El Ministerio de Agricultura sería la entidad que notifique la base beneficiaria para la entrega de USD 800 a pequeños y medianos productores. Las provincias beneficiarias serán: Azuay y Loja y las zonas costeras del Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Santa Elena, las que la candidata Luisa González generó mayoría en la primera vuelta electoral.

“Catta-Nuevo Ecuador” (nombre del plan económico) se suma al bono “Ecuatorianos en Acción”, implementado bajo el Decreto 576. Esta medida se tomó un día antes de la campaña en el balotaje y estará destinado a personas de entre 30 y 64 años. Son cinco los bonos que el primer mandatario promovió por medio de decretos presidenciales a vísperas de campaña electoral.

El jefe de Estado también firmó los Decretos 584 y 585 que otorgan una retribución económica de USD 507.60 a las Fuerzas Públicas. Además, el bono de entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria afectados por el invierno, fue modificado este 26 de marzo en busca de ampliar su acceso a emprendedores y negocios populares.

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Compensación económica a las fuerzas del orden

Mediante los decretos ejecutivos 584 y585, ambos de caracter extraordinario, el Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de entregar los recursos a las instituciones y el Ministerio de Defensa se encargará de que la disposición presidencial se cumpla. El Gobierno Nacional entregará esta compensación económica denominada «Plan Legado de Honor» como retribución al esfuerzo y riesgo en el marco del
conflicto armado interno, decretado en enero de 2024.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Jean Carlo Loffredo, aparecieron en un video de redes sociales juntos para enaltecer la decisión del presidente-candidato. Reimberg dijo que «aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio (…) tanto policías como miliatres merecen estar mejor».

Decisiones electorales de Noboa

La decisión del Ejecutivo respondería a las críticas de la candidata Luisa González en el tercer eje del debate, donde aseguró que el primer mandatario «dice que trayendo mercenarios nos va a traer seguridad». Dijo, además, que es una manera de humillar a las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la candidata se refirió a la reunión que el primer mandatario tuvo con Erik Prince, fundador de la empresa rivada internacional Blackwater, organización paramilitar que ha generado polémica por posibles denuncias de violaciones a derechos humanos.

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Sin embargo, no es la única medida de apoyo económica que el presidente-candidato ha prometido durante su campaña. Mediante el Decreto 576 oficializó el Programa de Incentivo Emprende, que promete la entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria del IEPS. A su vez, el Ejecutivo impulsó la actualización del Registro Social para el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Un día antes del inicio de la campaña electoral, el 22 de marzo, Noboa lanzó el plan “Ecuatorianos en Acción” que busca la entrega de 800 dólares en dos pagos a causa de la emergencia por lluvias, a personas de entre 30 y 64 años de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos, provincias en las que la candidata Luisa Gonzales había generado mayoría en primera vuelta.

Previo a la primera vuelta electoral, también dispuso la entrega de hasta USD 1.410 a ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos por las políticas externas de Donald Trump.

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Uno de los cambios más significativos es la salida de Juan Carlos Vega del Ministerio de Finanzas, quien deja el cargo tras haber gestionado una compleja crisis de liquidez estatal. En su reemplazo, Noboa designó como reemplazo a Luis Alberto Jaramillo, quien hasta la fecha se desempeñaba como Ministro de Producción, a su vez esta entidad ministerial será liderada por Carlos Zaldumbide, exviceministro de Comercio Exterior.

Jaramillo trabajó en la Industria Cartonera Ecuatoriana, empresa vinculada al Grupo Noboa, lo que reaviva cuestionamientos sobre la presencia de intereses empresariales en el Ejecutivo.

Durante su gestión, Vega lideró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 4.000 millones. También impulsó el polémico incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, una medida impopular que golpeó el bolsillo de los ecuatorianos. Su salida se da en medio de interrogantes sobre el impacto de estas decisiones en la economía del país.

Movimientos en la Gobernación del Guayas y el MIES

Noboa también designó a Zaida Rovira como nueva Gobernadora del Guayas en reemplazo de Eliana Molineros. Rovira, abogada con experiencia en derechos humanos y ex Defensora del Pueblo subrogante, había estado a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) desde noviembre de 2023.

Su gestión en el MIES no estuvo exenta de controversias, especialmente tras la entrega masiva de cocinas de inducción almacenadas desde gobiernos anteriores, una acción vista como estrategia electoral. El MIES quedará temporalmente bajo el liderazgo de Harold Burbano, en calidad de encargado.

Cambios en el INEC

Otro movimiento relevante en la reestructuración es la salida de Roberto Castillo del INEC. Castillo había dirigido el censo poblacional de 2022, el cual fue objeto de críticas por la omisión censal de 800.000 personas y denuncias de «etnocidio estadístico» contra la población afroecuatoriana.

En su lugar, el presidente nombró a Eva María Mera Intriago, una académica con experiencia en demografía y docente de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Su reto será recuperar la credibilidad de la institución en un contexto en el que las cifras del censo han sido puestas en duda por organizaciones afrodescendientes y sectores políticos opositores.

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A través de un oficio al que accedió El Universo Noboa justificó su decisión argumentando que existe una «imposibilidad temporal» de ejercer sus funciones mientras realiza actividades proselitistas, debido a vacíos legales que lo exponen a sanciones electorales. Sin embargo, este planteamiento ha generado críticas, pues podría interpretarse como una maniobra para beneficiarse de su doble condición de presidente y candidato.

Un conflicto institucional en desarrollo

Desde el inicio del proceso electoral, Noboa ha intentado ausentarse del cargo sin recurrir a la Asamblea. En anteriores ocasiones, delegó temporalmente la Presidencia a Gellibert mediante decretos ejecutivos, pero la Corte Constitucional declaró inconstitucionales estos encargos.

