidios y la venta oro de las reservas del BCE, una alternativa que no sería completamente viable debido a una prohibición legal.

¿Qué dice la ley?

El Código Monetario y Financiero prohibe que el BCE otorgue préstamos para introducir liquidez al Ministerio de Finanzas. En este sentido, si se llega a vender el oro de las reservas, la cartera de Estado solo podrá acceder a la utilidad o ganancia de la venta, es decir, cerca de USD 70 millones.

El economista Robertho Rosero dijo a Radio La Calle que dentro de la reservas internacionales el rubro del oro monetario contempla más de USD 2 mil millones y el producto de la venta se quedaría en el BCE para financiar a la banca.

»Ellos son los que se han beneficiado de la política del gobierno anterior, un gobierno de banqueros y se van a seguir beneficiando en este período también», resaltó.

Por su parte, el economista Marco Flores señaló que la venta de una parte de ese oro no generaría los USD 300 millones de utilidad que el ministro Vega calcula que irían al PGE »para seguir tapando huecos con ingresos temporales», dijo en su cuenta de X.

Entre el 20 de enero y 8 de diciembre las reservas internacionales perdieron USD 4.281 millones, una situación preocupante para la economía del país.

¿Las soluciones?

Para Rosero la solución para recuperar la economía el país está en implementar un impuesto a la riqueza. Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central se calculó que un impuesto progresivo a los grandes grupos económicos podría apaciguar la situación del país.

Resaltó que en Italia, aunque suene paradójico, el gobierno de ultra derecha aprobó un impuesto a los bancos, considerando sus ganancias más que extraordinarias del último periodo, esta recaudación será del 40 % aproximadamente.

En el caso ecuatoriano el estudio propone un aporte de estas características, según el número de entidades financieras, que va desde el 1,50 % al 3%. Se estima a 2020 -última cifra disponible- se generaría USD 228 millones, es decir, USD 73 millones más que la recaudación del impuesto a la renta a personas. (AGM).

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En diciembre de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones, dejando al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

«El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública», fue la respuesta del ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Para el titular de la cartera de Estado, no hubo transparencia y las tasas de interés eran más altas que cualquier crédito multilateral. Además, resaltó que existió eliminación de la aportación estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social »saquearon al Banco Central del Ecuador (BCE) y quedaron debiendo al Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)».

No obstante, la nueva deuda adquirida por el Ejecutivo para »mejorar el país» nos dejó en el quinto puesto de los países más endeudados con el FMI después de Argentina, Egipto y Ucrania. A partir del 2017, la suma de la deuda con el organismo internacional ha crecido de manera considerable.

Más deuda con el FMI

En diciembre de 2022, el presidente Lasso anunció que el FMI aprobó el desembolso de USD 700 millones al Ecuador. Según el Gobierno, este acuerdo es bien percibido por los mercados internacionales.

“Esta es una demostración de que estamos manejando en orden la economía, que hay un reconocimiento internacional y que el Ecuador va por buen rumbo. Orden fiscal y enfoque social es nuestra política”, recalcó el mandatario.

El acuerdo del programa de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI fue suscrito en septiembre del 2020. Adicional al reciente desembolso, el país también ha tenido el “respaldo financiero” de USD 6.500 millones.

No hay reactivación

Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han “ayudado” a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.

También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país no ha logrado reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos.

La exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, mencionó que los resultados de los préstamos no son culpa del FMI, sino del gobierno de turno que no es capaz de generar políticas adecuadas para aprovechar el dinero.

“Tienes recursos, tienes una reserva internacional por los USD 8 millones, tienes unos resultados fiscales interesantes, con resultados superavitarios, pero eso no se está reflejando en la economía”, explicó para el medio.

El exministro de Economía, Francisco Ortiz, tiene el mismo criterio. Considera que Lasso está alargando el ajuste fiscal, que debió terminar en 2021. A su criterio, en 2022 debía flexibilizar este ajuste para tener mejores resultados económicos, pero decidió mantenerlo. (A.G.M)

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Guillermo Avellán, gerente general del BCE, pidió ayuda del Gobierno Nacional para las empresas y entidades financieras que se financian -léase endeudan- en el exterior, según recoge diario El Comercio.

De acuerdo al EMBI del banco estadounidense JP Morgan Chase, Ecuador contaba con un riesgo país de 1.908 puntos hasta el 4 de abril.

