«El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada boliviana se encuentran movilizadas. Seguramente pronto va a haber un nuevo gabinete. Estamos mostrando nuestra molestia. Vamos a tomar el Palacio», dijo Zúñiga a los medios de prensa que acudieron al lugar.

El presidente del país andino, Luis Arce, denunció este miércoles que se están produciendo “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano”. Tuvo que salir a confrontar a Zúñiga y pedir el repliegue de tropas.

Antes de irrumpir en Palacio, el comandante del Ejército dijo que sigue obedeciendo al presidente Luis Arce “por ahora”, pero que tomará medidas para “cambiar el Gabinete de Gobierno».

Reacciones Internacionales

La voz de alerta la dio el expresidente boliviano, Evo Morales por medio de su cuenta de X. «Se gesta el Golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo», expresó.

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también mostró su oposición al levantamiento militar, así lo indicó en la reunión que mantuvieron los representantes de cada país.

Presidentes en Latinoamérica como Gustavo Petro de Colombia expresaron su condena al hecho. También lo hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Noticia en desarrollo…

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La cosmovisión indígena toma en cuenta los solsticios y equinoccios para determinar los períodos de siembra y cosecha. Las comunidades celebran fiestas importantes para ellos, cargadas de símbolos y de tradiciones culturales.

El Inti Raymi conmemora la última cosecha del año, conocida como la “Fiesta del Sol y la Cosecha” y es una muestra de gratitud a la tierra o “Pachamama”  por los productos que han recibido de ella. La fiesta tiene música, danza y una “pambamesa” que permite compartir los alimentos y la chicha.

Con la conquista, los españoles ligaron esta celebración a la tradición cristiana del Corpus Christi.

Perú: La Cuna del Inti Raymi

En Perú, el Inti Raymi es la celebración más grande y emblemática, especialmente en la ciudad de Cusco, antigua capital del Imperio Inca. El evento principal se lleva a cabo en la explanada de Sacsayhuamán, donde miles de personas, tanto locales como turistas, se reúnen para presenciar la recreación de los rituales incaicos.

El festejo comienza en el Templo del Qorikancha, donde el Inca, acompañado de su corte, realiza ofrendas al Sol. Luego, una procesión se dirige a la Plaza de Armas y finalmente a Sacsayhuamán. El punto culminante es una ceremonia llena de danzas, música y dramatizaciones que buscan reconectar con las tradiciones ancestrales y rendir homenaje a Inti.

Ecuador: La Fiesta del Solsticio

En Ecuador, el Inti Raymi se celebra principalmente en la provincia de Imbabura, con especial énfasis en la comunidad indígena de Otavalo. La festividad coincide con las fiestas del solsticio de verano, conocidas como el «San Juan». Durante esta época, se llevan a cabo rituales que incluyen baños en las frías aguas de ríos y cascadas al amanecer, simbolizando la purificación y el renacimiento.

Además, se realizan danzas tradicionales, conocidas como «San Juanes», donde los participantes, ataviados con trajes coloridos, bailan al ritmo de la música autóctona. Estas celebraciones reflejan una mezcla de creencias precolombinas y elementos cristianos introducidos durante la colonización. Asimismo, las comunidades comparten una »Pambamesa» para reflejar la unidad entre pueblos.

Bolivia: Reviviendo la Tradición

En Bolivia, el Inti Raymi ha recobrado importancia en las últimas décadas, especialmente en la ciudad de La Paz y en Tiwanaku, un sitio arqueológico de gran significancia cultural. En Tiwanaku, la celebración incluye una ceremonia a cargo de amautas (sabios andinos) que realizan ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra) y al Sol, pidiendo por la prosperidad y la abundancia.

Las comunidades indígenas bolivianas participan activamente en estas festividades, llevando a cabo danzas, música y rituales que refuerzan su identidad cultural y su conexión con la naturaleza. La celebración también se ha convertido en un atractivo turístico, promoviendo el turismo cultural en la región.

