El sistema de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) hizo el levantamiento del cadáver, pero aún no determinan las causas de su muerte. Al momento, en la cárcel de Latacunga se registraron 16 muertes violentas, sin contar con la de Carlos R.

Muertes violentas en el sistema penitenciario

La Penitenciaria de Latacunga alberga 4.300 personas privadas de libertad (PPL), los registros muestran 17 muertes y 43 heridos en el lugar. A nivel nacional hay 36 prisiones y se registra más de 400 muertes de reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales

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Quito, 24 may.- Los sicariatos, las muertes violentas por robos, los amotinamientos en las cárceles, evidencian la ineficiencia del Estado ecuatoriano. Durante el primer año de mandato de Guillermo Lasso se han contado alrededor de 300 privados de libertad asesinados en las cárceles y cerca de 2.000 muertes violentas en las calles.

En el primer año de Lasso ocurrieron cinco amotinamientos en distintas cárceles del país. El problema se complica, porque en los mismos centros de rehabilitación, ilegalmente, se permite el ingreso de armas blancas y de fuego, así como municiones.

El presidente Lasso insiste en decir que las matanzas son entre líderes de bandas, por control de territorio, por droga, y por supuesto, asegura que este es un problema heredado desde el mandato de Rafael Correa. Luego de un año, no hay soluciones ni acciones claras para enfrentar este problema; tampoco política pública que permitan establecer un real modelo de rehabilitación social.

En vez de palear la crisis, esta se agudiza cada vez más. La ciudadanía vive atemorizada al salir a las callas, a trabajar e incluso a divertirse con sus familias. Recordemos que recientemente ocurrieron asesinatos en restaurantes, en hosterías, a la salida de un colegio, en cajeros automáticos e incluso una bebé fue asesinada en las afueras de su casa.

El presidente habla de acuerdos de seguridad con países como Israel, Colombia o Estados Unidos, pero nada concreto para resolver el problema ha ocurrido hasta ahora.

Otra de las falencias es, sin duda, la comunicación. El presidente ha guardado silencio ante la terrible ola de violencia que vive el país. No así, los grupos delictivos que han hecho videos deslindándose de crímenes o pidiendo a otros grupos que no se metan en «sus guerras». De igual forma, los propios privados de libertad, a través de redes sociales, han pedido al presidente y a las autoridades que tomen el control de las cárceles y que garanticen sus vidas.

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Crímenes dentro y fuera de las cárceles

Guayas, Esmeraldas y Manabí, son las poblaciones en dónde la violencia se ha exacerbado. Por ello, Lasso decretó un estado de excepción focalizado.

Sin embargo, escenas violentas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos tipo sicariato se han vuelto frecuentes en estas zonas. En la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón se han triplicado las muertes violentas. Solo hasta el pasado 15 de mayo se registraron cerca de 511 casos, en lo que va del año. Pero Lasso dice que las muertes violentas han disminuido de forma «notable»

Asimismo, en Esmeraldas los asesinatos alcanzan los 160. Según la Policía Nacional y el Gobierno, este aumento de las muertes violentas es una guerra de bandas por control del tráfico de drogas, “con daños colaterales”.

A nivel nacional, solamente en lo que va del 2022, han ocurrido unas 1.255 muertes violentas. Si esto se mantiene, para finales del año las muertes violentan superarían los 2.000 casos. Es decir, se habla de una tasa de 12.2 muertes por cada 100.000 habitantes.

Ciudadanía atemorizada

Los ecuatorianos viven con temor y en la incertidumbre. Salir de los hogares para trabajar, ir a la escuela o a la universidad, se ha convertido en una actividad de riesgo. Al no haber acciones concretas, un Estado que garantice la seguridad y la vida, lo único que queda es encomendarse a la suerte o a la fe.

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La Comisión anunció que las bandas delincuenciales Los Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Latin Kings serían quienes buscan acogerse a un acuerdo de paz.

