Conducir a los ecuatorianos hacia la prosperidad no sólo exige reformular la política económica y recuperar su autonomía, orientarla al crecimiento compartido y al Bien Común. Hay que garantizar la fortaleza y sostenibilidad creciente en los sistemas de salud y salubridad, educación, infraestructura y seguridad, para ofrecer servicios públicos oportunos y de calidad.

Sin Buena Economía acompañada de servicios públicos oportunos y de calidad, invariablemente los países y sus ciudadanos se estancan en la pobreza y mediocridad. Las personas deben poder ahorrar para planificar su futuro familiar y salir del círculo de la pobreza.

Es imprescindible reconstruir desde sus raíces el sistema de administración de justicia. Ser realmente iguales ante la ley y poder confiar que su aplicación será honrada e imparcial. Ecuador requiere fuerte y verdadera institucionalidad. Las políticas públicas deben garantizar el progreso de los ciudadanos.

El gobierno actual no puede ni podrá dirigir este cambio porque además sus prioridades son otras. Es necesario un gobierno que comprenda que su primera obligación es con la gente. Un gobierno que invierta en los niños pero no se olvide de los viejos. Un gobierno para la gente y su progreso.

Es necesario un presidente o presidenta que combata permanentemente la pobreza en todas sus formas y angustias, que lidere con eficiencia, eficacia e irrenunciable vocación social el cambio de los ecuatorianos hacia un buen futuro. Es imprescindible abandonar la vieja costumbre de mentir, mejorar la capacitación y productividad.

Se requiere valentía, integridad y conocimiento para dirigir la reconstrucción de la Patria, hacer un compromiso válido y duradero con la verdad y el bienestar de la gente. Las causas nobles siempre tuvieron guerreros inteligentes, generosos y valientes. Son parte esencial del Otro Camino.

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“Según el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa (LOFL), el trámite para la destitución de una autoridad de la Asamblea es el mismo que se sigue para la destitución de un legislador. En el caso de Llori, no perdería su curul de legisladora, sino únicamente su puesto como Presidenta”, explicó el abogado Mauro Andino.

De acuerdo con la LOFL, para el proceso de destitución de las autoridades de la Asamblea se debe obtener la mayoría absoluta del Pleno. La investigación estará a cargo de una comisión multipartidista. El artículo 166 que delinea el proceso para destituir a una asambleísta aplica también para las autoridades.

Proceso de destitución

Andino indica que el primer paso es presentar la denuncia por incumplimiento de funciones. Sin embargo, el primer problema sería quién la va a tramitar. Podría hacerlo el CAL o una comisión multipartidista formada exclusivamente para ese fin. En el caso de denunciar a cuatro de siete miembros del CAL no existiría el quorum necesario en ese organismo para reunirse y calificar este trámite.

“La denuncia se quedaría en orfandad y en el limbo jurídico. Sería distinto si la denuncia solo fuera contra Llori, pues ahí ella se excusa, asume Saquicela, dirige el CAL -tiene voto dirimente al presidir- y se resuelve con el voto de la mayoría si califican o no la denuncia”, analizó el experto.

En tal caso, el pedido de destitución debería discutirse en el Pleno que, como consta en el artículo 7 de la LOFL, es el máximo órgano de decisión en la Asamblea Nacional. Llori no convocaría a decidir una decisión en su contra. Lo que se debe hacer es que un asambleísta solicite el cambio del orden del día. Obtenga el apoyo de 70 compañeros y que se incluya también la creación de una Comisión multipartidista para tramitar esta denuncia.

Saquicela al protagonismo

En el caso de que se consigan los votos para destituir a Llori, quien la reemplace en el cargo sería Virgilio Saquicela, que funge como primer vicepresidente del Legislativo. De acuerdo con el jurista, es un actor clave en toda esta trama y parece distanciarse del Gobierno. Una muestra fue el comunicado firmado con otros dos legisladores para desmentir la información de la Asamblea sobre una sesión del CAL.

En el caso de que Llori quiera poner trabas a este proceso (suspender sesiones, no instalarlas o no dar paso a los cambios para el orden del día), los asambleístas podrían recurrir al artículo 140 de la LOFL para apelar a la Presidencia. En ese caso, Saquicela asumiría las sesiones y podría llevar adelante la causa de la destitución.

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