Chile: La Fiesta del Sol en el Norte Grande

En el norte de Chile, particularmente en la región de Arica y Parinacota, el Inti Raymi es celebrado por las comunidades aymaras. La festividad incluye una serie de actividades que combinan rituales ancestrales y celebraciones contemporáneas. Las ceremonias se realizan en sitios arqueológicos y centros ceremoniales, donde se llevan a cabo ofrendas a Inti y la Pachamama.

Las festividades también incluyen ferias gastronómicas, exposiciones de artesanía y conciertos de música tradicional andina. Estas actividades no solo celebran el solsticio de invierno, sino que también sirven como un medio para fortalecer la identidad cultural y promover el patrimonio inmaterial de las comunidades indígenas.

Colombia: Renacimiento de una tradición

En Colombia, la celebración del Inti Raymi no es tan prominente como en otros países andinos, pero ha empezado a resurgir en comunidades indígenas como los Nasa y los Misak en el Cauca. Estas comunidades han comenzado a recuperar y revitalizar sus tradiciones ancestrales, incluyendo la celebración del Inti Raymi como una forma de reafirmar su identidad y conexión con la naturaleza.

Las festividades incluyen rituales de ofrenda, danzas y música tradicional, y se llevan a cabo en espacios comunitarios donde se promueve la participación activa de todos los miembros de la comunidad. Este resurgimiento refleja un creciente interés por preservar y valorar las culturas indígenas en el país. (AGM).

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El 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás atacó a Israel y dejó un saldo de más de 1.400 muertos. Sin embargo, la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza ha dejado más de 8.500 fallecidos, muchos de estos niños palestinos, reporta France 24. Se estima que más de 3.400 muertos son menores de edad, según la Agencia de las Naciones Unidas de Refugiados Palestinos (UNRWA).

Frente al trágico escenario, Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con Israel en «repudio y condena» a los ataques israelíes contra Gaza. Así lo anunció el vicecanciller Freddy Mamani, quien también exigió un cese al asedio.

Chile y Colombia

Unas horas más tarde, Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel. El Gobierno de Gabriel Boric considera inaceptables las violaciones del Derecho Internacional Humanitario que ese país lleva en la Franja de Gaza, por lo que mantendrá una reunión en Santiago con su embajador Jorge Carvajal.

«Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación (…) estas operaciones militares», señaló el mandatario chileno en X.

Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro advirtió que si Israel no detiene la masacre contra el pueblo palestino retiraría su embajada de allá. El pronunciamiento no es nuevo, semanas atrás había manifestado una posible suspensión de relaciones diplomáticas.

Finalmente, el jefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, denunció la insuficiencia de los esfuerzos internacionales para detener las pérdidas humanas, sobre todo de niños y niñas, en Gaza por los bombardeos.

Lula cuestionó la ofensiva de Israel contra Gaza, «la falta de efectividad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para frenar la escalada bélica en Oriente Medio y también lo que definió como «actos terroristas» del grupo radical palestino Hamás», reseñó Sputnik.

Adicionalmente, cuestionó el derecho a veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido), después de que Washington frenara el 18 de octubre una resolución de Brasil para conseguir un cese al fuego en Gaza.

Foto: France24

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El expresidente de Bolivia Evo Morales confirmó este domingo (24.09.2023) que competirá por la presidencia en las elecciones de 2025, asegurando que había sido «obligado” a tomar esta decisión y que va a «batallar», en medio de la división al Interior del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), en la ocasión lanzó también fuertes críticas al Gobierno de Luis Arce.

«Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro, la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio», sostuvo Morales, quien ya gobernó Bolivia entre 2006 y 2019. , en su programa en la radio local Kawsachun Coca.

El también líder del MAS agregó que hay una campaña «sucia» en su contra, ya que la oposición lo tilda de «narcotraficante», y el Gobierno de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca lo señalan como el «rey de la cocaína» , por lo que estas situaciones lo «obligaron» a ser candidato. «No nos vamos a rendir y vamos a estar en esta dura batalla democrática, ahora a construir propuestas, tengo reunión con empresarios, saludo que vengan propuestas, hay que construir la agenda post-bicentenario», sostuvo.