El indicador económico indica el nivel de "peligrosidad" que los inversionistas consideran para saber si un país es capaz de cumplir con sus compromisos de deuda. Cuanto más alto, más negativo para el Ecuador porque ahuyenta a los mercados.

El riesgo país es también un marcador del costo del financiamiento en el exterior. Lo que significa que «mientras más alto el indicador, los préstamos externos tendrán una tasa de interés más elevada para compensar el riesgo adicional asumido por los inversionistas o prestamistas», reseñó el medio.

Avellán expresó que con esta petición se considera equilibrar las «altas tasas de interés» de los créditos en el exterior, que están por el 20%.

Para el titular del Banco Central, esta medida es beneficiosa y está «próxima a aprobarse». Explicó que esta medida posibilitará la llegada de flujos desde el exterior y ampliará el financiamiento para el «sector privado».

Sin eufemismos

Economistas y políticos tacharon la decisión como un desatino del régimen de Lasso. Según ellos, sin adornos, se trata de dirigir dinero público a estos grupos económicos que se endeudan en el exterior.

El exministro de Economía, Carlos de la Torre mencionó en Twitter que esto no es otra cosa que «regalar dinero público» a los «pobrecitos banqueros y grandes empresarios».

Añadió un cuadro de las obligaciones con instituciones financieras en el exterior y posibles beneficios tributarios de la banca nacional.

Representantes de las tiendas políticas también se pronunciaron. El expresidente Rafael Correa calificó de «descarada y vergonzosa» la solicitud de Avellán, quien es un hombre de confianza de Guillermo Lasso, pues dirigió la Fundación Ecuador Libre y participó en la redacción del programa económico.

El jefe de bancada socialcristiana, Esteban Torres, y una de las proponentes del juicio político contra el jefe de Estado, Mireya Pazmiño se sumaron al descontento.

Aguanta, déjame explicarlo…

Avellán publicó un hilo de Twitter en el que, según él, aclara las «imprecisiones» de la solicitud. Dijo que es una «reforma necesaria a una política vigente» ya que las resoluciones fueron expedidas en el Gobierno de Correa.

«Estas políticas tributarias facilitan la llegada de recursos del exterior mediante préstamos en mejores condiciones para entidades financieras y empresas, a fin de impulsar las actividades productivas, el empleo, la inclusión financiera y el fortalecimiento la dolarización», reza uno de sus tuits.

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Desde que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso asumió la Presidencia, el desempleo, los bajos sueldos, la pobreza, las muertes y la desigualdad han ido empeorando en el país.

En cuestión de economía, el Producto Interno Bruto (PIB) , que  es valor monetario de los servicios y bienes del país, decreció, pues en el 2019 fue de USD 71.879 millones y en el 2022 de USD 71.022 millones.

Femicidios en el 2022

Según varias organizaciones en favor de los derechos humanos, en el 2022 se registraron 332 muertes violentas de mujeres por razones de género. Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos son las provincias en donde se registran más casos de femicidios.

Ni para la canasta básica alcanza

Una de las propuestas de Lasso fue incrementar el salario básico a USD 25 por año, sin embargo, el remedio es peor que la enfermedad.

El economista Marcelo Varela manifestó que este aumento al salario básico unificado (SBU) no representó ningún beneficio, porque afectó al precio de la canasta básica. Para Varela, el incremento salarial no pensó en «realidades», sino en el cumplimiento de una campaña política.

En entrevista para Radio La Calle, el experto mencionó que el incremento salarial debió darse con base en las condiciones económicas que vive el país. El aumento de USD 25 al salario básico, este 2022, afectó el precio de la canasta vital que “subió USD 54 solo hasta octubre y aproximadamente USD 65 hasta diciembre del 2022”, resaltó. (A.G.M).

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«El Gobierno espera recibir en el último trimestre de este año USD 1000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin costo y sin condicionamientos», informó El Comercio.

Según Avellán, el Gobierno de Guillermo Lasso mantuvo reuniones con directivos del FMI sobre la recepción de esos recursos. Ese cuyo desembolso se concretará luego de que el país andino solicite al organismo multilateral que busque otro banco central. Este deberá estar interesado en comprar los DEG de Ecuador para convertirlos en dólares.

La emisión de los DEG por parte del FMI forma parte de su política para reforzar las reservas de los países miembros y contribuir a la recuperación mundial tras la COVID-19, según dijo el organismo internacional en meses pasados.

Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia del COVID-19. El año pasado la economía ecuatoriana se contrajo un 7,8% y para este año se espera un crecimiento de 2,8%.

Fuente: Sputnik

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