El dictamen, emitido el 15 de diciembre, señala que la reforma incumple el principio de no regresividad de los derechos consagrado en la Carta Magna. Según el pleno de la Corte, la modificación planteada por el Ejecutivo afecta garantías fundamentales, contraviniendo los artículos 11 y 84 de la Carta Magna, que prohíben la restricción de derechos y las regresiones normativas.

“La exclusión de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria menoscaba sus derechos fundamentales y debilita las obligaciones estatales de garantizar su protección en contextos de vulnerabilidad”, indicó el documento.

Propuesta del Ejecutivo

La iniciativa fue presentada por el presidente Daniel Noboa el 6 de noviembre de 2024. Según el comunicado oficial de la Presidencia, el objetivo era garantizar un “sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos y atenciones estatales.

No obstante, la Corte señaló que los cambios constitucionales no deben responder únicamente a consideraciones políticas o administrativas, sino a modificaciones estructurales que respeten la integralidad del sistema jurídico.

“El presidente debe observar los límites y requisitos establecidos por la Constitución, propiciando reformas que persigan un fin claro en lugar de plantear modificaciones aisladas”, exhortó el máximo organismo constitucional.

Críticas de derechos humanos

La propuesta generó preocupaciones en sectores legales y de derechos humanos, quienes calificaron la reforma como regresiva y contraria a los principios constitucionales e internacionales.

Actualmente, las PPL son consideradas un grupo de atención prioritaria debido a las condiciones críticas del sistema penitenciario ecuatoriano, caracterizado por el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable y atención médica.

El informe 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las condiciones de las cárceles ecuatorianas como “crueles, inhumanas y degradantes”, señalando la ausencia de medidas efectivas por parte del Estado para abordar la violencia y garantizar la seguridad de los reclusos.

Entre 2018 y 2022, 591 personas fallecieron en el sistema penitenciario, de las cuales el 76% fueron víctimas de matanzas carcelarias, según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador.

Decisión de la Corte

En su resolución, la Corte Constitucional destacó que la exclusión de las PPL como grupo de atención prioritaria “debilita las obligaciones estatales de garantizar condiciones mínimas de vida y seguridad”. Además, subrayó que cualquier reforma que implique la restricción de derechos debe justificarse de manera rigurosa, conforme al principio de progresividad.

El dictamen concluyó que la reforma no puede tramitarse por la vía de reforma parcial contemplada en el artículo 442 de la Constitución y recordó que el Estado ecuatoriano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que deben ser observadas en cualquier modificación normativa.

Con este fallo, la propuesta del Ejecutivo no podrá ser enviada a la Asamblea Nacional para su debate. En respuesta, sectores sociales han instado al Gobierno a priorizar soluciones integrales a la crisis penitenciaria en lugar de reducir derechos a los reclusos.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen, pero la decisión de la Corte pone en evidencia las tensiones entre las políticas del Ejecutivo y los principios de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución ecuatoriana.

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«Hace aproximadamente 3 horas llegué a la morgue a recoger lo que quedó de mi hermana, una mujer de familia, tranquila, con un gran futuro por delante, se va cumpliendo con el estado y con honor, aún nadie nos ha llamado si quiera a decirme “lo siento” por parte del gobierno», escribió en su cuenta de X, la noche del 12 de septiembre.

Asimismo, Icaza indicó que la persona que transportaba a su hermano era uno de sus compañeros de trabajo en el Centro de Rehabilitación. «Solo quiero puntualizar algo, mi hermana no venía con “custodia” (Por qué no tenía) iba con la persona que a veces le hacía de expreso, ojo, salió de la morgue del hospital hoy a las 11 pm, nunca llegó un fiscal, menos la dinased, y si hasta ahora nadie nos dice nada, gracias Ec».

El 3 de septiembre asesinaron al director de la cárcel de Sucumbíos que tampoco contaba con escoltas para su seguridad y movilización. Ante el asesinato de Icaza, el SNAI y el Ministerio del Interior publicaron una nota de pésame en redes sin embargo, calificaron al hecho de un fallecimiento sin tener en cuenta la causa del asesinato.

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Las fugas masivas en las cárceles de Ecuador continúan, a pesar del supuesto control tomado por el Gobierno Nacional en los centros penitenciarios desde enero de 2024. Se ha emitido un sinnúmero de decretos, declarado estados de excepción permanentes y colocado vallas publicitarias en varios puntos del país con el mensaje “Hemos retomado el control de las cárceles a nivel nacional. Únete al Nuevo Ecuador”, pero nada parece devolver la seguridad a la gente y la confianza en la Policía Nacional, como lo anunció el presidente Noboa en mayo pasado. Lo cierto es que en lo que va del año se han reportado 11 fugas, de los cuales siete se produjeron por atención médica en hospitales y centros públicos de Quito y Guayaquil, principalmente.