«Eliminarlo” físicamente

El expresidente lamentó que Arce, quien fue su ministro de Economía durante su Gobierno, no haya avanzado «nada de nada» de la agenda que realizaron con 13 pilares rumbo hacia el bicentenario del país (en 2025), y aseguró que el Ejecutivo tiene un plan para defenestrarlo «con procesos políticos» y que incluso quieren «eliminarlo» físicamente, por lo que decidió aceptar lo que su militancia pide en los mítines que tiene a lo largo del país.

«Vamos a enfrentar con la verdad, dignidad y honestidad toda esa agresión que sufrimos en las redes sociales desde el Ministerio de la Presidencia», recalcó en un mensaje posterior en X (Twitter). El anuncio de Morales se conoce a solo unos días de que se celebre el congreso nacional del MAS, del 3 al 5 de octubre en el trópico de Cochabamba, uno de sus bastiones políticos, que también ha sido motivo de disputa entre los oficialistas.

Los aliados de Arce o «arcistas» han intentado que ese congreso se realice en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, y que se renueven los líderes del partido gobernante empezando por el propio Morales, mientras que los «evistas”, cercanos a Morales, ya han advertido que en la cita se decidirá sobre la expulsión de Arce y de Choquehuanca, a quienes califican de «traidores».

Redacción: DW Español

Foto: Diario Público

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«Es claro que es una persecución política contra el expresidente Moreno por la recuperación que tiene el correísmo en el Ecuador», dijo Sánchez respecto a la implicación del exmandatario en el caso Sinohydro, en entrevista con Democracia TV.

Según Sánchez, lo han involucrado en un caso que no ocurrió durante su gestión presidencial sino en la del expresidente Rafael Correa. Señaló que todo sería una venganza en contra «del hombre que condujo al Ecuador de la dictadura a la democracia».

Agregó que los bolivianos y venezolanos hubieran querido tener un Lenín Moreno para recuperar el poder. Por ende este mecanismo de persecución tiene el objetivo de asesinar la reputación de hombre al que el país «le debe un reconocimiento», resaltó.

Sánchez y la «Guerra del Gas»

El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su exministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzaín fueron denunciados por la respuesta militar ordenada contra las movilizaciones ciudadanas en el marco del conflicto conocido como la «Guerra del Gas», en 2003.

Las protestas se intensificaron tras el anuncio de varias decisiones del gobierno de Sánchez de Lozada como la de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de Chile.

Los exfuncionarios del Gobierno fueron juzgados por el Tribunal de EE.UU. por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 50 personas en las protestas. La denuncia fue interpuesta por los familiares de las víctimas. (A.G.M).

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La Justicia boliviana halló culpable a Áñez por los delitos de «incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes» en el denominado caso Golpe de Estado II.

En noviembre de 2021, el Ministerio Público de ese país solicitó la «pena máxima» de 10 años en contra de Áñez, luego se planteó 12 años de prisión. No obstante, en mayo de 2022, las autoridades señalaron y pedirán que su condena sea de 15 años.

«Lo volvería a hacer», dice Áñez

La exmandataria transitoria insistió durante su defensa que es inocente y afirmó que «volvería a hacer» lo que hizo en la crisis de noviembre de 2021, cuando usurpó el poder en medio de un caos político y social, recogió Página 12.

«Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí de acuerdo a la Constitución, siguiendo pasos y respetando lo que dice (…) me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad», alegó Áñez.

La expresidenta está detenida desde marzo de 2022 cuando fue capturada por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración dentro del proceso «Golpe de Estado I, a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

Caso Golpe de Estado II

Fue este caso el que tuvo mayo agilidad. El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales se vio obligado a renunciar a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un supuesto fraude electoral. Tras los incidentes en las calles, hubo un motín policial y las Fuerzas Armadas «sugirieron» a Morales que dimitiera.

