La inseguridad que vive Ecuador va en aumento, a pesar de los esfuerzos publicitarios de las últimas semanas del Gobierno Nacional por mostrar una realidad diferente. Las cifras por muertes violentas se incrementan con los asaltos perpetrados en las carreteras a buses y transporte pesado. Según la Cámara de Transportistas Pesados (Cetrape), entre 2023 y lo que va del 2024,se han registrado más de 240 casos de secuestro y robos y 36 asesinatos a conductores y sus ayudantes. Son más frecuentes los videos que circulan en las redes sociales donde se evidencia que las bandas delincuenciales utilizan mecanismos cada vez más violentos en 10 vías, consideradas las más peligrosas del país, entre Cuenca, Guayaquil, Quevedo y Quito.

Luego de los acuerdos que la Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape) y la Federación Nacional de Transporte Liviano (Fenacotrali) habrían llegado con el Gobierno, el pasado 9 de julio, se anunció un “apagón de motores” para el 16 y 17 de este mes que finamente no se concretó por las contradicciones entre los representantes y agremiados. Sin embargo, este 29 de julio una caravana de cooperativas de transportistas realizó una manifestación pacífica desde el sur de Pichincha que pretendía llegar hasta el Centro Histórico de Quito para exigir al primer mandatario seguridad en las vías. Pero no hubo ningún acuerdo, pues la solicitud de reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia, fue atendida por delegados que no supieron entregar respuestas ni dar concreciones.

Este tipo de actuaciones de las autoridades “que resuelven” solo muestra la falta de interés total en atender este problema público, aunque la misma ministra Palencia es la vocera encargada de dar cifras repletas de optimismo de los supuestos resultados de una “estrategia eficiente” contra la delincuencia en el país. Pero ¿acaso estos datos, así como los de femicidios, no están en el radar de nuestros gobernantes? O es que en realidad prefieren obviarlos. Resulta alarmante el silencio de los medios de comunicación y la quietud del gobierno ante el clamor de los transportistas por sus vidas y estabilidad laboral.

Se supone que una de las consignas de Noboa y su gabinete es combatir la delincuencia y recuperar la economía nacional, así lo ha dicho reiteradamente en sus pronunciamientos públicos, pero no atienden siquiera una reunión con uno de los gremios más numerosos del país. Incluso su asesora y vocera de comunicación, Diana Jácome, aseguró que los ecuatorianos ya podemos salir a trabajar tranquilos. Pero no hay tal. Parece que pasar del discurso a los hechos le está costando, y bastante, al Nuevo Ecuador.

Es impensable que, así como la justicia, la gestión estatal sea selectiva. Lamentablemente, son otros los temas que hoy están sobre la mesa de interés político, mientras la ciudadanía se sigue desangrando y sumiendo en la inseguridad, el miedo y la desidia. A ocho meses de gobierno, una crisis estructural aplastante y la falta de garantías se profundizan en todos los sectores del país. No hay acuerdos. No existen resultados reales de los orquestados planes gubernamentales. No hay un gobierno para todos.

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Señalan que las autoridades estatales «no hacen nada» y califican a los privados como «corresponsables» de la crisis en el sector. Exigen que tanto carreteras como puertos sean militarizados ante el insostenible abandono.

Los manifestantes cerraron el 12 de octubre la vía y bloquearon la salida de unos 500 cabezales de camiones en la Terminal de Puertos Privados de Guayaquil (TPG), a quien señalan como parte del problema.

La razón de la manifestación es la creciente amenaza de extorsiones que enfrentan los transportistas. El gremio reclama a los puertos privados por la falta de implementación de seguridad y largos tiempos de espera en cuanto a infraestructura, los cuales, señalan, «han llegado al límite».

Según el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) adoptado por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, toda instalación portuaria -ya sea de acceso por mar o tierra- debe estar vigilada y protegida por:

• alumbrado;
• guardias (incluido patrullaje a pie, motorizados y en embarcaciones);

• y, dispositivos automáticos de detección de intrusos y equipo de vigilancia (CCTV).

