Las modificaciones a la Ley minera, que envió el presidente en la noche del domingo, proponen declarar como “de utilidad pública” la exploración y la explotación del litio y prohibir el otorgamiento de concesiones o permisos a empresas privadas. “Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para uso exclusivo del pueblo mexicano”, reza uno de los cambios. Además, se plantea la creación de un “organismo público descentralizado” para extraer y controlar “las cadenas de valor económico” del mineral.

La propuesta es parecida a la contenida en la reforma constitucional en materia eléctrica, que el domingo no alcanzó la mayoría calificada necesaria para ser aprobada en la Cámara de Diputados. Con esta nueva iniciativa, López Obrador busca paliar el que ha sido su mayor varapalo parlamentario en tres años y medio de Gobierno. “Nosotros nos preparamos para la traición. Sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos”, ha declarado este lunes. “[Los diputados opositores] no saben la importancia del litio y de la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro”.

Al tratarse de una ley, bastaba con una mayoría simple para sacar adelante los cambios. Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo han defendido la capacidad del Estado para asumir la nueva tarea. “Somos el principal productor de plata del mundo desde la época de la colonia y está en la ley que la plata es nuestra, pero no es así. Está concesionada y es de las mineras canadienses”, ha dicho el diputado Gerardo Fernández Noroña, durante el debate. “No vamos a permitir que el litio no esté al servicio del pueblo. Ese mineral preciosísimo que está llamado a ser la punta de lanza del desarrollo tecnológico debe quedar bajo dominio exclusivo del Estado”. En un tono bronco similar al empleado durante la discusión sobre la reforma eléctrica, los diputados de la mayoría han acusado a la oposición de ser “traidores a la patria”.

Envalentonada tras el rechazo de la reforma constitucional, la oposición ha abandonado el pleno ante lo que consideraron es un procedimiento “exprés” para aprobar la iniciativa. Antes de la discusión, el diputado del PRI, Rubén Moreira, ha dicho desconocer “el alcance” de la propuesta, en una rueda de prensa junto a representantes del PAN y del PRD, y ha afirmado que esta responde a un “discurso más político que técnico”. “Sabemos de la importancia del litio. Nos preocupa que se quede enterrado por falta de presupuesto y tecnología”, ha declarado. Movimiento Ciudadano, el otro partido opositor, ha señalado tener “dudas sobre la constitucionalidad” de las modificaciones a la ley. La Constitución, la norma superior, no contempla la explotación del litio como “un área estratégica” en que el Estado posea funciones “exclusivas”.

El litio ha captado la atención del Gobierno desde finales de 2019, cuando se reveló la existencia de reservas por algo más de tres millones y medio de toneladas en el Estado de Sonora. Este yacimiento, considerado el más grande del mundo de este mineral en roca, es propiedad de la empresa china Gangfeng. Aunque los trabajos están aún en fase de exploración y todavía no se ha extraído ni un gramo de mineral, la promesa del litio ha sido suficiente para abrir el apetito del Gobierno. “Las grandes empresas automotrices que fabrican los automóviles requieren del litio y está aumentando el precio cada vez más”, ha dicho López Obrador.

Los planes de nacionalizar el mineral han sido criticados por la Cámara Minera de México, al sostener que el Gobierno no tiene el conocimiento ni la capacidad para explotar este recurso. “Se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones en desarrollo y tecnología para explotar el mineral”, declaró en febrero el presidente del gremio, José Jaime Gutiérrez. Nada más llegar al poder, López Obrador anunció que no se iban a otorgar más concesiones mineras a empresas.

Fuente: Diario El País

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En la Sala se llevaron a cabo dos votaciones. Sin embargo, ambas fueron rechazadas por la mayoría presente. Como resultado, el proyecto fue archivado, pero podrá ser reingresado para nueva tramitación, reseñan medios de ese país.

La primera votación resultó con 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Mientras que la segunda moción logró 59 votos a favor, 66 en contra y dos abstenciones.

El bloque oficialista fue el principal sector que rechazó la medida. No obstante, algunos diputados del partido Demócrata Cristiano, el ala más conservadora de la centroizquierda chilena, también votaron por el rechazo o no se presentaron. Uno de ellos, fue el centroizquierdista Gabriel Boric, candidato presidencial para la segunda vuelta en diciembre.

Actualmente, el país vecino consiente la interrupción del embarazo solo en tres causales: peligro de vida para la madre, feto inviable de carácter letal y en caso de violación.

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El proyecto modifica el Código Penal y agrega como delito la alteración del orden público mediante la ejecución de actos de violencia. Tuvo 127 votos afirmativos, 7 en contra y 13 abstenciones.

Esta tipificación “nos permite avanzar fuertemente en la recuperación del orden público”, dijo el ministro de del Interior, Gonzalo Blumel. Este proyecto establece penas para quienes “valiéndose de una manifestación o reunión pública tomen parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público”, con penas que van desde los 541 días a 5 años.

La actual legislación no contempla estas acciones como delitos. En el caso del saqueo, los detenidos están bajo el cargo de “robo en lugar no habitado”. Las protestas en Chile cumplirán dos meses, el 18 de diciembre. Hasta el momento hay 25 muertos, 2.808 heridos y 7.259 personas arrestadas.

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