El 12 de noviembre de ese mismo año, la segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de la Cámara y luego la jefatura del Estado. Sin embargo, su asunción se realizó sin quorum ni asistencia de la bancada de mayoría MAS. Movimientos y partidos políticos tildaron este hecho como un golpe de Estado.

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El exvicecanciller también señaló que estos hechos no pueden quedar en impunidad, puesto que son contrarios a los principios de la política exterior ecuatoriana. Agregó que, a lo largo de la historia ecuatoriana, el país nunca apoyó un golpe de Estado.

Tampoco «contribuyó a la represión de un pueblo hermano, ni negó un permiso de sobrevuelo humanitario para salvar la vida de un jefe de Estado», puntualizó.

“Tan graves hechos no desaparecen por el silencio cómplice de algunas instituciones y de la prensa. Tampoco pueden examinarse con la perversa lógica del odio a Correa y los gobiernos progresistas”, escribió el exfuncionario.

Yépez Lasso considera que “se ha actuado en contra de la Constitución y ha afectado el prestigio de nuestro país”.

Evo, operación rescate

Yépez señala como investigación importante sobre este incidente al libro de Alfredo Serrano Mancilla. “Evo, operación Rescate” narra el presunto papel cumplido por el Gobierno ecuatoriano liderado por Moreno y su servil actitud.

Serrano Mancilla, según el portal Confirmado, fue testigo de primera línea y uno de los protagonistas de esta trama diplomática. El objetivo era salvaguardar la integridad del presidente boliviano Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, tras el golpe de estado de 2019.

Moreno y el Golpe de Estado

El Gobierno ecuatoriano, presidido por el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) apoyó el golpe de Estado en Bolivia contra el entonces presidente de la región, Evo Morales, en noviembre de 2019, tras suscitarse los comicios en el país.

Moreno, junto con María Paula Romo, quien era ministra de Gobierno, prestaron armamento de guerra al régimen de facto que luego encabezó Jeanine Áñez, según medios de comunicación y testimonios de bolivianos.

El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el expresidente del Ecuador había facilitado munición de guerra y otros elementos de represión no letales al Gobierno de facto boliviano.

Esto lo confirmó la Policía Nacional ecuatoriana, en un informe para el agregado de defensa de la Embajada de Bolivia. La institución entregó más de 5000 granadas, 2000 proyectiles de largo y corto alcance. También se prestaron bombas lacrimógenas y balines.

Este material se prestó para la represión de diversos sectores que se manifestaron en contra del establecimiento del nuevo régimen.

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El asambleísta de UNES y denunciante de este caso, Fausto Jarrín, aseguró que para hoy fueron convocados Romo y Moreno, a ampliar sus versiones, sin embargo, ninguno asistió. Jarrín recordó que Moreno no ha vuelto al país.

“Aquí vamos a seguir y estaremos pendientes de estos procesos para que a la Fiscalía no se le olvide lo que debe investigar”, sostuvo.

El régimen de Moreno habría prestado bombas lacrimógenas y balines al régimen de facto de Añez, que fue utilizado en las jornadas de represión contra el pueblo boliviano, que defendía al gobierno de Evo Morales.

Según reporta Radio Pichincha, fueron 5.000 granadas, 238 proyectiles de largo alcance, 580 proyectiles de corto alcance y 500 granadas de sonido y destello para exteriores que prestó Ecuador a Bolivia, en noviembre 2019.

Jarrín acudió a la Fiscalía General, a poner la denuncia, en junio pasado y anunció que trabajará conjuntamente con las denuncias presentadas en Bolivia.

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Kevin Mina es el único futbolista ecuatoriano en el balompié boliviano. Antes del duelo entre La Tri y la Verde, el guayaquileño de 27 años no duda: “Yo espero que gane Bolivia. Aquí me dan de comer. No me importa si me odian en Ecuador”.

El delantero de Guabirá está desde  aproximadamente ocho meses en el país. “Bolivia tiene un partido complicado en Guayaquil, que es como Santa Cruz”, explico al referirse al duelo entre los combinados de fútbol de Ecuador y Bolivia, que se medirán este jueves desde las 20:30 por la undécima fecha de la Eliminatoria.