En una de las provincias donde el gobierno se ha esforzado por decir que se han reducido las muertes violentas, en menos de 11 días se dieron dos fugas del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo en Portoviejo, Manabí. La semana pasada escaparon tres reos de alta peligrosidad, asociados presuntamente con Los Choneros, y este lunes 5 de agosto, escaparon cinco más. Lo que más sorprende de esta ineficiencia es que la misma Policía Nacional evidencia los fallos del gobierno de Noboa al indicar que esta es una responsabilidad del SNAI y que por su parte han hecho su trabajo, luego de que el primer mandatario, cada vez que habla del tema, asegura que existe una coordinación eficiente entre la Policía, la SNAI y las Fuerzas Armadas que le ha permitido a su gobierno recuperar el control de las cárceles.

Entonces, según esta lógica, la Policía reporta las fugas, el SNAI las confirma y el Ministerio del Interior anuncia otras cifras entusiastas para que el presidente Noboa diga que todo está bajo control. Tras prueba y error, en nueve meses de gobierno, el caos permanece en los centros de privación de libertad y en las calles del país que profundiza aún más el cuestionamiento de la ineficacia del Plan Fénix prometido en campaña electoral. Plan que, por cierto, aún no muestra resultados claros en sus dos fases de implementación.

Pero hay otras instancias estatales que tampoco están haciendo lo suyo y suscriben que no existe tal coordinación intersectorial. Por ejemplo, el Ministerio de Educación que, en lugar de reforzar el acceso al sistema educativo público de los niños y adolescentes, solo ha modificado la malla curricular para implementar clases de cívica. El Ministerio de Salud Pública que únicamente ha podido activar el Código Plata, luego de producidas las fugas. El Ministerio del Interior que debería capacitar y dotar de personal preparado, combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario y coordinar la asignación de recursos financieros, solo hace ruedas de prensa que repiten un discurso político vaciado de realidad nacional y veracidad en las cifras de este y otros problemas de inseguridad. En diciembre de 2023, Noboa ofreció tener dos cárceles de “máxima y supermáxima” seguridad en 200 días. Sin embargo, el acto protocolario y mediático se dio el 21 de junio de 2024 en Santa Elena, seis meses después, con un par de estacas pintadas de rojo entre los ceibos del bosque tropical y bajo el rechazo de comuneros locales que reclaman el mantenimiento de las tierras ancestrales. Esta “Cárcel del Encuentro” debería estar terminada en 300 días, según la misma Presidencia de la República. Todo esto, mientras el primer mandatario y su gabinete se aferran al discurso de no volver al viejo Ecuador, cuando los hechos diarios de violencia y el fallo en sus políticas dicen totalmente lo contrario

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En 2018 existieron 15 asesinados; en 2019 fueron 30; en 2020, 51. Durante 2021, asesinaron a 348 ppl; 147 en 2022 y 89 en 2023. En estas muertes había un conocimiento previo, ya que los reos informaban a sus familiares de las masacres y el peligro de ser asesinados. La falta de reacción del Estado y la complicidad también agrava las cosas.

«Hasta la fecha, no existen protocolos de asistencia, acompañamiento y/o contención
emocional integral a las familiares que han recibido el cuerpo de su pariente fallecido en
prisión . De hecho, los procesos para brindar información han sido muy informales y
violentos. En la mayoría de casos, las familias han tenido que aportar con información al
Estado para la identificación de los cadáveres», dice parte de este informe. A ello se suma que las masacres mostraron actos de violencia extrema que evidencian las condiciones de vida para los PPL.

¿Qué pasa en 2024?

Con el ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles del país, empezaron a evidenciarse actos que atentan contra los derechos de los PPL, entre los que se encuentran: la restricción de acceso a agua potable y alimentación desde el 15 de enero. También el decomiso de armas, ropa, elementos de higiene y objetos no prohibidos dentro de los centros carcelarios. Las familias indicaron que estaban incomunicados desde que inició la intervención de las FF.AA.

Otras prácticas que llegan a la tortura se habrían producido en el interior de los Centros de Reclusión: negación paulatina de alimentación, encierros en celdas con gas pimienta, toallas mojada con gas pimienta, golpes, azotes, entre otros actos que atentan la dignidad humana.

«En una visita realizada por el equipo del CDH el domingo 21 de enero y lunes 23 de enero del 2024 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N°1 (Penitenciaría del Litoral), se constató nuevamente la situación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a los cuales fueron sometidas las familias de las personas privadas de
libertad debido a: falta de información, falta de espacios de contención emocional,
además la respuesta represiva de la fuerza policial», dice una parte de este documento.

Puede leerlo completo, aquí:

¿Qué sigue ahora?

