Desde el anuncio de la embajada estadounidense en el Ecuador, Bucaram expresó su descontentó por la decisión de la embajada. En un mensaje de Twitter, dice: «En memoria del asesinato de Martha y Jaime, le haré una carta al presidente Biden y al expresidente Barack Obama. LIBERTAD Y NO DEPENDENCIA PARA ECUADOR…»

También escribió: «Atención Ecuador, luego de 26 años EE.UU. recuerda que soy corrupto. O sea, me tumban, me ofrecen abrir la documentación del asesinato de Jaime (Roldós) y Martha (Bucaram) en 2011, no lo hicieron. Jamás fui sentenciado en mi país, pero ellos califican mis juicios. esto es una locura»

Además, mencionó que es posible que el exvicepresidente Otto Sonnenholzner sea uno de los promotores del retiro de sus visa y adjunta una captura de WhatsApp, donde «Sonnenholzner Ramón» envía el comunicado sobre el retiro de la visa a la familia Bucaram.

Bucaram insistió en que sus viajes a Estados Unidos no son para vacacionar, sino para «salvar su vida», pues recibe atenciòn médica en el Hospital Metodista.

Hasta el día de ayer, Bucaram exigió explicaciones y la notificación del retiro de su visa al embajador Michael J. Fitzpatrick. También mencionó que tuvo buenas relaciones con el gobierno estadounidense durante su mandato y le extraña que ahora tomen medidas en actos de corrupción de hace 26 años.

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Los dos hijos del expresidente Abdalá Bucaram, Pazmiño y Sevillano estaban procesados por presunta delincuencia organizada, por una supuesta red de corrupción en los hospitales del IESS.

Por su parte, la jueza Carmen Vásquez salvó su voto y aceptó la apelación presentada por Fiscalía por el sobreseimiento dictado a favor de las cuatro personas, en primera instancia.

La causa judicial se encuentra en etapa de juzgamiento. En el caso son investigados Paúl Granda, Jacobo Bucaram Pulley, Daniel Salcedo, Noé Salcedo, Luis Jairala, Jorge San Lucas, Karina Cadena, Pablo Mendoza, Jorge Henriques, Federico Zenck, Susana Mera y Javier Jordán. Otro de los sobreseídos fue Stefano Adum.

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“Es injusto lo que me están haciendo. Me parecen bien todos los procesos de investigación que lleva la Fiscalía y me parece muy bien que deben llegar a las ultimas consecuencias. Pero, lo que no me parece bien es el linchaje mediático y las persecuciones de las que estamos siendo objeto”, dice.

Agrega que no sabe a quién recurrir, «pues los medios de comunicación no hacen eco de las verdades procesales, censuran, y emprenden campañas mediáticas en contra de los jueces que actúan en derecho».

“Hago un llamado a la conciencia de las personas (…) La Fiscalía debería preocuparse de que yo comparezca a juicio o es un afán de contentar ciertas consignas, por un afán de verme en la cárcel para satisfacer su ego”, agrega.

LOS ANTECEDENTES

Abdalá y Jacobo Bucaram son procesados por el delito de delincuencia organizada y tráfico de bienes patrimoniales.

Los menores de los Bucaram, Dalo y Michel; Gabriela Pazmiño, y otras doce personas más, también son investigados por los mismos crímenes. Se los acusa de haber participado en una red que vendía y distribuía insumos médicos con sobreprecio a hospitales de Guayaquil.

El 21 de junio, la magistrada Verónica Medina declaró la nulidad de lo actuado por la Fiscalía, en el caso por delincuencia organizada, aludiendo a que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los procesados.

Hace pocos días, la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación que presentó la Fiscalía para revocar el auto de nulidad, en el caso de Pruebas COVID-19. Asimismo, el tribunal declaró negligencia manifiesta de Medina y ordenó revisar las actuaciones de los abogados involucrados en el caso.

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El juez Juan Carlos Terán Moreno, también levantó las medidas alternativas que pesaban sobre el exmandatario como: la presentación una vez por semana ante la Fiscalía, el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país, impuestas en la audiencia de formulación de cargos.

El proceso inició cuando se encontraron, el 3 de junio de 2020, varias piezas arqueológicas que no fueron justificadas como posesión al interior de su domicilio.

