Martín Sánchez Paredes, director de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay (CCENA), explicó a Radio La Calle que está en riesgo el Museo Manuel Agustín Landívar, las instalaciones que lo componen y aproximadamente 200 piezas arqueológicas, 70 de ellas museables.

El sitio es un baluarte del Ecuador que conserva vestigios de la presencia de las culturas Cañari, Inca y Española, parte del inventario de los bienes patrimoniales con los que Cuenca recibió la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.

Debido a las condiciones a las que está expuesto el lugar (no cubierto) sufre constantes daños materiales provocados por la naturaleza y el vandalismo de la zona. Contó con el apoyo de entidades como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) zonal 6, pero el respaldo terminó en el 2021, según documentos a los accedió este medio.

Soluciones urgentes

En busca de una solución, la CCENA ha intentado reunirse con la ministra del ramo, María Elena Machuca y con la directora del INPC, Catalina Tello. No obstante, durante los dos últimos años las autoridades han evadido sus responsabilidades con respecto al complejo patrimonial.

Las paredes del lugar están trizadas; la humedad ha permeado y carcome la infraestructura; carece de baterías sanitarias y caminerías; sus canales de filtración de agua requieren mantenimiento para que la estructura no colapse; al no tener un buen resguardo y conservación, las piezas arqueológicas peligran y se deterioran; y, en los exteriores los muros han sufrido los embates de la delincuencia común.

Ante la falta de recursos estatales, como última salida intentan postular el proyecto a fondos de inversión por USD 235 mil, que no piden al Gobierno Nacional. Sin embargo, requieren del aval del Ministerio.

«Ataque político»

Para ello, requirieron de informes por parte del INPC zonal 6. En un inicio, la directora subrogante, María Belén Collar procedió a dar el aval, pero luego fue negado por la directora zonal, Cristina Carrasco, que dejó sin efecto el otorgado por su reemplazo, de acuerdo a las respuestas oficiadas.

«Sorprende la acción del INPC, porque ya existe un criterio afirmativo, pero luego la titular da de baja sin mayor argumento (…) creemos que es un ataque político, porque niega pese a que el proyecto fue realizado ya por un arqueólogo desde el mismo INPC», lamenta Sánchez, quien también asegura que las nuevas observaciones demandadas por el Instituto no son técnicas, sino juicios de valor.

Con el proyecto de fondo de inversiones, la CCENA busca repotenciar el área museográfica para su conservación. Además, plantea la eliminación de muros por vidrios para que permitan su visibilidad desde el exterior. También, la recuperación de las caminerías, adaptación de servicios mínimos y personal necesario.

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Quito, 8 dic (La Calle).- El exdirector del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), Francisco Ortiz Crespo habría vendido dos bienes patrimoniales del Estado ecuatoriano. Al momento, espera la autorización de la ministra de Cultura, María Elena Machuca, para sacarlos del país hacia Estados Unidos.

Ortiz solicitó a Machuca la autorización para sacar del Ecuador las estampas: San Juan Nepouceno y San Francisco de Sales, el 4 de octubre de 2022. Sin embargo, en el documento, al que tuvo acceso Radio La Calle, Ortiz nunca detalló los motivos de esta movilización, ni el tiempo que van a permanecer fuera del país.

El exdirector pretende enviar las estampas al profesor emérito y experto en grabados europeos Almerindo Ojeda de la Universidad de Davis en California, EE.UU. Según las fuentes, los involucrados lograron acordar la comercialización de estos bienes y solo se espera la autorización por parte de la directora del INPC, Catalina Tello, y la ministra Machuca.

La Ley Orgánica de Cultura en el artículo 74 especifica que los bienes patrimoniales podrán ser movilizados bajos los siguientes preceptos:

1. Objetivos educativos.
2. Difusión cultural.
3. Objetivos de investigación que no puedan ser realizados en el país y que no correspondan a los fragmentos o muestras que son autorizados por el Instituto Nacional de Patrimonio.
4. Restauración que no pueda realizarse en el país.
5.  Exhibiciones permanentes en misiones diplomáticas ecuatorianas en el exterior.
6. Exhibiciones permanentes en Museos públicos o privados y de entidades gubernamentales de cooperación o integración.

Sin embargo, en la solicitud enviada por Ortiz no se detalle ninguno de estos puntos.