Ahora, el mandatario recurre al argumento de «fuerza mayor» para justificar su ausencia, afirmando que la falta de pronunciamientos de entidades como la Procuraduría General del Estado (PGE) ha generado una vulneración a la seguridad jurídica, colocándolo en una situación de incertidumbre sobre cómo proceder con su licencia.

El debate sobre la normativa electoral

Noboa también menciona una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que prohíbe a autoridades de elección popular realizar actos que puedan interpretarse como proselitismo mientras ejercen su cargo. No obstante, expertos en derecho constitucional advierten que la normativa vigente no le impide continuar en funciones mientras participa en la campaña electoral.

En este contexto, la notificación enviada a la Asamblea no equivale a una solicitud de licencia formal, lo que genera un limbo jurídico que podría ser interpretado como una estrategia para evitar el control legislativo mientras continúa con su campaña.

Posibles implicaciones políticas

La ausencia de un procedimiento claro para que un presidente en ejercicio solicite licencia durante una campaña electoral evidencia las debilidades del marco legal ecuatoriano. Sin embargo, la decisión de Noboa podría sentar un precedente que permitiría a futuros mandatarios autodeclararse inhabilitados temporalmente sin una regulación específica que lo justifique.

A pocas horas del cierre de campaña, la medida adoptada por Noboa deja abiertas varias interrogantes: ¿es una medida legítima para garantizar la transparencia electoral, o una maniobra calculada para evitar rendir cuentas mientras busca la reelección? La falta de claridad en la normativa podría generar interpretaciones discrecionales que debiliten el equilibrio de poderes en el país.

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Según la plataforma de transparencia del financiamiento político del CNE, de los 16 binomios presidenciales en contienda para las elecciones del próximos 9 de febrero. Dos fuerzas políticas no han presentado los reportes quincenales obligatorios: ADN y Suma 23.

El movimiento liderado por el presidente-candidato Daniel Noboa, no cuenta con ningún registro en la plataforma, sin embargo, tan solo entre el 14 y el 20 de enero de este año, su cuenta invirtió USD 25.514 en anuncios relacionados con temas sociales, elecciones y política, según datos de Meta.

¿Qué dice el Código de la Democracia?

El CNE estableció un límite de USD 5.49 millones por binomio presidencial para la campaña electoral. El incumplimiento en los reportes contraviene el artículo 211.1 del Código de la Democracia, el cual exige que las organizaciones políticas registren sus gastos cada 15 días y prohíbe la contabilidad transitoria o múltiple. Además, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y Control del Gasto Electoral establece:

«Durante los quince días calendario posteriores a la calificación de las candidaturas las organizaciones políticas presentarán obligatoriamente su presupuesto de campaña electoral (…) Los gastos e ingresos reportados deberán ser presentados cada quince días ante el CNE para ser publicados en la página web institucional»

Con base a la normativa, los diferentes movimientos políticos deben tener al menos ocho informes quincenales registrados desde octubre del 2024. No obstante en caso de que el responsable del manejo económico, no hubiese cumplido con la obligación de presentar las cuentas de campaña electoral existe un plazo adicional de 90 días contables a partir del sufragio.

Ante la ausencia de este informe financiero, el CNE tiene la potestad de presentar un denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que juzgue la infracción.

Otros partidos con irregularidades en sus reportes

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), que apoya al presidenciable Pedro Granja, ha registrado un presupuesto de USD 12.575 para la campaña, pero sin informes quincenales. Mientras que el Partido Sociedad Patriótica (PSP) que postula a Andrea González, reportó un presupuesto de USD 3.002.200, pero sin datos de gastos.

Asimismo, el Movimiento Avanza, con Luis Felipe Tillería como candidato, reportó un presupuesto de USD 317.718, pero con informes parciales. Otros partidos con reportes limitados incluyen el Movimiento Amigo (Juan Iván Cueva), Pachakutik (Leonidas Iza) y Unidad Popular (Jorge Escala).

En contraste, el movimiento Democracia Sí (Iván Saquicela) reflejó un presupuesto de USD 300.000, pero sus reportes muestran gastos en cero en su mayoría. Similarmente, el partido CREO (Francesco Tabacchi) declaró USD 80.000, mientras que Construye (Henry Cucalón) destinó USD 200.000 a la campaña, pero sin detallar sus desembolsos.

El movimiento Revolución Ciudadana-Reto, que apoya a Luisa González, declaró un presupuesto de USD 99.980, con reportes de gastos que varían desde USD 2,25 hasta USD 4.255 por quincena. Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) con Henry Kronfle como candidato, fijó un presupuesto de USD 50.000, mientras que el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (Víctor Araus) declaró USD 260.000.

Centro Democrático, que impulsa la candidatura de Jimmy Jairala, no ha reportado un presupuesto total, pero ha cumplido con los informes quincenales.

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El pasado 5 de enero empezó el plazo para hacer campaña electoral, ese día supuestos simpatizantes de Noboa se congregaron en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para expresar su respaldo a la gestión del primer mandatario. No obstante, varios funcionarios públicos denunciaron que fueron convocados a este plantón, según capturas de chats en redes sociales y el reporte de periodistas.

«En cinco semanas venceremos. Para esto necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, necesitamos una Asamblea que apoye, poderes de Estado que se pongan la camiseta y necesitamos que nuestras fuerzas del orden estén muy atentas», fueron las palabras del primer mandatario en el balcón de Carondelet, pese a no pedir licencia para hacer proselitismo político. Además el material audiovisual se difundió en las redes sociales de Presidencia.