El Comité de Familiares por la Justicia y el CDHGYE presentarán el informe al Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que revisarán el caso entre el 9 y 10 de julio, donde tendrán constancia del Informe de la sociedad civil y las organizaciones de DD.HH. como del Gobierno Nacional.

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»Visitas, salud y alimentación», era el eco de una decena de personas a los exteriores de la Asamblea Nacional.

Activistas, madres, amigos, esposas y hermanos tenían desgarradores testimonios por contar. Ellos afirmaron que la condición de los centros penitenciarios en materia de derechos humanos empeoró desde que el primer mandatario ordenó que las Fuerzas Armadas (FF.AA) vigilen las cárceles de manera indefinida.

Desde varias provincias del país llegaron hasta la Comisión de Garantías Constitucionales a denunciar lo ocurrido. Tras una larga comparecencia, los legisladores de la mesa parlamentaria se comprometieron a llevar la investigación de los casos expuestos hasta las últimas instancias.

Las historias detrás de las rejas

El pasado 25 de junio, un ppl de la cárcel de Latacunga identificado como Argenis Peña falleció por un cuadro de inanición crónica, es decir, la forma más extrema de desnutrición. El cuerpo debería ser entregado a sus familiares, sin embargo, activistas indicaron con preocupación que entierran a los ppl en fosas comunes.

Para Gabriela Anangonó, esposa de un ppl, desde el 13 de enero el país vive una crisis carcelaria. Manifestó que en esa misma cárcel hay personas enfermas con tuberculosis, hepatitis, gastritis crónica y hasta mujeres embarazadas de tres y cuatro meses que no reciben la atención médica adecuada.

Asimismo, Odalys Cayambe, activista trans y expresidiaria, denunció que en la Penitenciaria del Litoral, 22 mujeres trans fueron mutiladas, y recibieron torturas con pinzas y corriente eléctrica. También indicó que hay migrantes que están desapareciendo de las cárceles y las autoridades no llevan su registro.

Mayra Carranza, quien tiene dos hijos privados de la libertad, denunció la falta de atención médica y malos tratos por parte de las FF.AA. Relató que durante su permanencia en la salida de Penitenciaría del Litoral evidenció que hay presidiarios que salen con problemas físicos.

Abuso de poder

Evelyn Herrera, esposa de un ppl, acudió desde Machala para denunciar lo que ocurre al interior del centro penitenciario del cantón. Además de la prohibición de visitas, señaló que existe maltrato por parte del personal militar ya que a los reos »les tiran la comida en la cara» y »les ponen gas».

Cade mes, los familiares envían útiles de aseo que no llegan a las manos de los ppl, ya que, a manera de tortura, los militares estarían desechando estos implementos.

Actualmente, existe el caso de dos jóvenes en agonía, uno por desnutrición y otro por el maltrato al que fue sometido al interior de la cárcel. La tuberculosis también es otra plaga que amenaza la salud de los presidiarios debido a que todos se alojan en una misma celda sin aislar a las personas que padecen esta enfermedad contagiosa.

Manuel Minga, desde la provincia de Napo, advirtió que durante un mes atendieron la alimentación de sus familiares. Expresó que teme por su vida e integridad física al denunciar lo que está sucediendo en las cárceles del país y la administración de justicia. Informó que en el caso de la cárcel de Archidona existen casos de malos tratos y daños en la salud de los PPL. (AGM).

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Esta compañía, establecida en Ecuador en 2013, ya tiene experiencia en la construcción de dos hospitales (cuyos contratos se remontan a 2015 y 2016) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos en Guayaquil y el hospital del IESS Quito Sur, inaugurados en 2017. Ambos proyectos, ejecutados como parte de consorcios con otras empresas, fueron edificados en 13 meses (considerado como «récord constructivo» de parte de la compañía a cargo del proyecto) y tuvieron un costó de USD 200 millones y USD 198 millones, respectivamente.

Los detalles del proyecto son reservados

El SNAI decidió invitar a esta empresa por su experiencia y por razones de conveniencia y viabilidad técnica. Los detalles técnicos del proyecto, clasificados como reservados, aseguran la seguridad ante posibles ataques de grupos delictivos organizados.

La construcción, que debe completarse en 300 días, es parte de un plan del presidente Daniel Noboa para desarticular las cárceles actuales, que funcionan como centros operativos para grupos delictivos.

Con esta nueva prisión, se pretende reducir el hacinamiento, que hasta abril de este año era del 15,6%. Actualmente, los centros carcelarios del país (ubicados en nueve zonas diferentes) tienen una capacidad para 27.741 privados de la libertad. Sin embargo, se registra un total de 32.039, excediendo su capacidad, según cifras expuestas por El Universo.