Réplicas

Radio La Calle envió una solicitud de información a la ministra Machuca para conocer los detalles de esta movilización. Hasta el cierre de este reportaje, no obtuvo respuesta. También se llamó al INPC, pero, como en reiteradas ocasiones, no han contestado a los pedidos de este medio.

Finalmente, se intentó contactar con el exdirector Francisco Ortiz para conocer los detalles de la solicitud. Se llamó a su número telefónico y se envió un mensaje a través de WhatsApp, pero solo vio el mensaje y no respondió.

Aclaración y rectificación

La fotografía utilizada en este reportaje es únicamente referencial.

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Quito, 25 jul (La Calle).- El exviceministro de Minas del gobierno de Lenín Moreno en la cartera de Energía y Minas, Fernando L. Benalcázar, posee una colección de piezas arqueológicas en su residencia particular en Quito.

La tenencia de estos objetos por parte del exfuncionario presenta vacíos. Por una parte, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) confirmó a Radio La Calle que no existe evidencia de registros, inventario y autorización de la custodia del exfuncionario, pero por otro lado, Benalcázar remitió a este medio un acta de entrega-recepción para inventariar las piezas firmado por el INPC y un informe de inventario sin firmas.

Los bienes patrimoniales están registrados como «Colección arqueológica Benalcázar Lópezzar López». Sin embargo, este dato es lo único que sabe el INPC. Es definitiva: las propias autoridades desconocen qué piezas tiene; su origen; desde cuándo las tiene, cómo las obtuvo y por qué.

“Existe documentación oficial donde se menciona la ejecución del inventario, pero en el SIPCE no se constata la presencia de fichas relacionadas a tal inventario, se encuentra creada la colección pero sin registro de bienes arqueológicos ingresados”, respondió a Radio La Calle, la Dirección de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático (DAAPPS) del INPC.

La respuesta del Instituto (aquí).

Informe de inventario sin firmas de Benalcázar (aquí)

¿Estas son?

Benalcázar ha dado entrevistas en varias ocasiones a los medios de comunicación. Siempre en el mismo lugar: su oficina. En las fotografías se observa una estantería con libros y cuadros, algunos espacios están ocupados por piezas, al parecer, arqueológicas.

Réplica

Este medio se comunicó con el exviceministro Fernando L. Benalcázar, que prefirió responder las preguntas por escrito a través de comunicados oficiales. Según el exservidor, es aficionado a coleccionar piezas arqueológicas y artesanías desde niño. Además, sostiene que «esta colección privada fue cultivándose desde la década de los 90 hasta el 2007 y no tiene ningún valor ni fin comercial (…) y que no tiene relación con su cargo como funcionario público», reza el escrito.

También expresó que realizó el registro de los bienes con todo el procedimiento acorde a la Ley ante el INPC. Según él, existe un informe de octubre de 2020 que describe los 91 objetos que posee. «61 son réplicas y 30 son consideradas patrimonio cultural (…) Benalcázar es custodio legal y transparente según registros del INPC».

Además, recalcó que el INPC es el responsable de mantener los archivos y que la normativa técnica de tenencia privada «se encuentra en el Ministerio de Cultura desde 2019 para ser aprobada, pero tres años después permanece con avance nulo».

Finalmente, se solicitó a Benalcázar el informe de criterio técnico, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Este documento califica las condiciones ambientales y las normas técnicas y legales para aprobar una custodia particular.

Recordatorio

La custodia de estos objetos no está apegada a la Ley Orgánica de Cultura (LOC). La norma, vigente desde 2016, estipula que el Ministerio puede reconocer a personas naturales o jurídicas como tenedores particulares. Sin embargo, el artículo 85, literal b, de la LOC dicta que solo se admitirá cuando «se acredite el inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso público«.

Existen dos problemas: el inventario que no consta en los registros del INPC y el acceso público. Las piezas están en su residencia privada y no existen fichas en la web del Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador (SIPCE). Un ejemplo similar a lo que ocurre con la colección del expresidente Moreno, como Radio La Calle reveló en su reportaje «El exclusivo museo de Lenín Moreno«.

Actualización

La ubicación exacta de las piezas arqueológicas fue retirada de la nota por tratarse de información personal del exfuncionario.

