Según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la resolución ministerial que adjudica el campo al consorcio Sinopetrol (integrado por Sinopec y NSE), sigue vigente. Esto permitiría al Ejecutivo firmar el contrato en cualquier momento, lo que ha generado críticas de legisladores opositores, quienes exigen su derogación inmediata.

Incumplimiento de plazos y contradicciones

El presidente Daniel Noboa había fijado como plazo límite el 11 de marzo para el pago de una prima de USD 1.500 millones, requisito no cumplido por el consorcio. Sin embargo, NSE anunció que logró recaudar USD 120 millones –mediante la venta de acciones– como parte del financiamiento, mientras que Shell aportaría los USD 480 millones restantes.

Analistas de HFI Research, señalan que el acuerdo no está descartado, pese al incumplimiento del plazo. La fecha oficial de cierre sigue siendo el 16 de abril, dos días después de la segunda vuelta electoral. Si Noboa gana, el contrato podría concretarse; de lo contrario, el financiamiento se cancelaría.

Crisis política y judicial

La bancada de la Revolución Ciudadana, acusó al gobierno de opacidad y prepara un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, por no comparecer ante la Asamblea para explicar el caso. Paralelamente, el abogado Washington Andrade, representante de trabajadores petroleros, denunció persecución judicial contra quienes se oponen a la concesión, asegurando que el gobierno utiliza denuncias falsas para intimidar a los críticos.

Mientras el Ministerio de Energía insiste en que «no hay nada más que discutir», el mercado petrolero y los inversionistas permanecen en vilo, a la espera de los resultados electorales y una definición legal sobre el futuro del Campo Sacha.

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La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

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El acuerdo, otorgado sin concurso público al consorcio Sinopetrol—conformado por las empresas Petrolia (filial de la canadiense New Stratus Energy) y Amodaimi (filial de la china Tiptop, subsidiaria de Sinopec)—implica que el Estado ecuatoriano pasará de recibir el 100% del petróleo extraído en Sacha a una participación mínima del 12,5% cuando el precio del barril de WTI se sitúe en hasta USD 62. Solo en un escenario extraordinario, con el crudo a USD 120 por barril, la participación estatal llegaría al 26,5%.

Contradicciones

Las contradicciones entre las versiones oficiales también han generado controversia. Mientras el gobierno sostiene que la concesión garantizará mayor eficiencia y producción, datos del propio Ministerio de Energía y la ANTEP indican que Sacha ha mantenido niveles óptimos de extracción sin necesidad de intervención privada.

También se prometió que la adjudicación no afectaría la estabilidad laboral de los trabajadores, aunque sindicatos han denunciado despidos y precarización inminente.

El pasado 3 de marzo el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira habló de nuevos porcentajes de participación, pese a que las actas de negociación se cerraron en enero de 2025. El funcionario manifestó que se acordó una participación del Estado de 19% cuando el precio del barril de petróleo sea de USD 30 o menos, es decir, de cada 100 barriles ahora el Estado se llevará 19 barriles y el consorcio extranjero se llevaría la mayor parte, 81 barriles.

Por otro lado, si el precio del petróleo sube por encima de los USD 30 por barril esa participación irá subiendo de manera progresiva, pero tendrá que alcanzar un precio extraordinario de USD 120 por barril para que el Estado pueda llevarse una participación de hasta el 26% del volumen de petróleo que se extrae del campo, y el resto, que es la mayor parte o el 73,5% se llevará la compañía.

Sindicatos en contra

La Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la adjudicación como una «estafa disfrazada de inversión extranjera», advirtiendo que el acuerdo representa un perjuicio para el país. Según la organización, Petrolia financiará sus inversiones con el crudo ecuatoriano y con deudas que serán saldadas con recursos nacionales, lo que desmiente el supuesto aporte de capital privado y revela un esquema de privatización encubierta.

Desde el gobierno, la ministra de Energía, Inés Manzano, ha defendido el proceso asegurando que el acuerdo permitirá modernizar la infraestructura del campo sin que el Estado ecuatoriano invierta un solo dólar. Sin embargo, expertos en el sector cuestionan esta narrativa, señalando que la delegación genera una pérdida sustancial de ingresos para el país y atenta contra la soberanía petrolera. Además, han señalado que las cifras oficiales sobre los beneficios de la concesión han variado constantemente, lo que ha incrementado la desconfianza en la transparencia del proceso.