“Si logramos pacificar las cárceles hemos logrado algo maravillosos que va a repercutir en la vida de toda la sociedad ecuatoriana”, expresó Alfredo Narváez, presidente de la Comisión.

El anuncio se da tras una semana de la masacre ocurrida en la cárcel de Santo Domingo, donde murieron 44 personas privadas de libertad. El grupo delictivo Los Lobos también protagonizó las masacres en las cárceles de Turi y Bellavista.

 “Si me preguntan si esto garantiza que no va haber ningún incidente, tendría que decir, en honor a la verdad, que no, pero es un inicio”, manifestó Narváez.

Por otro lado, Pablo Ramírez comentó que, entre los planes de acción a ejecutar está la profesionalización de agentes penitenciarios, cambios de infraestructura, clasificación ordenada y reducción de la población penitenciaria.

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Asimismo, el director del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, dijo que las medidas de los jueces impiden la administración de los Centros de Rehabilitación Social, de acuerdo con el nivel de peligrosidad y seguridad.

Ramírez también increpó que esos traslados se hayan realizado pese a tener un hacinamiento evidente en el centro penitenciario, pues fue construido para albergar a 1.100 personas y, actualmente, alberga a 1.700.

Identificación de las víctimas

El Ministerio del Interior informó, que continúa el proceso de identificación de los 44 privados de libertad asesinados en la cárcel de Santo Domingo. Asimismo, señaló que avanzan con el proceso técnico para entregar los cuerpos a los familiares, y que de los 44 cadáveres ingresados al Centro Forense se han identificado 20.

La Cartera de Estado notificó de 13 personas heridas, muchas de ellas graves; sobre la recaptura de 112 reos y que 80 internos, que se encontraban en la línea de fuego, fueron puestos a buen recaudo.

El discurso del Gobierno

La Policía y el Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) reiteraron que estos enfrentamientos ocurren por las disputas entre bandas delincuenciales. Entre 2021 y 2022 se registran casi internos 400 asesinados, bajo la custodia del Estado.

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Carrillo habló de una fuga importante de privados de libertad e informó que 112 fueron recapturados y que la Policía se encuentra haciendo un conteo

Señaló que en la mayoría de los actos violentos utilizaron armas blancas, aunque se encontraron armas de fuego y granadas de uso militar. Al momento, el personal de criminalística se encuentra realizando el levantamiento de los cadáveres.

La Policía Nacional informó que ya recuperaron el control del centro de privación de libertad.

Carrillo reiteró que alias ‘Anchundia’ es uno de los responsables de la masacre en el centro carcelario. Este personaje es uno de los cabecillas del grupo R7, que estaría detrás de los disturbios. Además, se trataría de uno de los cinco cabecillas que que debían ser trasladados de la cárcel de Turi, en Cuenca, hacia la Roca, pero no lo hicieron por una decisión judicial.

Las acciones

El ministro dijo que en el centro penitenciaron existen alrededor de 1.700 privados de libertad, pero la capacidad de este centro es de 1.500.

Además, sostuvo, que otro de los problemas en las cárceles son estructurales y no pueden ser resueltos en corto plazo. Según Carrillo, el presupuesto para corregir estos problemas es de USD 1.200 millones. Asimismo, mencionó que en solamente 25 agentes penitenciarios son los encargados de controlar a 1.700 PPL.

“Es necesario elaborar los planes para pasar un modelo penitenciario, para tener un nuevo modelo de gestión que garantice que los privados de libertad puedan cumplir las sentencias”, dijo Carrillo.

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«Ante el amotinamiento registrado la madrugada de hoy en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, comunicamos que hasta el momento no existe información real de víctimas y heridos», señaló el Ministerio en su cuenta de Twitter.

Además, el Ministerio Recalcó que para controlar la situación, la Policía Nacional brinda apoyo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), organismo encargado de las prisiones en el país.

Extraoficialmente, se conoce que varios internos se habrían fugado y que ya habrían sido capturados.