La agenda del presidente-candidato

A partir de ese día la agenda de Noboa no se ha detenido. Según datos de la Secretaría de Comunicación, este ha sido el cronograma del jefe de Estado en la última semana:

• 6 de enero: Visita a beneficiarios del un centro de acogida del MIES, al sur de Quito
• 7 de enero: Inauguración de la construcción del quinto puente del Guayas; inspección del primer laboratorio de bioseguridad de Guayaquil, inspección de la unidad cuidados intensivos maternos en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de Guayaquil.
• 8 de enero: Supervisión de las obras de mantenimiento de la infraestructura vial de Esmeraldas.
• 9 de enero: Supervisión del proyecto vial del paso lateral de Santa Elena-La Libertad-Salinas y la inspección de los tanques de almacenamiento de combustible en el cantón La Libertad.

Entrega de cocinas de inducción

Este 10 de enero la ministra de Inclusión, Zaida Rovira, lideró la entrega de 3000 cocinas de inducción en la parroquia de Conocoto. Según un reporte de Radio Pichincha, varias personas llegaron con una camiseta proselitista con el rostro de Noboa y el sello del movimiento ADN.

El viceministro de Inclusión, Harold Burbano, señaló que el evento no forma parte de la campaña electoral de Daniel Noboa, pero varios asistentes evidenciaron otra intencionalidad.

“Una persona me llamó y me preguntó si quería recibir una cocineta”, dijo un ciudadano a Radio Pichincha al consultarle cómo se enteró de la entrega de las cocinas de inducción. También aseguró ser simpatizante de Noboa.

Dádivas de asambleístas

«Mientras otros duermen y descansan, el asambleísta del pueblo dando este obsequio del presidente (Daniel Noboa). Un contenedor de 40 pies de plátano verde», dijo el candidato a la reelección por Guayas Jorge Chamba en un video publicado en sus redes sociales el pasado 23 de noviembre del 2024.

A este dádiva se sumó la candidata a la reelección por Santo Domingo, Yadira Bayas, quien entregó cocinas de inducción, los electrodomésticos formaban parte de un gran lote que el Gobierno anunció que iban a entregarse a las personas de bajos recursos.

En un vídeo de Tik Tok, la legisladora llega con un camión que lleva las cocinas. «Más de 80.000 cocinas embodegadas, pagaron USD 10 millones para tenerlas embodegadas cuando hay tanta necesidad y eso es lo que a mí realmente me indigna».

Lo que no dijo la asambleísta es que las cocinas quedaron embodegadas desde septiembre de 2018 cuando el plan de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción se detuvo y la administración de Noboa esperó hasta el 18 de diciembre para anunciar que las entregaría gratuitamente.

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El artículo 93 del Código de la Democracia establece que los funcionarios que buscan la reelección inmediata deben solicitar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Esta medida busca garantizar la equidad en los procesos electorales, evitando el uso de recursos estatales en beneficio de los candidatos que ocupan cargos públicos.

El incumplimiento de esta disposición ha generado críticas por parte de sectores políticos y constitucionalistas, quienes advierten que las acciones de Noboa podrían constituir una infracción electoral grave. Mientras tanto, la Asamblea Nacional resolvió que los legisladores en campaña tomen licencia sin sueldo, garantizando su reemplazo por suplentes para mantener la actividad legislativa.

Pronunciamiento de la Corte Constitucional

En su comunicado, la Corte aclaró que no tiene la facultad de actuar de oficio, resolviendo únicamente los casos presentados formalmente y que sean de su competencia. La institución enfatizó que todas sus decisiones son tomadas con apego al derecho y en defensa del orden constitucional.

Asimismo, informó sobre el estado procesal de casos de interés público, entre ellos:

• Caso 1-25-AN: Relacionado con la obligación de Daniel Noboa de cumplir con el artículo 93 del Código de la Democracia. La jueza Carmen Corral resolverá la admisibilidad de este caso.
• Caso 1-25-EE: Sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 493 que declaró estado de excepción en varias provincias. Este caso está bajo la ponencia de la jueza Teresa Nuques.
• Caso 1-25-IN: Referente a los decretos ejecutivos que regulan el ejercicio de la Vicepresidencia y el encargo de la presidencia, asignado a la jueza Karla Andrade.

Posturas encontradas

El oficialismo sostiene que un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 exime a los funcionarios de solicitar licencia tras la disolución de la Asamblea bajo la figura de “muerte cruzada”, al no considerarse reelección inmediata. Sin embargo, expertos como André Benavides señalan que esta interpretación podría violar el artículo 93 del Código de la Democracia, lo que podría implicar sanciones como multas y suspensión de derechos de participación.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, ha reiterado la obligación de los legisladores de cumplir con el requisito de licencia, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha señalado que no tiene facultades para exigir el cumplimiento de esta normativa, pero recalcó que su aplicación es obligatoria.

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Desde el Ejecutivo, se ha reiterado que el presidente Noboa no planea tomar licencia, argumentando que la normativa solo aplica a quienes buscan la reelección para un segundo período completo. Según esta interpretación, Noboa estaría culminando el mandato presidencial interrumpido de Guillermo Lasso tras la disolución de la Asamblea Nacional en 2023.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. En caso de que Noboa decida acogerse a una licencia, encargaría la Presidencia a Cynthia Gellibert, designada como vicepresidenta encargada mediante decreto firmado el pasado 4 de enero, tras la renuncia de Sariha Moya al cargo.

Contexto del reemplazo de la vicepresidenta Abad

En diciembre de 2024, Noboa asignó a Verónica Abad como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía, con la obligación de asumir funciones desde el 27 de diciembre. Al no cumplir con esta designación, el Ejecutivo declaró su ausencia temporal, impidiendo que Abad asuma la Presidencia en ausencia de Noboa.

La decisión ha generado controversia, ya que Abad, actualmente de vacaciones, sostiene que tiene un mandato constitucional para asumir el poder.

En medio de la tensión, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron comunicados afirmando su compromiso con la obediencia al orden civil y a las disposiciones del presidente Daniel Noboa. Ambas instituciones reconocen como vicepresidenta en funciones a Cynthia Gellibert.