“Yo espero que gane Bolivia porque yo soy más boliviano que ecuatoriano. Mi hija es boliviana y todo eso. Es el país que me está dando de comer. No me importa si me odian en Ecuador… si Bolivia me da de comer”, insistió.

Con la experiencia de los meses que lleva en el país, el ecuatoriano analizó la situación del  fútbol boliviano.

“He visto muchas cosas, mucho párate. El fútbol es diferente. A la Selección siempre le falta algo, porque no tiene divisiones menores. Aquí hay cosas que no se ven en Ecuador. Aquí tienen más importancia los dirigentes que los jugadores. Ellos se llevan el protagonismo. Hay problemas con los árbitros, a un equipo no le pagan y se para el campeonato, así es muy difícil progresar”, dijo.

Criticó que la dirigencia pare el torneo único durante tres semanas.  “Si tú tienes un buen ritmo en tu trabajo y de pronto te dicen que vamos a parar, tú te sorprendes. Un párate de dos o tres semanas perjudica”, apuntó el jugador nacido en Guayaquil, donde Bolivia jugará ante Ecuador, el jueves.

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Miércoles, 25 de ago, (La Calle). – Segundo informe de ley para el proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social para las familias ecuatorianas.

La asambleísta de Pachakutik, Patricia Sánchez dice que esta propuesta enfoca la situación que atraviesan las personas al encontrar dificultades de adquisición de casas por parte de las empresas constructoras por sus políticas de vivienda.

“El proyecto de ley, implica que, en la oferta de vivienda pública, participen otros sectores que históricamente han estado construyendo su hábitat”. Las propias familias han construido sus casas, adquiriendo terrenos de manera sencilla.

Según Sánchez, existe un estudio en el que siete de cada diez familias han podido construir sus propias viviendas con sus propios recursos.

Desde el año 1992, en la política de vivienda, se elimina la participación del estado para la oferta pública. Las empresas constructoras privadas han venido implementando sus propias políticas en materia de mercado para la venta de viviendas.

Consecuencias de políticas constructoras privadas

“Se ha identificado que existen políticas que fomentan el tráfico de suelo y del clientelismo” dice Sánchez.

La economía de las familias son escasos y las grandes transnacionales constructoras modifican los macroproyectos y se baja la producción de calidad.

Para la asambleísta Sánchez, el rol del estado debe estar orientado al apoyo del financiamiento, brindar soporte técnico y supervisión de las edificaciones.

Dentro de la Asamblea Nacional, se espera que exista el seguimiento a este informe de ley para fomentar la participación de otras asociaciones para la oferta de las viviendas.

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Quito, 20 de ago (La Calle).- La Fiscalía General de Bolivia anunció este viernes que presentó una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia «un requerimiento acusatorio» contra Áñez» que incluye cargos de «genocidio», un delito sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara tras intensas protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato. Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.

Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.

En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de «masacres».

Incidencia de Ecuador

La exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, habría autorizado la entrega de material bélico a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez. Este material se habría usado para reprimir al pueblo boliviano que, protestaba contra el golpe de Estado a Evo Morales.

“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

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“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo.

Evo Morales denunció públicamente que el golpe de Estado dejó 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente.

La Fiscalía Argentina imputó, el 16 de julio, al expresidente Mauricio Macri y a sus ministros de Seguridad y Defensa, por el envío de material bélico a Bolivia, en 2019.

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«Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede interpretarse sino como un refuerzo a la capacidad de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días», dice la carta.

Fernández ofreció disculpas a Arce y al pueblo boliviano por la conducta del embajador argentino de ese entonces Normando Álvarez García. «Los hechos los analizan un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», agregó.

Los hechos

En un documento del 13 de noviembre de 2019, el comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros dio cuenta del envío de «material bélico de agentes químicos», entre los que cuentan cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas.

El caso de Moreno

Macri no fue el único en enviar material antidisturbios a Bolivia. En noviembre de 2019, el gobierno de Moreno también envió gases, cartuchos y otras herramientas.