Patricio Carrillo, ministro del Interior, indicó que se dispuso el traslado de más policías para controlar el amotinamiento y que se coordina con las Fuerzas Armadas.

“Desde el primer día trabajamos por superar los problemas del sistema penitenciario, pero es complejo encontrar soluciones rápidas en un ambiente de alta contaminación y violencia. Se dispuso el traslado de más policías para enfrentar el amotinamiento”, señaló Carrillo.

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“Lo que pasa en Ecuador en el sistema penitenciario es muy grave en comparación al resto de países de la región andina”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Hernández recalcó que algunos de los problemas son: debilidad institucional, hacinamiento, abuso de la prisión preventiva y la falta de recursos presupuestarios. Además, comentó que el Ecuador es uno de los países que menos invierte en el sistema penitenciario.

El parlamentario andino también expresó que existe una vinculación muy fuerte entre las cárceles abarrotadas y los delitos de narcotráfico.

“Las mafias organizadas buscan dónde pueden hacer grandes negocios y obtener grandes réditos”, afirmó Hernández.

Además, expresó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece llamados de atención al Estado ecuatoriano y, sin embargo, hasta ahora no hay respuestas claras.

 “Como sociedad debemos exigirle al Estado que cumpla con su papel. Lo que está sucediendo en las cárceles está conectado con la inseguridad que se vive en las calles y el país”, sostuvo el parlamentario.

Hernández reiteró que el país se encuentra en una situación de anomia social, en la que ya no existe un marco jurídico que dé certeza a los ciudadanos y, sobre todo, puede ser un síntoma de un Estado fallido.

“Todos los poderes del Estado deben responder para lograr rescatar el orden constitucional y la vigencia de los principios democráticos”, aseveró Hernández.

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En un comunicado emitido por la Fiscalía del Ecuador, se alertó a la ciudadanía sobre un posible abuso de la acción constitucional de habeas corpus.

Según la constitución, en el artículo 89 explica que un habeas corpus tiene por objetivo recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física del privado de libertad.

Asimismo, la Fiscalía recordó que alias “JR” o “Júnior” tiene al menos dos sentencias de 22 años por asesinato, intimidación, entre otros. Además, el privado de la libertad está involucrado en casos por delincuencia organizada.

“Esta institución ha cumplido con su trabajo, demostrando la responsabilidad del ciudadano mencionado”, indicó en un comunicado.

Alias Jr

Alias Junior es uno de los cabecillas de la organización Los Choneros, que lidera pabellones en las cárceles de Guayaquil. Se lo ha identificado como uno de los más violentos de esa banda.

Además, el antisocial está involucrado en hechos de extorsión dentro del penal y en las disputas dentro del recinto carcelario.

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“Las armas encontradas en días pasados en ‘La Roca’ no fueron ingresadas por privados de libertad recientemente trasladados. Estos objetos prohibidos se encontraban en un área desocupada y en readecuación”, dice parte del comunicado.

El Servicio agregó que se siguen realizando barrido dentro de esta prisión con el objetivo de encontrar todos los objetos prohibidos que puedan existir dentro de ese centro de reclusión. De acuerdo con el SNAI, son rezago de armas ocultadas anteriormente durante la última evacuación de dicho centro en 2021.

Revisión de armas

La Comisión de Pacificación presentó su primer informe sobre el trabajo realizado en tres meses en las cárceles del país. Claudia Garzón, líder de la subcomisión de inteligencia criminal informó del hallazgo de diversas armas, incluida una sierra, en esta prisión.

«En este operativo pudimos obtener tres pistolas, 48 cartuchos nueve milímetros, municiones explosivas, seis teléfonos celulares, chips, cables USB, cargadores, sierra y martillo», dijo Garzón.

La Roca alberga a seis privados de libertad. Cinco de ellos llegaron desde la cárcel de Turi (Cuenca) luego de la masacre del 3 de abril en la que asesinaron a 20 reos. El otro preso es el líder de la banda Los Lobos y llegó desde Imbabura.

