A raíz de la suspensión del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Patricio Chávez, por inhabilidad para ejercer un cargo público salieron a la luz más casos similares en los que estarían involucrados otros legisladores.

Frente a esta situación, la Asamblea notificó a los servidores involucrados y dispuso un plazo de 15 días para que puedan regularizar y subsanar su situación.

»Se incurre en inhabilidad especial por mora para el ingreso al servicio público, cuando las personas se encuentren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento (50%) o más con recursos públicos, empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado; o, que sean deudores del Estado por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible; o, que se encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada», establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

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En una reunión del movimiento, Dávila dijo a los militantes que Alfredo Samaniego no debía ser nombrado presidente de la Empresa Eléctrica Regional Sur ya que él tenía un candidato recomendado al ministro de Energía. “Dos horas después a las 10:30 de la mañana me llama el ministro de Energía y me dice que tiene otra hoja de vida destacada del ingeniero Alfredo Samaniego. Le digo, pero ya quedamos que iba a ir el ingeniero José Vicente Córdova. Me dijo mira, que yo quiero un técnico”, dijo Dávila el pasado 6 de junio.

Vicente Córdova es un ingeniero comercial que la militancia en Loja habría elegido en consenso para este cargo, pero ni el Ministerio de Energía ni el secretario de la Administración Pública darían el visto bueno.

Dávila renunció a la presidencia de CREO Loja tras conocerse la designación. “Alguien que no es del movimiento siempre va a preocupar. Va a molestar que el nombre propuesto sea el de un alto dirigente de un gobierno con el que nosotros tenemos amplias contradicciones”, dijo. Por otra parte, el asambleísta Jorge Pinto dijo que no ha visto a Byron Maldonado, quien sería el que recomendó a Samaniego para el cargo, gestionando un cargo público. “Gestionar es cuando uno insiste, hace lo que sea para que esa persona llegue a ese cargo público”, le dijo al portal La Posta.

La manzana de la discordia

El rechazo de Dávila se hizo público por medio de un comunicado. “Ante la designación del ingeniero Alfredo Samaniego Burneo como presidente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, quien fue alto funcionario del Gobierno del expresidente Rafael Correa y asesor legislativo del Movimiento Alianza País, expreso mi más profundo rechazo”.

Samaniego respondió y dijo que Ávila atentaba con su derecho al trabajo. “Si bien, como muchos otros funcionarios del sector, me desempeñé en importantes cargos del sector eléctrico durante el gobierno del expresidente Correa, mi perfil y mi trabajo se orientan hacia lo técnico y alejado de lo político”.

Añadió que no está afiliado a ningún movimiento político. “Mi designación frente a la EERSSA se centra justamente en el ámbito técnico en el que he desarrollado mi carrera profesional, y donde continuaré trabajando para demostrar, con resultados, mi permanente compromiso con el país”.

¿Qué dijo el ministerio?

De acuerdo con el Ministerio de Energía, la designación se realizó luego de un minucioso análisis de varios candidatos con el fin de garantizar la transparencia de esta selección. La cartera de Estado expresó que se buscaba a alguien con experiencia en el sector eléctrico y el elegido era el indicado para este cargo.

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“Tengo documentos sobre personas que trabajaban en el gobierno provincial de Orellana, cuando Llori fue prefecta, a algunos de ellos les da nombramiento definitivo», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Segovia recalcó que el Gobierno es el único que está empecinado en mantener a Guadalupe Llori en el cargo de la presidencia de la Asamblea.

«La señora Llori ha sido influencia para poner cargos públicos en Orellana, pero de eso no dice nada el Presidente de la República, lo tapan», afirmó el asambleísta.

Además, comentó que la denuncia será presentada al Comité de Ética y este organismo tiene que iniciar un proceso de investigación con todas las pruebas documentadas.

“Alguien que tiene una participación importante en estos palanqueos es el yerno de Llori, Cristian Lozada», aseguró Segovia.

El asambleísta sostuvo que la denuncia se sustenta en información corroborada que determina que existe gente allegada a la presidenta Llori.

“Se conoce que, en la provincia de Orellana, ella maneja todo y es por ello que hizo la denuncia pública”, reiteró Segovia

También recalcó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe a un asambleísta gestionar cargos públicos y cuya sanción es incluso la destitución del cargo.

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«Por un lado está el Estado lagarto con hambres atrasadas que siempre busca mordernos más recursos y sacarnos más plata del bolsillo», dijo en un vídeo. Curiosamente ese Estado lagarto es quién pagará su sueldo con los recursos de los ciudadanos.

El nuevo funcionario que fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil tampoco está de acuerdo con los discursos de los sindicatos gremiales.

«Si ser empresario es tan maravilloso como los sindicatos creen y ser empleado es tan difícil ¿Por qué los sindicatos no se convierten en empresarios?» expresó en un debate en Hora 25.

Cumplir la ley

Arosemena ya advirtió a los campesinos que no permitirá cierres de vías como forma de protesta. Tampoco ve con buenos ojos lo que denomina la exigencia de «precios políticos» para la comercialización de productos.

“Ya es hora que en Guayas la ley vuelva a ser la ley, hay que aplicar la ley y ese va a ser un foco de trabajo, que sirve tanto para la seguridad ciudadana como para la paz social […] Los cambios no son de la noche a la mañana, pero mientras se cambian las cosas, no se puede paralizar. Un Gobierno no puede ser sujeto al chantaje porque el Gobierno representa a todos los ciudadanos y los ciudadanos lo que quieren es trabajar, producir y progresar y hacerlo en paz”.

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