Declaraciones de Verónica Abad

A través de un video publicado en redes sociales, Abad reafirmó su intención de asumir la presidencia este 5 de enero, argumentando un mandato expreso en la Constitución. La funcionaria llamó al apoyo de las instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y medios de comunicación, prometiendo una gestión enfocada en la estabilidad democrática, la paz y el respeto a las garantías constitucionales.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a monitorear la situación en Ecuador y prevenir cualquier intento de desestabilización política. “Reitero mi compromiso con la estabilidad de nuestro querido Ecuador, respetando la democracia, el Estado Constitucional y la paz social”, declaró Abad.

La expectativa recae en la decisión que tome el presidente Noboa respecto a su licencia. La medida podría definir el curso de la campaña electoral, que se extenderá hasta las elecciones generales del próximo 2 de febrero.

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Según Nájera, el pronunciamiento del CNE es fundamental para disipar dudas sobre la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, que establece esta obligación para los dignatarios que buscan la reelección. Sin embargo, la mayoría del pleno argumentó que la norma es clara y no requiere interpretación.

“El CNE no puede atribuirse funciones de interpretación legal; esa responsabilidad corresponde al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si se presentaran denuncias por infracciones,” declaró el consejero Enrique Pita.

Por su parte, el consejero José Cabrera afirmó que, aunque el CNE está comprometido a denunciar irregularidades ante el TCE, no considera necesario un pronunciamiento adicional respecto a esta norma.

Nájera, en cambio, insistió en que la falta de una declaración oficial podría agravar las discrepancias políticas y legales en torno al tema. “Existen posturas enfrentadas incluso dentro del CNE, lo que subraya la necesidad de un pronunciamiento claro,” puntualizó.

Debate sobre la licencia y sucesión presidencial

El conflicto ocurre a pocos días del inicio de la campaña electoral, programada para el 5 de enero, en la que Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero. De solicitar licencia, como establece la normativa, el presidente debería delegar sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene una notoria disputa política.

Analistas favorables al gobierno han cuestionado la aplicación de esta regla en el caso de Noboa, argumentando que su mandato responde a elecciones extraordinarias tras la “muerte cruzada” invocada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023. Sin embargo, el artículo 93 del Código de la Democracia especifica que todos los dignatarios que opten por la reelección inmediata deben acogerse a una licencia sin sueldo durante la campaña.

En un intento por limitar la posibilidad de que Abad asuma la Presidencia temporalmente, Noboa la designó recientemente como consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía. No obstante, la vicepresidenta anunció que postergará su viaje y que está preparada para asumir el cargo si el presidente formaliza su licencia.

Reacciones y críticas

La consejera Elena Nájera cuestionó duramente la decisión del pleno. En redes sociales, expresó: “Un CNE comprometido con el poder de turno elude su responsabilidad. No hubo apoyo a mi moción para que el CNE se pronuncie con resolución en el sentido de que todos los dignatarios de reelección deben pedir licencia sin sueldo previo a la campaña.”

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, generó controversia al sugerir que, si Noboa no solicita licencia, los asambleístas tampoco deberían hacerlo. Esta postura ha sido interpretada por algunos como una falta de imparcialidad en la conducción del proceso electoral.

La posibilidad de que Noboa participe en la campaña sin solicitar licencia plantea preocupaciones sobre el uso de recursos estatales para fortalecer su candidatura, lo que podría generar una ventaja injusta sobre otros contendientes.

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La víctima más reciente fue Pedro Briones Mendoza, líder y dirigente de esta tienda política en Esmeraldas, que fue asesinado por una herida de bala propinada por miembros de una banda delictiva.

El crimen ocurrió el 14 de agosto mientras se encontraba en los exteriores de su domicilio en el sector Winchele, en la provincia verde. Luego del atentado fue trasladado al hospital Delfina Torres donde finalmente no resistió, según informó la Policía.

Solo en el transcurso del mes de agosto se han registrados dos asesinatos hacia políticos. Uno es Briones, pero el primero fue el expresidenciable Fernando Villavicencio, asesinado con tres disparos en la cabeza por sicarios después de un mitin de campaña en el colegio Anderson, en Quito, el 9 de agosto.

Con ellos dos, son 10 políticos asesinados desde agosto de 2022. De esta cifra, la mitad de las víctimas pertenecía al correísmo: Geraldo Delgado, Omar Menéndez, José Cortez, Jairo Olaya y Pedro Briones.

¿Quiénes eran las víctimas?

• 10 de agosto de 2022: Gerardo Delgado, comunicador y candidato a concejal de Manta por la RC, fue acribillado cuando se transportaba en su vehículo junto a su hija. En el lugar del asesinato se encontraron 12 casquillos de bala. La Policía detuvo a dos sospechosos, uno de ellos confesó haber recibido USD 2.000 como pago por el delito.
• 4 de febrero de 2023: Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López (Manabí) por la RC, recibió 10 disparos que acabaron con su vida en vísperas de que se realicen las elecciones seccionales del 5 de febrero. Menéndez ganó y Verónica Lucas Marcillo (su reemplazo) asumió el cargo.
• 19 de mayo de 2023: José Cortez Delgado, presidente del GAD Parroquial Alto Tambo (San Lorenzo), en Esmeraldas, fue asesinado por antisociales. Cortez era militante y corrió por la Revolución Ciudadana. Había sido reelecto para el cargo 2023-2027.
• 13 de junio de 2023: Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas por la RC, sufrió un atentado en las calles Sucre y Rocafuerte de la ciudad. El edil murió luego de estar hospitalizado por cuatro días en una casa de salud.

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Pérez instó, por medio de un vídeo, a los demás candidatos a reunirse para realizar un pacto por la seguridad tras el atentado contra Fernando Villavicencio.

Por su parte, Luisa González dijo que «cuando tocan a uno, tocan a todos». La candidata también suspendió el mitin que tuvo en Calderón y el resto de la campaña.

