La medida surge ante el hecho de que el 49% de las personas con discapacidad en el país aún no ha actualizado su cédula de identidad como requisito para certificar su condición, como establece la ley.

Esta falta de actualización implica que, para trámites, deben presentar múltiples documentos en lugar de solo la cédula, según lo estipulado por la Ley Orgánica de Discapacidades.

Ecuador cuenta actualmente con 480,776 personas con discapacidad, aproximadamente el 2.67% de la población. Cerca de la mitad de este grupo aún posee su carnet de discapacidad y no ha obtenido la cédula como único documento identificativo de su condición.

El siguiente paso

Ahora, los ciudadanos tendrán 12 meses para renovar la cédula, y el servicio está disponible en las 82 agencias del Registro Civil a nivel nacional, sin necesidad de agendar cita y de forma gratuita.

El Conadis destaca que existen diversos tipos de discapacidad en Ecuador, como auditiva, física, intelectual, de lenguaje, psicosocial y visual, cada una con manifestaciones diversas.

JR

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Al inicio de su gestión manifestó que su trabajo estaría enfocado en mejorar la calidad de los servicios y prestaciones de la Seguridad Social, para el beneficio de afiliados y jubilados. En Chimborazo se registran 55.055 afiliados generales, 4.750 afiliados voluntarios, 2.955 trabajadores del hogar, 17.663 empleadores y 54 mil beneficiarios del Seguro Social Campesino.

Carrasco reemplazó al Carlos Mora García en la institución pública. Llegó a su cargo como abogada de la Universidad Estatal de Bolívar y magíster en Derecho Laboral. Además, es especialista en Consulta Jurídica Laboral y posee un diplomado en Contratación Laboral.

Funcionarios se aprovechan de este recurso

Con 124 votos, el pasado 13 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional decidió censurar y destituir de su cargo a Christian Antonio Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) por incumplimiento de funciones y obtener un carné de discapacidad de forma irregular. La asambleísta de la Revolución Ciudadana Marcela Holguín solicitó investigar los beneficios que adquirió con este recurso una semana previa al hecho.

Este documento, entregado por el Ministerio de Salud Pública desde el 2013, representa importantes beneficios como la exoneración de tributos en la importación de vehículos, rebajas en servicios básicos y devolución del impuesto al valor agregado (IVA). Además, otorga puntos en caso de postulaciones a concursos, ascensos y nombramientos en la función pública.

Alrededor de 3.000 personas recibieron el documento de forma ilegal, entre ellos; Marcia Arregui, Fabricio Villamar, Israel Cruz y el periodista Fernando Villavicencio.

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Cerca de 30 personas son parte del equipo de la Dirección Nacional de Discapacidades. Ellos y la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MSP emitieron la información sobre las auditorías a la emisión de carnés y las denuncias ante la FGE. Dentro del equipo se encuentran médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

La agrupación tramita alrededor de 80 pedidos de información solicitados por distintas instituciones. Entre ellas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el Consejo de la Judicatura (CJ), la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, entre otros.

Gestión permanente

El pasado 9 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que presentó una denuncia ante la FGE contra 17 funcionarios del propio Ministerio y 20 del Consejo de la Judicatura por la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad.

La denuncia fue producto de la auditoría que lleva a cabo la Dirección Nacional de Discapacidades. En ella, monitorearon a 105 funcionarios del Consejo de la Judicatura.

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«El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este miércoles 9 de septiembre a la Fiscalía General del Estado, una nueva denuncia por la emisión y uso irregular de carnés de discapacidad».

«En la acusación realizada por el Procurador Jurídico, se señala a 17 funcionarios del MSP. También 20 del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), por “presunción de falsificación y uso de documentos falsos”, de acuerdo al artículo 328 del COIP».

Esta denuncia es producto de la auditoría que lleva a cabo la Dirección Nacional de Discapacidades. En ella se monitoreó a 105 funcionarios del Consejo de la Judicatura.

El pasado 24 de agosto, el Presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), Xavier Torres, compareció ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Torres reconoció las irregularidades en la emisión de carnés de discapacidad pero dijo que no es responsable de los actos fraudulentos.

Previamente se denunció el uso doloso de carnets de discapacidad emitidos irregularmente. Personas sin discapacidad alguna se habrían beneficiado de este proceso.

Según el CONADIS, solo en el Estado de excepción, se emitieron 2.900 carnets. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce el problema y, según su registro, hasta ahora más de 2.800 carnets existen de modo ilegítimo.

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La Comisión del Derecho a la Salud, en oficio planteó cuestionamientos puntuales a Xavier Torres, de Conadis. La falta de control en la emisión de carnés y los pedidos de extensión, validez y caducidad de los documentos fueron los ejes del documento. Ante ello, Torres respondió ambiguamente. Una extensa lectura de la Constitución y la Ley Órganica de Consejos Nacionales para la Igualdad fueron la base de su discurso que tardó dos horas.

Sobre la corrupción en torno a los carnés de discapacidad, Torres se excusó diciendo que “los hechos irregulares denunciados en la calificación y acreditación de personas con discapacidad, no constituyen errores del CONADIS, sino delitos cometidos a título personal”. Así, el presidente del CONADIS se deslindó de responsabilidades para culpar a quienes acceden al documento.