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Quito, 11 jul (La Calle).- El expresidente Lenín Moreno es custodio no autorizado de 159 invaluables piezas arqueológicas del Estado ecuatoriano. Solicitó el inventario de esta colección en 2020, pero las autoridades no saben ni quién se la dio ni por qué o desde cuándo la tiene. Aun así, adornan su domicilio particular en el duodécimo piso del edificio Las Cumbres, parroquia Rumipamba, en el norte de Quito.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) confirmaron a Radio La Calle que no hay evidencia alguna de autorización y transferencia de tenencia privada de los bienes que posee el exmandatario.

La custodia de estos objetos no está apegada a la Ley Orgánica de Cultura (LOC). La norma estipula que el Ministerio puede reconocer a personas naturales o jurídicas como tenedores particulares. Sin embargo, el artículo 85, literal b, de la LOC dicta que solo se admitirá cuando «se acredite el inventario, la conservación apropiada, se facilite la investigación y el acceso público«.

¿Qué piezas tiene Moreno en su casa?

Según el inventario del INPC, son 159 bienes arqueológicos registrados entre agosto y octubre de 2020 por la dirección de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático (DAAPPS). Hay vasijas, cuencos, copas, urnas, estatuillas, entre otros. No obstante, gran parte de la colección son hachas (125).

El informe detalla que se desconoce la filiación cultural de 117 piezas, pero 42 pertenecen a las culturas: Napo (32), Bahía (4), Piartal (2), Tacalshapa (2), La Tolita (1) y Tuza (1).

Ninguna de las piezas puede verse en la página web del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). La razón de ello radica en que solo fueron registradas en estado de edición, pero “no se creó la respectiva ficha de colección”, afirmó la DAAPPS.

¿Dónde están?

Los documentos entregados por el INPC señalan que los objetos están ubicados en la residencia privada de Moreno, en el penúltimo piso del edificio Las Cumbres, próximo al Centro Comercial El Bosque, en el norte de la capital.

Se pidió al Instituto copias del archivo fotográfico y del informe de criterio técnico de la colección para verificar su estado y condiciones actuales. Hasta el cierre de esta edición, no dio respuesta.

¿Cómo obtuvo estas reliquias?

El INPC es el responsable de registrar el patrimonio cultural a nivel nacional. Sin embargo, respondió que «no cuenta con documentación relacionada al inicio y término del proceso, únicamente dispone de designación de responsabilidades del inventario».

El Instituto precisó que la tenencia debe ser aprobada por el Ministerio de Cultura, pero aclaró que «de la recopilación documental no existe evidencia de dicha autorización». Adicionalmente -y gracias a la revelación de este medio- emitió un comunicado hacia la Contraloría General del Estado para que inicie «Acciones de Control por afectación al Patrimonio Cultural».

En busca de dicha autorización, se solicitó información a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. La cartera de Estado contestó que ni enterada estaba del tema, aun cuando es la encargada de aprobar la tenencia.

«(…) conforme lo señala la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, se informa que no existe documentación de registro de bienes arqueológicos que se hubiere podido localizar en custodia de la familia Moreno ni informes relacionados a su afirmación», reza la respuesta del Ministerio.

Adicionalmente, el equipo periodístico de La Calle conversó con funcionarios del Ministerio. Explicaron que Cultura y Patrimonio pidió la información referida al INPC. Expresaron que el Ministerio no tiene un registro de transferencia de bienes a personas particulares ya que eso es competencia del INPC.

«Revisamos los archivos de la Subsecretaría y no encontramos ningún antecedente sobre este tema (…) esa documentación (del expresidente) nunca llegó aquí», aseguraron.

¿Y cuánto cuestan esas piezas?

Expertos arqueológicos explicaron que el valor de estas piezas depende del mercado en donde se vendan.

Apuntaron que cada una de las piezas puede costar entre USD 100 a 200 en el mercado negro interno. Sin embargo, el precio de cada pieza se dispara por diez fuera del Ecuador, es decir, por cada reliquia se puede obtener entre USD 1.000 a 2.000.

En suma, el avalúo de la colección que posee el exgobernante oscila entre los USD 15.900 a 31.800 dentro del país. Mientras que el costo internacional va entre los USD 159 mil a 318 mil.

