El último concurso de méritos y oposición realizado por el Cpccs para la designación de esta dignidad fue en el 2017. En este proceso fue reeligido Carlos Pólit, quien estuvo a punto de cumplir 10 años en el cargo, pues fue nombrado como contralor en el 2007 durante la administración del expresidente Rafael Correa.

El exfuncionario renunció el 20 de junio del 2017 en medio de investigaciones por el delito de concusión en el Caso Odebretch. Más tarde huyó a Miami y la justicia norteamericana presentó cargos en su contra por lavado de activos, sobornos de la constructora Odebretch y desparición de glosas.

Enredos de subrogantes

Tras la salida de Pólit, hubo una disputa sobre la ocupación de la nueva vacante. Carlos Celi asumió las riendas de la CGE, sin embargo, el contralor saliente aseguró que el subrogante fue cesado de sus funciones días antes de su renuncia y no podía ejercer el cargo.

«Celi secuestró la Contraloría con la ayuda de la exministra de Justicia, Rossana Alvarado y su guardia pretoriana», dijo la exdirectora de Talento Humano de la CGE, Ligia Cobo en 2017.

Pólit aseguró que antes de irse dejó firmadas dos acciones de personal, en una de ellas nombraba Sabbet Chamoun como subcontralora. A pesar de las declaraciones del exfuncionario su sucesora no pudo ocupar el puesto, pues la exministra Alvarado reconoció a Celi como el nuevo contralor.

En junio del 2018, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció a Chamoun a un año de cárcel por usurpación y simulación de funciones públicas al ponerse al frente de Contraloría.

¿Un blindaje a Celi?

Después de la Consulta Popular del 2018 realizada durante la administración del expresidente Lenín Moreno se conformó un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) también conocido como Trujillato.

Los nuevos consejeros evaluaron, destituyeron y posesionaron a nuevas autoridades de control, pero no se metieron con la autoridad de Contraloría.

El Pleno aprobó una resolución para que Celi se mantenga en el cargo hasta el 2022 o hasta que se conforme el Tribunal de Cuentas que plantearía un nuevo modelo para el manejo de la entidad de control.

El inicio del fin

En abril del 2021, el ahora excontralor fue a prisión preventiva junto a otros cuatro exfuncionarios por el delito de delincuencia organizada. Durante ese tiempo accedió a una licencia médica y en su ausencia debía encargar el puesto.

El cargo lo asumió Valentina Zárate en medio de polémicas, pues fue acusada de presunto delito de usurpación y simulación de funciones. Un denunciante de nombre Roberto solicitó a Fiscalía que se verificara la acción de personal con la que Celi nombró a Zárate como su subrogante.

La exfuncionaria duró cerca de dos meses en el cargo, el 21 de junio del mismo año presentó su renuncia sin detallar los motivos.

La última ficha y el nuevo concurso

Tras la salida de Zárate asumió el cargo Carlos Riofrío quien se ha mantenido en el puesto hasta la actualidad. En marzo del 2022 también atravesó una crisis ya que el Legislativo se opuso a que siga al frente de Contraloría ya que se había acabado el período para el cual fue electo Pólit.

De acuerdo al abogado Ramiro Aguilar no era posible repetir el concurso de méritos y oposición para la elección de Contralor después de la renuncia de Pólit. La ley establece que debe suplirlo el subcontralor hasta que se cumpla el período constitucional.

El proceso para elegir Contralor se inició con la convocatoria a la veeduría el 12 de agosto del 2021. Por otro lado, la convocatoria para integrar la comisión ciudadana se realizó el 15 de octubre de ese mismo año, tuvo que pasar más de un año para que se consolidara el proceso.

El expresidente del Cpccs Hernán Ulloa justificó el retraso del concurso por el Paro Nacional de junio del 2022. A esto hay que sumarle los trámites de impugnación y los desacuerdos entre consejeros.

Las disputas internas desembocaron en la destitución masiva por parte de la Corte Constitucional debido al incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia para designar al nuevo presidente de la Judicatura. La designación a esta dignidad tomó más de un año y el envío de cuatro ternas.

Mauricio Torres, el nuevo contralor

Finalmente, en medio suspensiones e incluso agresiones a uno de los postulantes, el actual Cpccs presidido por Nicole Bonifaz designó a Mauricio Torres como nuevo contralor. La decisión se tomó el 7 de noviembre con seis votos a favor y uno en contra. La autoridad electa deberá oficializar su cargo en la nueva Asamblea Nacional.

Por otro lado, el consejero Augusto Verduga indicó que el proceso para el nombramiento del Contralor estuvo plagado de “oscurantismo y actuaciones inexplicables”.

Enfatizó que es necesario que todas las “preocupaciones” durante el proceso sean atendidas de manera inmediata por parte de la Comisión de Selección, quien ya recibió un informe de veeduría ciudadana, pero no ha emitido una respuesta. “Mi voto fue en contra de todo lo que está detrás de este proceso y no en contra de una persona”, recalcó. (AGM).

