El operativo fue liderado por la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía. En el proceso se incautaron: computadores, CPPU, celulares, dos USB y documentación con aportes para la jubilación por discapacidad, según Fiscalía.

Origen de la investigación

La investigación por la presunta adquisición de carnés de discapacidad inició en el 2020. Cerca de 30 personas del equipo de la Dirección Nacional de Discapacidades y la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública (MSP) emitieron la información sobre las auditorías de los carnés y las denuncias ante la FGE.

La Institución recibió 225 denuncias por esta emisión. De este número, 42 corresponden a a solicitudes de funcionarios del Ministerio de Salud Pública quienes supuestameten habrían emitido el documento. Los 183 serían ciudadanos que adquirieron el carné.

Dijeron que no fue culpa de nadie

El 24 de agosto de 2020, el expresidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres, en su comparecencia, reconoció que existieron irregularidades en la adquisición de carné de discapacidad. Sin embargo, indicó que él no era responsable de los actos irregulares realizados.

“Los hechos irregulares denunciados en la calificación y acreditación de personas con discapacidad, no constituyen errores del CONADIS, sino delitos cometidos a título personal”, dijo Torres.

Le costó al ministro de Salud

Varios asambleístas le exigieron al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos la entrega de la documentación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de los carnés de discapacidad.

Zevallos compareció ante la Comisión de Salud en dos ocasiones e informó que existe una auditoría interna pendiente. Los legisladores afirmaron que a pesar de eso, hay detalles que puede entregar.

Zevallos censurado

Con 129 votos afirmativos y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la censura del exministro Zevallos. Aunque el exfuncionario no asistió al proceso y no ejerció su derecho a la defensa, los legisladores continuaron el debate.

En su momento, Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz, presentaron 10 causales para el juicio político. Acciones en la entrega de carnets de discapacidad irregulares, incumplimiento de la Ley Humanitaria, insuficientes pruebas diagnósticas para COVID-19, desorden e irregularidades en el plan de vacunación. (N.J.C)

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Este es el comienzo de un proceso que busca a censurar y destituir al titular del máximo organismo de control social. A la propuesta de enjuiciamiento político se adjuntaron documentos que indicarían que el presidente del CPCCS habría incurrido en irregularidades para obtener un carné de discapacidad.

De acuerdo con esa información, el actual titular del CPCCS posee un carné de discapacidad que le atribuye 81% de discapacidad visual y auditiva.

Gracias a su carné de discapacidad, Cruz habría sido exonerado del pago de impuestos durante varios años y accedido a otros beneficios, como recibir dos puntos de acción afirmativa por discapacidad, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su inscripción para el primer concurso de selección de los vocales del CPCCS.

Los procesos contra Cruz

El 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación a Christian Cruz, por presunto delito de falsificación y uso doloso de documento falso de carnet de discapacidad.

Anteriormente, cinco consejeros del CPCCS aprobaron una moción para solicitar la renuncia del funcionario, pero este se negó a cumplir el pedido. “yo renuncio cuando ustedes demuestren señoras consejeras, usted consejera Rivadeneira que destila veneno permanentemente debe demostrar con acciones”, dijo Cruz después de conocer la votación.

Para destituir al presidente del CPCCS se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 miembros que conforman el parlamento, es decir, de 91 votos.

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Cruz asegura que la obtención de su carné de discapacidad se investigó en un proceso iniciado en 2010. «Pero el 12 de mayo de 2011, no sólo se desestimó sino que se archivó todo el proceso, desvirtuando la falsa acusación en mi contra».

Además, señala que el carné lo obtuvo en el 2009, con una valoración del 81%, por discapacidad visual del 41% y auditiva del 40%.

Antecedentes

La denuncia por falsificación de documentos la planteó el abogado Jairo Lalaleo. El denunciante explicó que Cruz habría presentado certificados falsos para ostentar el cargo de consejero del CPCCS. Estos certificados llegaron suscritos por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) que también alegó no haber emitido esos documentos.

«El actual presidente de la organización (Fernando Samaniego) ha referido que jamás le otorgaron documentos que acrediten que haya participado en algún seminario, o peor aún haberlo recomendado para su participación para ser consejero del Consejo», explicaron desde FENOC.

La Fiscalía General del Estado unió esta denuncia a la investigación por su carné de discapacidad iniciada por sus compañeros del CPCCS.

Días atrás, cinco consejeros remitieron la información sobre su carné a la Asamblea Nacional para la investigación del caso. Además, pidieron a Cruz que renuncie a su dignidad de presidente del organismo de transparencia.

Dentro de la investigación, la Fiscalía solicitó al CPCCS y al Ministerio de Salud Pública, información sobre el tipo de discapacidad que posee Cruz. En la información deberán incluirse los nombres de los médicos tratantes, fechas de ingreso a trámite, requisitos y fecha de emisión del respectivo carné. Con esta información, la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía resolverá.

Además, el Consejo Nacional Electoral deberá remitir las impugnaciones que recibió Cruz en el concurso de méritos y oposición para la elección de los consejeros del CPCCS, realizado entre el 1 junio 2018 y 30 de junio de 2019.

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