Los conductores explican que las normas -establecidas internacionalmente- no se están cumpliendo al pie de la letra, por lo que son víctimas de la inseguridad y falta de control que los públicos y privados deben garantizar.

Hace unos días se hizo viral un video en el que se observaba a extorsionadores, conocidos como «vacunadores», exigiendo dinero a un conductor de tráiler que intentaba ingresar al Trinipuerto. Los antisociales están solicitando un pago de 20 dólares por cada ingreso a las terminales portuarias, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad de transportistas.

René Gómez, coordinador de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), expresó para Ecuavisa su inquietud por esta situación y señaló que la protesta no se limitará a Guayaquil. Los manifestantes exigen la militarización de los puertos y las carreteras como una medida de seguridad para poner fin a las extorsiones y garantizar la integridad de los conductores y sus cargas.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) convocó a una reunión con los manifestantes en el ECU 911 de Samborondón, pero los líderes de los transportistas anticiparon que no asistirán. En cambio, tienen previsto reunirse en Quito con representantes del sector empresarial para exponer su situación y esperan que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé la cara.

Félix Toala, miembro de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, representando al Guayas, explicó para TC Televisión que esta protesta es una medida preventiva que busca mayor seguridad en las carreteras y puertos, especialmente en el corredor Quito-Guayaquil. Advierte que si no se atienden sus demandas, el movimiento se replicará en otras ciudades.

El régimen planea reunirse con los transportistas. Sin embargo, los choferes han dejado en claro que comenzarán con las medidas de hecho y extenderán las protestas a nivel nacional si sus demandas no son satisfechas.

Foto: Referencial

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«Allá los políticos que se den de golpes. Ya vemos la vinculación de la mayoría de una Asamblea con las bandas vinculadas al narcotráfico», dijo Lasso.

En una entrevista con Diario Expreso, el mandatario aseguró que su única preocupación es seguir trabajando por la seguridad, educación, salud y generación de empleo, dejando de lado la crisis política que se vive en el Legislativo.

«Que las necesidades de los políticos las resuelvan en la Asamblea».

Así también, Lasso justificó el desabastecimiento de medicinas, alegando que existe corrupción dentro de los hospitales.

Sin embargo, anunció que desde el 20 de junio iniciará un nuevo sistema de provisión de medicinas, la externalización, la cual consiste en que los pacientes puedan canjear sus recetas por medicinas de manera directa en cualquier farmacia.

Aunque para los paciente internos dijo que seguirá manejando con el actual sistema.

Inversión en la educación, carreteras y salud

Lasso indicó que se ha invertido USD 200 millones en educación.

Además, señaló la creación de 21 unidades educativas y la intervención de 5 200 escuelas y 12 000 colegios fiscales afectados por la pandemia.

Con respeto a las carreteras habló de una inversión de USD 650 millones y para salud, confirmó la creación de cuatro hospitales y 37 repotenciados hasta diciembre.

Boicot y aliados del Partido Social Cristiano

Por otra parte, el mandatario habló de un boicot desde el triunvirato de la conspiración que busca perjudicar a su Gobierno.

«Desde el primer día que soy presidente operó y probablemente no dejará de hacerlo hasta que me vaya (…) Creo que Camilo Ponce, Sixto Durán Ballén y León Febres Cordero se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano ahora», expresó Lasso.

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“Muchas carreteras pasarán a manos de concesionarias para garantizar el mantenimiento de estas carreteras a largo plazo. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para llevar a cabo las alianzas público – privadas”, dijo Lasso en un diálogo con los medios.

Competencia de los GADS

De acuerdo con una resolución del Consejo Nacional de Competencias de 2014, las facultades de planificar y mantener la vialidad corresponden a los GAD parroquiales rurales en coordinación con los GAD Provinciales y Municipales.

