«El vínculo que tiene el alcalde con el presidente no tiene que obligar a la ciudad a aceptar un proyecto capricho», dijo Del Pezo en entrevista con La Calle.

Agregó que existiría una vulneración de derechos si el alcalde Córdova concreta la construcción con el gobierno ya que se saltaría el debido proceso. Aclaró que en primera instancia es necesaria la autorización del Consejo para el levantamiento de un proyecto en cualquier predio de la municipalidad.

Asimismo destacó que la construcción de una cárcel de máxima seguridad no está contemplada en el plan de desarrollo cantonal ni fue parte de las propuesta del burgomaestre en campaña electoral.

Por otro lado, manifestó la necesidad de una consulta previa a la ciudadanía, una medida que no se tomó con el pueblo de Archidona en su momento. «No podemos venir y administrar la ciudad como se nos da la gana», resaltó.

Una cárcel de máxima seguridad trae inseguridad

Del Pezo señaló que ya existen inconvenientes con la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad en la parroquia Simón Bolívar, en Santa Elena. La ciudadanía ha denunciado casos de extorsión, un problema que antes no existía en el sector.

«Va a existir un impacto directo al turismo (…) Es imposible pretender que una cárcel le va a garantizar seguridad a la ciudadanía o va a dinamizar la economía», resaltó.

Además manifestó que el gobierno planteó la construcción de un hospital en el cantón La Libertad como una cortina de humo a la pretensión de la edificación del centro penitenciario.

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«Esta zona es bastante biodiversa, existe gran cantidad de especies de aves, mamíferos y reptiles, incluso algunos son endémicos de esta zona, es decir, que solo habitan en el bosque seco tropical», dijo Abel Gallo, biólogo de la Fundación Proyecto Sacha a Ecuavisa.

Según el Ministerio del Ambiente, la zona no forma parte del sistema de bosques protegidos y que no habría problema en construir allí. Sin embargo, en agosto de 2022, la Prefectura de Santa Elena expidió una ordenanza para la creación de la Sistema Provincial de Áreas de Conservación y Uso Sostenible en Santa Elena que llegó al Registro Oficial en octubre del mismo año.

Uno de los objetivos de la ordenanza es «ejercitar la protección, conservación y restauración de ecosistemas frágiles y amenazados, prioritariamente aquellos espacios de sensibilidad ecológica asociados al recurso hídrico, biodiversidad y culturas ancestrales». Entre las actividades que están permitidas no consta la construcción de edificios.

El abogado de los comuneros de la Bajada de Chanduy, Telmo Jaramillo, indicó que «en el sector hay 11 especies de aves que están categorizadas como amenazadas, asimismo pecaríes y venados de cola blanca catalogados como amenazados». Ecuavisa constató que en la entrada al bosque consta un letrero de Área de Conservación, razón por la que ni siquiera los campesinos han sembrado en ese espacio. (MIB)

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Al australiano de 52 años se le concedió la solicitud de comparecer ante un juez federal en uno de los puestos más remotos del poder judicial federal. El tribunal de Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte, según un breve expediente judicial que se hizo público este lunes.

Está previsto que Assange se presente en Saipan a las 9 am, hora local, el 26 de junio y se espera que vuele de regreso a Australia «al concluir el procedimiento», escribió en una carta Matthew J. McKenzie, funcionario de la división antiterrorista del departamento al juez del caso. Se pone fin así a los problemas legales entre el australiano y los Estados Unidos tras la difusión de documentos de Estado en 2010, los llamados WikiLeaks.

Fuente: The New York Times

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En la celda, que Macías describió irónicamente como una “suite”, había dos losas de concreto, apiladas como literas; uno sostenía un colchón sucio. También había un inodoro y un lavabo. Macías explicó que los presos no salían de sus celdas ni siquiera para comer.

El periodista se reunió con Marta Macías, la nueva directora de la prisión, quien le hizo un recorrido. Los privados de libertad (PPL) están encerrados en sus celdas durante las 23 horas y media del día con media hora de recreación en el patio de concreto. Están prohibidas todas las visitas externas, algo que los reos pidieron a Lee Anderson se haga público.

En el pabellón hacía calor y el aire era quieto y fétido. Después de unos minutos, los prisioneros comenzaron a gritar desde el piso de arriba. Uno gritó: “¡Ayúdanos a recuperar nuestras visitas familiares!” Otro, quejándose del constante encierro, gritó: “¡Esto no es El Salvador!”

