Según diario El Universo, el mayor Carlos F. y el policía Álex P. detenidos la tarde del 29 de octubre en Ataranza (norte de Guayaquil), seguirán en sus cargos hasta que la investigación por Fiscalía determine su cargo de culpabilidad.

El coronel Fabary Montalvo, subcomandante de la Zona 8, también mencionó que el mayor Carlos F. tomó vacaciones desde el lunes 31 de octubre. Un día después de presentarse a trabajar el domingo con total normalidad, luego de que la jueza del caso, Gabriela Macías, dictó medidas alternativas contra los involucrados.

El último policía involucrado, Steven Andrés F. es, hasta ahora, el único con prisión preventiva. Andrés F. conducía el vehículo rojo en el que iba la droga, por lo cual su vinculación con el delito es directa. Aunque existen videos de seguridad que involucran a los dos policías restantes, la jueza del caso solo dispuso la detención para uno.

Fiscalía y el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunciaron frente a la decisión del caso. “Lastimosamente solo dictan prisión para uno de ellos, y a través de dirección de Antinarcóticos, vamos a apelar esa decisión”, dijo Zapata.

Recorrido de la detención

El 29 de octubre detuvieron a un oficial mayor de la Policía Nacional (Carlos F.), dos miembros de tropa (Álex P. y Andrés F.) y un individuo de nacionalidad colombiana (Carlos Humberto C.).

El motivo fue el presunto tráfico de 221 paquetes de cocaína, por unidades con jurisdicción en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. El informe del suceso también detalla la presencia de un arma de fuego, una ametralladora con 11 cartuchos, dos teléfonos y prendas de uso policial.

Mayor condecorado, ahora acusado

El mayor Carlos Alfonso Fuel Almeida lleva casi 20 años dentro de las filas de la Policía Nacional. En la actualidad es jefe del circuito de Ataranza y jefe encargado del distrito Modelo. En 2019, la Gobernación de la provincia de Cotopaxi lo condecoró por su combate a la corrupción. (J.P.C)

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«El general Salinas ha estado al frente de esa tarea y ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones realizadas para ubicar al prófugo. Para garantizar que ese esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer al frente de la institución», dijo el Ministerio en un comunicado.

Sobre el resto del mando policial, la cartera de Estado ratificó su confianza «en la gestión se orientará a garantizar la seguridad ciudadana y llevar a cabo los procesos internos para depurar sus filas».

Plazos en vano

El primer mandatario fijó un plazo de siete días para informar sobre el paradero o la captura del exteniente Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Ese tiempo venció el 30 de septiembre y se extendió al 2 de octubre, pero nadie de la cúpula respondió.

Las pesquisas sobre la ubicación de Cáceres llegaron el 5 de octubre, aunque no se ha determinado si el expolicía continúa en Medellín, Colombia o si ya se movilizó. Sin embargo, revertir su decisión demuestra una falta de palabra del presidente, que lanza presión sobre sus trabajadores policiales en vano, ya que seguirán en sus puestos mientras el presunto autor del femicidio sigue prófugo.

Por otro lado, más culpas aparecen en este caso. Según el general Giovanni Ponce, su edecán usó su firma electrónica -sin autorización- para conceder el permiso de salida del exteniente. Ponce, en su declaración, aseguró que no conoce al sospechoso y cargó en su hombre de confianza, Alejandro N., toda la responsabilidad.

Añadió que su edecán le dio permiso de salida a Cáceres para jugar al fútbol. Ponce y 13 generales son investigados por este caso que conmocionó al país por la brutalidad del hecho y la inoperancia de la Policía. (MIB)

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El Gobierno, en comunicados, se ha empeñado en alejar el escándalo del caso Danubio, que investiga la presunta venta de cargos públicos en instituciones gubernamentales como el Servicio de Aduanas, con el trabajo del presidente y su gabinete, quienes, además, embanderan la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, la amistad entre Pons y el primer mandatario viene de años atrás. Así lo comenta Maluk que también era amigo del ex Ad honorem. «J.J. Pons es amigo nuestro, de Lasso y Nebot desde la infancia. Ya conocíamos quién era. Un hombre muy amable, cariñoso, que se lleva bien con mucha gente. Eso le permitió tener el acceso y la confianza para administrar y ceder cargos públicos. Para poder hacerlo debía tener al número uno dentro del Palacio. La pregunta es ¿quién es el ad honorem que está allá dentro sacando los nombramientos?», dijo en una entrevista con Ecuador en directo.

