«Estamos haciendo un trabajo muy serio, con mucho sentido de responsabilidad. No quiero adelantar (…) el documento estará listo la próxima semana, con mucho gusto haré pública la posición mía respecto de ese proyecto de ley», dijo el mandatario.

¿Política publica en favor de la mujer?

Lasso precisó que USD 24 millones son destinados a la lucha contra la violencia a la mujer y que parte de ese presupuesto está previsto para la creación de casas de acogida, denominadas “Casa Violeta”.

El proyecto está impulsado por Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y acogerán a mujeres que fueron o son violentadas, que buscan refugio o atención psicológica.

Lasso dijo que la primera casa violeta está en Guayaquil y se llevó a cabo en alianza con el Municipio local.

Además, garantizó que no se cerrarán estos centros, y que el Estado proveerá el presupuesto necesario. “A medida que se vayan desarrollando las casas, incrementaremos el presupuesto”, dijo el gobernante.

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«El presupuesto del año 2022, desde enero hasta diciembre es de USD 2,17 millones para los convenios de fortalecimiento a Centros de Atención Integral. Durante todo el mes de enero, se trabajó articuladamente con más de 30 organizaciones sociales. El objetivo era contar con procesos ágiles y dinámicos para la firma de convenios y uso eficiente de los recursos», dice la institución. De acuerdo con el comunicado, el modelo de las Casas de Acogida se mantendrá.

Las mejoras

Entre las mejoras, constan el incremento en el presupuesto de alimentación (de USD 22.500 a 25.000). También en los rubros de autocuidado personal y de bioseguridad por la pandemia (de 5.000 a 5.500). Además, se equipararon los sueldos al monto máximo para administrador/a, abogado/a, psicólogo/a, trabajador/a social y gestor/a de atención (facilitador/a).

La convocatoria empieza desde este 31 de enero. Las propuestas deben entregarse desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero. Y los firmantes de los convenios se anunciarán desde el 1 de abril.

Finalmente, las bases se pueden ver en el enlace:

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A través de la cuenta oficial de Twitter, la Red Nacional de Casas Acogida, menciona que “Las casas de acogida NO son sitios para depositar mujeres víctimas. Son sitios especializados que ofrecen atención integral.”

¿Cuáles son los nuevos requisitos?

Algunas de las normativas que se exigen es que al menos cinco años de “experiencia específica en temáticas de violencia basada en género hacia las mujeres». También cinco años de “experiencia general en proyectos de desarrollo social”.

Se suma también la experiencia que deberán demostrar en asesoría a instituciones y organizaciones en temáticas referentes a la violencia de género. Además la infraestructura y el equipamiento adecuado para prestar una atención integral. Adicionalmente, están las “alianzas estratégicas en redes relacionadas con las temáticas de erradicación de la violencia”. De igual forma, los datos generales de la organización social (como estatuto, el representante legal o RUC y Registro de Directiva).

Estos requisitos mínimos constan en el proyecto borrador del Reglamento de Suscripción de Convenios para el funcionamiento de estos lugares. La Secretaría lo subió a su página web desde el 11 de enero.

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“Desde la Secretaría de Derechos Humanos informamos a la ciudadanía que se ha cumplido con el desembolso de los valores correspondientes a los convenios de Cooperación Técnica Financiera para fortalecer la atención integral del año 2021 de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida”, dice parte del comunicado.

La institución estatal indicó que “el presupuesto para los convenios este 2022 supera los 2 millones de dólares, mismo que se entregará bajo criterios técnicos a las organizaciones civiles con experiencia en atención y acogimiento a mujeres sobrevivientes de violencia”

Redes de acogida

La preocupación principal de la Red de Casas de Acogida es no contar con el monto anual que el Estado les entrega.

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El Estado no asume todos los costos de mantenimiento de las casas de acogida. Según la Red, el monto anual que reciben estos centros es de USD 126.948. No obstante, este monto es apenas un “aporte parcial” de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.

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Los convenios vigentes vencen el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, la Red indicó que la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, les dijo que, sin precisar fechas, “lanzará una nueva convocatoria para sostener estos servicios”. Mientras tanto, llamó a las organizaciones que conforman la Red a “resistir”, “y si es el caso, a mantener los servicios de atención por cuenta de las organizaciones”, señala el comunicado.

El Estado ecuatoriano no asume todos los costos de mantenimiento de las casas de acogida. Según la Red, el monto anual que reciben estos centros es de USD 126.948. No obstante, este monto es apenas un “aporte parcial” de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.

Los recursos estatales solo cubren el salario  del personal profesional, una parte de la alimentación de las víctimas, y un pequeño presupuesto destinado entre capacitación y prevención, movilización y suministros de limpieza. Sin embargo, servicios como agua, luz, comunicaciones, infraestructura, medicina y demás gastos corren por cuenta de las organizaciones sociales.

La Red advierte que sin estos convenios no podrán iniciar los primeros meses del 2022. Sin estos recursos -y los que faltan- se verá obligada a cerrar los centros. Esto ocasionará que las víctimas de este tipo de violencia queden indefensas sin un refugio seguro.

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Según la vocera, desde hace 10 años lograron establecer relaciones con el Estado para mejorar y fortalecer la atención a las mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, cada año, se firmaron convenios.

Guerra explica que para el 2022 no hay claridad. Asegura que el convenio debería cubrir los rubros para trabajadores sociales, facilitadores y educadores.

“Necesitamos presupuesto para mejorar nuestros servicios y aun no se ha realizado la convocatoria pública para hacer efectivo el convenio. Dicen que para enero, pero sabemos que en ese mes no se firman convenios y siempre se postergan. Este es un tema urgente y la firma estaba prevista para diciembre. No hay que olvidar que 65 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia de género y hubo más de 150 femicidios en 2021”, afirmó Guerra.

El Estado debe cumplir con sus obligaciones

Guerra hace un llamado a la Secretaría de Derechos Humanos y al presidente Guillermo Lasso para que el presupuesto, necesario y obligatorio de los gastos que conlleva este servicio social, se puedan cubrir.

Asimismo, insiste en que no buscan un discurso contra el femicidio, el machismo o promesas falsas. Exigen acciones competentes que ayuden a las víctimas y que pongan tras las rejas a quienes lo merecen.

Guerra insistió en que la pandemia no solo ha atravesado los hospitales, sino también los hogares. «Esto fue denominado como la pandemia de las sombras, porque la violencia en los hogares fue el único delito que no cesó», explicó.

Asimismo, señaló que, en 2021, hubo más de 150 casos que salieron a la luz y exponen que las mujeres no están seguras en sus propias casas. «Es aquí donde radica la importancia de las casas de acogida, estamos salvando vidas y son necesarios los recursos económicos para no desamparar a estas víctimas” concluyó.

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