Según los reportes, los reclusos de este centro penitenciario quemaron colchones, para demandar la atención de las autoridades competentes.

Además, esta mañana, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, recorrió la Penitenciaria del Litoral y el viceministro del Interior, Max Campos, recorrió el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra – Cotopaxi.

Vela aseguró que, al término del estado de excepción, el Gobierno puede decir que ha servido para tratar de restablecer el control en todo lado y que este proceso es una acción que se va construyendo día a día.

“El control se va a alcanzar cuando todos los pasos adicionales se concreten. Es decir, cuando se restablezca el sistema de rehabilitación social, se logre la pacificación, se respeten las reglas, se establezca un modelo diferente para el manejo de las cárceles y cuando haya respeto a los derechos de internos y la sociedad en general, en un marco de convivencia pacífica”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Estado debe retomar el control total sobre los centros de rehabilitación social. “Ese control que otros gobiernos permitieron que se pierda”, dijo.

La ministra informó que el campamento de las Fuerzas Armadas, instalado en la zona externa de la Penitenciaría del Litoral, se mantendrá.

Por su parte, Campos reiteró que el recorrido es una muestra de que el Estado se está preocupando por los privados de libertad y que está en la capacidad de ingresar a los centros y escucharlos.

“La Comisión de Diálogos Penitenciarios y Pacificación, con su competencia autónoma está dialogando, pero también estamos en las condiciones de entender la lógica de esta naturaleza para aportar al desarrollo de la política pública desde la visión de seguridad ciudadana y prevención del delito”, dijo.

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“Tomamos el control de los pabellones 1 y 3, donde tenemos cinco fallecidos. Posteriormente, llegamos al pabellón 5, donde fue más violento. En el momento en que ingresamos hallamos 19 cadáveres afectados por impactos de armas de fuego y granadas. Igualmente, hay 48 personas heridas, que fueron atendidas inmediatamente”, dijo Fausto Buenaño, comandante de la Zona 8 de la Policía. 

Los hechos habrían iniciado a las 9:00 de este martes. “Evacuamos al personal administrativo y llamamos al Comité de Crisis (…) A las 10:40 iniciamos el protocolo de control”, dijo Bolívar Garzón, flamante director de la SNAI. Las autoridades retomaron el control del centro carcelario después de cerca de cuatro horas, a las 14:00. 

Cobo dejó la víspera el Servicio de Protección de Personas Privadas de Libertad (SNAI) para asumir la conducción del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). En su parecer cumplió con su tarea y bajó “significativamente el nivel de violencia”.

El pasado 13 de septiembre, la Penitenciería del Litoral fue atacada con drones en medio de «una guerra entre cárteles internacionales», informaron las autoridades.

Ecuador registra oficialmente más de 120 reos asesinados en lo que va del año. En uno de esos episodios hubo incluso degollamientos y otras imágenes macabras que conmocionaron a la ciudadanía.

Estos hechos se dan menos de un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó los hechos de violencia que sucedieron en distintas cárceles de Ecuador y exigió al Estado que adopte medidas frente a la crisis carcelaria.

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“En horas de la tarde de este día (sábado), Agentes de Seguridad Penitenciaria reportaron una persona privada de libertad sin signos vitales en su celda. Esta estaba ubicada en la etapa transitoria del Centro de Privación de Libertad (CPL)”, informó la institución.

De acuerdo con datos preliminares, la PPL se habría quitado la vida suspendiendo su cuerpo con una sábana. Por ahora las autoridades no han ampliado la información y mantienen las investigaciones sobre el infausto acontecimiento. 

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«Agentes de Seguridad Penitenciaria y @PoliciaEcuador activan protocolo de seguridad y ejecutan operativo de control, ante riña entre personas privadas de libertad de los pabellones 7, 8 y 9 en el #CPLVaronesGuayas N°1″, escribió la institución encargada de las cárceles en sus redes sociales.

Al momento las autoridades dicen tener bajo control la situación y han desplegado un operativo en todas las cárceles del país. Sin embargo, familiares de los detenidos denuncian en redes sociales que la seguridad de sus familiares es incierta desde hace ya mucho tiempo.

«Estamos angustiados por la vida de nuestros familiares. A mi hermano lo han amenazado de muerte en varias ocasiones. Cada vez que hay este tipo de problemas no sabemos lo que pueda pasar», dijo la hermana de un reo detenido en esa prisión.

«El @SNAI_Ec informa que luego del hecho suscitado en el #CPLGuayas N° 1, se activaron los protocolos de seguridad en los #CPL del país. Al momento, todos los #CPL se encuentran bajo control y tranquilidad», informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

El origen de la crisis

En diciembre del año pasado, reclusos protagonizaron un motín en el Centro de Rehabilitación de varones de Esmeraldas; se registra seis fallecidos y más de una decena de heridos a causa de un tiroteo. 

Al día siguiente, los PPL de la cárcel de Esmeraldas intentaron fugarse por una de las vallas de alambre de la puerta principal del Centro.

El 19 de agosto pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) pidió el traslado de un grupo de internos desde Sucumbíos.

El 4 de agosto, Fiscalía General del Estado inició la investigación del motín en la Penitenciaria del Litoral por una riña entre la banda de Los Choneros y Los Lagartos. Esa riña generó 11 fallecidos en la Penitenciaría del Litoral. 

El 3 de agosto, disparos se escucharon en el interior de ese Centro de Rehabilitación Social de Ambato. 

Anteriormente las cárceles de Ambato, Tulcán y Latacunga fueron escenario de incidentes en los que los privados de la libertad exigían atención médica en el marco de la emergencia.

La tragedia sacudió al país el pasado 23 de febrero cuando, según información de la Policía Nacional, fallecieron al menos 62 personas privadas de libertad en Latacunga, Cuenca y Guayaquil.

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