»Si el presidente de la República se logra salvar de este juicio (…) comprando conciencias, hace daño a su honra y reputación. Pasará a la historia como un vacunador», dijo en entrevista a Radio La Calle.

Además, manifestó que meses atrás el Jefe de Estado había denunciado a cinco asambleístas que habrían pedido »puestos, eléctricas y dinero, luego está inaugurando obras con una de ellas y retiró su denuncia».

Problemas en Fiscalización

La Comisión de Fiscalización no aprobó el informe que recomendaba que el juicio político contra el presidente Lasso no se lleve a cabo. La decisión se tomó con cuatro votos a favor y cinco en contra.

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio político y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

En este sentido, el legislador aclaró que no se tomaron en cuenta sus observaciones e impusieron un informe que recomendaba el archivo del juicio político al mandatario.

Ausencia de legisladores

El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La resolución se aprobó con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. En la sesión estuvieron presentes 116 de 137 legisladores.

Entre los 21 legisladores que se ausentaron de la sesión, se encontraba la asambleísta Fernando Villavicencio, Mario Ruiz (PK), Jessica Castillo (PK), Diana Pesantez, Geraldine Weber, Gruber Zambrano (Creo) y Ricardo Vanegas.

Respaldo a Saquicela

Segovia admitió que ha sido buena la gestión del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por lo que espera su reelección. De igual manera, la bancada de UNES anunció su respaldo. (A.G.M).

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El Presidente del Legislativo convocó para el martes 9 de mayo a las 10h45 la sesión del Pleno de la Asamblea para dar a conocer este informe. Los 137 asambleístas son los que deberán decidir si aprobar o no el juicio político contra el Jefe de Estado.

El documento fue enviado a Saquicela después del debate en la Comisión de Fiscalización. Con cuatro votos a favor y cinco en contra, no fue aprobado el informe no vinculante que recomendaba que el juicio político no se lleve a cabo.

»Se debe remitir al presidente un informe motivado y eso es lo que hará la Comisión de Fiscalización. La ley no dice un informe aprobado o no aprobado», aclaró la legisladora oficialista, Ana Belén Cordero.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Roberto Cuero, miembro de la Comisión, manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta Gabriela Molina, quien dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Argumentó que está “sesgado” y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Al finalizar la sesión, la proponente del juicio político, Viviana Veloz señaló que se incumplió el procedimiento parlamentario, debido a que Villavicencio clausuró la sesión cuando existía otra moción sobre la mesa. (A.G.M).

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A partir de las 10h00 la mesa parlamentaria se reunió para socializar el informe motivado por el proceso se sustanciación al juicio político del Jefe de Estado. Solo la asambleísta de UNES e interpelante, Viviana Veloz estuvo presente. Los otros tres proponentes faltaron a la convocatoria.

La sesión inició con varios pedidos en el orden del día, entre ellos el análisis de la función de los asesores en la redacción del informe, la cual fue aprobada y propuesta por el asambleísta oficialista Marco Troya. Según él, existieron interferencias en este proceso.

En este sentido, el legislador de UNES Roberto Cuero rechazó sus declaraciones y manifestó que ellos «no han amenazado ni han atropellado al equipo asesor», como lo habría insinuado Troya.

Otras mociones…

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio político y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

Para Villavicencio, el objetivo de UNES y el PSC era «obligarles» a aprobar un informe alternativo que planteaba el enjuiciamiento a Lasso. «Ventajosamente la presidencia de la Comisión logró impedir que esta moción de cambio del orden del día sea aprobada», resaltó.

Anteriormente, la bancada oficialista propuso tres cambios en el orden del día y solo fue aprobada la de Troya. Según el presidente de la mesa parlamentaria, solo están permitidas tres mociones de esta clase durante las sesiones, por ende, no dio paso al pedido de UNES.

La lectura del informe

La lectura del informe inició desde el punto cuatro y duró aproximadamente cuatro horas. El documento expuso las pruebas y fragmentos de las comparecencias que determinaban la supuesta inocencia del presidente Lasso en el presunto delito de peculado.

Además, el informe señaló que no hay evidencias para probar que hubo un contrato entre FLOPEC y Amazonas Tanker, en julio del 2022. De igual manera, expuso que no se pudo corroborar la identidad de Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso, y Rubén Chérres en los audios difundidos por el medio digital La Posta.

