«A mi me sacaron justamente por eso. Soy el que más ha pedido transparencia dentro de la Policía», dijo en Ecuavisa.

Carrillo relató que el régimen no quiso actuar cuando «los elementos y negligencias del mando institucional» apuntaban a otras direcciones durante el caso. María Belén fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre de 2022.

Carrillo salió del poder el pasado 23 de septiembre de ese mismo año. «Tras los acontecimientos de los últimos días, he decidido que su servicio concluya, ministro Carrillo», anunció el primer mandatario en cadena nacional desde la Base Aérea Simón Bolívar.

Además, la extinta Asamblea Nacional inició un juicio político contra el exministro por incumplimiento de funciones, su participación en el paro nacional y el caso Bernal, por lo que el exfuncionario no podrá ocupar un cargo público por dos años.

El caso de Villavicencio

Carrillo enfatizó que la Policía debería aclarar el protocolo, omisiones y fallas que tuvo el día del asesinato de Fernando Villavicencio. Recalcó que el programa y la estrategia que implementará Estados Unidos (EE.UU.) intentará identificar a los actores transnacionales en el crimen.

Según él, la participación de EE.UU. en la investigación no se debe a un «tema de desconfianza», sino a una interpretación distinta del crimen organizado. Sin embargo, mencionó que los «conspiradores» de este asesinato están dentro del Estado.

«Se trata de estructura política, empresarial, criminal que está asociado al lavado de dinero, medios de comunicación y actores legales. Esto nos da esperanza de que todo se aclare», expresó.

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Fiscalía, a través de un comunicado, indicó que el director de Talento Humano de la Policía Nacional, Henry Tapia, dispuso el traslado temporal del personal.

«Esto significa una clara intromisión en la justicia», reza el comunicado.

Ante esta acusación, la Policía señaló que «La Institución sigue apoyando a la Fiscalía con el mismo número de policías investigadores y de seguridad (…) Solo se ha rotado el personal», señala el documento.

Sin embargo, la entidad de Justicia comentó que el grupo que pretenden imponer carece de experiencia en el ámbito penal, no ha pasado las pruebas de confianza y se incluirán desde cero a procesos que están en marcha y han presentado avances importantes.

La FGE resaltó que estas acciones limitan el «trabajo independiente que ha realizado» y responsabilizó al Estado ecuatoriano por la seguridad de la máxima autoridad, la de su familia y a permanencia de las personas investigadas.

El Consejo de la Judicatura (CJ) se pronuncia

El Consejo mencionó que una acción aislada podría ocasionar el detrimento en la administración de justicia en distintos ámbitos y competencias de las entidades.

«El CJ respalda la postura institucional de que la Fiscalía General del Estado tenga las garantías estatales para realizar su trabajo», señala el comunicado.

Comisión Investigación «El Gran Padrino»

Asimismo, la Comisión rechazó la disposición de retirar el equipo que trabaja con la Fiscalía e investiga el «Caso Encuentro».

«Este acto, junto a la ausencia y el silencio de funcionarios en las comparecencias de la Comisión solo demuestran la desesperación de quienes pretenden ocultar, a toda costa, la corrupción», enfatiza.

También, convocarán al ministro del Interior, Juan Zapata, secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez; y el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas para que den cuenta de esta decisión.

«De no hacerlo, serán sometidos al proceso de fiscalización y juicio político», remarca.

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La resolución se tomó tras la audiencia de revocatoria de medidas cautelares llevada a cabo en la Casa de Justicia, en Carcelén, al norte de la capital, la mañana de este miércoles 18 de enero.

La cadete de 24 años, recibió medidas cauterales, pero quedó en libertad. Sin embargo, no podrá salir del país.

El magistrado determinó que no existen elementos de cargo contra ella. Según su defensa, Jean Paul Egred, se demostró que en el lugar donde asesinaron a María Belén Bernal no se encontró material genético de su cliente.

Sánchez admitió que tuvo relaciones sexuales con el exteniente Germán Cáceres el día del crimen. Posteriormente, fue vinculada al caso y detenida el 16 de septiembre de 2022. Cuatro meses fue privada de su libertad.

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La Jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer autorizó una orden de allanamiento y captura, donde el procesado fue detenido. Además, la Fiscalía informó que se procesa a la esposa del detenido, Katherine Stefanny B.C., por su presunta participación en el hecho.

Sin embargo, al estar fuera del país, se dispuso medidas alternativas para la esposa, como la presentación periódica de dos días a la semana en el consulado más cercano en Houston, Estados Unidos.

Los hechos

Según la Fiscalía, “Katerine Stefanny B. C. ofertaba e impartía clases de arreglo de uñas en su estética. (…) como celebración de fin de curso, pidió a cada una de las alumnas una cuota de 15 dólares para la comida y bebidas alcohólicas. También habría solicitado que lleven complejo B, vitamina C y jeringuillas para recibir una clase de primeros auxilios e inyectología”.