La nueva cárcel en Santa Elena tendrá capacidad para 736 internos y contará con avanzados sistemas de seguridad, inhibición de señales, y otras tecnologías modernas para garantizar un control riguroso.

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Una de las promesas del presidente Daniel Noboa al iniciar su mandato fue la construcción de dos cárceles de alta seguridad: una en Pastaza y otra en Santa Elena. No obstante, los problemas económicos del país ajustan el cinturón del Estado para la ejecución de sus proyectos.

No existe novedad respecto al centro penitenciario en la región amazónica, pero del otro lado, la obra en la zona costera ya da sus primeros avances. La construcción generaría más deudas al país, pues se prevé que USD 43.8 millones sean pagados con bonos de deuda interna debido a la falta de liquidez en el gobierno.

A partir de la firma del contrato la empresa tendrá un plazo de 300 día para finalizar el trabajo. Hasta el momento el SNAI ha realizado la invitación a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., que forma parte de la firma China Road and Bridge Corporation, a participar de este proceso.

El contrato incluiría el equipamiento del sistema de control del accesos a comunicaciones, túneles de rayos X, arcos detectores de metales, detectores de cavidades y bloqueo de señales. La información a detalles fue puesta en reserva por las autoridades.

Sin recursos para los agentes penitenciarios

Mientras el gobierno agota recursos para el levantamiento de nuevas cárceles, la Asociación de Agentes Penitenciarios denuncia la falta de garantías laborales y del equipo necesario, como armas y chalecos antibalas, para realizar su trabajo.

Tras el ataque armado del pasado 10 de junio en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, que desembocó en la fuga de uno de los líderes de la banda criminal de »Los Lobos», una servidora penitenciaria fue herida. La mujer no contaba con protección ya que su chaleco antibalas estaba caducado.

«No tienen armas letales y no letales, los chalecos antibalas están caducados y uno de ellos produjo que el disparo impacte en una de las servidoras y está en estado crítico actualmente», señaló el abogado de los servidores penitenciarios, Paúl Sánchez. (AGM).

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Para el titular de la cartera de Estado, la inseguridad no es una situación que desaparezca con una »varita mágica», en este sentido, señaló que siguen los operativos para encontrar el armamento escondido en los centros penitenciarios.

Asimismo indicó que el internet está bloqueado en las cárceles y solo se lo habilita para las audiencias telemáticas.

Control fronterizo

»La propuesta de campaña del presidente Daniel Noboa con el plan Fénix fue fortalecer el control fronterizo, no hablo específicamente de poner más militares porque, en realidad, poner más militares no es la estrategia correcta», dijo en entrevista a FM Mundo.

Agregó que es necesario el uso de la tecnología para fortalecer la frontera, sin embargo, no han podido implementar de manera inmediata esta medida porque recibieron una caja fiscal en cero.

La segunda fase del Plan Fénix tendría como principal tarea capturar a los objetivos de alto valor y fortalecimiento tecnológico. (AGM).

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Este proceso, realizado en colaboración con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las Fuerzas Armadas, se lleva a cabo únicamente con el consentimiento informado de las personas privadas de libertad y tiene objetivos forenses y humanitarios, en cumplimiento con la normativa vigente.

Un censo penintenciario en la primera fase

Previamente, la entidad confirmó que se está realizando un censo de la población penitenciaria para verificar identidades, registrar información biométrica y procesarla en el Sistema Informático Penitenciario (SIP).

Este proceso ya se está implementando en algunas prisiones como la cárcel 1 de Cotopaxi, la cárcel 1 de Chimborazo y desde el 11 de marzo en la cárcel 1 de Guayas.

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»Existen personas malintencionadas que están usando estas noticias y las convierten en falsedades. No les importa dañar a un ser humano que hace justicia, pero prefiero ser perseguida por justa y humana, y no por corruptible ni por omisión al dolor ajeno», dijo en un video difundido en sus redes sociales.

Fiscalía solicitó que ella junto a otras 12 personas sean vinculadas en la instrucción fiscal por el Caso Metástasis. En su caso particular, se presume su nexo con la delincuencia organizada y la entidad interpelante aseguró tener las evidencias para declararla culpable.

El polémico video

A finales de febrero de este año, salió a la luz un video en donde aparece ella junto a ‘Fito’ en una clase impartida a policías colombianos. Sin embargo, resaltó que esta grabación ha sido utilizada como un mecanismo de persecución en su contra.

De igual manera, aseguró que el material audiovisual constituía una herramienta académica que utilizó incluso con policías de otros países y en sus capacitaciones en materia de seguridad para realizar análisis desde la psicología y la criminología sobre lo que piensa alguien con alto perfil criminal. Asimismo aclaró que nunca tuvo una relación directa con el narcotraficante.