Otra polémica se generó cuando Manzano calificó a Sacha como una «joya oxidada», justificando así la necesidad de la adjudicación. Sin embargo, ANTEP refutó esta declaración, recordando que el campo ha logrado incrementar su producción a 77.191 barriles diarios gracias a inversiones estatales, un rendimiento que no ha sido igualado por otros proyectos privados en el país.

Asimismo, señaló irregularidades en la supuesta invitación a empresas estatales para participar en la adjudicación, ya que no existen registros oficiales de estas ofertas en el acuerdo ministerial. Además, se cuestiona que la firma del contrato haya sido delegada al viceministro Guillermo Ferreira en lugar de ser suscrito directamente por la ministra Manzano, lo que es interpretado por críticos como una maniobra para diluir responsabilidades políticas.

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Asimismo, si se realiza la llamada al número de la empresa petrolera, cuyos administradores son de nacionalidad china, se puede escuchar la línea de servicios de la empresa agrícola. Ambas empresas con actividades distintas y teniendo El Ordeño un contrato estatal para entregar el desayuno escolar en el sistema educativo fiscal del país.

La firma del trato de concesión estaría en proceso. De realizarse la transacción, el país se quedaría con el 12.5% de la producción del campo petrolero, mientras que la empresa obtendría el 80% de los beneficios. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional indicó en un comunicado que no existe ningún inconveniente para que Petroecuador continúe manejando el campo Sacha y mantenga los ingresos del 100% para el país.

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“Lean bien”

La ministra de Energías respondió al comunicado de la Asamblea Nacional y al pronunciamiento de la candidata Luisa González, indicando que la firma del contrato aún no estaría consumada. La respuesta al Legislativo fue que la privatización no contraviene a la Ley de Hidrocarburos y que lo harán “pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”; sin embargo, este domingo 2 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea publicó un documento oficial entregado por la Superintendencia de Compañías donde denuncian que la empresa privada Petrolia Ecuador S.A. no tiene experiencia y que apenas registra un capital de 2.000 dólares.

Mientras que, a la publicación de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, la ministra Inés Manzano señaló de “cínica e ignorante” e increpó cuente lo de Auca y Shushufindi.

La discusión en redes sociales, entre simpatizantes de ADN y RC, se dio alrededor de la firma de concesión que aún no estaría hecha. Pero también hubo reacciones de varios sectores y actores sociales que rechazan la posibilidad de vender el campo petrolero de mayor aporte al Estado ecuatoriano. Según los acuerdos de participación del Consorcio, el 87,5% será para la privada, es decir que, 80 de cada 100 barriles producidos en el Bloque 60 pasarán a manos del Consorcio subsidiario español y chino.

Reacciones de rechazo a la privatización

El excandidato presidencial por Pachakutik, Leonidas Iza, fue el primero en rechazar que Daniel Noboa entregue directamente el Campo “entre gallos y medianoche y aprovechando un feriado”. Aseguró que esta adjudicación sería ilegítima y anunció acciones para frenar lo que calificó como “intento de saqueo a la Patria”.

Por su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que esta decisión, de objetivos eleccionarios, reducirá los ingresos económicos del país para atender requerimientos fundamentales de los ecuatorianos. Asimismo, la Central sindical de trabajadores públicos y privados (CEOSL) condenó la decisión del gobierno de Noboa de concesionar a la “joya de la corona” que en el 2024 produjo un promedio de 77.191 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional. Señalan, además, que esta es una medida grave de traición a los intereses nacional porque se entrega una de las principales fuentes de riqueza del país a intereses extranjeros por sobre los derechos de los trabajadores ecuatorianos.

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La Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y el Petróleo del Ecuador (ANTEP) ha sido la principal organización en denunciar esta concesión, desde el año pasado, cuando su secretario general, David Almeida, hizo pública esta intención del Gobierno Nacional. Estas denuncias públicas le costaron su puesto de trabajo en Petroecuador y persecución política, incluso amedrantamientos en su contra y de su familia. La Asociación manifestó su rechazo por la pérdida de USD 1.044 millones para el país, durante los próximos 20 años.

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«Mi repudio a la ilegal e inconstitucional pretensión de concesión del campo Sacha por parte del gobierno, que, en un concurso de hechos lesivos para el Estado, han instrumentalizado las condiciones para retirar la explotación del campo a Petroecuador y, a través del Ministerio de Hidrocarburos, entregarlo a manos privadas, en un proceso con claros vicios de ilegitimidad que le traerá millonarias pérdidas al país», escribió la autoridad en su cuenta de X.

https://twitter.com/VivianaVelozEc/status/1894896108637163988

La Comisión de Fiscalización se encuentra realizando las comparecencias respectivas para averiguar las razones detrás de esta concesión. El 26 de febrero recibió al procurador General del Estado, mientras que la ministra de Energía, Inés Manzano, se ha excusado dos veces de asistir.