Jan Topic anunció en un tuit que suspende las actividades por respeto al candidato asesinado y la seguridad de su grupo de campaña.

Por su parte, Otto Sonnenholzner brindó una rueda de prensa donde anunció la decisión, por seguridad, de cancelar su agenda de campaña. (MIB)

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Así lo afirmó, a propósito de las declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz (RC) en una entrevista del 28 de abril de 2023 para el diario argentino Perfil, donde proponía un sistema monetario digital denominado ‘ecuadólares’.

Para De la Torre, avanzar hacia la ‘desdolarización’ no tiene ningún objetivo técnico o político positivo. Él puntualizó que el sistema de dinero electrónico del Banco Central sí tendría respaldo de los depósitos en otras cuentas de instituciones bancarias. No como se quiso hacer creer: que el Banco Central emitiría moneda paralela al dólar y sin respaldo.

El exministro de Finanzas subraya que esta es una manera de aliviar la economía del Ecuador. Es decir, usar un canal digital reduciría los costos de importar dinero físico desde Estados Unidos, país que emite el dólar. Sostuvo que cuando se trae este dinero físico, este viene directamente de las reservas internacionales del país, por lo cual, resulta muy costoso para el Estado.

De la Torre recalca que las interpretaciones de la propuesta de Arauz son simples juegos de palabras. «En política y en elecciones, lo que digan los candidatos va a ser utilizado en su contra», expresó. La palabra «convertibilidad» tiene distintas connotaciones, como las críticas que tienen la intención de dar a entender que el Ecuador volverá a tener moneda propia con convertibilidad al dólar.

Andrés Arauz: “Vamos a fortalecer la dolarización”

Pero De la Torre explica que, por ejemplo, también: «ahora, todo el tiempo cuando vamos al cajero automático estamos convirtiendo nuestro dinero contable que está en un depósito, en billetes«. Para el experto, la economía del país seguirá fortalecida si el país mantiene el sistema financiero dolarizado. Por ello agregó que el Estado no posee problemas inflacionarios.

‘Desdolarizar al Ecuador’

Las actuales «billeteras electrónicas» o «wallets» se han consolidado en el país. Para el exministro de Finanzas, su uso cada vez se extiende más, por lo que facilitará el uso de dinero electrónico hasta en las partes más alejadas del territorio nacional. Estas aplicaciones de bancos privados permiten cobrar o pagar dinero de manera simple y rápida. Sin embargo, la precursora fue la aplicación «Efectivo» del Banco Central del Ecuador.

Con ella se promovía el uso de dinero de manera electrónica, respaldado en cuentas de bancos públicos, privados, populares o solidarios. No obstante, este sistema fue desmantelado por el gobierno del expresidente Lenin Moreno con la aprobación de la «Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera».

Según explica De la Torre, se atendió los intereses de la banca privada. Esto quiere decir que, los grandes grupos financieros del país impusieron esta ley para tener el control del dinero electrónico y no el Estado, como se instauró desde un principio.

El tema de la ‘desdolarización’ resurge en medio del escenario electoral. En las pasadas elecciones de 2021, cuando Arauz era candidato a la presidencia, pretendía supuestamente, suprimir la dolarización en el Ecuador, de acuerdo con la oposición. Para De la Torre y otros expertos, estas discusiones técnicas confunden al electorado que no sabe mucho sobre política monetaria (S.B).

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Estando en la recta final de la campaña electoral de estas elecciones anticipadas en el Ecuador, empezamos a encontrarnos con discursos políticos cada vez más fuertes y explícitos que buscan captar la suficiente votación para definir los resultados de la primera vuelta, que,según las últimas encuestas, se decidiría con márgenes muy estrechos. Ya sea para que exista una victoria de la Revolución Ciudadana (RC) en primera vuelta o para definir cuál candidatura, de un pelotón conformado de al menos 3 binomios, entra a disputar la segunda vuelta electoral. Entre los discursos que se han podido escuchar durante los últimos día se encuentran el de mano dura contra la delincuencia, el del regreso a la senda del bienestar pasado, y también, el discurso anticorreísta.

Como reflexioné en un artículo anterior, el discurso anticorreísta se encuentra en horas bajas luego de los pésimos resultados de un gobierno que nació como resultado de este. El fracaso fue tan rotundo que el presidente Guillermo Lasso se vio obligado a firmar, por primera en la historia nacional, la muerte cruzada y llamar a elecciones anticipadas para evitar su destitución por juicio político en la Asamblea Nacional. El gobierno lassista nació y llegó al poder de la mano del anticorreísmo, siendo Guillermo Lasso su principal representante. De hecho, podríamos decir que el lassismo fue el anticorreísmo de Estado. Es decir, en el poder. Ser gobierno causó la implosión del consenso anticorreísta que aglutinó a varios sectores, progresistas y oligárquicos, y que vivió sus horas más altas
de cohesión y fuerza entre el 2018 y el 2021. Pero también hay que tener claro que este momento de debilidad de esta identidad política no significa su desaparición, sino más bien, una transición que logre encontrar un nuevo liderazgo que pueda articular su discurso y representarlo en una nueva etapa.

Con esto en cuenta, mientras presencias como el gobierno de Lasso fue perdiendo legitimidad política frente a la ciudadanía, lo mismo ocurría con el discurso anticorreísta, que perdía, además, la capacidad de explicar la realidad y de antagonizar con sus adversarios, principalmente, con la Revolución Ciudadana (RC) y el correísmo. De este modo, tiene sentido que el campo oligárquico nacional busque distanciarse de este discurso y su principal representante para estas elecciones generales. Sabe que volver a usar de la misma manera ese discurso de odio, que tan útil fue en las elecciones de 2021, a día de hoy puede ser más perjudicial para sus intenciones que beneficioso.