Diferencias

Otro miembro de la comisión calificó de “disparate”, el enviar a estos líderes de bandas a una prisión de máxima seguridad. Se trata del sacerdote criminólogo Luis Barrios. “»El mover a los líderes crea un problema más serio. Mire lo que pasó con JL (Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, al que asesinaron en Manta en 2020). Se fragmentaron más de cinco grupos», expresó.

Dijo que se debe trabajar en los miembros del SNAI y la Policía Nacional que hayan cometido corrupción dentro del sistema carcelario. “»Usted quiere mandar un mensaje de mano dura. Agarre a cinco líderes de los grupos y agarre a cinco corruptos del SNAI o de la Administración o de la Policía y métalos a todos en La Roca para que el pueblo vea que tenemos credibilidad en la lucha contra el crimen». MIB

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Para Gallegos, este escenario facilitó la situación de violencia y tráfico de armas. Sostuvo que la corrupción de los cuerpos de seguridad fueron un elemento para lo ocurrido en las cárceles.

Además, señaló que, de acuerdo a la Comisión de Pacificación, la corrupción va más allá. Esta Comisión advirtió al presidente Guillermo Lasso que existen miembros de las fuerzas policiales quen protegen a peligrosos líderes delictivos.

«Si la Policía Nacional está tutelando al crimen organizado, dentro o fuera de las cárceles, cuanto menos hay que hacer un proceso de autodiagnóstico y autodepuración», afirmó. Siguiendo esa línea, también expresó que problemas como este son un secreto a voces. Recordó como se ha exportado droga con la venia de funcionarios públicos.

También reflexionó que aplicar modelos más drásticos de penalización en el sistema carcelario no sería una alternativa. Para él, la línea a seguir es la verdadera rehabilitación de los privados de libertad.

Señaló que el sistema no tiene este objetivo. «Pensar que las cárceles son bodegas humanas no es una de las alternativas para solucionar el problema», dijo Gallegos.

El Estado y las prisiones policializadas

El exsubsecretario aseguró que el mismo Estado propicia dificultades a personas de sectores marginales. «Ha condenado a estas personas, en un primer momento, a que vivan en condiciones deplorables. Y, luego, esas personas se ven abarcadas por conductas delictivas. El Estado los vuelve a condenar, ahora sí, con la imposición de una pena. El Estado está condenado, por un lado con la pobreza, y por otro lado está condenando el microtráfico».

Según Gallegos, el 40% de la población carcelaria está procesada por delitos económicos. Es decir, unos 16.500 privados de libertad. A esto se suma un 30% de la población carcelaria sentenciada por delitos relacionados al microtráfico de drogas. Manifestó que estos grandes males van de la mano de la pobreza y la ausencia de el Estado.

Añadió que por más que una persona se ‘rehabilite’, mantendrá un estigma social y antecedentes penales. Aclaró que muchos empleos solicitan el récord policial a sus aspirantes.

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Propuso que quienes se rehabilitaron y estudiaron, trabajaron o desarrollaron alguna actividad artística dentro de prisión, tengan la posibilidad de reincorporarse. Esto, a través de estamentos institucionales, del sector privado o público.

Denunció que la sociedad es mezquina y prejuiciosa y, por ello, tampoco existen políticas públicas que faciliten la reinserción de estas personas. «Quienes están en este momento en el poder están más preocupados por ocultar sus delitos que en sofocar las necesidades de la sociedad actual», concluyó.

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Según los reportes, el enfrentamiento fallecieron alrededor de 20 presos. El ataque también dejó 10 heridos, 5 de ellos en estado grave. Debido a la situación, las autoridades procedieron a trasladar a los reos más peligrosos a la cárcel de máxima seguridad.

“Parte de las acciones contundentes, derivaron de que el presidente, Guillermo Lasso, tomó la decisión de que se traslade a los cabecillas de esta revuelta en la cárcel de Turi, a la cárcel La Roca, en Guayaquil”, dijo Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicacion .

Asimismo, informó que en la cárcel de Turi se dio atención médica a 124 mujeres que pertenecen al pabellón más cercano a la revuelta.  Por lo que, se encuentran en coordinación con el Ministerio de Salud, dando atención médica y respaldo psicológico a las víctimas.

Bernarda Ordoñez, secretaria de Derechos Humanos, dijo que 15 de los cuerpos ya han sido entregados a los familiares de los privados de libertad.

Indultos del presidente

Según la secretaria de DDHH, se han ejecutado acciones urgentes para el plan de acción del sistema de rehabilitación social. Una de las medidas planteadas es reducir el hacinamiento en los centros de privación de libertad con indultos a ciertos presos.

“Se ha procedido a generar 330 indultos a personas en el contexto del decreto 355 del presidente de la República. Así también se está trabajando con el componente salud y el componente de educación para mejorar las condiciones al interior de los centros de privación de libertad”, dijo Ordoñez.

Reforzamiento de seguridad

El director del SNAI, Pablo Ramírez, declaró que durante el incidente 350 personas se encontraban en el fuego cruzado. Debido a esto, se han planteado reforzar la seguridad con más guías penitenciarios.

Para Ramírez, se espera que para el 2023 existan alrededor de 3.000 agentes penitenciarios para reducir el asilamiento. Según el funcionario, el objetivo es que estos hechos delictivos no vuelvan a ocurrir.

Sin embargo, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, declaró que nadie puede asegurar que no volverán a producirse estos hechos.

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El SNAI informó sobre las acciones que toman las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. «En el Centro de Privación Social No. 1 se registran enfrentamientos entre pabellones. Coordinamos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas el ingreso de grupos élite para reforzar la seguridad, cumpliendo con los protocolos y en estricto respeto a los derechos de los privados de libertad», escribieron en un mensaje.

El pasado 13 de noviembre se registró la última masacre en la Penitencia del Litoral. En ese incidente murieron alrededor de 68 reos y tuvo como resultado un nuevo extado de excepción y la creación de un grupo de diálogo para la pacificación de las cárceles que todavía no ha explicado su trabajo.

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La intención de la comisión internacional fue “monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Ecuador”, indica su comunicado. Además, señalan la necesidad de “dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares a favor de Jorge Glas”. Finalmente, según los delegados, entrevistaron al exvicepresidente.

Los miembros de la CIDH estuvieron alrededor de tres horas en el centro penitenciario. No obstante, no dieron declaraciones a los medios de comunicación presentes. Mientras tanto en los exteriores de la cárcel, se reunieron decenas de personas pertenecientes a un colectivo afín a la Revolución Ciudadana. Los ciudadanos exigieron la liberación del exvicepresidente.

Finalizada la visita en la prisión de Latacunga, la comitiva se dirigió a otro centro penitenciario en Quito. También, planean reunirse con el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena.

Según el director de la prisión, coronel (s.p.) Víctor Andrade, los delegados de la CIDH “cumplieron con todas las actividades que estuvieron planificadas, todas se desarrollaron dentro de la normalidad y manifestaron que van satisfechos luego de la visita realizada”, reseñó diario El Universo.

Motivo de la visita

La CIDH ha expresado su preocupación ante las masacres ocurridas durante los últimos meses en los centros de rehabilitación social del Ecuador. Por lo que ha instado al Gobierno de Guillermo Lasso a tomar “medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal” de las personas privadas de la libertad.

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Cobo indicó que ese dinero se usaría “para que se recupere en algo las condiciones infraestructura y tecnología de los centros penitenciarios. Además, para invertir en la mejor preparación del talento humano del sistema carcelario del país”.

Sin embargo, ese presupuesto es insuficiente para satisfacer las necesidades del sistema penitenciario y recuperar cierto esquema de seguridad.