En diciembre de 2021, el expresidente Guillermo Lasso estableció la creación de la «Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación». El objetivo principal era contribuir al desarrollo y la implementación de estrategias centradas en los derechos humanos, con el fin de reducir las muertes violentas en las cárceles a nivel nacional. Esta comisión estuvo integrada por un grupo de nueve expertos tanto nacionales como internacionales, entre los que se encontraba Garzón. (AGM)

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En operativos simultáneos en las cárceles del Inca, en Quito, Guayas, el Puyo, Carchi encontraron droga, celulares, machetes, computadoras y otros objetivos prohibidos. En videos que circulan en las redes sociales de las fuerzas del orden se observa como los agentes ingresan con martillos y otros instrumentos para derribar algunas paredes y extraer varios dispositivos.

¿Qué más hallaron?

En otros centros penitenciarios, los uniformados encontraron paredes y pisos falsos construidos en las celdas. Los operativos se realizaron tras el decreto del conflicto armado interno en el país y la ola de violencia desatada en las calles. Sin embargo, es pertinente cuestionar ¿cuál fue el accionar del SNAI en este proceso?

¿Cómo accedieron los reclusos a los materiales para la construcción de estas estructuras? o ¿Durante las intervenciones y requisas diarias que realizaban nunca se percataron de este suceso? ¿Qué autoridad debía estar pendiente de estos incidentes?

Se encuentran con cada cosa…

El 16 de junio de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso, los agentes encontraron desde televisores hasta gallos de pelea y un corral de cerdos, en la cárcel de Santo Domingo. Además, hallaron 26 armas blancas, 16 dispositivos electrónicos, ocho estufas. 12 gallos de pelea y dos cerdos.

De la misma manera, en los pabellones de mínima y mediana seguridad encontraron 11 kilos de marihuana, dos kilos de cocaína, 57 celulares, 17 parlantes, 41 botellas de licor, 290 cajas de cigarrillos, neveras, entre otros objetos.

Al «nuevo» escenario que presentan las fuerzas del orden, el SNAI se ha mantenido en silencio o ha brindado escasa información ante los acontecimientos. De hecho, dos directores de cárceles de la Penitenciaría del Litoral fueron detenidos tras la inspección que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), el 4 de agosto de 2023.

A la par fueron aprehendidos cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios. Horas después, los funcionarios fueron liberados por supuestamente mostrar una detención ilegal.

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Según Palencia, lo que les faltó a los gobiernos pasados fue aceptar que «perdieron el control de los reclusorios». Recalcó que el orden de las cárceles no era impuesto por las autoridades, sino por los líderes de algunas bandas delictivas. Comentó que el presidente Daniel Noboa, intenta retomar ese control con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

«Se puede tener vigilancia sobre lo que se tiene control, pero ante estos acontecimientos, nada se puede hacer de un día para el otro», dijo en Ecuavisa.

Refuerzos al «Plan Fénix»

Según el régimen, las últimas acciones, en cuestión de seguridad, forman parte del «Plan Fénix», por lo que para reforzarlo solicitaron asesoría internacional. También, indicó que trabajan bajo los condicionamientos y parámetros de cooperación para conformar un Bloque de Seguridad Andino.

Palencia insistió en que la Central de Inteligencia es la columna vertebral de la planificación para luchar contra el crimen organizado. «Para lograr esto, entendemos que la Policía Nacional se está depurando y podrá trabajar con estrategias de alto nivel», refirió.

Extradición de presos

La ministra comentó que analizan los términos jurídicos para la repatriación con países amigos. Adelantó que ya mantuvo las primeras conversaciones con el Embajador de Perú, donde revisaron los acuerdos vigentes. En cuanto a Venezuela, comentó que el proceso es distante por «razones políticas«.

«En menos de 40 días estamos dando buenas noticias. Bajamos la cantidad de muertos y ahora estamos en 10,6», resaltó.

Los proyectos de Noboa y el IVA

Palencia remarcó que no puede «dar juicios de valor ante las estrategias políticas de las bancadas en el Legislativo» sobre los proyectos de ley de Noboa. Sin embargo, aludió que darle la espalda a la opción de incrementar el IVA al 15 %, es darle la espalda al país. «Eso también significa que no entienden la gravedad y magnitud del conflicto armado interno», expresó.

En cuanto a la consulta popular, mencionó que la Corte Constitucional (CC) tiene la disposición de actuar ante los estamentos que presentó el presidente y analizarlos previo a su publicación. No obstante, aseguró que todas esas preguntas serían en benefició del país.

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La tarde de este 13 de enero la Policía Nacional reportó que tras la mediación de la iglesia católica se logró la liberación de 11 agentes penitenciarios de la cárcel de Esmeraldas. Los servidores fueron puestos a buen recaudo y enviados a una casa de salud para su valoración médica.