Es así como hemos visto a varios candidatos tratando de recuperar cierto discurso ideológico de derecha más tradicional. Otto Sonnenholzner, con su “Pan, plata y progreso”, ha buscado construir un símil del slogan más material y antipolítico de León Febres Cordero en 1984, “Pan, Techo y Empleo”. O, Jan Topic, candidato del PSC, que ha construido su principal línea de campaña sobre el discurso más característico y neoliberal del partido. Esto es la “mano dura” contra la inseguridad y delincuencia para pasar del “miedo a la esperanza”. La candidatura que menos se ha despegado del anticorreísmo es la de Fernando Villavicencio y su “lucha contra las mafias”, pero que no le permite, hasta el momento, sumar suficientes apoyos para disputar con fuerza el segundo lugar.

Ahora, según las últimas encuestas, la situación que se presenta estos días es que la candidatura de la RC, Luisa González y Andrés Arauz, está bordeando el 40% de los votos válidos y ha tomado una distancia de más de 15 puntos de diferencia con el pelotón que se disputa el segundo lugar. Distancia más que suficiente para resultar victoriosos en una sola vuelta. Es en este contexto, que hemos presenciado como en los últimos días se han multiplicado los mensajes de odio en redes contra la RC, las noticias falsas, o las tergiversaciones en contra de este binomio en la misma línea del anticorreísmo que vivimos en la contienda electoral de 2021. Mensajes que hoy no los abandera ningún candidato en particular, sino que se transmiten a través de medios de comunicación, periodistas y redes sociales, que se están encargando de mantener vivo el anticorreísmo en este momento.

Entonces, es así como se presenta el dilema para el campo oligárquico neoliberal en agosto de 2023. Este recae en la necesidad de alejarse del discurso anticorreísta para recapturar apoyo ciudadano, pero al mismo tiempo, saber que sin él son incapaces de disputarles suficientes votos a la RC para evitar que obtengan la presidencia en la primera vuelta.

Las élites se han dado cuenta que no pueden prescindir tan fácilmente de ese discurso de odio, de miedo y de tergiversación que es el anticorreísmo, para así forzar a la RC a rebatir sus acusaciones y alejarlo de su discurso más ideológico-programático. Este último es el terreno donde la RC es fuerte y en el cual las élites no tienen mucho más que ofrecer al país. El anticorreísmo busca reducir la discusión política al barro y provocar la reacción visceral del correísmo para evitar que sume más votos, particularmente, de aquellos sectores que aún se encuentran en la indecisión.

Valga decir, también, que la fuerza que tenga el anticorreísmo, en cualquier momento, depende de la atención que le preste su principal adversario. Y por lo visto, no hace falta mucho para que el correísmo (dirigentes y sus simpatizantes) caigan en la provocación que busca y necesita el anticorreísmo para dirigir el debate hacia donde quiere. Solo hay que tener en cuenta que es muy fino el equilibrio que el bloque oligárquico necesita para usar este discurso sin que este les perjudique también. Pero parece que el escenario actual los empujará a seguir usándolo cada vez más en estos últimos días de campaña para forzar una segunda vuelta y así evitar el regreso del progresismo a Carondelet. Habrá que esperar
a los resultados del 20 de agosto para saber si el presente dilema pudo resolverse.

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Según detalló, los videos donde desprestigien a la candidata serán difundidos por redes sociales a partir de mañana, 26 de julio de 2023. «Zapatos rojos autorizó el uso del Troll Center para subir el perfil de Otto, atacando a Luisa», afirmó Correa.

Correa señaló al Capitán Diego Sebastián Maldonado y al Teniente Jonathan Adrián Ortiz Cajas como operadores del Troll Center. Ambos dirigirían la Unidad Nacional de Inteligencia Estratégica y Operacional (UNISCOP) de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el líder del correísmo, operarían desde una casa de seguridad en la Armenia, suroriente de Quito. Además utilizarían IP ‘espejos’ para camuflar el origen de sus actividades. No obstante, todo estaría a cargo del Director General de Inteligencia, Manuel Samaniego junto al Mayor Gabriel Ramos.

Manuel Samaniego es primo del Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas Samaniego. De acuerdo con el jurista, Alberto Montenegro, se encuentran en puestos estratégicos. «Mientras tanto la gente desamparada frente a la delincuencia», expresó Montenegro en referencia al uso de recursos públicos del actual Gobierno.

Sonnenholzner sobre Villavicencio: “Sus números son muy bajos para la Presidencia”

Ante ello, Otto Sonnenholzner reaccionó con otro tweet: «una vez más muestras insensibilidad ante los problemas que tenemos, quienes vivimos en el país. Como otras figuras de la política local, culpó a Correa, relacionándolo a un «Gobierno inoperante».

También añadió que si se preocupaba por su campaña, él está preocupado «en brindarle soluciones a la gente. ¡Nos vemos en segunda vuelta!».

Sonnenholzner ya cruzó palabras antes con Correa

El expresidente Rafael Correa advirtió el pasado 18 de mayo que Sonnenholzner será la «ficha de la derecha en las próximas elecciones». Sin embargo, este último dijo para Oromar TV que el exmandatario está preocupado por su postulación, que según él, está fuera de las etiquetas de la derecha y la izquierda.

Sonnenholzner saltó a la palestra pública siendo el vicepresidente de Lenín Moreno (2018-2020). Su trabajo fue criticado por el pésimo manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 y los numerosos casos de corrupción relacionados al sector de la salud.

En dicho mandato ocurrió el escándalo conocido como Vacunas VIP, que demostró la falta de gestión para inocular a los miles de ecuatorianos que murieron durante la pandemia. Sonnenholzner renunció a su cargo de vicepresidente el 7 de julio de 2020 para «trabajar en un proyecto político para el país», el cual se materializó en las elecciones anticipadas de este año.

