El pasado 12 de junio, Poveda expuso que la cifra de despidos ascendía a 173.000 personas. El miércoles 17 de junio, cinco días después, las empresas dejaron sin empleo a 7.852 personas.

Con esta cifra, Poveda puntualizó las normativas a las que se acogieron los empleadores para separar a sus colaboradores. Los despidos intempestivos dejaron sin trabajo a 15.724, el 8,69%; el acuerdo entre las partes, llegaron hasta los 100.797 empleados en la calle, un 55,73% del total; 47.457 personas se quedaron sin empleo por otros motivos, el 26,24%.

Pero lo más preocupante es el despido aplicando el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Sobre la base de esta normativa, 16.874 personas se quedaron sin trabajo. Es decir, el 9,33% del total. Con el artículo, los empleadores tienen carta abierta para despedir a sus colaboradores sin el desahucio y el monto por despido intempestivo que estipula la ley.

Sobre este artículo, el Ministro se excusó alegando que «es una causa legal para terminar un contrato individual de trabajo, no es un despido intempestivo y tiene que ser aplicado, debidamente, por el empleador. En el momento en que no se emplee correctamente, el juez del trabajo mandará a pagar por despido intempestivo. No es el ministerio de Trabajo el que realiza esto porque no es de nuestra competencia«.

Las cifras de teletrabajo

El titular de la cartera de Trabajo añadió que durante la emergencia sanitaria por Covid-19, un total de 425.424 empleados se alinearon a la modalidad de teletrabajo. De esa cifra, más del 50% pertenecen al sector público, unos 286.401; y la cifra restante, al sector privado (139.023).

En cuanto al teletrabajo permanente, parcial u ocasional, el veto ejecutivo explica que el empleador proveerá los elementos necesarios a sus empleados para el desempeño de sus labores, con un tiempo estimado de desconexión de al menos 12 horas continuas.

El porcentaje que muestra el Ministerio de Trabajo respecto a despidos intempestivos (8,69%) no refleja la realidad que enfrentan miles de personas desempleadas. La gente se tomó las calles para exigir respeto a sus derechos laborales, al mismo tiempo que la cifra se incrementa.

Entonces, ¿de dónde las autoridades obtienen las cifras que exponen libremente?. La realidad grita por sí sola:

A finales de marzo, La Universidad Nacional de Educación (UNAE) despidió a 142 docentes del Programa Nacional de Profesionalización Docente, en las provincias de Cañar, Azuay, Chimborazo y todas las provincias de la Amazonía

El pasado 7 de abril, 29 trabajadores de la empresa cartonera Incasa recibieron un correo electrónico con sus despidos. Algunos de ellos trabajaron más de 12 años en la empresa o son personas con discapacidad.

A finales de abril, la Panadería California en Guayaquil separó a 150 trabajadores de sus puestos y los obligó a firmar la renuncia voluntaria por parte de su empleador, De forma similar, más de 1.500 docentes que tienen nombramiento provisional se quedaron sin empleo y La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) despidió a más de 60 de sus empleados, entre administrativos y entrenadores.

El Primero de Mayo, Día del Trabajador, el Ministerio de Educación (Mineduc), por medio de un memorando, indicó la finalización de contratos y la reducción de salario para los trabajadores de la educación. A mediados del mismo mes, Indurama, una de las empresas más grandes de Cuenca despidió a 630 personas de todas las áreas de la compañía.

Son una parte de la realidad que vive el sector laboral en Ecuador.

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