Las legisladoras Marcela Holguín y Dallyana Passailaigue plantearon esta propuesta en 2021, sin embargo, tras la disolución de la Asamblea Nacional la aprobación de esta ley quedó en lista de espera. El pasado 28 de noviembre el parlamento ecuatoriano aprobó con 134 votos afirmativos el proyecto que había quedado estancado.

¿En qué consiste?

Según Passailaigue, esta es una ley sencilla que resuelve un problema complejo por lo que ordenará al Estado, a través del Ministerio de Trabajo, a garantizar igualdad salarial.

Su articulado determina que todo empleador público o privado está obligado a remunerar de forma igualitaria a todos sus servidores, trabajadores u obrero, sin discriminación de género, por el mismo trabajo realizado o de igual valor.

El trabajador, obrero y servidor público podrán exigir el respeto de su derecho a la igualdad de remuneración, a través de denuncia a la Unidad de Talento Humano o quien haga sus veces en la Administración Pública. Por otro lado, los trabajadores del sector privado deberán realizar la acusación ante el órgano rector de la política laboral.

Un reporte de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) de marzo del 2023 reportó que la brecha salarial en Ecuador es una de las más altas de la región. El estudio se hizo con base a las estimaciones de la empresa de recursos humanos Adecco. El informe detallaba que las mujeres ganan un 20 % menos que los hombres que se encontraban en el mismo puesto laboral.

»Las brechas de género son un hecho, no es un invento y hay una relación directa con las obligaciones de cuidado que han recaído sobre los hombros de las mujeres», dijo la especialista en empoderamiento económico de la ONU, Gabriela Montalvo, quien fue invitada al Parlamento.

Otros puntos

Además la ley exige a las empresas privadas e instituciones públicas la capacitación obligatoria en temas relacionados a “derechos laborales de hombres y mujeres, igualdad de género, erradicación de violencia y no discriminación en el ámbito laboral, entre otros”.

Por otro lado, el empleador también está obligado a realizar un reporte anual de las acciones y cumplimiento de directrices para alcanzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. El documento deberá entregarse al órgano rector de la política laboral.

De igual manera se dispuso en todo el territorio ecuatoriano que el 18 de septiembre de cada año como celebre el “Día de la Igualdad de Remuneración” siendo su principal objetivo la promoción de actividades de concienciación y difusión sobre la brecha salarial de género.

La ley aprobada deberá pasar por manos del Ejecutivo y el presidente Daniel Noboa decidirá si vetarla o no. Si existe el visto bueno del mandatario, pasará a publicarse en el Registro Oficial y a partir de ese momento entrará en vigencia. (AGM).

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Quito 4 de mar (La Calle).- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó las cifras de empleo hasta diciembre de 2020. Los datos indican que las mujeres tenían altos índices de desempleo frente a los hombres. A nivel nacional el 6,7% de las mujeres estuvieron en situación de desempleo, mientras que entre los hombres el porcentaje alcanzó el 3,7%.

Entre agosto y noviembre de 2020, el Gobierno presentó un acuerdo ministerial sobre el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer.

Este mecanismo pretendía establecer lineamientos para prevenir la discriminación y el acoso laboral en los espacios de trabajo y, por ende, fue socializado en las instituciones del Estado. Sin embargo, este resultó ser el primer lugar donde estas mujeres encontraron barreras…

Mariela, nombre protegido

Mariela trabajó en una institución del Estado y asegura que este protocolo si se difundió en el establecimiento. En ese momento, ella tenía licencia por lactancia. A diario salía a las 14:00 de su empleo, pero esto le trajo problemas con su jefe. “A él me molestaba que yo saliera a esa hora. Me pedía constantemente en reuniones que postergara la lactancia y ese comportamiento influía en mis compañeros quienes replicaban sus actitudes. Recibí comentarios de ellos en reiteradas ocasiones pidiéndome sacarme la leche en otro momento”.

