808 carnets se expidieron en un rango de ocho a 25 minutos, mientras que 74 salieron los fines de semana. Existen carnets expedidos en cuarentena cuando no había atención en consulta externa.

Además existen deficiencias en la calificación de personas con el carnet de discapacidad que accedieron a vehículos con reducción de aranceles y jubilación.

Contraloría informó que en el examen existen 28 informes aprobados, 41 exámenes en ejecución y dos con indicios de responsabilidad penal.

Las instituciones encargadas de remitir los carnets de discapacidad son el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).

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Este es el comienzo de un proceso que busca a censurar y destituir al titular del máximo organismo de control social. A la propuesta de enjuiciamiento político se adjuntaron documentos que indicarían que el presidente del CPCCS habría incurrido en irregularidades para obtener un carné de discapacidad.

De acuerdo con esa información, el actual titular del CPCCS posee un carné de discapacidad que le atribuye 81% de discapacidad visual y auditiva.

Gracias a su carné de discapacidad, Cruz habría sido exonerado del pago de impuestos durante varios años y accedido a otros beneficios, como recibir dos puntos de acción afirmativa por discapacidad, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en su inscripción para el primer concurso de selección de los vocales del CPCCS.

Los procesos contra Cruz

El 5 de agosto, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación a Christian Cruz, por presunto delito de falsificación y uso doloso de documento falso de carnet de discapacidad.

Anteriormente, cinco consejeros del CPCCS aprobaron una moción para solicitar la renuncia del funcionario, pero este se negó a cumplir el pedido. “yo renuncio cuando ustedes demuestren señoras consejeras, usted consejera Rivadeneira que destila veneno permanentemente debe demostrar con acciones”, dijo Cruz después de conocer la votación.

Para destituir al presidente del CPCCS se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los 137 miembros que conforman el parlamento, es decir, de 91 votos.

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“No podemos especificar tiempos de investigación, pero tengan la certeza de que justamente se designaron fiscales especializados para que las investigaciones avancen con efectividad y celeridad”, dijo Salazar a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Agregó que la emisión fraudulenta de estos documentos visibiliza la conformación de una estructura delictiva a nivel cantonal-provincial, en la que participan funcionarios públicos para cometer delitos aduanero-tributarios. También, alertó la participación de la empresa privada que promovió la obtención de carnés para alcanzar ciertos beneficios.

De acuerdo con los datos de Fiscalía General de Estado, 17 casos se investigan en Pichincha, 34 en Guayas, cuatro en Los Ríos, una en Santa Elena, Azuay, Sucumbíos y El Oro, nueve en Esmeraldas.

703 ciudadanos entre jueces, conjueces, agentes fiscales, notarios, defensores públicos, administrativos judiciales y de la Fiscalía poseen carnets de discapacidad. El Ministerio de Salud Pública debe remitir la información para verificar si fueron obtenidos de manera legal.

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