Horas más tarde se reportó la liberación de 13 agentes penitenciarios de la cárcel de Tungurahua. De igual manera, la Policía destacó que recibirán atención médica antes de acudir con sus familias.

Hasta el jueves 11 de enero se reportó 178 rehenes en siete cárceles del país, 158 guardias de seguridad y 20 funcionarios administrativos.

ACTUALIZACIÓN 20:20

El SNAI informó que al momento, 133 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) y tres miembros de personal administrativo siguen retenidos. Al momento reportó el fallecimiento de un agente penitenciario identificado como Daniel Tinitana y otro servidor herido, ambos del Centro Penitenciario de El Oro.

Por otro lado, en la cárcel de Loja un servidor del CSVP evadió a sus captores y saltó el muro del centro. Personal de Fuerzas Armadas identificó al agente y le brindó ayuda inmediata, según el reporte.

ACTUALIZACIÓN 22:34

El SNAI informó que la noche de este 13 de enero, los protocolos de seguridad y trabajo conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas concluyeron exitosamente con la liberación de todos los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y miembros del personal administrativo retenidos en los diferentes Centros de Privación de Libertad (CPL) del país.

»Esta cartera de Estado iniciará las investigaciones pertinentes para determinar las causas y responsables de los últimos acontecimientos registrados en los CPL», dicta el comunicado.

Más datos

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ejecutado 10.478 operativos en las 24
provincias del país, arrojando los siguientes resultados:

• 1.105 personas detenidas; de esa cifra, 125 por terrorismo
• 28 grupos terroristas desarticulados
• 5 terroristas abatidos
• 27 personas privadas de la libertad recapturadas
• 8 policías liberados
• 2 policías fallecidos en el cumplimiento de su deber
• 413 armas de fuego incautadas
• 224 armas blancas incautadas
• 12 alimentadoras
• 14 embarcaciones aprehendidas
• 338 explosivos incautados
• 324 vehículos recuperados
• 8.709 municiones incautadas
• 160 motocicletas recuperadas
• 1.035 galones de combustible
• 100 celulares decomisados
• 8 atentados a infraestructuras policiales
• 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas

La entrada Todos los rehenes fueron liberados de las diversas cárceles del país se publicó primero en La Calle.

»No podemos seguir en el juego de estos grupos terroristas. Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son sólo víctimas del sistema», dijo en entrevista para la BBC.

Agregó que junto a las fuerzas públicas se encuentran realizando operaciones tácticas para rescatar a los 178 rehenes de las diversas cárceles del país, sin embargo, resaltó que no puede dar más detalles de los operativos.

Destacó que el sistema penitenciario de nuestro país también tendrá cambios reales que no han ocurrido en la última década. En este sentido, habló sobre el proyecto de la construcción de las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza, la expulsión de reos extranjeros y la correcta segmentación de los ppl de acuerdo a los crímenes cometidos. (AGM).

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Tras la situación de conflicto interno que vive Ecuador, el gobierno colombiano ofreció su ayuda a la nación. Ante esta intención, el mandatario ecuatoriano respondió en entrevista para Radio Canela: «perfecto, ya les mandamos a 1.500 presos que tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas».

Agregó que ya tienen sentencias ejecutoriadas de 5 años y “de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar”. Resaltó que con los acuerdos de los tratados internacionales es posible expulsarlos y dejarlos en la frontera para decirles “muchas gracias, quédense por allá”.

¿Qué dicen las autoridades colombianas?

En respuesta a este anuncio, el ministro de Justicia colombiano, Néstor Osuna, aclaró que, al expulsar a estos individuos, esencialmente se les estaría liberando de la cárcel. Las autoridades del país vecino esperarán la resolución de Ecuador para determinar si es necesario arrestar a esas personas en Colombia, es decir, si tienen deudas pendientes con la justicia de esa nación.

Asimismo, expresó su solidaridad con Ecuador y reafirmó que brindarán su colaboración, pero aclaró que su apoyo será siempre y cuando se ajuste a los parámetros legales e internacionales vigentes.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, actualmente hay 1.489 personas de nacionalidad colombiana y 100 de nacionalidad peruana privadas de la libertad en cárceles ecuatorianas. Se tiene previsto repatriar a todos ellos, así como a 1.362 individuos de nacionalidad venezolana.

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«Se tomó lista la noche anterior y a las 7:00 estaba ahí. /..) La suite estaba llena de cosas cuando nosotros entramos, pero de acuerdo con la información que tengo del SNAI en la noche se tomó lista. Aprendimos a la gente que estaba en ese turno y en el centro y ya emprendimos una investigación. Puede ser que también falsificaron esa lista. Estamos en una cacería activa por Colón Pico, por Fito. Nos estamos moviendo y están sintiendo que la cosa es totalmente diferente. Ahora es terrorismo y cambia la dinámica. Ahora tienen un poco más de cuidado al ayudar a un narcoterrorista”, dijo en entrevista con Canela.

