El exfuncionario del gabinete del expresidente Lenín Moreno ahora se mueve dentro de las casillas de la organización política de Villavicencio. Su candidatura al Legislativo por la provincia de Los Ríos.

Su pasado…

En el 2020, el portal digital La Historia publicó el nombre de algunos políticos que poseían carnet de discapacidad, entre ellos Salinas quien era gobernador de Los Ríos. Además en los registros estaba Javier Vaca, esposo de la exlegisladora y expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas; Israel Cruz Proaño, exasambleísta de Chimborazo; y el exasambleísta Fabricio Villamar.

“Es verdad que tenía carnet de discapacidad, el cual actualmente está caducado desde el 2018 y al cual jamás le di uso», dijo en su defensa.

Agregó que el documento fue emitido en el 2007 por una anomalía física congénita diagnosticada desde su adolescencia. También recalcó que aún no participaba en la política ni era funcionario público.

La enfermedad del pie plano

La dolencia correspondería a una patología osteoarticular que no tendría cura, lo cual limitaría progresivamente la movilidad y ciertas actividades con el tiempo. Por otro lado, señaló que jamás se ha hecho uso del carnet, incluso, ya había caducado.

»Esta no es la forma de hacer política, no es delito tener un carnet de forma legal, el delito es obtenerlo sin tener la discapacidad y más aún darle un mal uso al documento, lo cual no es mi caso», resaltó. (A.G.M).

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Quito 9 de dic (La Calle).- Hace 17 años las Naciones Unidas proclamaron el 9 de diciembre como el Día Internacional de Lucha contra la corrupción. El objetivo era frenar este problema al interior de los países. Tiempo después, esa lucha tiene escasos avances y muchos pendientes.

En este marco, Radio La Calle presenta los principales casos de corrupción del 2020:

Reparto de hospitales

El 22 de marzo, la Secretaria Anticorrupción descubrió un contrato de USD 10 millones por la compra de mascarillas y otros insumos con sobreprecio. El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ángel Loja Llanos, fue quien autorizó el gasto.

Enseguida se produjo, el allanamiento del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que puso en la mira al exdirector Luis Jairala Zunin y a la familia de Abdalá Bucaram Ortiz.

Zunin recibió una orden de prisión preventiva por la adjudicación de contratos irregulares durante su gestión.

El expresidente, en cambio, fue arrestado por la adquisición de 5.000 pruebas rápidas, 2.000 mascarillas y una serie de insumos médicos del hospital. Poco después, dos ciudadanos israelíes fueron detenidos con más de USD 300.000 relacionados con una estafa en la compra de insumos. Uno de ellos terminó asesinado en prisión.

La trama se volvió televisiva. Poco después apareció Daniel Salcedo Bonilla, principal involucrado en la venta de medicamentos de origen público.

La avioneta caída, las otras realidades de Joselyn Mieles, la desaparición de algunos ocupantes, luego su retorno al país y la cárcel, el Covid, los supuestos intentos de suicidio y hasta una posible candidatura a la Asamblea.

Entretanto, Dalo Bucaram y su esposa, Gabriela Pazmiño buscaban asilo político en Panamá. El plan falló cuando se emitió una orden de captura contra Bucaram, su esposa y Michel Bucaram Pulley. Emilio Pinargote, Flor María Palomeque, Carolina Jaume y Abraham Muñoz tomaron su lugar en esta escena bufa y lamentable.

Como se mencionó el 8 de agosto, se comunicó la muerte de Shy Dahan, uno de los ciudadanos israelíes detenidos. Tres días después del hecho, la Fiscalía detuvo al expresidente por delincuencia organizada y a su hijo Jacobo, quien fue extraditado desde Colombia.

La Justicia determinó que Bucaram permaneciera detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi y posterior a la cárcel 4 en donde continúa jugando póker y billar.

Caso Hospital de Pedernales

El 14 de mayo de 2020, se reveló una red de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales. El Servicio de Contratación de Obras (SECOB) realizó un contrato, en el que la Contraloría responsabilizó a a Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta de Alianza País, y a Daniel Mendoza junto a 9 personas por la suma de USD 15 millones, correspondientes al pago anticipado de la obra.

En los allanamientos se encontraron equipos electrónicos, armas de fuego, sellos de entidades públicas y USD 1’700.000 en efectivo. Daniel Mendoza y René Tamayo, director del SECOB, fueron detenidos el 5 de junio por el delito de delincuencia organizada.