Con base en todos los argumentos, el informe resolvía no recomendar el juicio político contra el presidente Lasso. Sin embargo, gran parte de los asambleístas no estaba de acuerdo con esta resolución.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Cuero manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta de UNES, Gabriela Molina que dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Manifestó que está «sesgado» y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Una vez concluidas las intervenciones, la legisladora oficialista Ana Belén Cordero mocionó la votación para la aprobación del informe. Con un »digno final» Villavicencio dijo »¡Por los albañiles a favor!, sin embargo, los votos no fueron suficientes y se clausuró la sesión. (A.G.M).

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Esta solicitud fue aporbada con 61 votos a favor, 34 abstenciones y 13 votos en contra. El legislador Bruno Segovia comentó que se demostró la falta de medicinas los hospitales, así como un presunto sobreprecio en los fármacos, por lo que se debe cumplir esta petición.

De la misma manera, la parlamentaria por el PSC, Nathalie Viteri indicó que el próximo paso que le corresponde a la exfuncionaria es la censura. El Legislativo necesita 92 votos para tomar censurar a Garzón.

Sin embargo, dentro del Pleno hay quienes apoyan a la exministra. Ese es el caso del asambleísta por CREO, Juan Flores que enfatizó que en el informe presentado no existen causales sobre la razón por la que se llamó a juicio político a Garzón.

Con esto, la exministra deberá presentarse a comparecer en la Asamblea en los próximos cinco días, fecha en la que se realizará el juicio político.

Investigación contra Ximena Garzón

Garzón habría comprado medicinas sin registor sanitario, caducadas o por caducar a la empresa Ginsberg Ecuador S.A.

El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie la investigación previa contra la exministra. Según Vanegas, la empresa Ginsberg Ecuador también lo denunció por presunto pánico económico.

¿Cómo se obtuvieron esas medicinas?

El asambleísta sostiene que desde enero de 2020 hasta mayo de 2021, el Ministerio de Salud y otras entidades estatales compraron medicinas, pero no tenían los permisos del Arcsa y el objeto social de compra no era el adecuado. Sin estos requisitos no podían vender medicamentos, insumos o dispositivos a la red de hospitales en el Ecuador.

Vanegas argumentó que durante la crisis sanitaria por falta de insumos médicos en hospitales públicos, la entonces ministra Garzón no asistió al Pleno de la Asamblea cuando fue llamada. La petición se hizo para que exponga el manejo y medidas del Ministerio durante la crisis sanitaria. (N.J.C)

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Luego de que Fiscalización rechazara el informe sobre Coca Codo Sinclair, al asambleísta no quedó otra opción que acudir a la FGE y asentar su denuncia. Villavicencio solicitó acciones penales en contra de los responsables en la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico.

Entre los responsables que mencionó están los expresidentes Rafael Correa, Lenín Moreno, el exvicepresidente Jorge Glass, ministros de electricidad, exgerentes de Coca Codo Sinclair, CELEC y representantes de las compañías chinas.

El informe presentado por Villavicencio contó con el respaldo de los asambleístas Pedro Velasco (independiente) y Bruno Segovia (independiente). Mientras que la bancada oficialista y UNES le dieron la espalda. En este proceso, la asambleísta Ana Belén Cordero y Marco Troya se abstuvieron de votar.

“Lo que tiene que hacer el gobierno de Lasso y la colega Ana Belén Cordero es explicarle al país por qué voto en contra o se abstuvo de votar. Ella argumentó que iba a recibir la Central Hidroeléctrica del gobierno, lo dijo en la sesión y ante la comisión. Ella tiene que explicar”, resaltó.

Hipótesis en el caso Coca Codo Sinclair

Para el legislador, el Gobierno debe responder a todas las incongruencias presentadas en este caso. Informó que Lasso debe explicar si se está realizando un acuerdo de Libre Comercio con China, negociaciones petroleras o una nueva línea de crédito.

Villavicencio detalló que, del pago total de sobornos, USD 18 millones pasaron a manos de la empresa Recorsa S.A. Explicó que este pago se realizó en el marco de las negociaciones del contrato y líneas de crédito. Reveló que fue el Estado ecuatoriano que pagaba con sus recursos y este es un delito que la FGE aún no ha investigado.