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El acuerdo, emitido sin un anuncio público previo, instruye a Petroecuador a transferir el campo a un consorcio liderado por Petrolia Ecuador S.A., Amodaimi Oil Company S.L., y Sinopec. Este hecho ha sido calificado como un acto de “interés particular” que pone en riesgo el patrimonio nacional.

Según un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), el acuerdo carece de fundamentos legales y técnicos. La normativa establece que cualquier delegación de operaciones debe estar respaldada por informes que justifiquen la incapacidad técnica o económica de Petroecuador para operar el campo. No obstante, el acuerdo no presenta tal justificación.

Datos recientes revelan que Petroecuador ha incrementado significativamente la producción del Campo Sacha en los últimos años, demostrando su capacidad operativa. En 2024, el campo produjo un promedio de 77.000 barriles diarios por encima del límite de 4.700 barriles diarios.

El texto del acuerdo también establece que la concesión será “excepcional por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano” y menciona como destinatarias a empresas estatales o sus subsidiarias. Sin embargo, investigaciones revelaron irregularidades en los registros de las empresas oferentes. Por ejemplo, Amodaimi Oil Company S.L. está registrada como una sucursal extranjera española con límites legales para operar fuera del Bloque 16 de la región amazónica. Asimismo, Sinopec, cuya sucursal extranjera fue cancelada, opera en Ecuador como una sociedad anónima nacional, lo que la descalifica como subsidiaria estatal.

Impacto económico proyectado

El modelo propuesto por el consorcio incluye un pago anticipado de USD 1.500 millones, inversiones por USD 1.761 millones en 20 años y costos de mantenimiento por USD 160 millones. Sin embargo, el análisis de la ANTEP basado en datos de los últimos seis años indica que el Estado ecuatoriano perdería USD 2.544 millones en renta petrolera si se aplicara el esquema privado, en comparación con los ingresos obtenidos bajo operación estatal.

Incluso considerando el pago anticipado, la pérdida neta ascendería a USD 1,044 millones. Esta cifra podría aumentar si el precio del crudo sube en el mercado internacional. Por ejemplo, con un precio promedio de USD 71.93 por barril, similar al registrado en 2024, la pérdida alcanzaría los USD 1.641 millones.

Historial de oposición y denuncias

El Campo Sacha ya había sido objeto de intentos de privatización en gobiernos anteriores, pero ninguno logró concretarse debido a la resistencia de trabajadores y sectores sociales. En 2019, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez García, renunció a su cargo tras oponerse a un modelo similar por considerarlo contrario a los intereses nacionales.

La oposición a esta medida también ha resultado en represalias laborales. David Almeida, dirigente de Petroecuador, denunció irregularidades en el proceso que derivó en su desvinculación de la estatal tras manifestarse contra la privatización del campo.

Reacciones y exigencias sobre acuerdo de Sacha

Organizaciones sindicales y expertos en hidrocarburos han exigido explicaciones al gobierno de Noboa sobre las irregularidades del acuerdo. “Esto es una traición al país. Priorizar intereses particulares sobre el interés nacional es inaceptable”, afirmó un portavoz del sindicato petrolero.

En el ámbito legislativo, varios asambleístas han solicitado la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, para que explique los fundamentos del acuerdo. Además, han instado a Contraloría a investigar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

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El anuncio fue oficializado el pasado 23 de diciembre a través de la publicación de un acuerdo ministerial en el Registro Oficial.

El campo Sacha, ubicado en la región amazónica y operado actualmente por Petroecuador, es considerado «la joya de la corona» de la producción petrolera nacional. Este campo reporta una extracción diaria de 77.000 barriles. Ahora, la operación del bloque 60 será delegada a «empresas estatales internacionales o sus subsidiarias», decisión justificada bajo el concepto de excepcionalidad.

La propuesta presentada al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) proviene de las compañías Amodaimi Oil Company, filial de la china Sinopec, y Petrolia Ecuador, subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy. Ambas buscan desarrollar actividades de exploración y explotación en el bloque. Esta iniciativa se formalizó a través de la validación técnica de la Subsecretaría de Administración de Contratos de Hidrocarburos, que argumentó que Petroecuador enfrenta limitaciones presupuestarias para llevar a cabo inversiones necesarias en el campo.