En las investigaciones se denunció un reparto de dinero en efectivo que vinculada a asambleístas de Alianza PAIS, BIN y BADI. Con este antecedente el 16 de julio se conoció una conversación entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, donde se involucraba a María Paula Romo, César Litardo y legisladores del BADI. El 8 de septiembre, Eliseo Azuero presentó su renuncia ante el Pleno.

La exministra Romo fue desvinculada de su cargo el pasado 24 de noviembre por el Pleno de la Asamblea, aunque por otras razones, aguarda su juzgamiento por este tema.

Kits de Alimentos

Durante mayo, la Fiscalía General del Estado determinó que Alexandra Ocles, a cargo del Servicio de Gestión de Riesgos realizó una compra de de 7.000 kits de alimentos por un valor de USD 1’055.740. Cada kit fue acordado por un pago de USD 150.820, cuando el precio promedio era de 70 dólares. Bajo estos cuestionamientos, Ocles renunció a su cargo. El 18 de mayo, la jueza Daniela Camacho dictaminó que se le prohibiera salir del país.

Carnés de discapacidad

El involucrado en la repartición de hospitales, Daniel Salcedo Bonilla, su hermano Noé Salcedo Bonilla, César Rodríguez y Andrés Cedeño Carreño, no solo que tuvieron un rol protagónico en la red de corrupción en las casas de salud, sino que se involucraron en el uso de los carnets de discapacidad. Este papel, emitido por Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se utilizaría para importar vehículos de alta gama al Ecuador.

Paulatinamente fueron denunciados, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Christian Cruz, como los asambleístas Fabricio Villamar, entre otros, quienes adquirieron el carné de forma irregular.

El CPCCS exigió a la Contraloría que investigue el mal uso de recursos en la gestión del expresidente.

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El testimonio se da en torno al proceso de juicio político a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto por la supuesta obtención fraudulenta de un carné de discapacidad.

Atamaint presentó ante los asambleístas los intentos de postulación que Cruz ha realizado para obtener un puesto en el Consejo de Participación. El primer intento de Cruz, según la presidenta del CNE, fue en 2009, cuando denegaron su solicitud por el organismo electoral ante la falta de veracidad de sus documentos de inscripción.

Atamaint asegura que el presidente del CPCCS obtuvo su carné de discapacidad el mismo día que registró su participación en el concurso de méritos y oposición.

El segundo intento de Cruz fue exitoso. El CNE transitorio, presidido por Gustavo Vega y con Diana Atamaint como vicepresidenta, aprobó la postulación de Christian Cruz para participar en las elecciones seccionales de 2019, las cuales definieron los miembros oficiales del CPCCS. Según la presidenta del CNE, Cruz utilizó su carné de discapacidad para obtener ventaja en el proceso de selección de los participantes.

Dudas de los asambleístas

Los miembros de la Comisión de Fiscalización no tardaron en hacer preguntas a Diana Atamaint. Mercedes Serrano, legisladora del PSC, cuestionó a la presidenta del CNE si Cruz usó o no su carné para postularse a las elecciones. Atamaint mencionó que sí lo hizo, pero solo para obtener puntos adicionales en el concurso.

“¿Cuál fue el motivo para que a Cruz lo descarten del primer concurso?, y ¿Por qué en el segundo si se aceptó?, preguntó a la presidenta el legislador Esteban Melo, de la Revolución Ciudadana.

Atamaint respondió que el CNE solo se encarga de verificar que los postulantes presenten todos los requisitos para su inscripción, algunos de estos son: título de tercer nivel entregado por SENESCYT, certificado de responsabilidades emitido por la Contraloría, no poseer contratos con el Estado ni tampoco deber dinero al SRI y a la Seguridad Social. Cruz habría cumplido con todos los requisitos.

Este martes es el último día en que los asambleístas pueden presentar sus pruebas de descargo en contra de Cruz. El todavía presidente del CPCCS sostuvo ante la Asamblea que el proceso de juicio político en su contra no tiene validez, ya que afirma que obtuvo su carné legalmente y que las pruebas de la Comisión de Fiscalización son meras subjetividades y apreciaciones.