Fiscalía apelará la resolución emitida por el juez, quien emitió –la tarde del martes 16 julio– auto de sobreseimiento a favor de Bucaram.

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«La jueza quien conoció la causa por presunta delincuencia organizada en la comercialización de pruebas COVID-19 declaró la nulidad de lo actuado», explicó un comunicado de Fiscalía.

Una de la razones que acogió la magistrada es la falta de una notificación de la orden de detención contra Jacobo Bucaram, que alegó su defensa.

Audiencia en Guayaquil

En la sede de la Función Judicial de Guayaquil también tenía lugar una audiencia contra el expresidente por presunto tráfico ilícito de armas y municiones. Su defensa presentó un comunicado y el certificado médico del acusado por lo que la audiencia no se instaló

Con la nulidad de lo investigado en el caso «Pruebas COVID-19», este sería el único proceso donde un Bucaram le rinda cuenta a la justicia si así lo deciden los magistrados.

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La Fiscalía emitió un dictamen abstentivo. Es decir, no acusó a Bucaram y el juez acogió esa decisión. La información la dio Christian Onofa, abogado de Jacobo Bucaram en el proceso penal por delincuencia organizada. Lo hizo tras confirmar el contenido de la sentencia con el hermano del detenido, Dalo Bucaram.

El juez Juan Carlos Terán ordenó la libertad de Jacobo. En su resolución, el magistrado detalló que tomó en cuenta el dictamen abstentivo de la Fiscalía General del Estado en favor de Bucaram Pulley, en el que se determinó que no tenía relación con el delito.

«Jacobo Abdalá Bucaram Pulley, no tiene vínculos directo con las piezas arqueológicos, antes descritas, sino que se puede apreciar que estaría visitando a sus padres».

SEÑALÓ EL JUEZ.

Onofa también informó que dentro del caso por delincuencia organizada se realizó una audiencia este miércoles. En esa diligencia, los jueces no acogieron el pedido de la defensa que solicitaba la revocatoria de la prisión preventiva.

Si bien el juez Terán ratificó su inocencia, Jacobo Bucaram, quien se encuentra detenido en la cárcel N° 4 de Quito, no podrá salir, ya que tiene casos pendientes, uno por asociación ilícita y otro por delincuencia organizada. 

Pero Jacobo Bucaram no la pasa del todo mal. En su arresto, Bucaram juega póker; cuenta con su computadora personal, servicio de internet y un colchón semiortopédico. La lista de pedidos va desde equipos electrónicos, ropa de frío hasta una cafetera. Aquí el detalle: Una tablet y audífonos que servirán para que Bucaram pueda recibir sus clases a través de Internet. En octubre inició el primer semestre en una carrera universitaria.  Un colchón semi ortopédico, sin resorte. Ropa de abrigo y medias. Una cafetera Alimentos cítricos para mejorar el estado inmunológico.

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Al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien encabeza la lista de asambleístas nacionales, y a su hermano menor, Gustavo Bucaram, candidato a la vicepresidencia, se les negó la calificación de sus respectivas candidaturas y están a 48 horas de quedar fuera de las elecciones de 2021.

La noche del 13 de octubre, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Fuerza Ecuador (FE).

Jacobo Abdalá Machuca, hijo del exmandatario, se encuentra dentro de la lista de asambleístas nacionales.

El exmandatario no habría cumplido con el requisito de la presentación personalísima ante los delegados del CNE. El exmandatario cumple con arresto domiciliario por las investigaciones de delincuencia organizada en la venta irregular de insumos médicos.

El CNE otorgó un período de subsanación de 48 horas para que el movimiento FE solucione las inconsistencias y cumpla con los requisitos pertinentes.

La misma suerte corrió la candidatura del binomio a la presidencia conformado por Miguel Salem y Gustavo Bucaram. El Pleno del CNE negó la inscripción de esta candidatura porque el candidato a la vicepresidencia, Gustavo Bucaram, hermano menor del exmandatario, se encuentra en incumplimiento del pago de pensiones alimenticias.

El CNE otorgó una prórroga de 48 horas para que el movimiento político subsane la inhabilidad y reemplace a  Gustavo Bucaram por un nuevo precandidato.

Familia Bucaram y la justicia

La Policía y la Fiscalía allanaron el pasado 3 de junio la casa del expresidente Bucaram ubicada en la ciudad de Guayaquil. Esta acción se realizó dentro de las investigaciones por presunto peculado en la compra de insumos médicos dentro del Hospital del Seguro Social.