Sobre la extradición de presos extranjeros

El mandatario se refirió al desalojo de reos extranjeros que han cumplido más de 5 años de su sentencia ejecutoriada. “Vamos a empezar con Colombia. Entre colombianos, venezolanos y peruanos son el 90% de la población carcelaria. Al sacar a esos presos nos ahorramos 1.500 y reducimos el hacinamiento En 1.500 presos se gasta el presupuesto y no en el desayuno de nuestros niños”, expresó.

Con respecto al Decreto Ejecutivo 111 y la denominación de objetivos militares a las bandas delictivas transnacionales, el presidente enfatizó que los militares tienen una misión. “Todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Si es que quieren resistirse. Si quieren hacer el alarde como hacen en los vídeos en Facebook, en WhatsApp con rifles disparando al aire, diciendo que son Los Lobos, que son esto, el otro. Bueno pues, sean valientes, peleen con los militares, de frente. No estaría violando ninguna ley. Está basado en la ley humanitaria transnacional.

Noboa informó que se está cortando la señal y la electricidad de las cárceles. “Estamos desconectando la señal y la electricidad de las cárceles. Hay problemas con ciertas cárceles en las que no podemos hacer eso porque están cerca de la población. Se quedan sin señal los 50.000 ciudadanos que viven en el sector y eso es violación de derechos. Dejar sin electricidad, agua y señal de internet a las personas”.

¿Tendremos más recortes energía?

El jefe de Estado dejó plantada la duda de si continuaremos con los cortes de energía. “No voy a dañar la sorpresa, pero daremos una información importante desde el Ministerio de Energía y Minas (…) Exíjanles a los asambleístas que voten a favor. Parece que va a haber mayoría a favor de la ley. esperemos hasta las 5 pm”, dijo.

Acerca de la Consulta Popular, el presidente dijo que «nosotros hemos presentado preguntas, aceptados preguntas de otros grupos políticos. Tenemos preguntas bastante duras”. Añadió que no necesita la aprobación, pero si el apoyo de la Asamblea en la crisis que atraviesa el país. “Espero apoyo. No necesito su aprobación, pero si su apoyo. Les he pedido una resolución sobre este decreto y que se vote para fortalecer la unidad nacional». (MIB)

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Hasta el momento han causado daños en cámaras de seguridad y otros dispositivos de seguridad, según informa el diario El Mercurio. En los exteriores del centro penitenciario se encuentran los servidores policiales que laboran en esta prisión.

Por su parte, diario Expreso explicó que el personal de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Latacunga llegó a la cárcel de Cotopaxi debido a una alerta de posible amotinamiento en el que habrían retenido a funcionarios. Sin embargo, el SNAI no ha confirmado el hecho, tampoco los motines de El Inca y Turi.

Esta emergencia surge debido a la posible fuga de alias Fito que trascendió el 07 de enero en la cárcel regional de Guayaquil. Los funcionarios públicos aún siguen buscando al criminal y el secretario de Comunicación informó que Fito podría haberse fugado antes de operativo en esa prisión. (MIB)

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10 preguntas para frenar la inseguridad y 1 para generar empleo

Según Noboa, 10 de las 11 preguntas planteadas para la Consulta Popular que fueron enviadas a la Corte Constitucional tienen como objetivo encarar el problema de la inseguridad en el país.

«Estamos jodidos con la inseguridad. Las 10 preguntas son sobre seguridad, sobre procedimientos de accion de las Fuerzas Armadas, sobre activos y bienes que se pueden para luchar contra la inseguridad. Y la 11, es sobre la generacion de empleo«, manifestó

Sobre la operatividad del Plan Fénix y la Cárceles

El presidente explicó que durante las primeras cinco semanas de su mandato han logrado cumplir sus objetivos trazados. Esto pese a los «obstáculos» que se han presentado en el camino de Noboa. No osbtante, la realidad que indica un alza en la cifra de muertes violentas en los primeros días del 2024.

«Nos escondieron muchas cifras. Llegamos a ver muchas sorpresas. Ahora, la segmentación de cárceles está por empezar. Vamos a inaugurar, a poner la primera piedra en las cárceles la próxima semana. La primera piedra en Pastaza. Se firmará el contrato la próxima semana, tomará 10 (11) meses construir esas cárceles. Las cárcel sería igual a la que existe en El Salvador», comentó Noboa.