El artículo reconoce que las cárceles del país no están al alcance de los periodistas y los cuestionamientos que organizaciones como Human Rights Watch realizó sobre el control de los centros en el estado de excepción. «Restricciones en el suministro de alimentos, medicinas y otros servicios básicos, casos de golpizas, uso de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes a manos de de soldados».

Tampoco hay la comida suficiente para los PPL, Macías pidió transmitir al presidente las carencias y preocupaciones, pero el artículo indica que aunque Noboa escuchó no parecía comprensivo. » «Las condiciones podrían ser mucho peores».

Problemas en Durán

En las ultimas semanas, Manabí se convirtió en el foco duro de la violencia en el país. Tanto que las instituciones del bloque de seguridad se trasladaron hacia Manta para controlar la inseguridad, sin embargo puntos como Durán sufren el azote de las bandas criminales.

Luis Chonillo, alcalde de ese cantón del Guayas, le brindó declaraciones a Lee Anderson contando su situación actual. Desde el ataque que sufrió en la primera semana de labores, no pasa en su despacho en la alcaldía y tiene que atender sus reuniones por zoom.

Conocí a Chonillo en la trastienda de un edificio público en Guayaquil. Entró acompañado de guardias, vestido con un chaleco antibalas y un casco. La violencia en Durán se había vuelto espantosa, dijo, con decapitaciones y cuerpos colgados de pasos elevados. “Trato de superar mi miedo todos los días”, me dijo.

Para Chonillo, el trabajo en el aspecto social y económico es imprescindible si se quieren sacar a los cantones de la violencia. «Lo que está pasando aquí ahora es algo así”, dijo Chonillo. “Los estados de sitio suelen funcionar al principio. Pero sin continuidad estas políticas no funcionan”. (MIB)

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Junto a la ola de violencia que se desató en las calles del país, los reclusorios protagonizaron otra guerra interna que dejó un saldo de más de 200 guías penitenciarios retenidos. Además, de los disturbios y motines que se ejecutaron en las cárceles.

En una especie de sesión honorífica con los presos formados y entonando el himno nacional, los uniformados se retiran del centro. Durante los operativos, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización, celulares, armas blancas, equipos de sonido, televisores incluso refrigeradoras.

Ahora, el SNAI deberá preservar el orden y la disciplina en el lugar. El acto se da a la par de la decisión del juez Manuel Estupiñán de emitir un habeas corpus a favor de los presos. Según el magistrado, el Estado habría vulnerado los derechos de los presos, detalla El Expreso.

La intervención militar se da luego de que el presidente Daniel Noboa emitiera el decreto 110 y 111. Los documentos declaraban conflicto armado interno en el país y colocaban como objetivo militar a 22 bandas delictivas. Aunque la cárcel de Los Ríos regresa a poder del SNAI, las FF.AA. mantienen operativos en los diferentes centros carcelarios.

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Al momento, el SNAI no ha confirmado o desmentido esta información. En horas de la mañana se realizó un operativo militar y policial llamado operativo Camex (Control de armas, municiones y explosivos).

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La Fiscalía entendía que entre ese periodo de tiempo, 2012 y 2014, Shakira vivía en Barcelona. Por este motivo, según su criterio, debía tributar en España. Además, la cantante estaba acusada de organizar un entramado de sociedades para, precisamente, evitar el pago de impuestos ante la Hacienda española. La colombiana ya pagó en el año 2018, cuando se inició la inspección, 17,2 millones de euros, pero esto no evitó que el proceso continuara.

Shakira: «No es triunfo si te roban años de tu vida»

A través de un comunicado, la cantante ha explicado que toma esta decisión para no seguir desgastándose en el proceso judicial. Según ella, tenía «dos opciones», que consistían en «seguir peleando hasta el final» o, por el contrario «dejar atrás este capítulo» y seguir «mirando hacia delante». «He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida«, ha comentado.

En este sentido, ha mostrado su admiración por los que, en una situación similar, apostaron por otro camino: «Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?».

Shakira ha insistido en que su prioridad son sus hijos y desea que estos vivan una «vida plena». «Ellos mismos me lo han pedido por ellos he tomado esta decisión», ha insistido. Además, se ha mostrado crítica con el sistema fiscal español: «Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda».