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Rodas Coloma presentó una apelación que el TCE negó y ratificó la sentencia en su contra. El excandidato deberá cancelar la suma de USD 8 mil a la función electoral. Además, no podrá ejercer ningún cargo público en dos años.

El dictamen no precisa la fecha en la que Rodas debe acatar la decisión del Tribunal. Sin embargo, Jaramillo espera que sea lo antes posible, caso contratio, iniciará un proceso penal por presunto incumplimiento de orden de autoridad, según Radio Pichcincha.

«Esta es una sentencia que sienta un precedente en el ámbito constitucional y electoral. Es la primera sentencia que sanciona la violencia política en una campaña electoral», explicó Jaramillo.

El caso

En las últimas campañas electorales, la excandidata Jéssica Jaramillo fue víctima de violencia política a través de un tweet de Rodas. Por otro lado, el demandado reconoció su error y borro el mensaje.

Jaramillo mencionó la importancia de sancionar las expresiones en contra de las mujeres que buscan incursionar en la política. «Insultos, uso de estereotipos o referirse sobre sus cuerpos son los ataques que más reciben las mujeres políticas».(DCJ)

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La campaña electoral 2023 acaba de iniciar oficialmente esta semana, aunque el ambiente electoral ya se siente desde hace algunos meses. Como ya se ha hablado, este 5 de febrero próximo el Ecuador no solo votará por sus nuevas autoridades locales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sino también lo hará sobre las 8 preguntas que conforman la consulta popular que el gobierno de Guillermo Lasso ha presentado a la ciudadanía. Esto último hará que el flujo de información electoral gravite mucho más sobre la consulta popular que sobre las candidaturas antes mencionadas y sus planes de trabajo.

Analizamos en un anterior artículo sobre cómo, en un nivel discursivo, esta nueva consulta popular es un intento del Ejecutivo de Lasso para recuperar el control del debate público a medio plazo y contrarrestar el peso de una gestión neoliberal mediocre. Los temas propuestos en las preguntas claves (extradición, reducción de asambleístas y facultades del CPCCS) le permitirían encender de nuevo, desde su populismo de derecha, la hoguera del anticorreísmo infiriendo ahora una nueva
excusa para reducir la idea de pueblo en Ecuador. Ya hemos presenciado al presidente Lasso acusar de narcotraficantes a quienes apoyen el «No» en su consulta popular. La frontera que está trazando desde hace unas semanas el gobierno lassista implica redoblar la apuesta populista que tanto le funcionó en la consulta popular de febrero de 2018 y en las elecciones presidenciales de 2021.

Ahora, ser conscientes de estas intenciones discursivas no implica para los grupos de oposición al actual gobierno (especialmente para los bloques de izquierdas) que se deba operar obligatoriamente dentro de estos marcos. Está claro que el gobierno está usando sus vastas herramientas comunicacionales a su disposición (públicas y privadas) para mejorar sus posición relativa y así asegurar el cumplimiento de sus objetivos oligárquicos, pero los demás actores no tienen por qué responder en estos mismo términos. Es más, aceptar los marcos de discusión que plantea Lasso y su equipo sería entregarles una ventaja innecesaria en un momento de mucha debilidad gubernamental.

Entonces, ¿qué podrían plantear los grupos y movimientos de izquierda para enfrentar esta nueva arremetida de la derecha? Para esto hay que entender el por qué el bloque oligárquico en el Ecuador se embarcó en la narrativa populista de derecha en primer lugar. Si algo significó discursivamente la Revolución Ciudadana en el Ecuador, fue la oportunidad de disputar abiertamente la hegemonía del discurso neoliberal y oligárquico que había primado por más de 25 años en la sociedad ecuatoriana. A partir de 2006 y hasta 2017, el proyecto político liderado por Rafael Correa representó mantener abierta esa disputa hegemónica en dónde la idea de pueblo se amplió, reivindicándola frente a unas élites impugnadas que habían mantenido por décadas al país bajo su dominio para proteger sus
privilegios.

Como en otros lugares, las élites desplazadas del poder buscan mover el marco del debate a otro en el que no se vean tan desprestigiadas, y, por tanto, tratan de alejar el debate público de los ejes de clase, como pueden ser el izquierda-derecha, el pueblo-oligarquía, o los de arriba-los de abajo, entre otros sucedáneos. El anticorreísmo es hijo de esta intención de cambiar los ejes de discusión político
hacia unos en los que la oligarquía pueda debatir en mejores condiciones y desprestigiar a sus oponentes. Así construyeron un relato en el que el odio político hacia un proyecto político es su ADN principal. Fue un camino largo de años en los que trató de luchar contra el discurso nacional y popular de la Revolución Ciudadana. De a poco fue ganando más y más terreno, y fue hasta que Rafael Correa dejó el poder en 2017, llegó Lenín Moreno, su traición política y la consulta popular de 2018 en la que el anticorreísmo logró su objetivo de ser el eje principal de discusión política.

A partir de ahí, ha sido muy complicado evadir la discusión en ese eje, especialmente, por el ecosistema de medios de comunicación que tiene el Ecuador y que ha formado un cerco mediático muy fuerte para consolidar ese tipo de relatos. Este fue el que protegió a Lenín Moreno, el Trujillato y aceitó la campaña política de Guillermo Lasso en 2021 y sus casi dos años de gobierno.

Pero luego de 4 años de gobierno oligárquico maquillado y, principalmente, después de casi 2 años de ser gobierno abiertamente, los resultados de su gestión empiezan a palparse todos los días en calle. No han sido capaces de mejorar lo que tanto se criticaba y al mismo tiempo han destruido lo que llegó a funcionar mejor. Es decir, el discurso anticorreísta entró en cortocircuito pues no se lo puede recibir de la misma forma siendo oposición que desde el sillón presidencial en Carondelet. El lugar de enunciación de los discursos siempre cuenta y condiciona su recepción.