Ernesto Pazmiño, director del SNAI en 2019, indicó que se necesitarían USD 800.000 diarios para la red carcelaria, a partir de ese cálculo se puede concluir que se requieren USD 292 millones por año para invertir en todos los ámbitos del sistema carcelario. Esto quiere decir que al gobierno le faltan USD 217 millones por año.

Para entenderlo mejor se puede comparar con los USD 117 millones que deberían ser asignados a la función electoral para una posible consulta popular significarían un 40% de la inversión requerida en un año.

Cambios estructurales en el sistema

Para la exministra de Justicia, Rosana Alvarado hace falta revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) porque de la población carcelaria de 40.000 personas, no todos representan un peligro y muchos de ellos guardan prisión preventiva. “El Estado no puede hacerse cargo de tantas personas, una muestra de ello son las dos masacres de este año”, explicó a Radio La Calle.

Además, está la formación de guías penitenciarios (ASP). “No se recluta hoy y mañana trabajan. Así no funciona. La formación de agentes penitenciarios toma al menos un año, pero a partir de los seis meses podrían ingresar al sistema. Hay que hacerles pruebas de confianza porque es un trabajo durísimo, de mucho riesgo para la vida”.

En la provincia de El Oro desapareció la escuela de formaciónn de guías penitenciarios. “El Estado ha fallado rotundamente, hay que recordar que el personal policial y militar no es consecuente con la rehabilitación social”, indicó.

Sin embargo, al Gobierno actual le faltó el primer paso: un plan de contingencia para el sistema penitenciario porque las masacres y motines vienen desde 2018. “Para cualquiera que le hubiera interesado un centavo la vida humana el 24 de mayo debía tener un plan de contingencia y personas idóneas a cargo”.

Sin recursos, sin personal

Alvarado explica también que los estados de excepción no son suficientes sino existe un desembolso de fondos. “Todos los aparatos tecnológicos están dañados hace años. Los filtros de seguridad, los escáneres que no eran los de mejor calidad y no llegaban a las cavidades humanas donde, en algunos casos, se esconden armas, dinero, droga o celulares. Tampoco se preocupan por cambiar los inhibidores de señal celular”.

La exfuncionaria explica que, mientras más aumenta la población en las prisiones, menor es el presupuesto que se les designan. En 2018, el presupuesto fue de USD 120 millones, esto quiere decir se invertía USD 400 por PPL. El presupuesto diario de comida para un reo era de USD 2.75.

Además del presupuesto está el personal de las cárceles que ha disminuido. “Si ya no hay psicólogos, médicos, trabajadores sociales, personal administrativo que despachen expedientes de reos que podrían acogerse a la prelibertad, entonces continuará el chantaje y la corrupción. Al retener presos, se mantiene el hacinamiento y la sobrepoblación”, precisó.

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“En horas de la tarde de este día (sábado), Agentes de Seguridad Penitenciaria reportaron una persona privada de libertad sin signos vitales en su celda. Esta estaba ubicada en la etapa transitoria del Centro de Privación de Libertad (CPL)”, informó la institución.

De acuerdo con datos preliminares, la PPL se habría quitado la vida suspendiendo su cuerpo con una sábana. Por ahora las autoridades no han ampliado la información y mantienen las investigaciones sobre el infausto acontecimiento. 

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Los vecinos del sector alertaron sobre el hecho una vez que desde los patios interiores vieron salir una humareda. Los bomberos fueron alertados del hecho y entonces se supo que se trataba de una riña entre dos reos. A ella se sumaron otros detenidos. 

La Policía desplegó un operativo para retomar el control del centro carcelario y no ofreció mayores detalles de lo sucedido. Solo informaron que existe una persona herida con arma blanca. 

Cárceles, la crisis continua

Estos hechos se dan menos de un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó los hechos de violencia que sucedieron en distintas cárceles de Ecuador y exigió al Estado que adopte medidas frente a la crisis carcelaria.

