«El ministro Juan Carlos Holguín pone en conocimiento de la Asamblea de Ecuador que el informe de la Comisión de Fiscalización, sobre el caso Alex Saab ha sido entregado al Departamento de Justicia de EEUU, Fiscalía de Panamá y demás destinos requeridos», declaró Fernando Villavicencio a través de su cuenta de Twitter.

Estados Unidos investiga a Alez Saab. Lo acusa de ser un supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Saab está acusado del supuesto delito de lavado de activos por medio de una red de empresas que trabajó desde Ecuador.

La defensa de Alex Saab aseguró el pasado 12 de enero del 2022 que el empresario no tuvo ninguna relación con los expresidentes de Colombia y Ecuador.

Luego de que legisladores ecuatorianos entregaran un dosier al actual presidente de Colombia, Ivan Duque. Los abogados del equipo legal de Saab responderían sobre el supuesto entramado ilícito. En el documento se encontrarían varios gobiernos implicados en el caso.

El dossier del caso Saab

En las 125 páginas que conforman el documento se acusa a los expresidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos de estar involucrados en esta trama de pagos organizada por Saab y su socio Álvaro Pulido, con la que se habrían lavado alrededor de USD 160 millones.

En el informe también se encontraron convenios firmados en el 2011 suscritos por los gobiernos de los entonces expresidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos. Además, el documento estipulaba la creación de supuestas viviendas prefabricadas en Venezuela a través de la compañía Fondo Global de Construcciones.

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“Hay muchas imprecisiones y muchas omisiones en el caso. Lo más importante a destacar es que lo que informaron las personas a la Comisión, no está recogido fidedignamente”, afirmó Borja, durante una entrevista con Radio La Calle.

Explicó que cinco gerentes y exgerentes del Banco Central demostraron que las declaraciones, que afirman que se usó la reserva internacional para pagar a empresarios, fueron erróneas y que, inclusive, en los medios de comunicación se difundió esta información de manera equivocada.

Recordó que el problema central, al que Ecuador está sometido todo el tiempo, es la escasez de divisas por la falta de comercio internacional. Recalcó que se debe volver a políticas que permitan facilitar y promover el comercio entre los países. “El Ecuador necesita la entrada de divisas para sostener el proceso de dolarización. El sistema Sucre facilitó esta entrada de dólares”, reiteró Borja.

El economista manifestó que se está yendo en contra de los bancos y se están pidiendo cuentas a quienes no tienen nada que ver en el caso. “Si el dólar se usa para hacer actos irregulares, no se va a ir en contra del sistema dólar, se debe ir en contra de la persona que realizó esos actos irregulares. Si estamos buscando transparencia no metamos falsas verdades por debajo de la mesa”, argumentó.

Por último, sostuvo que puede haber personas que hayan cometido irregularidades, como en cualquier sistema, pero que se debería perseguir a esas personas y no al sistema de pagos.

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“¿Y con qué permiso? Los asambleístas Villavicencio, Segovia y Velasco se toman el nombre y la representación de la Comisión de Fiscalización y Control Político para llevar a Colombia. Algo que, para ellos, prácticamente es una sentencia ejecutoriada de un delito y que son culpables todos los que constan en este informe”, dice una parte del comunicado.

La legisladora también se pregunta con qué permiso se toman el nombre de ella y tres asambleístas más que votaron en contra de ese informe de mayoría. “Porque se lo quiso aprobar sin darnos tiempo para leerlo, porque denuncié una serie de irregularidades y legalidades, porque evitaron que mi equipo participe en su redacción y lo manejaron de forma sospechosamente reservada”.

Fuertes críticas

Diab también criticó la actitud de sus compañeros de Comisión. “¿Con qué permiso? Meten a la Comisión de Fiscalización en un conflicto con una exsenadora colombiana. Nada de lo que aparece en el informe ha sido probado ante la justicia y el hecho de llamarse investigación hecha por una comisión política, significa eso, que es un informe político”.

El párrafo final de su comunicado es contundente. A mí no me representan y como decía mi abuelita, los tres asambleístas no se mandan ellos mismos. Aquí respetamos y nos respetamos, porque así funciona la democracia y porque acá, en el Ecuador, vivimos en un régimen Constitucional de derechos y obligaciones”.

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“El informe que lleva este señor al presidente de Colombia fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, por una mayoría de cinco votos y no ha pasado por el Pleno de la Asamblea. A diferencia de lo que él comunica en Colombia, no es un informe que la Asamblea haya aprobado. Es un informe de él, su equipo de trabajo y los legisladores que votaron a favor”, dijo en una entrevista con BLU Radio.

A juicio de Borja, el informe de minoría también debió ser conocido por el presidente Duque. En segundo lugar, el exfuncionario señala que existe una arrogación de funciones por parte de Villavicencio. “Él no representa a la Asamblea Nacional, sino que es un actor político ecuatoriano que se ha definido clara y públicamente que tiene un odio y venganza contra el expresidente Rafael Correa que no va a superar y que es el móvil para elaborar este informe”.

Lavado de activos

Sobre si existió entre Venezuela y Ecuador, un sistema para lavar activos, que permitió el movimiento ilegal de USD 2.600 millones, Borja responde que esa conclusión es falsa y equivocada. “El sistema unitario de compensación regional funciona como el sistema anterior que teníamos los países latinoamericanos. El sistema SUCRE reemplaza la decaída del sistema ALADI para promover el comercio intrarregional. Lo que dice Villavicencio es bastante impreciso”.

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Informe con errores

Sobre el informe, el exministro precisó que fue elaborado por Villavicencio y su equipo técnico. “Tanto así que mucho antes que el informe se apruebe, él venía dando declaraciones. En segundo lugar, lo hicieron pasar como informe de mayoría cuando solo lo aprobaron 5 asambleístas de la comisión”.

La entrega del informe al presidente Duque, de acuerdo con Borja, está enmarcado dentro del objetivo de Villavicencio. “Armar un relato de que habría existido una estructura de crimen organizado y lavado. De alguna manera, algunos actores políticos colombianos le dan lugar a un show político porque está plagado de irregularidades. Estas personas inducen al error al presidente Duque. Cosa que sucederá con la Fiscalía colombiana”.

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