Esta orden de detención ilícita habría sido fraguada por la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el exviceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el exdirector de la Dirección General de Inteligencia (DGI), Freddy Ramos; y los oficiales de inteligencia Francisco Saavedra, Paúl López, Jorge Cortez y Mauro Vargas.

Según el medio, el montaje contra Ola Bini fue planificado porque, la entonces ministra Romo, necesitaba presentarle a Moreno un culpable, frente a la acusación de intentar desestabilizar al régimen y específicamente tras la filtración de los INA Papers.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, indicó que desde siempre han sostenido que la persecución contra el sueco “fue política y con probadas ilegalidades”. También dijo que, ante estos hechos, el 30 de junio del 2021, presentaron una denuncia por fraude procesal.

Informó también que, con fecha 10 de agosto, fue abierta la investigación previa por la fiscal a cargo.

El medio también advirtió al gobierno de Lasso que muchos de los que participaron en esta pantomima siguen en el poder. Mencionó a Jorge Costa, ex Senain, que hoy funge como asesor de la inteligencia de Lasso; Mauro Vargas, es el actual director de inteligencia; y Fredy Ramos, que hoy es director de Inteligencia Nacional.

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«Ya sabemos por qué se suspendió la audiencia; la señora ministra de Gobierno ha recusado a nuestro juez y justo le notifican con la recusación a solo minutos de la audiencia. (…) El abogado del ministerio estaba ahí y no sabía nada de la recusación», escribió Soria de acuerdo al reporte de Sputnik.

Según la ley del Poder Judicial ecuatoriano, una vez notificada la recusación se suspende la competencia del juez del caso.

A inicios de octubre, Bini planteó un recurso de habeas data contra el Estado ecuatoriano ante la Unidad Judicial Penal de la parroquia Carcelén Quito (norte). Él denuncia supuestas escuchas y seguimientos ilegales desde abril de 2019.

Entre los demandados figuran la ministra Romo, el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Juan DeHowitt, y el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo.

Con la demanda, el programador amigo de Julian Assange busca que el Gobierno le informe si hay alguna orden para seguimientos en su contra o para interceptar sus dispositivos electrónicos.

El caso

Bini fue arrestado el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto internacional de Quito antes de abordar un avión hacia Japón. Ese mismo día Ecuador puso fin al asilo de Assange después de casi siete años de estadía en su Embajada en Londres.

El sueco Ola Bini fue acusado de supuesto espionaje cibernético por el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

Puesto bajo prisión preventiva, fue excarcelado en junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha (norte) aceptara un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa.

Desde entonces comparece una vez por semana ante la autoridad fiscal.

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