Torres reconoció los problemas en la emisión de carnés, sin embargo, no los asumió como una responsabilidad del CONADIS. “Nos toca hacer de todo, ahí incomplementamente, pero es lo que nos toca hacer”, sostuvo Torres en defensa de sus insuficientes esfuerzos en la gestión pública.

Confrontaciones

Rosa Verdezoto, asambleísta del Partido Juntos Podemos, confrontó a Torres. Sostuvo que, en pretexto de los principios de confidencialidad, la Asamblea Nacional tiene impedimentos para cumplir su rol en la fiscalización del tema de los carnets de discapacidad.

Pablo Ruiz, veedor del proceso de investigación sobre los carnets de discapacidad, criticó las declaraciones de Torres. Según Ruiz, el CONADIS  no cumple con sus responsabilidades administrativas y pone trabas a las veedurías ciudadanas que, en ejercicio de un derecho legítimo de denuncia, intentan vigilar las irregularidades en la emisión de los carnets. “Por principio de transparencia, ustedes deberían retirarse, renunciar o dar un paso al costado” señaló Ruiz. (JBS)

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Las cifras

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), entre 2008 y 2015, se registró un promedio anual de 465 vehículos importados con excepciones tributarias para personas con discapacidad. Sin embargo, solo en 2019, SENAE registró un aumento del 951.83 %%, con la importación de 4.426 vehículos de este tipo.  

El problema se enmarca en múltiples denuncias sobre el uso doloso de carnets de discapacidad emitidos irregularmente. Personas sin discapacidad alguna se habrían beneficiado de este proceso. Según el CONADIS, solo en el Estado de excepción, se emitieron 2.900 carnets. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce el problema y, según su registro, hasta ahora más de 2.800 carnets existen de modo ilegítimo.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Frente a la Asamblea Nacional, Freddy Carrión, defensor del pueblo, presentó su posición. Manifestó el rol de la Defensoría del Pueblo como organismo defensor de los derechos humanos y de la inclusión de las personas con discapacidad. Para Carrión, “el punto fundamental es: ¿quiénes entregaron los carnés de discapacidad? La corrupción está enquistada en el propio MSP, que entregó los carnets a personas que no representaban el grado de discapacidad que aparece en el documento”.

Además, según Carrión, la respuesta del gobierno, con el decreto 1097, es insuficiente. Pues el Ejecutivo restringe los derechos de las personas con discapacidad mediante la suspensión, de modo general e indiferenciado, de todos los principios normativos otorgados por los carnets. Para Carrión, este decreto resulta en una estigmatización y linchamiento contra las personas que realmente tienen condiciones de discapacidad y merecen los beneficios que la ley les otorga para su inclusión e igualdad de derechos. (JBS)

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Este es el comienzo de un proceso que busca a censurar y destituir al titular del máximo organismo de control social. A la propuesta de enjuiciamiento político se adjuntaron documentos que indicarían que el presidente del CPCCS habría incurrido en irregularidades para obtener un carné de discapacidad.

De acuerdo con esa información, el actual titular del CPCCS posee un carné de discapacidad que le atribuye 81% de discapacidad visual y auditiva.

Gracias a su carné de discapacidad, Cruz habría sido exonerado del pago de impuestos durante varios años y accedido a otros beneficios, como recibir dos puntos de acción afirmativa por discapacidad, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su inscripción para el primer concurso de selección de los vocales del CPCCS.

Los procesos contra Cruz

El 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación a Christian Cruz, por presunto delito de falsificación y uso doloso de documento falso de carnet de discapacidad.

Anteriormente, cinco consejeros del CPCCS aprobaron una moción para solicitar la renuncia del funcionario, pero este se negó a cumplir el pedido. “yo renuncio cuando ustedes demuestren señoras consejeras, usted consejera Rivadeneira que destila veneno permanentemente debe demostrar con acciones”, dijo Cruz después de conocer la votación.

Para destituir al presidente del CPCCS se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 miembros que conforman el parlamento, es decir, de 91 votos.

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El asambleísta Sebastián Palacios exige «lo correspondiente a carnés entregados de forma fraudulenta a los asambleístas y sus cónyugues, políticos y funcionarios del Gobierno».

La Asamblea puede destituir al Ministro si no presenta la información. Palacios agregó que «puede caer en incumplimiento de funciones que acarree las consecuencias políticas del caso».

Zevallos compareció ante la Comisión de Salud en dos ocasiones e informó que existe una auditoría interna pendiente. Los legisladores afirman que a pesar de eso sí hay detalles que puede entregar.

El pasado 31 de julio, la fiscal Diana Salazar explicó, ante la Comisión de Salud, que el tema de carnés de discapacidad está en la fase de indagación previa. Esto se tratará como un caso de delincuencia organizada.

Información

Según información del Ministerio de Salud, 10 asambleístas solicitaron carné de discapacidad. Cuatro de ellos pertenecen al actual periodo legislativo: la oficialista Marcia Arregui, Israel Cruz de SUMA, el socialcristiano Ramón Terán y el exCREO Fabricio Villamar.

El tema es cuestionado por la corrupción en la emisión de los carnés y por el abuso de los mismos para sacar beneficios personales. Entre esos beneficios está la importación de vehículos de alta gama. Si bien hay cuatro asambleístas con carné, el legislador Fabricio Villamar hizo uso del mismo para importar un vehículo sin aranceles.

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