«La CIDH condena los hechos de violencia ocurridos en diversas penitenciarías del Estado ecuatoriano, que resultaron en que al menos 121 personas privadas de libertad perdieran la vida», escribió entonces. La Comisión exigió además que el Estado adopte medidas inmediatas y efectivas. Estas medidas deben garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia. Conmina, además, a adoptar medidas para prevenir la repetición de estos hechos.

La CIDH recordó que desde enero de 2021 se produjeron diversos enfrentamientos entre personas detenidas, que ocasionaron la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad, y decenas heridos. La organización advirtió que estas muertes suceden en «un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador».

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«La CIDH condena los hechos de violencia ocurridos en diversas penitenciarías del Estado ecuatoriano, que resultaron en que al menos 121 personas privadas de libertad perdieran la vida. La Comisión urge al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia, así como para prevenir la repetición de estos hechos», dice la comisión en un comunicado.

La CIDH recordó que desde enero de 2021 se produjeron diversos enfrentamientos entre personas detenidas, que ocasionaron la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad, y decenas heridos. La organización advirtió que estas muertes suceden en «un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador».

El organismo recordó las distintas acciones que llevó a cabo el Estado ecuatoriano; señaló que el 17 de abril, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) creó el Grupo Especial de Acción Penitenciaria, y el 28 de julio, el director general de ese organismo declaró situación de emergencia en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social por 60 días.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creado a partir de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene la misión de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

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“Las autoridades perdieron el control de los centros carcelarios y esa es una realidad absoluta. En este momento, los guías penitenciarios no manejan las llaves de los pabellones (…) los que manejan las llaves de los pabellones son los internos, por orden de los directores (…) Los directores, como el señor [Patricio] Limaico, dispuso que a partir de las 17:00 la llave de los pabellones se entregue al interno correspondiente”, dijo Toro.

Estas declaraciones aparecen en medio de una comparecencia ante la Asamblea Nacional. El más reciente hecho de violencia se registró el pasado 12 de junio en la cárcel N.1 de Guayas. Las autoridades debieron activar los protocolos de seguridad para mantener el control y poner distancia a la riña que enfrentó a peligrosas bandas que operan dentro de los centros carcelarios.

“¿Les parece que ese es un tratamiento de seguridad para un centro? ¿No será por eso que se matan ahí adentro? Porque si yo no tengo una figura de autoridad es como todo en la vida, no camino recto. Yo necesito una figura de autoridad para que me guía y se cumpla con is ejes de tratamiento, que no se cumplen tampoco”, agregó el citado jurista.

El origen de la crisis

En diciembre del año pasado, reclusos protagonizaron un motín en el Centro de Rehabilitación de varones de Esmeraldas; se registró seis fallecidos y más de una decena de heridos a causa de un tiroteo. 

Al día siguiente, los PPL de la cárcel de Esmeraldas los residentes carcelarios intentaron fugarse por una de las vallas de alambre de la puerta principal del Centro.

El 19 de agosto pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) pidió el traslado de un grupo de internos desde Sucumbíos.

El 4 de agosto, Fiscalía General del Estado inició la investigación del motín en la Penitenciaria del Litoral por una riña entre la banda de Los Choneros y Los Lagartos. Esa riña generó 11 fallecidos en la Penitenciaría del Litoral. 

El 3 de agosto, disparos se escucharon en el interior de ese Centro de Rehabilitación Social de Ambato. 

Anteriormente las cárceles de Ambato, Tulcán y Latacunga fueron escenario de incidentes en los que los privados de la libertad exigían atención médica en el marco de la emergencia.

La tragedia sacudió al país el pasado 23 de febrero cuando, según información de la Policía Nacional, fallecieron al menos 62 personas privadas de libertad en Latacunga, Cuenca y Guayaquil.

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«Agentes de Seguridad Penitenciaria y @PoliciaEcuador activan protocolo de seguridad y ejecutan operativo de control, ante riña entre personas privadas de libertad de los pabellones 7, 8 y 9 en el #CPLVaronesGuayas N°1″, escribió la institución encargada de las cárceles en sus redes sociales.