Recalcó que la hidroeléctrica, que costó más de USD tres millones, posee más de 17 mil fisuras y fallas irreparables. Además, insistió que Lasso no debería aceptar la central mientras no se reparen las fallas y garantice una vida útil por lo menos de 50 años.

Según el asambleísta, las autoridades de Correa tuvieron conocimiento hasta el año 2014-2015 de las fallas de origen que poseía el acero de China. Sin embargo, autorizaron su importación y el encolado del acero sin especificaciones.

Además, Villavicencio señaló que no solamente se trataría del presunto delito de asociación ilícita, sino también delincuencia organizada.

Informes técnicos

Los informes técnicos presentados por Villavicencio señalaron que las reparaciones “como parches”, no solucionarán los problemas estructurales que posee la central. Comunicó que hasta el próximo mes de noviembre vence el plazo que el gobierno de Lasso tiene para demandar a la compañía fiscalizadora de la obra.

“Algunos piensan que mientras exista un arbitraje no se puede llevar una acción y no es así. Ahora estamos pidiendo acciones legales contra Correa y Moreno”, aseguró.

Respuesta de la Comisión de Fiscalización y Control Político

Gabriela Molina, miembro de la Comisión de Fiscalización, comunicó que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair representa el 28% de la producción energética. Si se llega a paralizar sus operaciones representaría una catástrofe para el país.

Ana Belén Cordero informó que este caso se maneja bajo un arbitraje internacional, en el que la empresa constructora incumplió varios acuerdos del contrato.

“No debieron permitir que se instale ni un centímetro de la maquinaria que llegó del exterior, conociendo que tenían fallas”, recalcó el asambleísta Pedro Velasco. (N.J.C)

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En un video publicado en redes sociales, Llori destacó que el Pleno de la Asamblea mantuvo 123 sesiones en las que aprobaron 28 leyes como el paquetazo tributario, aunque no la llamó así. Informó además que la Asamblea aprobó 60 Resoluciones; se presentaron para el tratamiento legislativo 231 Proyectos de Ley. 

Según la exprefecta de Orellana, informó que el Consejo de Administración Legislativa  (CAL)  tuvo 93 sesiones y calificó un total de 169 Proyectos de Ley. Las comisiones especializadas permanentes llevaron a cabo 1377 sesiones.

Para ella, todo esto ha sido parte de la “recuperación de la institucionalidad de nuestro país por devolverle la confianza y la esperanza a la gente y así fortalecer nuestra democracia y reactivar nuestra economía”. 

Aunque su bancada es la de Pachakutik, es innegable que ella ha sido un alfil del oficialismo en la Asamblea. Llori es el mejor y más obsecuente aliado que el presidente Guillermo Lasso pudo hallar para gobernar.

“Ecuador por fin vive una verdadera democracia, con un Parlamento diverso y plural, que discrepa, que debate y que acuerda (…) Somos un Parlamento con independencia de funciones y con profunda vocación democrática al que le queda aún mucho por hacer”, amenazó Llori. 

¿Qué no dijo?

Más allá de estos pálidos números, la presidenta Guadalupe Llori olvidó mencionar los bochornosos sucesos en los que, por ejemplo, mandó a apagar los micrófonos, cortar la energía eléctrica o el vulgar acto de sacar un dedo a sus compañeros legisladores. 

Llori tampoco hizo alusión a las denuncias de gestión de cargos y de cobro de diezmos que pesan sobre ella, ni de la sombra de sospecha que el presidente Lasso cirnió sobre varios legisladores de su bancada. 

“Pero estamos firmes en el propósito de cambiar este país para convertirlo en una sociedad más justa, activa,incluyente y solidaria. El futuro será lo que en el presente hagamos con valores como la honradez”, ironizó Llori. 

Las denuncias en su contra

El asambleísta Bruno Segovia denunció, el pasado 12 de mayo, a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por presunta gestión de cargos públicos en la provincia de Orellana.

“Señora Guadalupe Llori, usted tenía razón cuando me comentó que puso hasta el último teniente político. El Gobierno del Encuentro solo encuentra personas cercanas a la señora Llori para cargos públicos en Orellana”, escribió el legislador en un tuit.

