La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto con 130 votos. Con ello se busca garantizar el derecho a la salud mental de los ciudadanos ecuatorianos en todo su ciclo de vida.

Además establece la coordinación entre todas las entidades del Estado relacionadas con la salud mental, el desarrollo de conceptos como el derecho a la información suficiente, la autonomía de la voluntad y el consentimiento libre e informado. También incorpora el establecimiento de un Plan Nacional de Salud Mental en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

La ley también regula el internamiento de manera prolongada en los centros de rehabilitación y elimina los estereotipos respecto a las personas que tienen asistencia en salud mental. Y otorga a los GAD la potestad de intervenir financieramente construyendo espacios físicos, llamados de desintoxicación o centros de atención ambulatorios de internación para pacientes que tienen problemas de adicciones a estupefacientes. 

Meses atrás… 

En febrero de 2023 la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional indicó que el presupuesto para la salud mental en Ecuador es del 2 %. 

Además, el proyecto asociado a la salud mental fue uno de los últimos aprobados por la Asamblea Nacional del anterior periodo y recibió 12 observaciones por parte del exmandatario Guillermo Lasso. Sin embargo, tras la disolución del Pleno Legislativo, los plazos para su tratamiento se suspendieron y fueron retomados este 14 de diciembre. Al reactivarse se acogieron todas las objeciones. 

Durante el debate, los parlamentarios señalaron que la ley no solo aborda la protección, sino la sanación y la vida. La asambleísta Ana Herrera, ponente del proyecto de ley de la Comisión de Salud, subrayó que el «proyecto reconoce que la salud mental debe ser parte de la salud integral, desde la prevención, atención y recuperación«.

El legislador Camilo Salinas, de la misma comisión, manifestó a través de su cuenta “X”  que  los fines de la Ley de Salud Mental es promover el acceso gratuito al sistema de salud pública e impulsar la fortaleza de la Inclusión Social para grupos prioritarios y personas en situación de abandono.

Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, deben existir 23 especialistas por cada 10.000 habitantes. En Ecuador existe una brecha de necesidades de cerca de 2.056 psicólogos en primer y segundo nivel de atención. Por lo tanto, debe haber unos 3.500 profesionales de psicología contratados en el sistema de salud pública. Algo que todavía no es una realidad.

Falta de presupuesto 

Pablo Jiménez, médico psiquiatra, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Psiquiatría, núcleo Pichincha, explicó en El Universo que el presupuesto para salud mental adecuado debería estar entre el 3 % al 7 %. Para 2023, el presupuesto para todas las actividades de salud fue de alrededor de USD 3.600 millones. 

La ley surge en un contexto de alta incidencia de suicidios en el país por las fechas festivas de diciembre. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre 2021 y 2023 el MSP registra 3.024 atenciones oportunas ante un posible intento de suicidio a escala nacional. 

Adicionalmente en su portal web, la entidad de salud mencionó el 14 de septiembre de 2023 que se llevó a cabo la contratación de 179 especialistas en salud mental. Esta iniciativa, fue respaldada con un presupuesto de USD 5 millones. Asimismo, se informa que en 2024 se proyecta un aumento significativo de recursos que asciende a USD 11.3 millones. 

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El exfuncionario del gabinete del expresidente Lenín Moreno ahora se mueve dentro de las casillas de la organización política de Villavicencio. Su candidatura al Legislativo por la provincia de Los Ríos.

Su pasado…

En el 2020, el portal digital La Historia publicó el nombre de algunos políticos que poseían carnet de discapacidad, entre ellos Salinas quien era gobernador de Los Ríos. Además en los registros estaba Javier Vaca, esposo de la exlegisladora y expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas; Israel Cruz Proaño, exasambleísta de Chimborazo; y el exasambleísta Fabricio Villamar.

“Es verdad que tenía carnet de discapacidad, el cual actualmente está caducado desde el 2018 y al cual jamás le di uso», dijo en su defensa.

Agregó que el documento fue emitido en el 2007 por una anomalía física congénita diagnosticada desde su adolescencia. También recalcó que aún no participaba en la política ni era funcionario público.

La enfermedad del pie plano

La dolencia correspondería a una patología osteoarticular que no tendría cura, lo cual limitaría progresivamente la movilidad y ciertas actividades con el tiempo. Por otro lado, señaló que jamás se ha hecho uso del carnet, incluso, ya había caducado.

»Esta no es la forma de hacer política, no es delito tener un carnet de forma legal, el delito es obtenerlo sin tener la discapacidad y más aún darle un mal uso al documento, lo cual no es mi caso», resaltó. (A.G.M).

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