Al momento las autoridades dicen tener bajo control la situación y han desplegado un operativo en todas las cárceles del país. Sin embargo, familiares de los detenidos denuncian en redes sociales que la seguridad de sus familiares es incierta desde hace ya mucho tiempo.

«Estamos angustiados por la vida de nuestros familiares. A mi hermano lo han amenazado de muerte en varias ocasiones. Cada vez que hay este tipo de problemas no sabemos lo que pueda pasar», dijo la hermana de un reo detenido en esa prisión.

«El @SNAI_Ec informa que luego del hecho suscitado en el #CPLGuayas N° 1, se activaron los protocolos de seguridad en los #CPL del país. Al momento, todos los #CPL se encuentran bajo control y tranquilidad», informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

El origen de la crisis

En diciembre del año pasado, reclusos protagonizaron un motín en el Centro de Rehabilitación de varones de Esmeraldas; se registra seis fallecidos y más de una decena de heridos a causa de un tiroteo. 

Al día siguiente, los PPL de la cárcel de Esmeraldas intentaron fugarse por una de las vallas de alambre de la puerta principal del Centro.

El 19 de agosto pasado, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) pidió el traslado de un grupo de internos desde Sucumbíos.

El 4 de agosto, Fiscalía General del Estado inició la investigación del motín en la Penitenciaria del Litoral por una riña entre la banda de Los Choneros y Los Lagartos. Esa riña generó 11 fallecidos en la Penitenciaría del Litoral. 

El 3 de agosto, disparos se escucharon en el interior de ese Centro de Rehabilitación Social de Ambato. 

Anteriormente las cárceles de Ambato, Tulcán y Latacunga fueron escenario de incidentes en los que los privados de la libertad exigían atención médica en el marco de la emergencia.

La tragedia sacudió al país el pasado 23 de febrero cuando, según información de la Policía Nacional, fallecieron al menos 62 personas privadas de libertad en Latacunga, Cuenca y Guayaquil.

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«Es inaceptable que el primer mandatario en sus declaraciones oficiales traslade responsabilidades por fuera de su competencia como Presidente del Ecuador, lo vivido en estos días es una clara consecuencia del desmantelamiento de la estructura del Estado para responder como garante de derechos», señaló la institución.

El Consejo además calificó de «inadmisibles» las reacciones de la sociedad en las redes sociales que han «aplaudido estos episodios de violencia y crueldad frente a las personas privadas de la libertad».

Exhortos al Estado

El CPD exhortó al Estado ecuatoriano acumplir su roll como garante de derechos con la sociedad. Esto conforme a lo que dicta la Constitución y las leyes de DD.HH. Al Gobierno Nacional y el Presidente Lenín Moreno, a reforzar la seguridad y los mecanismos de control en los centros penitenciarios.

Por los 79 PPL fallecidos, el CPD solicitó tres días de luto nacional.

Al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) solicitó revisar las políticas diseñadas en los Centros de Rehabilitación Social y frenar la violencia.

Exige a la Fiscalía General del Estado investigar, juzgary sancionar los hechos desencadenados el pasado 23 de febrero en los Centros Penitenciarios del Guayas, Cuenca y Cotopaxi.

Debilitamiento del sistema carcelario en 2020

Exfuncionarios de la SNAI aseguraron en 2020 que el Ministerio de Finanzas realizó tres recortes al programa de fortalecimiento del sistema carcelario por más del 70%. Además se redujo personal: psicólogas, trabajadoras sociales;y se promovió un hacinamiento de más del 40%.

La Ley

La Constitución de la República, en su artículo 35, determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria. Se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del Estado, como garante de derechos.

El art. 12 del Código Orgánico Integral Penal reconoce a los PPL los derechos a la integridad personal, alimentación adecuada, comunicación y vinculación familiar, acceso a servicios de salud, prohibición del aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias.

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