El pasado 28 de abril se conoció la renuncia de la funcionaria por «diferencias irreconciliables con la nueva visión del Gobierno”. Ordóñez dijo que son visiones difíciles de compartir y, por ello, junto a su equipo, dan un paso al costado.

En esa semana también renunciaron el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo; el ministro de Defensa, Luis Hernández y Pedro Álava, ministro de Agricultura. Sin embargo, para estos sectores los reemplazos ya fueron definidos.

¿Por qué hay tanta demora para definir quién estará al frente de la Secretaría? ¿Acaso el sector de los derechos humanos no es tan importante como el sector de Energía y Minas, Defensa o Agricultura?

Creación y funciones de la Secretaría de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos fue creada durante la presidencia de Rafael Correa, el 15 de noviembre de 2007, bajo el nombre de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo y de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 560, el 14 de enero de 2019 fue transformado a la Secretaría de Derechos Humanos.

La cartera de Estado está encargada de la justicia, de la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna. Es decir, de la plena vigilancia de los Derechos Humanos.

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Carlos Cabrera, comandante General de la Policía Nacional, informó que se desplegaron 850 efectivos en este centro de privación de libertad. También expuso que entre lo incautado constan: 197 indicios balísticos, 50 celulares, 329 dosis de sustancias estupefacientes, 127 armas corto punzantes y 1.300 litros de alcohol en procesamiento para ser ingerido.

Según las autoridades, los fallecidos pertenecerían a la banda delincuencial «Los Lobos». Además, insistieron en que el conflicto se debería a una disputa por el liderazgo dentro de una misma organización delincuencial.

Medidas tras el amotinamiento

«Las primeras acciones que se realizaron fueron reforzar los perímetros de seguridad tanto internos como externos del centro de privación de libertad de Turi, con el propósito de evitar cualquier desgracia superior. Además, notificamos a todas las instituciones correspondientes del Estado con el propósito de tener el apoyo y respaldo a nivel ministerial», señaló Matías Abad, gobernador de la provincia del Azuay.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, indicó que se brindó asistencia psicosocial a 101 personas. Mencionó, además, que se finalizó con la primera fase del proceso, que consiste en la identificación y toma de huellas dactilares. Los 20 cuerpos ya fueron identificados y cinco serán entregados y trasladados a Quito, Macas, Durán y Guayaquil.

«En este momento quien es el custodio de la información de la lista y de la identificación de las personas, es justamente la Fiscalía General del Estado», dijo.

Pablo Ramírez, director General del SNAI, aseguró que ya no existen más fallecidos, tras un barrido por todos los pabellones del centro de retención Turi.

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A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria dijo que solicitará a la Policía Nacional las explicaciones del caso, las investigaciones que den lugar y las sanciones a los posibles responsables, esto, según dijo, en calidad de ciudadana y defensora de los Derechos Humanos.

“¡Mi solidaridad con las mujeres del país! La causa que ha perseguido mi vida siempre ha sido y será erradicar la violencia hacia niñas y mujeres. Mi rechazo a los hechos suscitados ayer en el marco del Día Internacional de las Mujeres”, escribió.

Ni el presidente Guillermo Lasso ni la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, han dado declaraciones sobre el abuso policial contra mujeres, adultas mayores, embarazadas y niñas que acudieron a la jornada en conmemoración del día Internacional de la Mujer.

En redes sociales, cientos de mujeres relataron sobre la brutalidad policial: golpeadas, asfixiadas por los gases lacrimógenos, huyendo de perros y caballos como elementos disuasivos, rechazaron que la Policía Nacional no responda ante la delincuencia, pero use sus recursos para atacar a la ciudadanía.

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En este escenario, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, aseguró que el año 2022 marca un paso importante para la prevención de la violencia hacia niñas y mujeres y para evitar su revictimización.

Durante una entrevista con Radio La Calle mencionó que esta cartera de Estado cuenta con un presupuesto de USD 24 millones para trabajar en la prevención de cualquier tipo de violencia. Indicó que USD 13 millones del presupuesto asignado se destinarán a la prevención de violencia sexual.

Dentro del plan de prevención de violencia sexual se implementarán aulas educativas y, en dos semanas, aproximadamente, se terminará la política pública para la prevención en el ámbito educativo, manifestó la secretaria.

Igualmente, Ordóñez insistió en el fortalecimiento de los servicios de protección integral y la atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, sobre todo, en las fronteras norte, sur y en la Amazonía.

Caso Santiago Olmedo

Respecto al fallo contra el policía Santiago Olmedo, Ordónez dijo que la Secretaría respeta la independencia judicial y que la Cartera de Estado garantiza los derechos humanos y el mejoramiento de los debidos procesos, así como la prevención de la violencia, el delito, y el seguimiento de los procesos y reestructuración del tejido social.

También informó que la Secretaría se encuentra trabajando en la capacitación anual de derechos humanos, desde la garantía de no repetición, para que, por ejemplo, el caso de Olmedo no vuelva a ocurrir.

Igualmente, reconoció la existencia de una crisis de derechos humanos en los centros penitenciarios del país y un olvido por parte del Estado. Por ello, hizo énfasis en que los derechos humanos son universales y deben superarse todas las deficiencias que pueden existir al momento de aplicar la ley.

Añadió también que esta cartera de estado ha tomado acciones como trabajar en política pública para la rehabilitación social, con enfoque de derechos para la rehabilitación y la reducción del hacinamiento.

También en la realización de un censo penitenciario para una adecuada gestión y clasificación de los centros penitenciarios, así como mantener un dialogo permanente con las personas privadas de libertad.

Otros temas

Ordónez comentó que esta Cartera de Estado cuenta con presupuesto, mecanismos de atención, mesas de diálogo y de trabajo, y acompañamiento para otros temas de interés social como la migración, discriminación, trata y explotación sexual.

Hizo especial énfasis en priorizar el dialogo frente a cualquier otro accionar, construir desde y con las diferencias. Además, señaló que el Estado y esta dependencia son conscientes de deudas históricas y sociales que tiene el país.

Además, aclaró que la intervención de la Secretaría se lleva a cabo cuando en el ordenamiento jurídico ya no existen más recursos e instancias. Su trabajo, dijo, se orienta a la erradicación de las violencias, la reparación y que la ciudadanía tenga respuestas del Estado.

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