De acuerdo con el documento, el gobierno ecuatoriano prestó el material a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se desarrollaban protestas en ese país contra el gobierno de Añez. La investigación que realiza Fiscalía esclarecerá si ese material se utilizó en las masacres en El Alto y Cochabamba.

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La exministra de gobierno María Paula Romo y el exmandatario también están llamados a declarar.

«Para hoy también deberán asistir la exministra María Paula Romo y el expresidente Lenín Moreno. Habría que preguntar porque a mí me convocan en persona y a ellos vía zoom», dijo el asambleísta a Radio La Calle.

A pesar de esta inquietud, Jarrín confía en la gestión de la Fiscalía. «No me puedo quejar de la forma en que las cosas avanzan. Veamos si el presidente Moreno tiene la gentileza de responder a la Fiscalía y al país», añadió.

La investigación

Un oficio con fecha mayo de 2020 da cuenta de un préstamo de alrededor de 5.000 materiales antidisturbios, entre los que cuentan: gases lacrimógenos, herramientas de corto alcance, material aturdidor, entre otros.

De acuerdo con el documento, el Gobierno ecuatoriano prestó el material a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se desarrollaban protestas en ese país contra el gobierno de Añez. La investigación esclarecerá si ese material se utilizó en las masacres en El Alto y Cochabamba.

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“No tengo ninguna confianza en el sistema de justicia ecuatoriano. Desde la Asamblea podemos ejercer una presión importante en este tema. Vamos a reunirnos con asambleístas de Bolivia. También estoy invitado a una sesión en la Embajada de Bolivia en Ecuador a las 10:30. Desde la Bancada de UNES estamos coordinando acciones y posiblemente yo viaje a Bolivia”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Jarrín detalló la llegada de una aeronave boliviana a Ecuador. “El 15 de noviembre aterrizó un avión del ejército boliviano. La Federación Aeronáutica del país desconoce ese aterrizaje. Queremos saber quién ordenó esa acción. Hablan sobre la existencia de una reunión donde un operador político boliviano dispuso el viaje de ese avión a Ecuador. El país  tomó partido en una dictadura”.

Red de préstamos

El asambleísta alertó de una posible red de préstamos en los países donde existieron manifestaciones contra las políticas gubernamentales. “La ministra Romo fue censurada por la utilización de esas bombas. Recibimos prestado de Colombia bombas lacrimógenas, proyectiles, etc. Escuchamos que sucedió lo mismo con el gobierno de Brasil ¿Hasta dónde llegó esta organización contra las personas que se manifestaban contra las medidas económicas delos gobiernos de Moreno, Piñera y ahora Duque”.

Octubre de 2019

“Nosotros fuimos reprimidos con  brutalidad y violencia en Octubre de 2019. Los últimos días de las protestas se utilizaron bombas caducadas. Hay que tener claro lo que hemos vivido y destaparse el velo de los grandes medios de comunicación que ocultaron la barbaridad del gobierno de Moreno”, explicó el legislador.

Agregó que “Ecuador gasta grandes cantidades de recursos públicos en la dotación militar y policial. Ahora resulta que no recupera los préstamos, permite el ingreso de aviones militares sin ninguna autorización, lo hacen a escondidas”.

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Quito, 14 de jun, (La Calle).- Lenín Moreno, expresidente de la República, deberá responder ante la justicia por delitos de disposición de bienes públicos y peculado en pertrechos militares y policiales que se usaron en el golpe de estado de 2019 en Bolivia.

La denuncia fue presentada por el asambleísta Fausto Jarrín y se tramitará a través de la Fiscalía General del Estado (FGE)«.

“Esperamos que este Gobierno se inauguré con la posibilidad de que sus nuevas autoridades abran las investigaciones”, declaró Jarrín . “Han esperado una denuncia para empezar un proceso como es la entrega de pertrechos militares a otro país”.  

Entre las personas denunciadas se menciona, además del expresidente, a la exministra de Gobierno María Paula Romo, y miembros de las Fuerzas Armadas.