En el sitio la Policía decomisó cajas con insumos médicos, tales como mascarillas y pruebas rápidas de covid19. Adicionalmente, la Fiscalía detalló que el exmandatario fue detenido por la posesión ilegal de un arma de fuego.

La familia Bucaram, que lleva alrededor de 40 años de presencia política, hasta el momento quedaría fuera de los comicios electorales de 2021. (EQ)

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Un juez negó la solicitud de caución interpuesta por la familia Bucaram. El magistrado señaló que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para ser aprobado. Adicionalmente, FGE solicitó que se revisen las medidas cautelares impuestas sobre Gabriela Pazmiño, pues no ha cumplido con la presentación periódica ante la Fiscalía. 

Los hermanos Michel y Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Abdalá Bucaram Ortiz son investigados por una presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil, en el marco de la crisis sanitaria producto del Covid-19.

Antecedentes

En agosto, la policía detuvo a Abdalá Bucaram Ortiz. El ex presidente supuestamente estaba implicado en la venta ilegal de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en prisión, y los familiares de Bucaram también habrían sido parte de esta red de asociación ilícita. Fiscalía celebró la detención del ex mandatario. No obstante, Bucaram quedó en libertad horas más tarde.

El 03 de septiembre de este año, los hermanos Michel y Dalo Bucaram, junto con Gabriela Pazmiño, solicitaron al sistema judicial el recurso de caución. Esta medida habría permitido el retorno de los implicados al país y su defensa en libertad, a cambio del pago de una fianza de USD 30.000, tarifa sugerida por los implicados.

Jorge Acosta, abogado de la familia Bucaram, consideró este recurso pertinente para evitar la prisión preventiva contra sus clientes. Acosta señaló que la familia Bucaram es víctima de una perseución política y mediática para velar las verdaderas raíces de la corrupción. (JBS)

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En la audiencia, la fiscal del caso, Cecilia Peña, presentó los elementos de convicción: los informes de investigaciones, los reportes de reconocimiento del lugar de los hechos, el movimiento migratorio de ambos ciudadanos extranjeros, además de vehículos de alta gama y dinero en efectivo. Todas estas pruebas están en custodia de la Policía Judicial.

Sheinman recibió una sentencia de 20 meses de prisión por acogerse al proceso abreviado en juicio por falsificación y uso doloso de documentos (art. 328 del COIP). La Fiscalía llegó a este acuerdo con la defensa técnica del procesado.

Contexto

Los israelíes fingieron ser agentes de la DEA y poseían USD 312.000 en su poder, producto de la venta de insumos médicos. El principal comprador de los insumos, según los testimonios de los israelíes, fue Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

El 08 de agosto del 2020, Shy Dahan fue asesinado al interior del Centro de Reclusión Social en Guayaquil. Días después salieron a la luz pública conversaciones filtradas entre Abdalá Bucaram y Shy Dahan. En las grabaciones el expresidente prometió ayudar al israelí si este cambia sus declaraciones ante la justicia. (DR)

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El trámite de hábeas corpus inició a las 11:00 de este lunes 24 de agosto. Esto, después que el Tribunal aceptara a trámite la demanda el pasado viernes 21 de agoto a las 21:00. A esa hora la defensa recibió la notificación. Por este motivo, la jueza Luz Marina Serrano debió entregar un informe motivado sobre su decisión.

Serrano fue quien ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario y vigilancia policial durante las 24 horas a Bucaram.

Delincuencia organizada

De acuerdo a la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha los procesados en el caso conformaron un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas». Ellos, dijo, operaban en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Según desprendieron las primeras investigaciones, el grupo nació para beneficiarse económicamente sobre la venta de insumos médicos a hospitales públicos. Entre ellos está la comercialización de pruebas para Covid-19 y mascarillas, productos necesarios en medio de la emergencia sanitaria.

Además de la delincuencia organizada, la Fiscalía investiga a los procesados por enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria y hasta delitos contra la vida.

Como fruto de las investigaciones, el exmandatario también es investigado por tráfico ilícito de armas y municiones y por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado. Este último, por poseer figuras de propiedad del Estado en su domicilio.