Además, reveló que estás centros carcelarios serán construidos en zonas de menor influencia de los narcoterroristas. Se trata de zonas especificas (en Pastaza y Santa Elena). Dichas construcciones estarán a 20 y 30 minutos de distancia (en recorrido vía vehículo) de las zonas pobladas. Se tiene previsto la colocación de la «primera piedra» el próximo jueves 11 de enero en la región amazónica.

Sobre el Caso Metástasis y las reuniones de seguridad

Noboa insistió en que los operativos desarrollados por Fiscalía en el marco del Caso Metástasis fue ejecutado en conjunto con el Gobierno. Esto incluye el despliegue policial efectuado durante las últimas semanas de 2023, que propiciaron la detención y, posterior, orden de prisión preventiva para alrededor de 30 involucrados en el caso.

Tras las recientes amenazas que han surgido en contra de la fiscal Diana Salazar, el presidente reveló que se ha otorgado resguardo militar para la funcionaria y también para su familia. Sostuvo que se reforzó el anillo de seguridad destinado a la fiscal para prevenir cualquier tipo de ataque en su contra.

Por ahora, Daniel Noboa tiene en su agenda de actividades asistir a una reunión reservada desarrollada por el Cosepe, en la ciudad de Guayaquil.

JR

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La funcionaria dijo a Radio Centro Digital que el gobierno ha mantenido conversaciones con empresas israelitas, mexico-americanas y salvadoreñas. Enfatizó en que existen planes de financiamiento interesantes. El Ejecutivo aspira que hasta el 5 de enero del próximo año esté lista la adquisición de dos terrenos para la construcción de las primeras obras.

Por otro lado, indicó que el presidente Daniel Noboa dio la instrucción de que los militares salgan a las calles y no se queden en los cuarteles. Esta sería una de las acciones para llevar adelante el Plan Fénix que busca combatir la inseguridad.

“Estamos en las zonas más calientes, esto es paulatino, no se da de la noche a la mañana. Tenemos resultados plausibles”, dijo en entrevista para Teleamazonas.

Agregó que en Machala la incidencia de homicidios se redujo de un 2.8 % al 1.5 %. Por otro lado, Durán disminuyó su incidencia de 20.5 % al 13.7 %. Resaltó que en el país existen cuatro focos de inseguridad y abarcan las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas. (AGM).

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Entre las medidas que anunció el mandatario destaca la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y una de supermáxima seguridad. Ambos proyectos empezarían en febrero de 2024. 

Noboa anunció que contará con el mismo equipo israelí que participó en la construcción de la megacárcel de El Salvador, junto con el presidente Nayib Bukele. 

En una entrevista del pasado 6 de diciembre en «Una mirada a Quito», Noboa mencionó que «El problema central está en la Penitenciaria del Litoral«. 

Las acciones propuestas por el jefe de Estado se desarrollarían en zonas alejadas con el fin de desconcentrar la Penitenciaría del Litoral, que «se ha vuelto una fábrica del crimen«, según reveló. 

«Ecuador tendrá dos mega cárceles de seguridad en tecnología’’ mencionó Mónica Palencia, Ministra de Gobierno en una entrevista para Ecuavisa. Señaló que definirán los detalles económicos del proyecto en los próximos días. 

Expulsión de reos extranjeros 

El primer mandatario además, hizo hincapié en la expulsión de unos 1.500 presos extranjeros que tengan condenas ejecutoriadas de más de cinco años. Ellos serán enviados a sus países de origen para completar sus penas. 

También indicó que el 80 % de los extranjeros presos en el país provienen de Venezuela, Colombia y Perú. Adicionalmente, mencionó que la Cancillería ha tenido acercamientos con las autoridades de dichas naciones para completar los trámites y concretar el traslado de los reos. 

Cárceles barcazas 

La implementación de cárceles barcazas, o prisiones flotantes que se usan en naciones como Países Bajos o Estados Unidos, serían una opción temporal hasta que estén listas las nuevas cárceles de máxima seguridad (cuyas construcciones tardarían alrededor de siete meses en construirse), pero también se usarían a mediano plazo para reducir el hacinamiento en el sistema carcelario. Se espera que estas cárceles operen en el mar a una distancia de 80 millas de la costa ecuatoriana. 

«Este es un país de paz. Se invita a todos los que quieran venir a visitarlo. Incluso hay gente que quiere venir con todas las ganas de trabajar y hacer las cosas bien, pero el que quiera hacer las cosas mal, se va«, manifestó el presidente. 

Estas cárceles flotantes llegarían al país «en siete, ocho meses», dependiendo del lugar en el que se encuentren. Afirmó que han identificado tres opciones de barcazas para traer al país: una está en Australia, otra en Reino Unido y la tercera en Estados Unidos. 

Noboa expresó que es necesario intervenir principalmente en la Penitenciaría del Litoral, que es en donde está el problema central de la crisis carcelaria. 

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