#ATENCIÓN | Augusto Verduga, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), indicó que el proceso para la designación del Contralor estuvo plagada de “oscurantismo y actuaciones inexplicables”.

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— Radio La Calle (@radiolacalle) November 7, 2023

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El hecho ocurrió la mañana de este 26 de julio mientras los funcionarios se movilizaban hacia el cantón Mocache, en donde la CGE realiza una acción de control. Por otro lado, el contralor subrogante, Carlos Riofrío se contactó con el ministro del Interior, Juan Zapata, para que realice las acciones necesarias.

»La institución expresa su solidaridad con los familiares de los servidores, agotará todas las acciones que le correspondan para su pronta ubicación y estará atenta a los pronunciamientos, respuestas y acciones que den las autoridades competentes», dijo la Contraloría en un comunicado.

Hasta el momento no existe información sobre su paradero. Esta situación se da en medio del estado de excepción que el presidente Guillermo Lasso decretó para las provincias Los Ríos, Manabí y el cantón Durán, en Guayas. (A.G.M).

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El Consejo tomó esta decisión, luego de que el activista político Alejandro Rodas indicara que Riofrío ya cumplió el periodo para el que fue elegido de 2017-2022.

Con los votos a favor de Gina Aguilar, Teddy Tama, Olindo Nastacuaz y Graciela Mora, los miembros del Cpccs admitieron la petición de Mora de debatir esa solicitud.

Mientras que los consejeros de minoría: Mónica Moreira, Carlos Figueroa y Aland Molestina se abstuvieron de votar en esta resolución, pues la Procuraduría del Estado advirtió que al Consejo no le atribuye el cese de funciones de los servidores, detalla El Universo.

La Procuraduría mencionó que el Cpccs solo puede designar autoridades por medio de concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

¿Quién asumiría su puesto?

Los vocales del Cpccs instaron al subcontralor del Estado, Alberto Jhayya Segovia a que revise el artículo 33 de la ley de la Contraloría.

«El subcontralor general del Estado será designado por el contralor general. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la institución y aquellas que le sean delegadas por el contralor general. Subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”, especifica el artículo.

Una comisión ciudadana organiza el concurso para designar al nuevo Contralor. Sin embargo, el proceso se detuvo. Un juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui ordenó la revisión del cumplimiento de requisitos de más de 100 personas inscritas.

¿Pero, querían o no que se vaya?

Nastacuaz enfatizó que no pretenden que Riofrío cese sus funciones y tampoco designarán un subcontralor, solo exigían que se cumpla la ley. «No se está invocando a que Riofrío termine sus funciones (…) Esa resolución queda en potestad de las personas», aseguró Aguilar.

Radio La Calle intentó comunicarse con Graciela Mora, no obstante, la consejera no atendió al llamado por la agenda que tenía. (N.J.C)

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Riofrío no reveló de qué altos funcionarios se trata. Sin embargo, aseguró que Contraloría remitirá a Fiscalía (FGE) tres informes con determinación de Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) tras concluir que los uniformados no lograron justificar el aumento en su patrimonio.

El fantasma de los «narco-generales»

En diciembre de 2021, Ecuador conoció la existencia de «narco-generales» tras las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, a Primicias sobre altos mandos del orden involucrados con el narcotráfico y el crimen organizado.

Todo esto desencadenó que la Policía Nacional solicitara a la Contraloría realizar exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de sus 25 generales entre 2017 y 2021. De este análisis, tres altos funcionarios del orden son salpicados de presuntas irregularidades.

Carrillo reccionó

El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, manifestó que la próxima semana estará listo el informe de Contraloría, que «la propia Policía solicitó». «Estamos esperando ese resultado, pero el Contralor no tiene la obligación de trasladarlo al Ministerio o a la Policía, sino directamente a la Fiscalía», refirió Carrillo.

El Ministro también apuntó que «extraoficialmente no podemos dar ninguna información, sino esperar el comunicado a la Fiscalía (…) trabajaremos con absoluta transparencia y no descartamos las posibles desvinculaciones», acotó.

Finalmente, expresó que las denvinculaciones de los altos mandos de la Policía Nacional deben darse mediante decreto ejecutivo, no a través del Ministerio o la Policía.

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Según la Comisión, no existen pruebas suficientes que determinen el incumplimiento de funciones de Riofrío. El legislador de UNES, Ronny Aleaga, quien fue el proponente del proceso, acusa al funcionario de que contrataciones públicas no cuentan con el informe previo de pertinencia de la Contraloría.

«El Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, violó flagrantemente la Ley Orgánica de la Función Legislativa al emitir el Acuerdo N° 013, yéndose por encima de esta. Lo cual ha desencadenado en más de 10 mil procesos de contratación de bienes y obras públicas que no tienen un informe de pertinencia. Lo que nosotros estamos haciendo es una lucha real contra la corrupción. Hoy, de manera descarada la Comisión de Fiscalización decide archivar el juicio político en contra del Contralor, Carlos Riofrío», dijo Aleaga.