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Después de que se conociera una orden Judicial que dictaba congelar sus cuentas bancarias, se registraron más de 5 movimientos bancarios. Documentos obtenidos por Univision indican que estos movimientos tienen un importe de USD 76.871,07.

El excandidato presidencial habría registrado estos movimientos después de ocho horas que se conociera el bloqueo de cuentas.

Entre las transacciones se encuentra un pago a una compañía de remodelación de interiores por 2,900 dólares.

Pagó más del 50% de adelantado por el arrendamiento de una mansión en Florida, según lo confirmó el propietario de la residencia.

También habría girado más de USD 1.000 a la compañía ADT, empresa que vende equipos de seguridad inteligente, sensores, detectores de movimiento, cámaras y cerraduras.

Incluso pagó casi USD 8,000 a una firma que vende perros diminutos (Teacup) bajo pedido por una de estas mascotas.

Fiscalía de Ecuador abrió un proceso por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, donde vincula a 15 personas.

En este proceso legal constan varios miembros de la familia Bucaram, por presunta participación en la comercialización y venta de insumos a diferentes hospitales de Guayaquil.

La Superintendecia de Bancos informó que recibió la notificación de las medidas cautelares el 11 de agosto de 2020, pero no precisaron la fecha y la hora exacta cuando esta institución notificó al sistema financiero del Ecuador respecto del congelamiento de las cuentas de Dalo Bucaram.

Los vinculados mantienen prisión preventiva, la prohibición de enajenar mueblen e inmuebles, liberación de pólizas y bloqueo de cuentas. Medidas que fueron dictadas por la jueza de garantías penales Gianella Noritz

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“[Mi representado] ha querido colaborar desde el día uno de la investigación, pero no ha sido escuchado”, aseguró Vanegas en entrevista con Radio La Calle.

Como una caja de pandora, califica el jurista al caso de su defendido. “Un caso que aparentemente era aislado en el cantón Santa Elena, ahora es la respuesta de algo mucho más grande”, sentenció.

El análisis del teléfono celular de Sheinman es una pieza clave en la investigación. Después de que el juez dispusiera que ingrese al proceso como evidencia, el imputado fue víctima de una agresión dentro de la Penitenciaría del Litoral. En ese suceso falleció su compatriota, y también implicado en el caso, Shy Daham.

Tras el ataque que sufrió Oren Sheinman, su abogado mencionó que logró ingresarlo al programa de víctimas y testigos protegidos de la Fiscalía, que consiste en un resguardo policial y vigilancia periódica. Sin embargo, está consciente de que ningún centro de detención del país otorga garantías para resguardar la integridad física de su defendido.

“En la investigación que se ha realizado tenemos varios sospechosos y con los días se deberá esclarecer su responsabilidad. Para ello, Sheinman está dispuesto a entregar a las autoridades toda la información para que avance las investigaciones e imputar a las personas involucradas en el caso”, apuntó.

Vinculación de la familia Bucaram

El testimonio de Shy Dahan involucra al hijo del expresidente Abadalá Bucaram, Jacobo, en la venta de insumos médicos, además de un presunto tráfico y malversación de insumos de hospitales.

En la mañana de este jueves 13 de agosto, la Fiscalía determinó que el expresidente Abdalá Bucaram permanecerá en arresto domiciliario y ordenó el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, debido a su edad (65años). (AH)

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“Aquí en el Ecuador se ha producido una especie de guerra contra los integrantes de la familia Bucaram. Solo por el hecho de llevar ese nombre y absolutamente nada más. Si ustedes se ponen a revisar las noticias, nadie ha exhibido algún resultado sobre algún acto ilícito cometido por esta familia y menos aún por Dalo Bucaram”, indicó Acosta a la prensa.

El jurista agregó que Bucaram Pulley no tiene contratos con el Estado. “No es proveedor, no es miembro de una comisión, no tiene encargado la administración de un hospital, pero se le vincula con las negociaciones en esos hospitales”. Acosta dijo que de ser así, los ciudadanos que entregaron los hospitales deben estar vinculados.

El próximo 30 de julio empezará el proceso judicial contra Dalo, Jacobo, Michel Bucaram y Gabriela Pazmiño por presunta asociación ilícita. Acosta no sabe si su cliente regresará al Ecuador. Por el momento se mantiene en Miami, Estados Unidos.

