Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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Aunque el titular del Legislativo señaló que el eslogan de una «Asamblea Distinta» es un compromiso real, las reglas para evitar el nepotismo en la institución ya existían. Además todas las desvinculaciones que ordenó están relacionadas con sus propios compañeros de bancada según el asambleísta Héctor Rodríguez (RC).

¿Qué dice la norma?

La iniciativa plantea una paradoja: tanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Art. 159) como el Reglamento Interno (Art. 7) ya establecen prohibiciones explícitas contra el nepotismo. La normativa vigente:

1. Impide contratar a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de autoridades nominadoras o asambleístas.
2. Exige transparencia: la nómina de asesores debe publicarse en el portal de la Asamblea.
3. Delimita contrataciones: máximo dos asesores y dos asistentes por legislador, con requisitos de formación.

El asambleísta opositor Blasco Luna cuestionó la tardía reacción: «La ley ya existe y es clara. El perjurio cometido por quienes ocultaron vínculos familiares en declaraciones juradas ante la Contraloría exige acciones legales inmediatas: devolución de salarios y procesos civiles». Luna recalcó que la prioridad debería ser aplicar la normativa vigente, no reformularla.

La solicitud de Olsen al Consejo de Administración Legislativa (CAL) enfatiza la «depuración» de personal, pero no aclara si las renuncias exigidas incluirán investigaciones por presunto perjurio.

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“Ahora sí vamos a farrear”, dijo el jefe de Estado tras la aprobación de la Ley de Turismo, su quinta ley de carácter económico urgente. También agradeció a los viejos políticos por “ser tan obvios”.

Con 83 votos a favor por parte de Construye, Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada oficialista, el quinto proyecto de ley enviado por el Ejecutivo fue aprobado. Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana emitió 46 votos en contra con la excepción de siete asambleístas: Pierina Correa, Pamela Aguirre, Henry Bosques, Johanna Ortiz, Xavier Jurado, Milton Aguas y Marcela Holguín.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), resaltó la urgencia de la reactivación turística para mejorar la situación del país, por ende, señaló que es necesario incorporar alivios financieros para este sector.

Del otro lado, el asambleísta Blasco Luna (RC) señaló que solo el 20% del proyecto de ley se enfoca en artículos relacionados al turismo. También manifestó que el informe final fue enviado cinco minutos antes de ser aprobado en la comisión. Cuestionó los nuevos incentivos tributarios dirigidos a los grandes grupos económicos.

La ley incorpora artículos como la condonación de deudas de operadores turísticos, exoneración de impuestos para artistas internacionales, eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para aerolíneas, entre otras propuestas.

La Proforma Presupuestaria

El gobierno de Noboa aún mantiene un preocupación sobre los hombros, pues la Asamblea no aprobó la moción de la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, para aprobar el Presupuesto General del Estado 2024.

Por el contrario, con 73 votos a favor el Pleno del Legislativo aprobó el informe de minoría presentado por el asambleísta Jorge Álvarez, en donde se realiza algunas observaciones al PGE 2024. Además se estableció un plazo de 10 días al Ejecutivo para corregir los presupuestos que fueron disminuidos para ciertos sectores como la salud y la educación.

Asimismo se pidió incluir en la proforma los recursos provenientes del Incremento del 12% al 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) así como las contribuciones especiales que son parte de la Ley para el Financiamiento del Conflicto Armado Interno. (AGM).

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»Nos enviaron el informe a las 16h36 y son las 16h43. Yo creo que ni el que tiene mayor capacidad de lectura puede leer alrededor de 500 páginas que tiene el informe», dijo el asambleísta y vicepresidente de la Comisión, Blasco Luna.

Agregó que era necesario que la mesa parlamentaria pueda debatir y analizar este documento que habría tenido cambios a última hora con artículos que no tenían relación con la reactivación turística. En este sentido, él junto a sus compañeros de bancada Lenin Lara y Katiuska Miranda votaron en contra.

El informe llegará al Pleno Legislativo el próximo 21 de marzo a las 17h45 e incorpora artículos como la condonación de deudas de operadores turísticos, exoneración de impuestos para artistas internacionales, eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para aerolíneas, entre otras propuestas.

El informe borrador también planteaba que los recursos del Fondo de Reconstrucción Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de 2016, se usen para la ejecución de nuevos proyectos destinados a la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas.

»Un shampoo de ley»

En el primer debate legislativo, la asambleísta Esther Cuesta señaló que esta propuesta debió tratarse de manera ordinaria, pues no cumple con los estándares para ser tratada de forma urgente. Por otro lado, calificó a la ley como a un ”shampoo mal hecho” que debió ser arreglado por la Comisión de Desarrollo Económico.