Las reuniones

Maluk agregó que las reuniones de amigos eran recurrente. En ese momento, Lasso era asistente de Danilo Carrera, su cuñado y miembro del banco de Guayaquil. «Cuando íbamos donde Carrera en Finansur, tenían el edificio y Guillermo Lasso era un asistente de su cuñado. El que servía los tragos era Lasso. Iban J.J. Pons, Oswaldo Molestina, Jorge Gallardo, yo. Con todo el grupo de amigos del mismo barrio y la misma generación que va desde los 65 a los 75 años».

No obstante, desde el Ejecutivo se han abstenido de dar comentarios al respecto, más allá de que los organismos de control deben hacer su trabajo y que nadie está por encima de la ley. El caso Danubio también salpicó a Ítalo Cedeño, ex gerente de Petroecuador, quien dijo que su esposa le recomendaba nombres para cargos públicos.

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Se presume que la voz del audio pertenece al vocal de la Judicatura, Juan José Morillo. En la conversación se escucha decir que el vocal Xavier Muñoz estaría repartiendo cargos en notarías y juzgados.

En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

Agrega que «ventajosamente, la gente que apoyó a Llori nos está apoyando a nosotros. Ellos fueron los que me dieron esa alerta». El área de comunicación de la Judicatura le dijo a diario expreso que la posición de Murillo sobre estos audios se reflejó en el comunicado que publicó con Maribel Barreno hace unas semanas y las dos comparecencias que tuvo en la Comisión de Fiscalización. MIB

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“Como asesor nunca ha trabajado conmigo. Es más, primera vez en mi vida que estoy siendo electo como asambleísta. Conozco a un tal Ripalda, si lo conozco ¿por qué voy a negar? De todos los Ripalda que conozco ¿a cuál se refieren? No he visto el vídeo totalmente. Estoy destrozado moralmente, me han quitado la dignidad. Mi buen nombre y reputación”, dijo el legislador.

El abogado de Celestino Chumpi anunció que tomarán medidas jurídicas y no políticas en contra de este señor (Ripalda) “Solicitaremos medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por persecución política. Intuyo que seguirán apareciendo denuncias contra el asambleísta”.

Comunicado de Pachakutik

Desde la coordinación nacional de Pachakutik que el movimiento no tiene relación con Ripalda. “El señor Ernesto Ripalda no representa a Pachakutik ni es asesor legislativo, iniciaremos las acciones jurídicas pertinentes para que se dé paso a las investigaciones y se sancione de acuerdo a la ley”.

Añadieron que realizan un proceso de depuración al interior de la organización y solicitaron al Comité de Ética investigar y sancionar cualquier acción contra el movimiento. MIB

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De acuerdo con una captura de pantalla que difundió el portal digital La Historia, en un chat de whatsapp se puede leer como le piden a Armijos un puesto. “No te olvides de mi puesto, dejarás algo”. Él responde “Solo hay espacios para la gente leal mi pana. Tengo chance para unos 10 médicos. Otras 20 personas al Ministerio de Trabajo, unos cuantos docentes. En la empresa eléctrica perfil bajo”.

¿Reparto 2.0?

Esta denuncia se suma a las anteriores contra la asambleísta Bella Jiménez, que habría cobrado USD 9.000 en total a dos ciudadanos para otorgarles un cargo en la Asamblea Nacional.

El asambleísta Darwin Pereira dará declaraciones sobre este caso en las próximas horas, así lo indicó uno de sus asesores.

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Entre Ministerios y Secretarías suman 29 funcionarios, sin embargo, solo siete son mujeres. Tanlly Vera, ministra de Agricultura; María Elena Machuca, ministra de Cultura; Ximena Garzón, ministra de Salud; María Brown, ministra de Educación; Mae Montaño, ministra de Inclusión Social; Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y Bernarda Ordóñez; secretaria de Derechos Humanos.

El Gabinete ampliado consta de dos funcionarias. Marisol Andrade en el Servicio de Rentas Internas y Carola Ríos en Aduanas. Ivonne Baki es la embajadora de Ecuador en Estados Unidos.

En las 22 gobernaciones hay solo cuatro mujeres. María José Pontón en Chimborazo, Tania Obando de Esmeraldas, Génesis Blum en los Ríos y Esperanza Bustamante en Orellana.

La oposición

En la Asamblea, la alianza UNES cumplió con la paridad de género en su bloque con 24 mujeres de 47 asambleístas en total.

Pachakutik originalmente tenía siete mujeres de 27 asambleístas. Después de expulsar a Mireya Pazmiño de sus filas le quedan seis y 25 legisladores.

En CREO de nueve asambleístas, tres son mujeres. Una de ellas era la alterna del flamante Ministro de Gobierno, César Monge, quien dejó su curul para ir a esa cartera de Estado.

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