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“La Fuerza de Tarea Conjunta de Fiscalía solicita formulación de cargos para Abdalá B. P., Michelle B. P., Jacobo B. P., Gabriela P. P., Daniel S. B., Noé S. B., Luis J. Z., Xavier J. M., Federico Z. A. y 6 personas más, por presunta asociación ilícita para la venta de medicinas”, indicó el organismo en un tuit.

Los antecedentes

El pasado 3 de junio, un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta allanó la casa del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. En su interior, además de un arma de fuego, encontraron varias cajas de medicinas y pruebas rápidas de Covid-19. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos, el exmandatario obtuvo prisión domicialiaria por tenencia de armas. La medida cambió, el 17 de julio, por el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

La evidencia encontrada en la casa de la familia Bucaram estaría conectada a una supuesta compra de USD 321.000 dólares en pruebas de Covid-19 efectuada por Jacobo Bucaram P. a dos extranjeros y a quién Fiscalía no pidió una declaración a tiempo.

La avioneta

Por otra parte, la Fiscalía descubrió una trama de corrupción en los Hospitales del IESS en Guayaquil cuando una avioneta sin permiso para abandonar el país se estrelló en Tumbes, frontera con el Perú. En la aeronave viajaban Daniel Salcedo y su novia Joselyn Mieles. Según las investigaciones, Salcedo vendía medicamentos y pruebas a hospitales en Guayaquil. Su hermano Noé también intentó huir por la frontera y pero la Policía ecuatoriano lo detuvo.

Para salir del país, se supone que Salcedo utilizó el nombre de su entrenador Abraham Muñoz, procesado por venta ilegal de medicinas para Covid-19. Los medicamentos, donados por la farmacéutica Roche, fueron sustraídos del sistema de salud de la Seguridad Social.

Hasta el momento, Daniel Salcedo rindió una versión desde la cama de un hospital, donde se encuentra después de su accidente.

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«Esperamos (que) acabe la frustración de ver actos de corrupción sin sentencia», escribió Carrillo en su cuenta de Twitter.

Salcedo es uno de los ciudadanos investigados por supuestos casos de corrupción en la compra de insumos médicos para los hospitales públicos. El pasado 8 de junio, la avioneta en la que se transportaba Salcedo -presumiblemente huyendo- se accidentó en territorio peruano.

Para el 9 de junio la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó sobre la detención del hermano de Salcedo en la frontera con Perú mientras transportaba USD 40.000 en efectivo.

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El pasado 25 de junio la Comisión Anticorrupción entregó una denuncia a Paul Granda, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) develando la red de corrupción que existe dentro del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil.

La denuncia señalaba, entre otros, a alguien en particular: un joven de 24 años llamado José Luis Llerena Candela, proveedor del Hospital, pero también cuñado de Jacobo Bucaram Pulley (hijo del expresidente derrocado Abdalá Bucaram).

Llerena Candela está apuntado por proveer al Hospital artículos con sobreprecio. Por ejemplo, vendía cada litro de alcohol en $7,42, cuando la unidad en cualquier farmacia del país, cuesta $3,20. Lo mismo con el agua oxigenada, mientras un ciudadano común adquiere a $1 los 120 ml en las farmacias, Llerena vendía el producto en $5,50

Con estos sobreprecios no es un asombro que una persona tan joven logre, en solo 3 años, pasar de un capital de $13.000 a $226.000. Los contratos que le otorgaron en el Teodoro Maldonado ascienden a $800.000.

Pero este no es el único caso, solo en cinco procesos de contratación que analizó la Comisión, en el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, detectó una pérdida para el Estado de $3 millones por valores en exceso.

Esta es la constante en el gobierno del presidente Moreno. En 2018, el IESS destinó $88,12 millones para compra de medicinas en todos sus centros médicos del Guayas. El 80% de esa cifra a nivel provincial, iba al Teodoro Maldonado Carbo con la cantidad de $70 millones. A nivel nacional, el valor significa el 36% del presupuesto anual para la compra de medicinas.

Sin embargo, para Jorge Rodríguez, quien conoce de cerca el caso y exvocero de la Comisión Anticorrupción, esto es de total conocimiento de Paul Granda, funcionario designado por el mismo Presidente para el Directorio del IESS. Así lo confirmó al medio digital Plan V, que realizó una investigación al respecto.

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