También enfatizó que la ley impulsada por el mandatario busca incorporar otros temas ajenos al sector turístico con artículos positivos para obtener votos. La legisladora propuso que en el segundo debate se vote en bloques. (AGM).

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El pasado 14 de marzo la Asamblea Nacional convocó al primer debate para la aprobación de la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y promoción de shows calificada en materia económica urgente. En el Pleno Legislativo se puso sobre la mesa varias inconsistencias del proyecto que envió el Ejecutivo.

La legisladora Esther Cuesta señaló que esta propuesta debió tratarse de manera ordinaria, pues no cumple con los estándares para ser tratada de forma urgente. Por otro lado, calificó a la ley como a un »shampoo mal hecho» que debió ser arreglado por la Comisión de Desarrollo Económico.

También enfatizó que la ley impulsada por el mandatario busca incorporar otros temas ajenos al sector turístico con artículos positivos para obtener votos. La legisladora propuso que en el segundo debate se vote en bloques.

Más puntos de vista

Por su parte, el legislador Blasco Luna dijo no estar de acuerdo con la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a las aerolíneas ya que eso no beneficiaría la ciudadanía sino a las mismas empresas, pues no habría garantías de una reducción en los pasajes aéreos.

Además, cuestionó que cualquier empresa promueva el turismo en las áreas protegidas y solicitó que este campo sea exclusivamente para el turismo comunitario.

Esta ley propone que las autoridades correspondientes elaboren un inventario de sitios y de proyectos turísticos en áreas protegidas para impulsar la inversión necesaria. Además, se plantea que la gestión y el funcionamiento de estas actividades puedan darse a través de un tercero sin que esta disposición implique la enajenación del patrimonio nacional.

¿Y los gremios?

El presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Holbach Muñetón, dijo para La Defensa que »no tuvo velas en ese entierro» y no fue convocado para dar a conocer sus observaciones. También resaltó que el proyecto de ley »estaba bien para la reactivación económica pero no era suficiente en lo absoluto».

Manifestó su respaldo a la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para las aerolíneas, siempre y cuando esto se traduzca en la disminución del precio a los pasajes aéreos.

También pidió al gobierno ser igualitarios con el sector de la construcción y promover la reducción a las 5% del IVA al sector del turismo. (AGM).

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El Legislativo alcanzó 83 votos para oponerse a este incremento, pero no solicitaron el archivo de la alternativa. De otro lado, aprobó el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 5%, el 3,25% a las utilidades empresariales y el 25 % de utilidades bancarias y cooperativas.

La decisión no fue del agrado del régimen, por lo que horas más tarde envió la objeción. El Pleno tendrá 30 días para pronunciarse, de lo contrario, el presidente podría enviar el informe al Ministerio de la Ley y aprobarlo.

El Ejecutivo, a través de un comunicado, mencionó que la intención del nuevo documento es «mejorar el texto propuesto para su aplicación objetiva y entendimiento pleno». No obstante, la sorpresa radica en la insistencia del gabinete por subir el IVA.

Las nuevas disposiciones se enfocan en un incremento mínimo del IVA del 13 % y un máximo de 15 %, salvo en las entidades con salvedad. Además, propone una tarifa del IVA de 5 % en materiales de Construcción.

«Los ecuatorianos no pueden esperar un solo día más para que la lucha contra el terrorismo se fortalezca con recursos y continúe dando frutos. Garantizar la seguridad del país es una prioridad del Nuevo Ecuador», reza el comunicado.

¿Cabe la posibilidad de aplicar este veto?

De acuerdo al artículo 138 de la Constitución del Ecuador, el presidente podrá remitir un «texto alternativo» al que se debió aprobar en el Legislativo. Sin embargo, en la sesión del 6 de febrero de 2024, el Pleno no alcanzó los votos para admitir otro documento sobre el cual Noboa pueda presentar una objeción.

«Es absurdo proponer una alternativa contra algo que no existe, que no se aprobó, que no nació jurídicamente ni procesalmente», detalla el abogado constitucionalista Mauro Andino en su cuenta de X.

Ante este panorama inexistente, Andino señaló que el primer mandatario pudo ordenar la publicación de la ley en el Registro Oficial del apartado del incremento al IVA. Punto que sí se votó en la Asamblea, pero no tuvo la moción de archivar o eliminar, por lo que fue un tema que se quedó –técnicamente- en el aire.