Réplica

Radio La Calle buscó la réplica del expresidente Lenín Moreno, pero no se logró un acercamiento directo. Se envió un mensaje interno a su redes sociales de Facebook e Instagram, mientras que en Twitter fue imposible ya que tiene desactivada la opción de mensajería. Asimismo, este medio se comunicó con personas que trabajaron muy cerca de su gobierno para que actuaran como intermediarios. Tampoco hubo resultados.

Finalmente, se intentó dejar un recado en la recepción del edificio, pero no fue recibido argumentando que si bien el exfuncionario posee un inmueble allí, por el momento, nadie vive en él. Por tanto, el comunicado no podría llegarle.

En el limbo…

Con más dudas que respuestas, no es muy clara la tenencia de estos objetos por parte de la familia Moreno Garcés – González.

No obstante, la LOC describe que los bienes arqueológicos son propiedad exclusiva del Estado, sin importar el régimen de posesión. Su comercialización, apropiación, ocultación, adulteración y falsificación están prohibidas, según los artículos 85 (a,b) y 91 de la Ley.

En cuanto al Código Orgánico Integral Penal (COIP), su artículo 238 tipifica el transporte ilícito de bienes arqueológicos con una pena privativa de libertad de siete a diez años.

Aclaración

Aunque las solicitudes de información de este medio fueron muy claras, ninguna de las autoridades consultadas respondieron quién y por qué se entregó estas piezas al exmandatario.

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La ministra es cuestionada porque hizo caso omiso a un informe que señala que los documentos y libros históricos, resguardados en el Banco Central, corren riesgo de ser destruidos en caso de un sismo. También por un supuesto desfinanciamiento del 68% al Centro Cultural Aurelio Espinoza Polit.

El historiador y catedrático, Pablo Campaña, explica en su cuenta de Twitter que en el Ecuador existen dos espacios que alojan “cientos de miles de libros y obras de arte producidas a lo largo de la historia del país.” Esos lugares son el Banco Central del Ecuador y la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit.

Estas obras son bienes que necesitan un alto grado de cuidado y responsabilidad. “El patrimonio cultural es un derecho fundamental porque rebasa el interés académico. Estos materiales descuidados, son objetos necesarios para que las personas intenten comprender su condición humana, sirviéndose de los esfuerzos que otros han hecho para entenderla», insiste Campaña.

Carta suscrita por profesores e investigadores

Una carta publicada en Paralelaje.xyz señala que, en varias ocasiones, la Coalición por el Patrimonio manifestó su preocupación ante la inacción y presentó propuestas concretas de traslado que fueron ignoradas.

También indica que la Secretaría Nacional de Riesgos (SNGRE) declaró a el Edificio Aranjuez en situación de grave riesgo. En este lugar se guardan fondos bibliográficos, colecciones arqueológicas y arte contemporáneo de la Colección Nacional que debían ser reubicados.

Según sostienen, hace algunos meses, el Ministerio de Cultura aseguró a la prensa que las colecciones arqueológicas y de arte contemporáneo ya fueron reubicadas. Sin embargo, el grupo cuestiona que no existe un informe técnico que sustente dicha acción.  

La carta está firmada por Guillermo Bustos, Profesor-investigador, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Valeria Coronel, Profesora-investigadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Carmen Fernández-Salvador, Profesora-investigadora, Universidad San Francisco de Quito; Sofía Luzuriaga, Profesora-investigadora, Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Jorge Yépez Cruz, Profesor-investigador; Santiago Cabrera Hannah, Profesor-investigador, UASB-E; y 133 adhesiones de profesores e investigadores de patrimonio.

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Quito, 06 ene (La Calle).- “Sin una planificación adecuada, en medio de decisiones apresuradas y ante la falta del tratamiento técnico existe una clara vulneración de los bienes documentales”, afirma Ivette Celi, ex Subsecretaria de Memoria Social.

Estas declaraciones se producen en medio de la confirmación de que el Ministerio de Cultura y Patrimonio trasladará en los próximos días bienes documentales a una nueva sede.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP) y la nueva dirección del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), determinaron como nueva sede de bienes documentales de alta importancia nacional como la «Declaración de Jamaica», al Centro de Investigación y Memoria del Patrimonio Cultural, un edificio ubicado entre las calles 10 de Agosto y 9 de octubre, barrio La Mariscal.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Cultura resaltó que “con esta decisión los bienes culturales y patrimoniales se ponen a buen recaudo una importante parte del patrimonio documental ecuatoriano que corre peligro”.

