La mujer interpuso la denuncia ante el Consulado del Ecuador, en Caracas, y a Cancillería e informó que se encuentra secuestrada. Según su versión, Aleaga llevó de vacaciones a su hijo a Venezuela sin la opción de regresar al Ecuador por temor a que atenten contra la vida del menor de edad.

Ante la situación, ella relató que fue obligada a firmar una solicitud de refugio en una institución venezolana porque sin eso no podría regresar el Ecuador con su hijo. El 18 de marzo viajó a Caracas para proteger la vida de su hijo y llevarlo a otro país, en donde tiene familiares, pero Aleaga se habría negado rotundamente a dar su autorización.

»Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me deja encerrada en la casa sin tener acceso a llaves», dijo en una carta dirigida al subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante (e), Pablo Roldán.

El 25 de abril detalló que logró escapar y acudió al Consulado de Caracas, la mujer pidió ayuda al Estado ecuatoriano para residir en la sede diplomática.

Caso Metástasis

El pasado 15 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra el exasambleísta Ronny Aleaga por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la entidad, su rol habría sido silenciar a Fernando Villavicencio (+).

”Como legislador de la Provincia del Guayas, abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier J”, dice el informe de la institución.

Resaltó que la participación estaba dirigida a silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: el excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio (+), quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier J. y Leandro Norero (+).

La respuesta de Cancillería

Ante la denuncia, Cancillería se pronunció en redes sociales y manifestó que el Estado ha brindado a apoyo a la madre y al menor de edad »dentro del ámbito de sus competencias», pues para el Ministerio lo más importante sería su seguridad. (AGM)

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El mal manejo de las relaciones diplomáticas de la Cancillería ecuatoriana al negar el salvoconducto que tramitó Argentina para Duarte en diciembre de 2022, llevó a la exministra a dejar la Embajada.

«Agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la Convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», publicó Duarte en su cuenta de Twitter.

El medio argentino aseguró que Duarte tramitará desde Caracas su salvoconducto hacia Argentina. Asimismo, el Gobierno de Alberto Fernández expresó que «no opondrá objeciones al pedido de la exministra de Correa» y «acelerará la entrega de su pasaporte nacional que le permitirá ingresar al país sin demoras».

Holguín en apuros

El canciller Juan Carlos Holguín convocó a Gabriel Fuks, embajador argentino en Quito, al Ministerio de Relaciones Exteriores para responder sobre el supuesto «escape» de Duarte. La reunión está prevista para la mañana de este martes 14 de mayo de 2023. El comunicado de la cartera de Estado no detalla la hora.

«El Embajador de Argentina en Ecuador ha sido convocado a la Cancillería para responder sobre algunas consultas realizadas por el Estado ecuatoriano en torno a detalles que fueron informados en reunión la noche de ayer con relación al escape de Duarte», reza el escrito del régimen.

De la misma forma, la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda para «dar con el paradero» de la exservidora del gobierno del expresidente Rafael Correa.

Negación del salvoconducto

En diciembre de 2022, la Cancillería de Juan Carlos Holguín informó que no concederá el salvoconducto solicitado por el Gobierno de Argentina para que la exministra María de los Ángeles Duarte salga del Ecuador.

«Tras hacer un análisis jurídico del tema del asilo, el Gobierno de Ecuador concluye que, según el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 -del que ambos países son parte- no es lícito conceder asilo a una persona condenada (Duarte) por hechos de corrupción», había informado esta rama del régimen.

Duarte fue condenada a una pena de ocho años de prisión por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016, proceso que también involucra al expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

Según el Gobierno, Duarte contó con «todas las garantías legales para su defensa». Además, precisa que la sentencia está ejecutoriada desde septiembre de 2020 y que no ha cumplido su condena.

El pedido de la Casa Rosada

El 12 de diciembre, el Gobierno de Argentina exigió a la Cancillería ecuatoriana que hasta el 14 de diciembre se entregue el salvoconducto para el asilo político de la exministra de Correa, María de los Ángeles Duarte.

La Cancillería de Argentina pidió que, conforme lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, se decida “otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo V de la citada Convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo”.

El país había pedido una reunión técnica entre los equipos de ambas cancillerías para definir las condiciones del salvoconducto en favor de Duarte. Sin embargo, el Gobierno de Ecuador no dio una respuesta a esa petición.

Duarte fue ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda (2007-2009; 2015-2017), Inclusión Económica y Social (2009-2010), Transporte y Obras Públicas (2010-2013) durante los gobiernos de Rafael Correa.

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