“El Tribunal de Ejecución que conoce el proceso No. 17721-2017-00204, seguido en contra el excontralor Carlos Pólit por el cometimiento del delito de concusión, atendiendo la petición e insistencias de la Procuraduría, emitió un mandamiento de ejecución para que el sentenciado pague USD 40 millones al Estado”, dice parte del comunicado.

La institución agregó que, si Pólit no paga en el término de cinco días, la Procuraduría realizará el inicio del procedimiento de ejecución forzosa. “La Procuraduría no cesará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias de los jueces competentes y restituir el daño al Estado ecuatoriano”.

Proceso en Estados Unidos

Además del juicio en Ecuador, el excontralor enfrenta una acusación por parte de la justicia estadounidense por el caso Petroecuador en el que habría hecho uso del sistema financiero de EE.UU. para encubrir sobornos.

Pólit se declaró no culpable ante una corte de Florida de los seis cargos que se le imputan en Estados Unidos. El jurado en su juicio estará conformado por 12 personas.

Según la sección de Fraude de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal, Pólit habría formado parte de un esquema que usó el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos en Ecuador.

La jueza Katherine Williams dispuso que el juicio tenga lugar el 18 de julio próximo. No obstante, se citará a las partes el 12 de julio para una conferencia. MIB

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“Es público que el Contralor Subrogante Pablo Celi carece incluso de la acción de personal que lo designó como tal y además la herencia del cargo la recibió de un funcionario que fue destituido por graves cuestionamientos”, indica parte del oficio.

Entre los antecedentes, Acción Jurídica Popular explica que Carlos Polit fue designado por el CPCCS y destituido por la Asamblea Nacional en 2017. El Consejo de Participación Ciudadana transitorio ratifcó a Celi como Contralor subrogante en 2019 hasta que concluya el período del titular, en 2022.

De acuerdo con el artículo 69 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es responsabilidad de ese organismo nombrar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado (CGE). La responsabilidad no se cumple desde hace tres años.

La solicitud aparece después de que un documento oficial de la Asamblea Nacional confirmara que Pablo Celi no tomó posesión legal de su cargo. Tampoco se registra ni una sola convocatoria en la que conste ese posesión como parte del orden del día. Las autoridades de control deben tomar posesión del cargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

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