La ‘dedicatoria’ de Shakira a Hacienda

En la sesión número 53 de Bizarrap, galardonada recientemente como la mejor canción en los Grammy Latinos, Shakira se acordaba de su situación fiscal. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», afirmaba en su popular tema.

Fuente: Marca España

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El hecho ocurrió el 28 de diciembre del 2022, en Quito, al interior de un transporte público. La víctima señaló que el hombre de 62 años se sentó junto a ella y cuando quiso bajarse no la dejó pasar y la obligó a quedarse para cometer el delito.

El examen médico legal que se le practicó a la menor de edad reveló lesiones a causa de la agresión sexual. En sus declaraciones la ayudante de la unidad de transporte dijo que vio como el sentenciado ubicó sus manos sobre las partes íntimas de la joven. Ante la situación, la mujer impidió que el hombre escape.

El acusado presentó un recurso de apelación a través de su defensa, sin embargo, la sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso.

Los magistrados ratificaron el fallo en todas sus partes. Ahora el procesado además de cumplir su condena en la cárcel deberá pagar USD 1.000 de reparación a la víctima y una multa de 800 salarios básicos unificados. (AGM).

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Tras un mes de retraso, el polémico buque Bibby Stockholm ya se encuentra en la costa de Portland, Reino Unido, donde está previsto que empiece en pocas semanas a alojar a unos 500 refugiados mientras se estudia su petición de protección internacional.

Pero el barco no es un simple alojamiento, sino una prisión flotante con la que el Gobierno británico quiere ahorrar dinero en hoteles donde tiene que alojar a los solicitantes de asilo. Según las cuentas del propio gobierno, actualmente se gasta seis millones de libras (casi siete millones de euros) al día en alojamientos para potenciales refugiados debido al gran retraso que acumula en la resolución de expedientes y al fuerte repunte migratorio del pasado año.

El Bibby Stockholm estará en funcionamiento durante al menos 18 meses. Está destinado a «varones adultos solteros» que esperan su resolución. Pero a diferencia de hacerlo desde la libertad de un hotel, los solicitantes de asilo estarán bajo medidas de «seguridad a bordo las 24 horas, los siete días de la semana, para minimizar la interrupción de las comunidades locales», especifica el Gobierno en su proyecto.

Contra la «cárcel flotante»

El uso de esta barcaza como hotel-presidio flotante se anunció el pasado marzo, pero no se había vuelto a hablar del tema mientras el buque esperaba en el dique seco las remodelaciones oportunas y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos clamaban contra su uso.

Más de noventa colectivos y cientos de activistas han firmado una carta abierta al Ministerio del Interior pidiendo el fin de los que consideran una «prisión flotante «. «No es admisible en una sociedad guiada por los valores democráticos y humanos. Existen graves problemas en la gestión del sistema de asilo en Reino Unido, y dicha gestión no respeta los derechos humanos», asegura Amnistía Internacional.

Mala experiencia en Países Bajos

No es la primera vez que este buque es objeto de polémica. El Bibby Stockholm ya se ha utilizado como centro de detención de migrantes y refugiados en Países Bajos, donde fue espacio perfecto para episodios de violencia, explotación sexual y malas condiciones sanitarias, según varias investigaciones.

También se usó como albergue de personas sin hogar y solicitantes de asilo en Hamburgo, Alemania, en la década de los 90, y ha servido de alojamiento de emergencia en determinadas circunstancias desde entonces. Aunque según una investigación de The Guardian, el ahorro de costes frente a los hoteles no es demasiado grande.

«Lucha contra la migración»

No es la única medida del Ejecutivo de Rishi Sunak en materia migratoria que ha recibido duras críticas en los últimos meses. La línea dura que trata de imponer su ministra del Interior, Suella Braverman, tiene en vilo no solo a la oposición, sino también al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya que se plantea prohibir que las personas que llegan irregularmente al Reino Unido puedan pedir asilo, y sigue intentando deportarlos a Ruanda.

El Bibby Stockholm es solo una de las medidas del Gobierno que acompañan al restrictivo proyecto de ley sobre migración bajo el lema «Stop the boats» (parar las barcas), con el que pretende reducir drásticamente el enorme repunte del flujo de pateras que llegan a Reino Unido desde Francia a través del Canal de la Mancha.