Argumentos oficiales y desafíos legales

En declaraciones recientes, la ministra Manzano respaldó la decisión basándose en informes técnicos que destacan la necesidad de inyectar nuevos capitales para proyectos como perforaciones, recuperación secundaria y mantenimiento de infraestructura. Además, la Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un pronunciamiento en octubre avalando la excepcionalidad de la delegación, siempre que se cumpla con las normativas del Reglamento Codificado de la Ley de Hidrocarburos.

Críticas a la decisión del gobierno

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la decisión como un acto de privatización encubierta, alegando que el Acuerdo Ministerial contiene irregularidades y contradice la normativa vigente. Según ANTEP, Petroecuador ha demostrado eficiencia operativa, aumentando la producción del campo en 16.000 barriles diarios durante los últimos tres años, con un costo promedio de 7 dólares por barril, el más bajo del país.

Las críticas también se centran en la capacidad de las empresas involucradas. Según la ANTEP, Petrolia Ecuador enfrenta cuestionamientos por su historial en la gestión del Bloque 16, donde informes previos señalaron limitaciones técnicas y económicas. Además, el gremio denuncia que ninguna de las firmas proponentes califica como estatal, lo que contraviene los términos del propio Acuerdo Ministerial.

En entrevistas recientes, el presidente Daniel Noboa aseguró que la concesión de campos petroleros busca generar ingresos adicionales para el Estado en 2025, pero evitó especificar qué otros bloques podrían ser incluidos en estas iniciativas. Mientras tanto, ANTEP ha convocado a la ciudadanía y organizaciones sociales a movilizarse para detener lo que consideran una «entrega ilegal» de un activo estratégico nacional.

El proceso de delegación será evaluado en las próximas semanas por el COLH, encargado de revisar y adjudicar las propuestas. La ANTEP solicitó a Contraloría la realización de una auditoria y examen especial de todo el proceso para determinar irregularidades y posibles responsables.

Persecución sindical

ANTEP anticipó la intencionalidad del gobierno de privatizar el Campo Sacha con una campaña mediática liderada por David Almeida, secretario general del sindicato, quien a su vez fue sancionado por Petroecuador a través de un sumario administrativo.

En noviembre, el inspector del trabajo, Luis Rengel, dio paso al proceso disciplinario contra el sindicalista para desvincularlo de Petroecuador con «visto bueno». La ANTEP calificó de arbitraria esta decisión.

Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la ANTEP fue claro el motivo de persecución política y argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

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El pasado 12 de septiembre el dirigente sindical alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con »visto bueno».

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

»Estas acciones ocurren en medio de las elecciones del Comité de Empresa de Petroecuador, en las que Almeida es uno de los posibles ganadores», dijo la ANTEP en un comunicado.

El gremio hizo un llamado a los trabajadores, campesinos y a toda la ciudadanía a alzar su voz en defensa de los recursos del Ecuador y a no permitir que se silencien las voces que luchan por el bienestar general.

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La convocatoria fue realizada el pasado 19 de agosto desde las 11h30 en los diversos centro petroleros a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) denunció que el Ejecutivo está privando de fondos a Petroecuador para frenar sus inversiones y a su vez disminuir la producción de crudo y sus derivados. La intención sería plantar a la opinión pública el argumento de que existe »ineficiencia» por parte de la empresa pública.

»¡No a los intereses privados sobre los recursos de todos los ecuatorianos! (…) El campo Sacha no se vende», gritaron al unísono los trabajadores del Bloque 60.

Según David Almeida, secretario general de ANTEP, la justificación del Gobierno sobre una supuesta incapacidad de operatividad está disfrazada de una política de »autosabotaje» para privatizar algunos campos petroleros, sobre todo la zona Sacha que se posiciona como la más productiva a nivel nacional.

»Lo que vamos a exigir es que el Ministerio de Finanzas garantice las rentas que le corresponden a Petroecuador para su operación y que cese la política de privatización de campos. Sabemos que debajo de la mesa están negociando la posible entrega del campo Sacha», dijo en entrevista para La Calle.

La protesta pacífica es la primera medida una serie de acciones que tienen planificadas. Almeida señaló que prevén movilizarse a Quito para exigir sus demandas, pero aún no se concreta una fecha.

Privatización de Sacha

A inicios de agosto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó que los campos importantes de Petroecuador podrían pasar a manos de empresas extranjeras para incrementar la producción de barriles y enfatizó este interés en el campo Sacha.

»El Ecuador tiene un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada”, dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También manifestó que se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales para que el proceso sea inmediato, puso de ejemplo a la compañía árabe Saudi Aramco. (AGM).

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