Para las vías de primer orden que unen diferentes provincias, la responsabilidad residen en los Gobiernos Provinciales por donde cruzan dichas vías. Con el anuncio del presidente, las vías que están en mantenimiento y construcción tendrán que ser sometidas a otro reglamento. La concesión de carreteras forma parte del plan de Gobierno de concesionar o vender activos del Estado a entes privados.

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Las autoridades de las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo, junto con funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, recorrerán la carretera el lunes 24 de enero. Allí constatarán los baches, desniveles y demás afectaciones del asfaltado de esta importante vía que conecta la Sierra y Costa.  

“El día lunes tengo previsto hacer un recorrido en la vía Alóag-Unión del Toachi para verificar los inicios de los trabajos con la empresa contratista y el equipo de fiscalización de la Prefectura de Pichincha. Hemos recibido la respuesta que hemos venido insistiendo y agradezco al Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, señaló la prefecta Paola Pabón al medio de comunicación.

La vía se habilitó tras protestas

La tarde del pasado martes 18 de enero, un grupo de transportistas pesados bloqueó la carretera en el kilómetro 56. Los conductores protestaron por las pésimas condiciones de la arteria vial. Estacionaron sus vehículos e impidieron el paso hasta las 21:00 del mismo día aproximadamente.

El gremio reclamó que las autoridades arreglen la vía, puesto que las condiciones actuales representan un peligro para el transporte. Indicaron que no pagarían el peaje hasta que se dé una solución.

En redes sociales circulan videos que evidencian el pésimo estado del asfaltado, grandes baches, piedras sueltas, entre otros problemas.

La Prefectura respondió

Frente esta situación, la Prefectura de Pichincha emitió un comunicado. En él expresa que desde septiembre de 2021, la institución envió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas cinco propuesta para ser analizadas.

No obstante, la Prefectura no obtuvo respuesta –hasta ahora- por parte del ministerio del ramo. Asimismo, menciona que solicitó al Ministerio que organice una comisión técnica para terminar bajo mutuo acuerdo el contrato para la administración de la vía.

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“La obra no le sirve a la gente a excepción de las carreteras. Eso si se hizo bien. Las demás obras tenían sobreprecios y corrupción […] Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Pudimos hacerlo mejor, pero nos preocupamos principalmente del ser humano. En el gobierno anterior primaron las mega obras”, dijo.

El presidente estuvo acompañado de su esposa Rocío de Moreno, delegada del Gobierno en el Plan Toda La Vida. “Han sido mis mejores momentos. Cumplí un objetivo en la vida: ayudar a los demás. No puede ser solo el trabajo del gobierno sino de todos. Las mujeres con sus huertos pudieron salir adelante”, expresó.

Plan social

Para Moreno “siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Pudimos hacerlo mejor, pero nos preocupamos principalmente del ser humano. En el gobierno anterior primaron las mega obras”. Añadió que el gobierno invirtió en varios bonos, entre los que están: pensión toda una vida (USD 70), discapacidad (USD 100), mis mejores años (USD 60), bono Galápagos (USD 330), bono Joaquín Gallegos Lara (USD 240).

Sobre la continuación del Plan Toda Una Vida, el mandatario señaló. “cualquier persona en la próxima presidencia va a seguir y reconocer las cosas que se hicieron bien. Así como lo hice con el gobierno anterior”.

Vacunas

Moreno dijo que las vacunas ya están compradas y que los retrasos son un problema de logística de la farmacéutica Pfizer. También expresó que el colapso de la página planvacunarse.ec no es casualidad.

“18.000 personas ingresaron al mismo tiempo. Metían la cédula y no la fecha de caducidad. Quiero pensar que no es mala fe, pero como hay gente que no apoya lo que nosotros hacemos. Tal vez esto no tuvo buena fe”.

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Chone, 10  ene (La Calle).- Es jueves 7 de enero de 2021, aún es de madrugada, y el trabajo en el campo ya empezó. Las actividades agrarias no conocen horario, ni tampoco las dificultades. Si hay alguien que sabe de los aprietos del campo y del campesino es Ramón Barreiro.