Redacción: Público España

Foto: Sky News

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El juicio contra los nueve presos políticos del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) recién concluyó. La resolución dicta una condena de 16 años de cárcel para Omar Campoverde, 13 para Carlos Carguachi y 5 para Gabriela Gallardo. El resto de los implicados quedan absueltos por falta de evidencia.

El Caso de Gabriela G. es particular, pues no irá a prisión gracias a un habeas corpus por su grave condición de salud. Si los condenados logran apelar, Carguachi y Campoverde no serán trasladados a la penitenciaría de Latacunga y permanecerán en la cárcel “El Inca”.

Durante el proceso, el abogado defensor preguntó a los policías testigos en los allanamientos cuáles eran las pruebas que fueron decomisadas para imputar a los guevaristas. Estos contestaron que se trataba de libros, folletos y panfletos “de color rojo”. Uno de los testigos de la Fiscalía alegó no conocer los nombres de los implicados hasta que la Interpol se los facilitó.

El Movimiento “Hijos e hijas de mayo” denunció en su cuenta de Twitter la presencia de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos durante la deliberación del jurado. Dichos funcionarios permanecieron en la público durante las audiencias. El MGTL denunció la injerencia extranjera en este caso.

Por otro lado, los policías participantes de las escuchas telefónicas ilegales en la que se les imputa a los guevaristas haberse organizado para el tráfico de armas y personas, así como de entrenarse en la región de la Marquetalia para ser una guerrilla armada en Ecuador, declararon que en las conversaciones no se mencionan viajes a Colombia o Venezuela como lo sostiene Fiscalía. Todos los policías que hicieron el seguimiento del caso durante nueve meses informaron bajo juramento no haber presenciado ninguna actividad ilícita.

Por demás, dentro de las pruebas principales de Fiscalía se encontraban tuits de páginas trolles y audios de un medio de comunicación digital. La testigo principal de la Fiscalía fue una supuesta víctima del tráfico de personas perpetrado por los imputados. Esta se contradijo en su declaración juramentada, pues no pudo sostener el relato de su huida por la selva por tres días y dos noches, sin provisiones, ni elementos para pernoctar.

El caso de los Guevaristas ha sido tergiversado por diversos medios de comunicación, entre ellos Código Vidrio, que, tras manipular imágenes relacionadas con el proceso, tuvo que disculparse por sus errores. La prensa en general reforzó desde el momento del arresto en mayo de 2022, los planteamientos de la Fiscalía sin dar derecho a réplica a los implicados.

En su cuenta de Facebook el MGTL expresó: “Omar, Gaby y Carlos, la lucha por su libertad no ha terminado, seguimos firmes y combativos hasta tenerlos en las calles, luchando por los derechos del pueblo”.

La investigación del Caso Guevaristas inició en octubre de 2019 y tomó tres años llegar a las detenciones que se ejecutaron en la madrugada del 19 de mayo de 2022. No obstante,  las declaraciones de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, el 26 de octubre del año pasado, señalan a los guevaristas por supuestamente haber generado actos de violencia durante de la marcha de movimientos sociales en Quito. Esta acusación devino en una cacería de brujas para la organización como parte de la política de criminalización de la protesta impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso.

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El debate empezó cuando Bukele publicó un vídeo, en donde Petro llamó “campo de concentración” a una cárcel en la que se encuentran miles de presos pertenecientes a pandillas juveniles de El Salvador, también conocidas como “maras”. De igual manera, hizo una defensa a la educación como mecanismo para reducir los homicidios.

“El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir del sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión dantescas”, dijo Petro durante la entrega de la sede tecnológica El Ensueño, en el sur de Bogotá.

El mandatario colombiano resaltó que ellos también lograron reducir la tasa de homicidios, criminalidad y violencia “pero no a partir de cárceles sino de universidades, colegios y espacios para el diálogo”.

Bukele vs Petro

En respuesta, Bukele se limitó a decir que “los resultados pesan más que la retórica” y deseó que Colombia en verdad logre bajar los índices de homicidios como lo logró El Salvador. Sin embargo, Petro respondió y recalcó los datos de sus logros al respecto.

“Pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades”. Y después invitó al salvadoreño a “comparar las experiencias” en un foro internacional.

En este sentido, Bukele cuestionó la respuesta de Petro. ¿Desde 1993? 30 años… ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿No es usted presidente de Colombia? Nuestra experiencia: De más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan”, señaló. (A.G.M).