En baños y bodegas, la mujer cumplía con alimentar a su pequeña, pero las quejas constantes la obligaron a secar su leche con la ayuda de un doctor. “La ley aparentemente cuida la vida, pero en la práctica no se da esa situación. En el lugar donde yo trabajo se incumple las normativas. Por mi maternidad, mis superiores calificaban mi trabajo de deficiente.  

«Durante el teletrabajo en una video llamada me dijeron que no debía cargar a mi bebé en brazos porque estaba en horas de trabajo”

Mariela presentó una denuncia por los hostigamientos. Transcurrió una semana de silencio administrativo, finalmente la despidieron con la cláusula de terminación unilateral del contrato “Mi jefe me dijo que estaba haciendo cosas que no competían en el trabajo. Esto es un claro signo de violencia de género hacia las madres. Los acuerdos no estipulan que una madre no puede tener a sus hijos en brazos mientras necesitan este cuidado”, anunció.  

Adriana, nombre protegido

Mariela no es el único caso. Adriana también sufrió una vulneración por parte de la institución a la que servía. Ella comentó que en enero de 2020 tuvo complicaciones con su hija a quien daba de lactar en ese entonces. En ese momento ella estaba en el hospital con su pequeña de apenas un año.

Recuerda que sin notificación del Ministerio fue removida de su cargo y le redujeron el sueldo. Ella pidió explicaciones y mandó un email insistiendo en el valor. No obtuvo respuestas. Cuando se reintegró, las autoridades le comentaron que no contaba con el perfil para permanecer en su cargo.

Ella también inicio un proceso legal junto a la Defensoría del Pueblo. En una audiencia en agosto 2020, el Tribunal pidió a la Cartera restituirle su cargo, difundir la sentencia y que se le devuelva todos los valores percibidos hasta agosto. “El Ministerio no cumplió de inmediato, si bien publicaron la sentencia, tuvimos inconvenientes y se acercaron a pedirme un nuevo contrato. Buscaron formas para no cumplir. Para octubre ingresé otra vez pero no me pagaron lo adeudado», sostuvo.

De acuerdo al contrato el 31 de diciembre salió de la institución y hoy forma parte de la lista de mujeres en desempleo.

«Crisis de cuidados»

La economista y especialista en género Gabriela Montalvo recalcó que históricamente la cifra de desempleo es más alta que el caso de los hombres. Uno de los factores que explican esta situación en pandemia es la «crisis de cuidados»: «Las personas por fin se dan cuenta que la gente necesita alguien que cuide a niños, enfermos y ancianos. Las tareas que son realizadas por mujeres se han visto por fuera de la remuneración y por eso perdemos el empleo. Las mujeres son las que asumen y renuncian a su trabajo porque están ‘obligadas’ a cuidar a sus hijos».

La experta mencionó que este sector es afectado por las políticas públicas con presupuestos mínimos. Las autoridades, según mencionó, exaltan los valores de la familia pero cuando el hijo requiere tiempo, espacio y atención entra en disputa con el campo productivo.

«Antes del teletrabajo ya sucedía esto. Cuando los hombres digan en sus empleos: Tengo que estar con mi hija. Ahí veremos diferencias. Siempre en las empresas asumen que alguien le toca a cuidar a otras personas y alguien debe trabajar. Esos espacios son ocupados por mujer y hombre, respectivamente. Es un perjuicio. El tiempo que tu le das a tu hijo le restas a la empresa. Así funciona», señaló.

Conforme a la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra las Mujeres; «Se entenderá como violencia contra la mujer en el ámbito laboral, todas aquellas acciones que obstaculicen el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, respecto a un posible estado de gestación, una desigualdad injustificada en la remuneración o condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a cambio de actos de naturaleza sexual. Este tipo de violencia es ejecutada por personas que tienen una relación laboral con la víctima, independientemente de la correlación jerárquica».

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