No obstante, de publicarse la ley con el veto del mandatario, se abriría una suerte de vacíos constitucionales. Los legisladores podrían tomar el último escenario para imponer una acción de inconstitucionalidad y presentarlo a la Corte Constitucional (CC).

De la misma manera, la entidad tendrá 30 días para pronunciarse, y de emitir un dictamen a favor para los asambleístas, el proyecto podría ser archivado. Sin embargo, si la institución determina que es una inconstitucionalidad parcial, el Legislativo puede realizar algunas enmiendas.

No pierde la esperanza…

Para que el Gobierno Nacional deje de lado su objeción a la ley y se ratifique el documento discutido en el Pleno, los legisladores necesitan 92 votos afirmativos. El asambleísta Leandro Berrezueta comentó, para La Calle, que el bloque que votó en contra del incremento del IVA tratará de reunir los nueve votos restantes para que se mantenga el informe del debate.

Además, anticipó que el Pleno posiblemente tratará este nuevo documento el viernes 9 de febrero de 2024. Si la Asamblea no se pronuncia en máximo 30 días, Noboa podrá emitir este veto al Ministerio de la Ley, una entidad que podría probarlo de manera inmediata.

Por otro lado, el Berrezueta cuestionó la decisión del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, de anteponer la moción de su colega Valentina Centeno a la de su compañero Blasco Luna, que proponía el archivo total del proyecto de ley.

«Ni hubo tongo ni hubo IVA. La potestad de dar la palabra es de Kronfle y el dio paso a la de Centeno y luego a la de Blasco», dijo.

Puedes leer el documento completo aquí.

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Pachakutik presentará la denuncia el próximo martes ante el CAL y luego al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Durante el debate para la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, Luna se dirigió al curul del legislador Salvador Quishpe y se refirió a él con insultos e intentos de agresión.

El incidente sucedió luego de que la parlamentaria Sofía Sánchez señalara que la reforma tributaria se aprobó por un pacto de UNES con el Gobierno en 2022, señaló El Universo.

Según Quishpe, los asambleístas de Pachakutik con raíces ancestrales reciben permanentes agresiones, burlas y actos racistas.

“Tan solo porque no somos del agrado de su línea política, resulta que somos los ponchos dorados, los mente reducidas, el rey del betún y tantas otras cosas que descalifican el proceso”, indicó.

La denuncia que presentará Quishpe se fundamenta en e artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El legislador comentó que esta solicitud también irá contra Pamela Aguirre por comentarios similares en una sesión anterior. Reiteró que espera que el CAL actúe en justicia y no de manera sesgada.

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Carrillo fue convocado para dar cuenta de las acciones que el Gobierno y su Cartera de Estado están desarrollando para combatir la inseguridad, la violencia y las muertes violentas en el cantón Durán, en la provincia del Guayas y en el resto del país.

Sin embargo, Carrillo no solventó ninguna de las preguntas de los legisladores ya que, como dispone el procedimiento parlamentario, una vez presentada su intervención el compareciente puede retirarse del Pleno y el debate puede abrirse sin su presencia.

Inconformidad de los legisladores

Para la asambleísta de UNES, Alexandra Arce, la intervención de Carrillo solo dejo dudas, pues el crimen organizado sigue incrementándose en el país.

“Que pena que, una vez más, el Pleno de la Asamblea Nacional sea tomado como una burla. La resolución es clara, el señor ministro del Interior tuvo que quedarse para que pueda responder a las preguntas que tenemos todos los legisladores en cuanto a materia de inseguridad”, expresó Arce.

Así también, el asambleísta por la Revolución ciudadana, Blasco Luna reiteró que Carrillo dejó más dudas que certezas.

Además, invitó a los legisladores a no olvidar que el ministro del Interior estuvo involucrado en la represión de octubre de 2019 y que en su contra pesa un proceso sobre la entrega de bombas lacrimógenas para la represión en Bolivia.

¿Qué está haciendo el Gobierno por la seguridad del país?

Carrillo aseguró que el Gobierno ha decido invertir UDS 1.200 millones en la seguridad, aunque dijo que el trabajo no solo debe radicar en la Policía Nacional, sino también en los ciudadanos y municipios para poder entender sus conflictos.

Según el ministro del Interior, los perfiles delictivos de los involucrados en delitos, oscilan entre los 22 y 23 años.

“El perfil de las personas que están privadas de libertad, en su mayoría, son jóvenes que nacieron aproximadamente a finales de los 90 a inicios de los 2000 y que hoy, a sus 22 y 23 años están ya envueltos en esto problemas y están perdiendo la vida”, dijo Carrillo.

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