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Pero algunas dos dudas: ¿se puede votar con la cédula caducada o de menor de edad siendo adulto? La respuesta para ambas interrogantes es sí.

Cédula caducada

El artículo 11 del Código de la Democracia señala que no importa la fecha de caducidad de la cédula.

Menores de edad

En Ecuador, el voto para los menores de edad desde los 16 años es facultativo, es decir, el joven decide si se acerca o no a sufragar. Sin embargo, el ciudadano con esta particularidad en su cédula debe tener en cuenta dos observaciones:

1. Debe verse con claridad los dos nombres y dos apellidos del votante.
2. El aspecto físico de su rostro no debe cambiar demasiado con el paso del tiempo (de menor de edad a mayor de edad).

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El joven guía penitenciario fue identificado como Christian Fernando Saca Suárez, de 21 años. Pertenecía a la nueva promoción de guías que se graduaron hace menos de un mes. Saca cumplió apenas 27 días de servicio.

El carcelario fue agredido en el área de emprendimientos. Él le habría negado la salida del área a un recluso. Frente a la negativa de su autoridad, la PPL apuñaló a Saca, reporta la periodista Karol Noroña.

Lo último de El Rodeo

El 7 de noviembre, agentes penitenciarios de El Rodeo, en Portoviejo, alertaron la fuga de dos presos un día antes. Durante el conteo matutino de presos, las autoridades se percataron que faltaban dos internos. Posteriormente, se conoció que el SNAI interpuso una denuncia y aclaró que los fugados no formaron parte de los trasladados a la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil.

La violencia no para en las cárceles de Manabí. El 20 de diciembre, dos reclusos fueron encontrados muertos en el Centro de Rehabilitación Social Masculino N°3, Bahía de Caráquez.

El SNAI confirmó el deceso de los PPL identificados como Jean Sornoza y Pablo Sornoza. Según la entidad, los presos murieron por ahorcamiento en uno de los pabellones del centro penitenciario.

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El exsegundo mandatario estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. En los exteriores de la prisión se concentraron varios simpatizantes exigiendo su inmediata libertad.

«¡Glas amigo, aquí estamos contigo!», claman los seguidores.

El juez Emerson Curipallo, de la Unidad Penal de esa provincia, aceptó la medida cautelar presentada por el ciudadano Cristhian Palacios Zambrano. El documento sentencia que «se deberá atender de forma inmediata con su sola presentación». Sin embargo, Glas deberá cumplir dos medidas:

• Prohibición de salida del país
• Una vez por semana deberá presentarse ante la Penitenciaria del Litoral

El SNAI informó que la boleta entregada la tarde del 28 de noviembre, cuenta con todos los requisitos previstos en la ley. «Este servicio, como órgano ejecutor de las disposiciones judiciales, acatará la resolución del juez según lo resuelto», detalla el comunicado.

Además, indicó que en coordinación con la Procuraduría de Estado no presentarán una revocatoria que atente contra la medida cautelar. Esto, debido a que no existe algún tipo amenaza o vulneración que atente contra los derechos de Glas.

Tiempo en prisión

El exsegundo mandatario estuvo privado de libertad desde inicios de octubre de 2017. Cuenta con dos sentencias: una de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y otra de seis años por cohecho en el caso Sobornos.

Nulidad de caso Singue

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) anuló la sentencia de ocho años de prisión por presunto peculado a los involucrados en el caso Singue, en el que también es procesado el exvicepresidente Jorge Glas. Con esta resolución del 10 de noviembre, Glas podía insistir en la unificación de penas y salir libre.

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La noche de este lunes 7 de noviembre a las 19:00, las autoridades reportaron disturbios con detonaciones entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, recibieron la alerta a las 17:30. Las fuerzas del orden acudieron al lugar y también personal de paramédicos.

«Son cinco los PPL asesinados con signos de violencia, cinco heridos, tres estables y dos fueron trasladados a casas de salud (…) Estamos haciendo los operativos, recogimos armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización con el apoyo de las Fuerzas Armadas (…) En dos horas terminaremos con el registro de las 12 celdas y el total de PPL (…) la situación ya está controlada», confirmó el general de la Policía, Víctor Heredia, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.

Según reportes preliminares, los enfrentamientos se habrían dado entre disputas de bandas por el control del centro.

Familiares de los presos se encuentran en los exteriores de la cárcel a la espera de información.