Así es como los actores políticos en oposición al lassismo tienen ahora la oportunidad de disputar y romper el discurso lassista, pero recuperando otros marcos en los que la oligarquía y sus medios evitan debatir porque se sienten incómodos al verse expuestos. Algo que sería casi imposible si se termina debatiendo dentro del discurso anticorreísta que propone el gobierno.

Es por esto último, que la ventana de una campaña electoral tan amplia como la que acaba de empezar (elecciones locales, CPCCS y consulta popular) es una coyuntura importante para que el bloque de oposición pueda romper el marco propuesto por el lassismo en el poder, pero proponiendo la edificación de otros nuevos en los que los intereses populares puedan aparecer como el horizonte movilizador principal y los intereses del bloque oligárquico queden nuevamente descubiertos. Recuperar y renovar los discursos nacionales y populares se ha convertido en una urgencia latente luego de más de 5 años en los que el odio y la mentira política han sido el centro de gravedad del discurso político en Ecuador. Lo contrario significará seguir despertando los monstruos que habitan dormidos en los rincones más oscuros de toda sociedad.

Renato Villavicencio Garzón es Máster en Estudios sobre Globalización y Desarrollo por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Máster en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente es doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid.

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La ciudadanía elegirá 23 prefectos, 221 alcaldes, 1.307 concejales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS.

El proceso de inscripciones inicia hoy en las delegaciones electorales provinciales y concluirá el 20 de septiembre. La publicación del listado oficial de postulantes calificados al CPCCS será el 3 de octubre.

Este proceso lo realizan las organizaciones políticas, por medio de su representante legal o procurador común. En caso de alianzas nacionales o provinciales, se realiza mediante el Sistema de Inscripción de candidaturas (SIC).

Las organizaciones políticas que cumplan con todos los requisitos pasarán a la siguiente fase. Las candidaturas quedarán en firme una vez que el Tribunal Contencioso Electoral emita la resolución de calificación.

Campaña electoral y calendario

La campaña electoral iniciará el 3 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero. También están previstos dos debates entre candidatos, el 14 y 15 de enero, que serán organizados por las autoridades electorales.

Para el 19 de octubre está prevista la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto.

Las nuevas autoridades electas serán posesionadas en sus cargos el domingo 14 de mayo de 2023.

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Parte de los administradores operaban desde Argentina. El equipo de investigación de la red social encontró un rastro que lleva hasta Leanga Software, una empresa con sede en Madrid especializada en la gestión de redes sociales.

De acuerdo con Facebook, «las personas detrás de esta actividad publicaban en español sobre noticias y actualidad política en Ecuador, incluyendo las elecciones presidenciales de febrero de 2021 y acusaciones de corrupción contra el candidato Arauz y su familia. También intentaron promover hashtags críticos con la candidatura de Arauz»

La red social también eliminó  cientos de cuentas falsas que manipulaban el debate en El Salvador que también realiza un proceso electoral.

Cuentas falsas en Twitter

Lasso, tiene 30.6% de seguidores falsos en Twitter y un 69.4% de seguidores reales, de acuerdo con la herramienta Twitter Audit.

Por otra parte, a Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza, lo siguen 2.1% cuentas falsas y 97.9% de seguidores reales.

El candidato de CREO tiene 684.000 seguidores en total. El candidato de UNES tiene 105.000.

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El total de ingresos para la campaña electoral del binomio presidencial CREO-PSC es de USD 760.000. De estos, USD 250.000 fueron entregados por Carrera Drouet, USD 160.000 de Guillermo Lasso y USD 250.000 de Carlos Lasso, hermano del candidato. El excandidato a alcalde de Samborondón por CREO, Omar Zambrano, hizo un aporte en especie y se le pagó USD 800 como honorarios.

El artículo 209 del Código de la democracia regula el presupuesto de la campaña electoral. En el caso del binomio presidencial, “de existir segunda vuelta, el monto máximo de gasto permitido para cada binomio, será el cuarenta por ciento del fijado para la primera vuelta. Es decir, en la campaña para la segunda vuelta los candidatos podrán invertir USD 2.095.866 En estos valores se incluyen los gastos de promoción en el exterior.

Supuesto peculado

El pasado 2 de febrero, Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (UNES), presentó una denuncia contra Lasso por peculado bancario. De acuerdo con la acusación de Arauz, el candidato «Lasso aprovechándose de su cargo de accionista del banco de Guayaquil, habría distraído fondos privados de dicha entidad financiera para destinarlos al financiamiento de sus campañas electorales”.

El Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento sobre esta denuncia y tampoco la Fiscalía General del Estado.

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«Por votar por el socialismo estoy aquí pidiendo limosna. Vota bien», dice uno de los mensajes. «Yo tenía una casa y trabajo, votamos mal y aquí estoy ¿Esto quieres para tu futuro? Vota bien», dice otro de los carteles.

«Ecuatoriano abre los ojos. Esto es lo que quieres para tu familia. Yo te digo Vota bien», anunciaba otro cartel sostenido por una mujer que llevaba en brazos a una niña pequeña.

Mensajes por radio

Además en una estación de radio aparece un mensaje que no tiene la autorización del Consejo Nacional Electoral, condición necesaria para toda la publicidad de campaña.

«Este informe constata que Andrés Arauz fue funcionario en el gobierno de Lenín Moreno pese a hablar de su separación, él con Moreno, a quien ha calificado de traidor. Más de tres años después de la separación del correísmo y Alianza PAIS. Arauz seguía siendo funcionario público del actual régimen», dice el audio que no tiene el número de autorización del CNE.

El mensaje salió en Radio Sucesos (101.7) y, de acuerdo a un portal digital, en la que su representante legal, Emilio Najas fue vacunado contra el Covid saltándose la fila.

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