Riofrío fue designado por Pablo Celi de la Torre, desde la cárcel 4 de Quito y no solo ha incumplido con la auditoria pertinente a contratos públicos, tampoco ha presentado los informes referidos a los casos INA Papers y Pandora Papers, que involucran directamente al expresidente Lenin Moreno y al actual presidente Guillermo Lasso.

La bancada de UNES ha denunciado la inoperancia del actual contralor subrogante y también ha insistido en que se está protegiendo a alguien cercano a Pablo Celi, excontralor procesado por el caso Las Torres.

«La verdadera lucha contra la corrupción exige un contralor que acredite idoneidad. Eso no sucede con el señor Carlos Riofrío, contralor subrogante de otro subrogante, Pablo Celi, que firmó su designación desde la cárcel 4 de Quito. 10 mil contratos públicos sin auditar», dijo la legisladora Victoria Desintonio.

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“Pablo Celi en este momento está siendo procesado por la justicia y la Contraloría general del Estado no ha realizado ninguna acción hasta el momento”, explicó el legislador.

Aleaga agregó que, luego de la sesión del Pleno de este jueves, acudirán hasta la Secretaría de la Asamblea Nacional, para la presentación y posterior calificación del pedido. «Ya tenemos listas las firmas y el pedido del juicio político», añadió en declaraciones para Sonorama.

Orden del día

Aleaga solicitó el cambio del orden del día para definir a la Comisión Permanente que trate la investigación del caso Pandora Papers. El pedido se aprobó con 104 votos positivos, 24 negativos, cero blancos y seis abstenciones. 134 asambleístas votaron.

“La revelación de Pandora Papers nos enfrenta a un presidente electo que posiblemente incumplió el pacto ético de la Consulta Popular de 2017. Este pacto prohíbe a los candidatos de tener bienes en paraísos fiscales. Las respuestas del presidente no satisfacen las inquietudes de nadie. No explica cómo se deshizo de esos tributos”, dijo el legislador en su disertación.

Entre 24 votos negativos constaba el del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El legislador se reunirá los próximos días con el presidente Guillermo Lasso para discutir este tema. Lo acompañarán los miembros de la Comisión.

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“La Contraloría se rige por procesos perfectamente determinados en la ley. Entre las atribuciones de la Secretaría General no está la de recibir y gestionar documentación, solo certificar. Desconozco la forma en la que recibió y cómo se ingresaron las acciones”, dijo el funcionario ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana.

Añadió que “el estatuto orgánico de la Contraloría en el art. 31 establece que el secretario general debe registrar los acuerdos, resoluciones y dar fe. En ese contexto el Acuerdo 010 firmado por el excontralor Pablo Celi tienen sustento legal”.

Nuevo contralor subrogante

Carlos Riofrío explicó cómo llegó al puesto de contralor subrogante. “Fui designado como subcontralor del Estado. Pablo Celi me nombra a mí una vez que acepta la renuncia de Valentina Zárate”. De acuerdo con el artículo 33 de la Contraloría por la ausencia temporal de Celi, el funcionario asumió el puesto de contralor general subrogante. Una vez que el doctor Celi presenta la renuncia con fecha de 5 de julio de 2021 ante la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana. Ante la ausencia definitiva de Celi, Riofrío asumió su cargo.

“Hemos recibido 129 pedidos de documentación por parte de la presidenta de la asamblea, asambleísta, Fiscalía. Éstos han sido entregados de manera oportuna para seguir con los procesos”, añadió.

Riofrío indicó que en el mes de su gestión ha realizado la evaluación y seguimiento a la gestión institucional, despachar temas pendientes, la designación de personal de carrera en puestos directivos, suscripción de acuerdos y la creación de la unidad de compras públicas para el informe previo para el Servicio de Compras Públicas.

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«Subrogará las funciones de Contralor General del Estado en virtud de la ausencia definitiva del doctor Pablo Celi, hasta que se produzca la designación del titular», indicó Riofrío en una resolución.

En ese documento también indica que el 25 de junio, el excontralor subrogante, Pablo Celi, firmó una acción de personal nombrándolo contralor subrogante. Sin embargo, hasta el momento, no se ha mostrado evidencia de esta orden.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) indicó que nombrará nuevo Contralor y que el proceso tardará ocho meses. Por ende, Riofrío seguirá en ese puesto hasta marzo de 2022.

Juicios a Celi

Celi renunció en medio de dos juicios, uno penal y otro político por su responsabilidad en una red de delincuencia organizada que a cambio de coimas, desvanecía glosas en favor de empresas privadas.

En el Legislativo, Celi presentó sus pruebas de descargo e indicó que no existe ilegalidad en desvanecer glosas y  que sufre una persecución política.

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