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«Hay rumores que se va a dar un nuevo amotinamiento, porque en el amotinamiento anterior no acabaron de «limpiar» a todas las personas (…) estamos a la espera de un motín, no se sabe qué va a pasar», dice uno de los presos.

En el audio, el PPL explica que el último enfrentamiento estalló porque un presunto líder apodado «Madrid» no recibió la jefatura de la etapa de mediana seguridad de la cárcel. En esa disputa, los jefes de cuarentena huyeron y los que «estaban a la cabeza creyeron que se les estaban virando». Desde entonces, los roces han continuado por el control de los pabellones.

Según el audio, el PPL señala que en su pabellón estaría alias «San Andrés» a la cabeza. «Estamos a la espera de un motín, aquí en el centro falta limpiar (…) día a día es una constante lucha».

La Defensoría del Pueblo ya fue advertida.

La entrada Alertan de posibles enfrentamientos en la Cárcel de Cotopaxi se publicó primero en La Calle.

«Ante incidentes registrados en el CPL Cotopaxi N° 1, ingresan equipos tácticos de la PoliciaEcuador«, escribió el organismo en un tuit.

Extraoficialmente se habla de un asesinado, el presunto narcotraficante ecuatoriano, Leandro Norero, enjuiciado por presunto lavado de activos y que guarda prisión en Latacunga desde mayo de este año.

Quien tuvo la información antes que nadie fue el asambleísta Fernando Villavicencio, que puso un tuit anunciando la muerte de Norero y adjuntando un presunto parte policial enviado por Whatsapp.

Noticia en desarrollo…

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«Esto es una propuesta. El Gobierno dice hagan propuestas. Guayaquil le da plata y le hace propuestas. Tanto así que no necesitamos viajar a Israel, trajimos a expertos israelíes que estudiaron la ciudad para darle al Gobierno un plan que no tiene para combatir la inseguridad del país no solo de Guayaquil», dijo la autoridad.

Entre los aspectos del plan, según Viteri, está quitar las cárceles de las ciudades. «En lo que respecta a Guayaquil hay islas no solo una que está habitada, sino hay otras deshabitadas y las ponemos a disposición del Gobierno central. Hay empresas que por consesión se encargarían de construir las cárceles si se las concesionan por 25, 30, yo diría hasta 90 años».

La alcaldesa dijo que las soluciones existen y es necesario tener «los pantalones» para ejecutarla. «Nosotros como Municipio hemos hecho lo posible, pero ni la Policía, el Ministerio de Defensa o la Marina me hacen caso».

El pasado 2 de septiembre, un cruce de balas entre dos pabellones de la Penitenciaria del Litoral dejaron tres heridos. En la cárcel de Esmeraldas asesinaron a un preso dentro de su celda en el pabellón de mínima seguridad.

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Este 17 de agosto, los jueces Soledad Manosalvas y Luis Jácome instalaron la audiencia para tratar las dos solicitudes de habeas corpus a favor de Glas.

La defensa del ex vicepresidente presentó las nuevas acciones jurisdiccionales, argumentando que el director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), Pablo Ramírez no hizo efectivo el dictamen del juez Banny Molina.

Sin embargo, ambos pedidos fueron inadmitidos.

«No procede para verificar o ejecutar el cumplimiento de un sentencia, ya que las garantías jurisdiccionales tienen su propia individualización, naturaleza jurídica, objetivos y finalidades diferentes», indicó uno de los fallos.

Por su parte, el abogado Carlos Alvear, uno de los representantes legales de Glas sostuvo que existe una dictadura que interviene en las decisiones judiciales.

«No tenemos seguridad jurídica de lo que pueda pasar con el ingeniero Jorge Glas», expresó.

La entrada Jorge Glas continuará en la cárcel se publicó primero en La Calle.

«En el #CPLSantoDomingo N°1 se registra una riña al interior del centro.
Al conocer de este hecho se ha solicitado de inmediato el apoyo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública», escribió la institución.

Violencia dentro del panóptico

Imágenes de personas con sus extremidades diseccionadas y decapitados fueron enviadas a las redes sociales de los familiares de otros reos.

Según información extraoficial, reos en mediana seguridad acribillaron a los otros presos.

En mayo pasado, en esta cárcel ya ocurrieron actos de violencia con un saldo de 44 muertos y cientos de reos fugados.

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