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En el marco del juicio político contra Cruz, la Comisión de Fiscalización recibió la comparecencia del Director de la ANT, Juan Pazos. Cruz posee un carnet que certifica un porcentaje de 81% de discapacidad y, adicionalmente, una licencia de conducción profesional tipo E. Sin embargo, a criterio de Pazos “una persona con discapacidad no puede tener una licencia tipo E, debe ser una de tipo F”.

Sin embargo, Pazos no responsabilizó a la ANT por las irregularidades. Según él, Cruz “en ninguno de los años que realizó los procesos de su licencia, presentó el carnet específico de discapacidad”.

El carnet de Cruz se emitió en octubre del 2009, certificando una discapacidad del 81% sobre Cruz. Posterior a esa fecha, ya contando con el carnet del CONADIS, Cruz renovó su licencia de conducir, sin impedimento alguno por parte de la ANT.

Cruz sí presentó pruebas psicosensométricas

Según Pazos, Cruz no presentó su carnet de discapacidad ante la ANT. Sin embargo, Cruz sí habría presentado sus pruebas psicosensométricas con los requisitos de rigor.

La evaluación de sus destrezas motrices, su capacidad visual y auditiva indicaban un estado óptimo en la salud de Cruz. “Tenía los parámetros normales. Por eso, quien lo atendió en la ANT certificó su licencia de conducir tipo E”, mencionó Juan Pazos.

La Comisión de Fiscalización investiga la obtención del carnet de discapacidad que le permitió a Cruz tener unos puntos más en la calificación para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cruz podrá defenderse el próximo 29 de septiembre. (JEB).

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Cruz dio su testimonio ante la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud. La comparecencia buscaba una explicación sobre el proceso para la obtención de su carnet de discapacidad. De acuerdo a Cruz, la valoración médica, cuya conclusión es el 81% de su discapacidad visual y auditiva, estuvo a cargo de la Fundación Vista para Todos. Su carnet fue emitido en noviembre del 2009 por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

El proceso de Cruz tuvo investigación hace 10 años y el juez archivó la causa. Sin embargo, afirmó estar dispuesto a una recalificación de su discapacidad.

Antecedentes

Christian Cruz asumió la presidencia del CPCCS en agosto del 2019, tras la destitución de cuatro funcionarios electos. En julio del 2020, el Pleno del CPCCS aprobó una resolución para solicitar la renuncia al presidente Christian Cruz, alegando que debía someterse a una investigación sobre la obtención del carnet que le atribuye un 81% de discapacidad. La consejera María Fernanda Rivadeneira presentó evidencias de una supuesta ilegalidad en los documentos que Cruz presentó para su inscripción al CPCCS.

Fundación Vista para Todos

La Fundación Vista Para Todos fue fundada por Diego Benítez en 1988. Tras 32 años de funcionamiento, la fundación cuenta con 2 hospitales y 42 centros oftalmológicos. Vista para todos colaboró con Gobiernos Centrales, Provinciales y Municipales para el desarrollo de proyectos. La Fundación emitió un comunicado, en 2010, donde sostuvo que “según el registro del profesional oftalmólogo de turno, el Dr. Edwin Flores, este paciente [Cruz] no consta. El certificado que presentó esta persona al CONADIS, se encuentra adulterado”.

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Este es el comienzo de un proceso que busca a censurar y destituir al titular del máximo organismo de control social. A la propuesta de enjuiciamiento político se adjuntaron documentos que indicarían que el presidente del CPCCS habría incurrido en irregularidades para obtener un carné de discapacidad.

De acuerdo con esa información, el actual titular del CPCCS posee un carné de discapacidad que le atribuye 81% de discapacidad visual y auditiva.

Gracias a su carné de discapacidad, Cruz habría sido exonerado del pago de impuestos durante varios años y accedido a otros beneficios, como recibir dos puntos de acción afirmativa por discapacidad, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su inscripción para el primer concurso de selección de los vocales del CPCCS.

Los procesos contra Cruz

El 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación a Christian Cruz, por presunto delito de falsificación y uso doloso de documento falso de carnet de discapacidad.

Anteriormente, cinco consejeros del CPCCS aprobaron una moción para solicitar la renuncia del funcionario, pero este se negó a cumplir el pedido. “yo renuncio cuando ustedes demuestren señoras consejeras, usted consejera Rivadeneira que destila veneno permanentemente debe demostrar con acciones”, dijo Cruz después de conocer la votación.

Para destituir al presidente del CPCCS se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 miembros que conforman el parlamento, es decir, de 91 votos.

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