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“Señora Guadalupe Llori, usted tenía razón cuando me comentó que puso hasta el último teniente político. El Gobierno del Encuentro solo encuentra personas cercanas a la señora Llori para cargos públicos en Orellana”, escribió el legislador en un tuit.

Agregó que, en efecto, existe una lista de tenientes políticos. “Ha puesto gobernador, intendente, comisarios, tenientes políticos y directores distritales de los que conocemos y tenemos la documentación. Es vox populi que ha puesto todos estos cargos. Que tiene el control absoluto de la provincia de Orellana. Si esto no es tráfico de influencia ¿cómo le llamamos?”.

Segovia explicó que la denuncia va al Comité de Ética. “Allí se le debe iniciar una investigación y si actúan en base a derecho y las pruebas que les he dado porque ella me contó, no es invento mío. Lo recordé tras la denuncia del presidente y aquí está la evidencia. El Comité de Ética debería recomendar la destitución”.

Otras denuncias

La bancada legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) también denunció a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por los presuntos delitos de diezmos y tráfico de influencias.

“El primer caso tiene que ver con diezmos. Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea, dos de ellos que todavía trabajan en el Legislativo, rentaba un carro para movilizarse. Llori se movilizaba con el dinero de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo Ford Explorer 2019 de placas PDM 4156. Eso sucedió de julio a septiembre de 2021”, dijo la coordinadora, Marcela Holguín.

Holguín expresó que la denuncia se realizó al Comité de Ética para que se reúnan lo más rápido posible y traten el caso. También que comparezcan Llori y los cuatro funcionarios. “No es lo única donde la denuncia por diezmos. Se hizo pública que en la prefectura de Llori, bajo el nombre de ayuda económica, cobró USD 206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana”, añadió. MIB

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“Tengo documentos sobre personas que trabajaban en el gobierno provincial de Orellana, cuando Llori fue prefecta, a algunos de ellos les da nombramiento definitivo», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Segovia recalcó que el Gobierno es el único que está empecinado en mantener a Guadalupe Llori en el cargo de la presidencia de la Asamblea.

«La señora Llori ha sido influencia para poner cargos públicos en Orellana, pero de eso no dice nada el Presidente de la República, lo tapan», afirmó el asambleísta.

Además, comentó que la denuncia será presentada al Comité de Ética y este organismo tiene que iniciar un proceso de investigación con todas las pruebas documentadas.

“Alguien que tiene una participación importante en estos palanqueos es el yerno de Llori, Cristian Lozada», aseguró Segovia.

El asambleísta sostuvo que la denuncia se sustenta en información corroborada que determina que existe gente allegada a la presidenta Llori.

“Se conoce que, en la provincia de Orellana, ella maneja todo y es por ello que hizo la denuncia pública”, reiteró Segovia

También recalcó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe a un asambleísta gestionar cargos públicos y cuya sanción es incluso la destitución del cargo.

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“Ella me dijo: yo puse hasta el último teniente político en Orellana (…) Posiblemente desmienta, pero veamos los nombramientos”, contó. De igual forma, cuestionó: “Cayó del cielo o usted señor Lasso negoció con ella para que sea su peón, para que sea su alfil”.

La denuncia de Segovia se enmarca en todo el escándalo desatado por el mercado de votos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Según el presidente Lasso, los legisladores de Pachakutik, Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, habrían pedido cargos a cambio de votar favorablemente las leyes del Gobierno.

De su parte, los legisladores denunciados han aceptado que se reunieron con el Gobierno, pero afirman que fue un miembro del equipo de Lasso quien les ofreció contratos a cambio de sus votos en el Pleno.

Las Investigaciones

Aunque el presidente Lasso presentó solicitó a la Fiscalía que inicie investigaciones por presunta concusión, miembros de Pachakutik y el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, exigen al mandatario que presente las pruebas de sus aseveraciones. También dijo que los legisladores involucrados deberán ser evaluados por las reuniones que tuvieron con el Ejecutivo.

Desde la CONAIE sostuvieron que desde siempre alertaron que, dentro de la bancada Pachakutik, se ha construido una línea contraria a la lucha histórica del Movimiento Indígena. Alejada del proyecto político por el cual nace Pachakutik. Tejiendo dudosos acuerdos con el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es el sometimiento de la bancada al Ejecutivo y provocar su división.

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