Masacre en Bolivia

Los suministros militares entregados se habrían utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron 40 ciudadanos, hubo 800 heridos y terminaron encarcelados 1.5000 civiles.

Entre los materiales estuvieron: 5.000 granadas de mano GL-302, 2.389 proyectiles de largo alcance , 560 proyectiles de corto calibre y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

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«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Fuente: DW

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“A través de la presente me permito hacerle llegar un saludo, a fin de solicitar las acciones necesarias para que podamos recibir el material CM entregado en calidad de préstamo y que fuera entregado en noviembre de 2019”, dice parte del documento.

Entre los materiales se contabilizan 5.000 granadas de mano GL-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto calibre y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.

La masacre

Durante noviembre de 2019, protestas contra el golpe de Estado que puso en el poder a Jeanine Añez tuvieron lugar en varias comunidades bolivianas. El 15 de noviembre en el Municipio de Sacaba en Cochabamba, la violencia policial dejó 12 muertos y 125 quedaron heridos.

Según los relatos de las víctimas, muchos de los muertos y heridos en Senkata eran personas que iban a trabajar, estudiar o salían de sus casas para hacer algunas compras cuando fueron sorprendidos por la represión, informó el medio: Brasil de Fato.

Otra masacre ocurrió en la ciudad de Senkata, El Alto, el 19 de noviembre. El resultado de la violencia militar y policial mató a 10 personas y dejó decenas de heridos.

La Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard realizó una investigación que demuestra la violencia de Estado en ambos lugares del país del Altiplano.

«Nuestra evaluación de lo que ocurrió en Sacaba y Senkata es que hubo masacres, así como en la zona sur [de La Paz], donde la policía ha matado personas. Hubo violencia cometida por el Estado», dijo Thomas Becker, un abogado internacional de Derechos Humanos.

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Quito 13 de mar (La Calle).- La Policía de Bolivia detuvo a la ex presidenta, Jeanine Añez en Trinidad (Beni). La trasladaron a la ciudad de La Paz durante la madrugada de este sábado. La política asumió el gobierno después del golpe de Estado a Evo Morales. Añez es acusada de dos masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto)

«Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos”, señaló la exmandataria en su twitter.

La órden de detención se aplica también a los miembros de su Gabinete y a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron con la expresidenta. Las autoridades sospechan que parte de los señalados están fuera del país. “La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento al Socialismo, en el Gobierno) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, escribió la mujer el viernes en su red social

El momento en que se forzó la salida de Morales en una conferencia de prensa quedó registrado en un vídeo. El comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, sugirió a Morales renunciar a su mandato de modo que permita la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad «por el bien de Bolivia”.

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La institución confirmó, mediante su comandante general Jhonny Aguilera, la fuga de dos exministros del gobierno de facto de Jeanine Añez. Según el representante de la fuerza pública, los exfuncionarios tomaron un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz, rumbo a Puerto Suárez. Según Aguilera, los fugitivos tuvieron por destino final las tierras de Brasil y Panamá, donde arribaron hace varios días.

Desde el 17 de noviembre, la Fiscalía General de Bolivia anunció que solicitará a la Interpol la difusión de sello azul. El objetivo de la Fiscalía es facilitar la captura de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López. 

Antecedentes

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía General de Bolivia emitió órdenes de aprehensión contra los exministros de Gobierno y Defensa del régimen de facto de Jeanine Añez. Las órdenes fueron justificadas por una investigación sobre la compra de gases lacrimógenos con sobreprecios y acusaban a los exministros de “uso indebido de influencias” y “otros delitos”.

La Fiscalía del país andino abrió la causa contra los exfuncionarios del gobierno de facto por denuncias de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Según los informes del MAS, los exministros suscribieron un contrato con la empresa Bravo Tactical Solucitions, con sede en Estados Unidos. El acuerdo habría permitido la adquisición de bombas lacrimógenas por precios de entre los USD 36 y 39 por unidad. (JEB).

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