A los gendarmes no les importó que esta institución sea una zona de paz. En el exterior del Teatro Universitario se realizaba una celebración por el Inti Raimy dónde participaban mujeres y niños que tuvieron que correr para alejarse de los gases.

Al momento, la Policía Nacional no ha dado una explicación a este ataque a la zona de albergue y dónde también se encuentran personas heridas por bombas y perdigones en la novena jornada del Paro Nacional.

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“Para una recuperación del orden público nosotros hemos utilizado 5 bombas lacrimógenas, 2 bombas de gas y 1 bomba aturdidora”, expresó el Comandante, Renato Cevallos, durante una rueda de prensa.

Además, defendió que los miembros policiales no ingresaron a los predios de la institución; sin embargo, reconoció el uso del material disuasivo.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el enfrentamiento entre policías y estudiantes en los exteriores de la Universidad Estatal de Cuenca, en la provincia de Azuay, la noche del miércoles.

Este hecho se registró en el contexto del Paro Nacional en Cuenca. Los policías aseguran que los manifestantes empezaron a tirar piedras.

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Los policías tienen un salario básico unificado que va desde los USD 933 a los USD 5.560, según las resoluciones de fijación de salarios emitidas por el Ministerio del Trabajo el 24 de enero de 2022.

Si se establece un día de salario básico (USD 933) para los 51 mil uniformados desplazados para las protestas, esto significa un total de USD 1.534.290 por cada día de movilización.

¿Y en bombas?

Según un reportaje de diario El Universo, el precio de una bomba de gas lacrimógeno oscila entre los USD 11,5 y USD 37 en los contratos públicos. No obstante, el costo de estos artefactos varía mucho dependiendo el tipo de bomba.

Aun así, si se calcula con el precio más bajo (USD 11,5), esto representa un total de USD 277.000,5 solo en granadas de gas, mientras que en cartuchos la cifra asciende a USD 340.572,5.

En total, el Gobierno de Guillermo Lasso gastó en material lacrimógeno USD 617.573 para contener la movilización nacional e indefinida convocada por la CONAIE.

Otros materiales

La Policía Nacional informó que otros medios logísticos son utilizados.

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La exministra de gobierno María Paula Romo y el exmandatario también están llamados a declarar.

«Para hoy también deberán asistir la exministra María Paula Romo y el expresidente Lenín Moreno. Habría que preguntar porque a mí me convocan en persona y a ellos vía zoom», dijo el asambleísta a Radio La Calle.

A pesar de esta inquietud, Jarrín confía en la gestión de la Fiscalía. «No me puedo quejar de la forma en que las cosas avanzan. Veamos si el presidente Moreno tiene la gentileza de responder a la Fiscalía y al país», añadió.

La investigación

Un oficio con fecha mayo de 2020 da cuenta de un préstamo de alrededor de 5.000 materiales antidisturbios, entre los que cuentan: gases lacrimógenos, herramientas de corto alcance, material aturdidor, entre otros.

De acuerdo con el documento, el Gobierno ecuatoriano prestó el material a Bolivia en noviembre de 2019 cuando se desarrollaban protestas en ese país contra el gobierno de Añez. La investigación esclarecerá si ese material se utilizó en las masacres en El Alto y Cochabamba.

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“Estaban actuando con prudencia”, señaló Rodríguez en defensa de los ataques policiales.

El Ministro calificó de prudentes las acciones violentas de la policía. La institución dirigió contra los manifestantes la noche del jueves 12 de noviembre del 2020.

Tras un supuesto ataque a la policía con artefactos pirotécnicos, el vocero del Ministerio del Interior consideró justificada la represión policial contra los manifestantes. Los gendarmes usaron una ingente cantidad de bombas lacrimógenas.

Rodríguez negó el uso de perdigones contra los manifestantes. El medio América Televisión denunció que dos de sus periodistas, Roberto Muñoz y José Miguel Hidalgo, sufrieron heridas producto de este tipo de proyectiles.

Tras la evidencia del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía peruana, la Defensoría del Pueblo del país vecino ratificó vulneraciones al debido proceso. Además, demandó el cese inmediato de ataques, con bombas lacrimógenas y perdigones, contra la ciudadanía.

El Gobierno ecuatoriano también justificó la violencia policial

Recientemente, altos funcionarios del Gobierno ecuatoriano defendieron, con igual énfasis que el Ministerio del Interior del Perú, el uso de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, durante las jornadas de protesta de octubre del 2019.

Patricio Carrillo, comandante general de la Policía Nacional, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, justificó el uso de alrededor de 38.500 unidades de gas lacrimógeno. Éstas se utilizaron contra los manifestantes, a quienes calificó de vándalos y delincuentes.

La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, incluso reconoció y justificó la caducidad de las bombas lacrimógenas contra la ciudadanía.

“Estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano”, dijo Romo en defensa de su accionar. (JEB).

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