Celi afirmó que este nuevo espacio no cuenta con la climatización requerida y la infraestructura para millones de unidades documentales.

De Guatemala a Guatepeor

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos determinó en un informe, la posibilidad de un colapso estructural ante un evento sísmico del edificio Aranjuez, actual sede de resguardo de los distintos repositorios de la memoria social e investigación, a pesar de que este edificio sí dispone de una infraestructura técnica adecuada para los mismos. 

Se creía que estos fondos iban al edificio de la exUnasur, en San Antonio de Pichincha, sin embargo se optó por este nuevo destino, a pesar de que el Centro de la Memoria, no pertenecía directamente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sino al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o INPC.

Celi reiteró que este traslado, «sería poner en riesgo a los bienes. Lo que están haciendo es priorizar pactos políticos y los negocios, antes que procesos de política pública y cultural”.

La exsubsecretaria concluye que este proceso presenta un escenario arriesgado e incierto, «sin los recursos económicos necesarios para adaptar los soportes técnicos para los bienes documentales se corre un riesgo, sobre todo si se los llevan a un edificio no apto técnicamente».  

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En un comunicado, la alianza dijo: «el proceso de traslado, originado por las afectaciones estructurales del Edificio Aranjuez y aprovechado por interéses políticos y económicos, no ha sido transparente».

Unes considera que el proceso «revela intenciones políticas de anular una posible reactivación de Unasur; y económicas que que tienen que ver con una potencial privatización de los servicios culturales».

«Decisión antitécnica»

La alianza considera que la decisión del exministro y candidato a la Presidencia de la República, Juan Fernando Velasco, es «improvisada, antitécnica y atentatoria contra el patrimonio cultural nacional».

Las razones que expone UNES: por un lado, no existe una resolucion sobre la posesión definitiva del edificio ex Unasur; mientras que, es mentira que el Edificio Aranjuez tenga riesgo de desplome, como lo aseguró el exministro Velasco.

«Por lo tanto, la prisa y el apuro que existe en el Ministerio obedece a intereses que no se han hecho públicos», añadió.

Al momento, el destino del Museo Nacional (MuNa) también es una incetidumbre. Las autoridades aun no dan explicaciones sobre su posible traslado a la Mitad del Mundo. El Alcalde de Quito, Jorge Yunda tampoco se ha pronunciado.

El Edificio Aranjuez, en la capital del Ecuador, contiene una de las más importantes reservas culturales y patrimoniales del país. Esta reserva se compone de más de 6.000 m2 de bienes culturales, arqueológicos, artísticos bibliográficos y documentales.

El reglamento de la Ley Orgánica de Cultura categoriza estos bienes como únicos, indivisibles, inalienables e imprescriptibles.

El pasado 6 de noviembre del 2020, El Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio de Cultura para la entrega y recepción del edificio de la Unasur en la Mitad del Mundo.

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“Ya en el 2017 el INPC advirtió la faltante de estos bienes inventariados. Las piezas son: una cuenta de piedra de filiación Narrío, una cabeza antropomorfa, una aguja de cofre de Cashaloma, una nariguera de oro y una figurina antropomorfa cerámica de Valdivia”, mencionó para la Voz de Tomebamba el ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco.

Seguidamente detalló que, a través de una nueva búsqueda y reclasificación, identificaron dos piezas (la aguja y figurina de Valdivia). No obstante, señaló que de no encontrarse las demás continuarán con el proceso de investigación que lleva la Fiscalía.

Estos bienes son:

1. Cuenta de piedra de filiación Narrío
2. Cabeza antropomorfa, cerámica de filiación Tolita 
3. Aguja de cobre de filiación Cashaloma
4. Nariguera de oro de filiación Milagro-Quevedo
5. Figurina antropomorfa cerámica de filiación Valdivia

Actualmente Ecuador busca más de 100 bienes patrimoniales extraviados dentro y fuera del país. Así mismo, el último caso fueron dos folios del Testamento de Eugenio Espejo que desaparecieron del Archivo Nacional Histórico, en 2019.

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