Nació hace 70 años en el recinto La División, ubicado en la parroquia Canuto del cantón Chone. Sus ojos cansados por los años y el trabajo parecen recuperar el brillo cuando habla de su plantación. Trabaja en ella como cualquier otro campesino de la región, sabiendo que hay días productivos y otros llenos de complejidades.

Para quienes alguna vez visitaron Chone, probablemente la primera evocación que tengan de esta ciudad será el exquisito sabor del caldo, el bistec de gallina criolla, el inigualable queso chonero, el color amarillento de las naranjas y mandarinas, el aroma a cacao y los atractivos paisajes naturales. Todo esto acompañado de la amabilidad y la alegría que caracteriza a su gente.

No obstante, puertas adentro la realidad es otra para los choneros. En especial para los habitantes de la zona rural. De aquí donde proviene la mayor cantidad de alimentos y productos agropecuarios que se comercializan de forma local y en otras ciudades del país como Quito y Guayaquil.

Abandono de las autoridades

Para aquellos que viven lejos de la urbe, como Ramón, el principal desafío es el traslado de sus producciones durante la temporada de invierno. Solo cuentan con carreteras que se destruyen con la llegada de las fuertes lluvias y que convierten a la tierra seca en un lodo pegajoso. Para Barreiro, este es un grave problema que lleva más de 20 años y que en gran parte se debe a la despreocupación y abandono de las autoridades.

“Hace más de 70 años, en la época de mi padre era entendible que habilitar una carretera en el campo era un sueño, porque no existían las herramientas ni los recursos. Hoy sigue siendo un sueño para todos los moradores La División, al igual que para otros sitios cercanos como lo son Culantrillo y Las Cruces con la diferencia que ahora hay un abandono total de los políticos y la Prefectura de Manabí”, explicó el ciudadano.

Aproximadamente hace seis años, los moradores de La División lograron que el ex prefecto Mariano Zambrano ordenara la ampliación de las carreteras, luego de una larga e insistente gestión. Sin embargo, aquello no soluciona el problema de fondo: en el invierno, el camino es intransitable. Para salir se tiene que llevar las botas o zapatos en las manos. Quienes tienen caballos transportan sus productos en ellos y quienes no, tristemente, deben observar cómo sus cosechas se dañan. 

Falta de atención médica

Mientras ordeña con rapidez y habilidad, Ramón comenta que le duele ver cómo cada invierno el queso se desperdicia, el maíz se apolilla, las frutas se terminan pudriendo en los mismos árboles, porque tener un caballo no soluciona todo. «No se les puede montar demasiada carga y el tiempo se duplica. Si en verano nos hacemos una hora de camino, en invierno demora 3 o 4 horas”, cuenta.

Aunque la pérdida de los productos es importante, a Ramón como al resto de moradores de La División, lo que más les preocupa en esta estación del año es el riesgo que corren cuando se enferman porque el Centro de Salud más cercano queda a dos horas. “Enfermarse aquí es terrible. Si el dolor es soportable, algún familiar sale a comprar el medicamento, pero si es algo grave hay que buscar gente, armar con cañas una especie de hamaca para llevar al hombro al enfermo y lo peor es enfermarse en la noche, porque aparte del camino hay que pelear con la oscuridad”, dijo.

Covid-19: un agravante más

En la misma situación de Ramón se encuentran otros agricultores; la falta de carreteras en buenas condiciones para llevar sus productos a la ciudad, se suma a la incertidumbre y consecuencias de la pandemia. A pesar de que el invierno ya comenzó a notarse con las fuertes lluvias, las autoridades de Chone no se hicieron presentes ni en el 2020, ni en lo que va de este año.

Evidentemente, a las autoridades se les olvida que los agricultores para la ciudad son historia, alimento, cuidadores del agua y de la montaña. Una persona podrá quedarse sin comprar ropa, sin darse lujos, pero no puede dejar de alimentarse. El campesino tiene ese valor agregado, sin el trabajo de ellos una ciudad no es posible. Pero de eso poco parece acordarse el Estado.

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