Mediante un comunicado la operadora detalló que algunas locaciones petroleras se ocuparon ilegalmente por unas pocas personas de etnia Waorani de la comunidad Yawepare.

Además, informó que han amedrentado a los técnicos y han incautado provisiones y alimentos.

“Las vías de acceso se obstaculizaron con árboles y zanjas y no se han podido retomar las actividades”, expresó la empresa mediante un comunicado.

PetroOriental detalló que la pérdida se estima en 1.400 barriles de crudo al día.También manifestó que los camiones del Ejército los utilizaron indígenas que han invadido el campamento.

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Según el fallo, se confirmó la legalidad del contrato en la prestación de servicios en el Bloque Singue, en Sucumbíos, suscrito por esa empresa en 2012.

«El Tribunal Arbitral emitió el laudo final en el que confirmó que la actuación del Ecuador violó el Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Singue, en la Amazonía (…) Ecuador pagará por daños patrimoniales y morales a Gente Oil», señala el boletín de prensa de la empresa petrolera.

El laudo final expresa que Ecuador incumplió el contrato en varios puntos y su actuación fue dolosa. Asimismo, sostiene que informes de la Contraloría General del Estado (CGE) están «erradamente analizados y son contrarios al equilibrio económico del Contrato». Además, añade que en el proceso penal, la Procuraduría General del Estado (PGE) «distorsionó los términos del Contrato y el cálculo de los supuestos daños sufridos por el Estado».

El tribunal es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje y fue constituido bajo las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1976.

Procuraduría se pronunció

El 7 de junio de 2022, La Procuraduría informó que la Corte Internacional dictó sentencia a favor de Gente Oil. Sin embargo, enfatizó que la petrolera solo consiguió el 11 % de los daños que solicitaba el tribunal, es decir USD 11 millones. La pretensión inicial fue de aproximadamente USD 92 millones.

La autoridad detalló que los incumplimientos contractuales del Ecuador fueron «daños por restricciones de transporte, costos por frustración de solución integral (adquisición de tubería), daños por la resolución 281 (disminución del ingreso disponible), entre otros».

Finalmente, precisó que esta condena al Estado no incide en la sentencia condenatoria dictada por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dentro del caso Singue, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa por el delito de peculado.

La Procuraduría resolvió plantear una acción de anulación del laudo ante los tribunales de Santiago de Chile, sede del arbitraje.

Caso Singue

En 2015, el portal Focus, en el trabajaba Fernando Villavicencio, supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera.

Para 2017, la Contraloría emitió un informe de examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución suscritos entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. Según la autoridad, halló presuntos incumplimientos e indicios de responsabilidad penal.

Ya en 2019, la Fiscalía decidió investigar el caso. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado y determinó irregularidades en la estimación de cantidad petrolera para explotar el campo. Examinó el contrato de abril de 2012 durante la gestión del exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Finalmente, Pareja y Pastór, junto al exvicepresidente Jorge Glas y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron sentenciados por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

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