La mañana del 29 de octubre del 2022, Walter C.R. se presentó como miembro de la Policía con el fin de dictar la clase. “En horas de la noche, procedieron a cenar, jugar cartas, ingerir alcohol y bailar”.

“El procesado habría (brindado) licor a las estudiantes de manera constante e insistente. (…) un licor de dudosa procedencia de color café y rosado”. Según la investigación, las mujeres estaban conscientes hasta la ingesta de esa bebida. Luego perdieron la conciencia.

En la madrugada del siguiente día, el Mayor de Policía y su esposa habrían trasladado a la agraviada y a otra presunta víctima de 17 años al cuarto de su hija menor. “Ahí, Walter León C. R. habría violado a la joven de 19 años, mientras Katerine Stefanny B. C. observaba. Después, ella también se unió a la consumación del delito”.

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Otavalo también señaló que está preocupada por el traslado de Cáceres. Manifestó a Radio Pichincha que «hay que estar atentos, puede que lo ‘suiciden’ o se escape nuevamente, no es que me interese la vida del señor. Tengo temor por lo que puede ser el traslado de Cáceres a Ecuador (…) pido que todo sea transparente».

Con la captura del exteniente, Otavalo espera que se aclaren los hechos en la Escuela de Policía, el papel de la cadete Joselyn Sánchez y cómo Cáceres habría sacado el cuerpo de María Belén.

Además, criticó que las autoridades ecuatorianas tomen a Cáceres como un «trofeo», como si su captura haya sido fruto del trabajo de la misma Policía que habría permitido escapar a Cáceres. «Es un trabajo de la sociedad ecuatoriana», enfatizó.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía y los medios de comunicación por la presión a las autoridades. Mencionó que siempre se sintió abandonada por el Gobierno de Guillermo Lasso y las autoridades del Estado.

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Este miércoles 14 de diciembre, se desarrolló la audiencia de vinculación de Camacho a las 10:30 en la Casa de Justicia de Carcelén.

Según las versiones, Camacho llegó a la madrugada del 11 de septiembre hasta la habitación del teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del crimen. Cuando Cáceres abrió la puerta, Camacho pude ver una mancha roja en su mano.

La abogada de Camacho, Gladys Terán, señaló que la vinculación de su cliente es injusta porque dio parte a su superior de forma inmediata. Camacho argumentó que al ver a Cáceres, este le dijo: «cierra la puerta y ándate». Alrededor de la 01:00 habría llamado a su superior para registrar una «situación inusual».

Ahora con la vinculación al caso, Camacho está en serios problemas, pues su situación en la Policía se ve afectada. El teniente pertenece a la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsiones.

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Otras revelaciones salieron a la luz. Entre ellas, la cadete admitió que borró los mensajes de su teléfono. Había una conversación con Germán Cáceres en la que se referían a María Belén Bernal.

Sánchez también mencionó que el General Sarzosa le pidió «hacer un trato» durante los primeros días de su detención. El «trato» era que ella podía regresar a la Escuela de Policía con grillete si entregaba información sobre el paradero de Cáceres, principal sospechoso del femicidio.

Finalmente, la defensa de la cadete le recomienda que para la nueva valoración psicológica, cambie de estrategia. Es decir, que «llore o dramatice», que hable de intentos de suicidio y el daño psicológico que ha sufrido.

Sánchez, un paso adelante, dos atrás

Entre las últimas joyas de la cadete Josselyn Sánchez, implicada en el femicidio de María Belén Bernal, está que cambió su versión respecto a los hechos del caso. En sus primeras declaraciones habría mentido por presión y amenazas de oficiales, según su abogado, Joan Paul Egred.

El 28 de octubre, la cadete Joselyn Sánchez acudió a la Fiscalía para ampliar su versión respecto a los hechos del caso Bernal. En su testimonio declaró que mientras Cáceres hablaba con su esposa en la habitación, ella se quedó dormida y no escuchó nada más. Además, señaló que dos oficiales la presionaron para cambiar su declaración.

Volvió a la Escuela de Policía

Por otro lado, el 30 de noviembre, la directora de la Escuela Superior de Policía, Irany Ramírez, informó que las acciones administrativas contra Josselyn Sánchez fueron archivadas.

Ramírez indicó que el equipo a cargo de la investigación no encontró elementos suficientes para sancionar a Sánchez. Por lo tanto, la cadete continúa dentro del grupo de cadetes de la Policía.

Además, explicó que la implicada tampoco puede ser sancionada por haber ingresado a la Escuela a una hora que no le correspondía, porque la autorización la dio Germán Cáceres. En este caso, el único sancionado sería el oficial de guardia de esa noche.

La cadete es la única detenida por el femicidio de María Belén Bernal dentro de la institución.

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La Policía indicó que el subteniente se desempeñaba como agente investigador antisecuestros hasta octubre de 2022 y en los registros de noviembre no consta su nombre. Por lo que podría ser considerado uno de los nueve oficiales destituidos por el caso Bernal.

Con este, serían tres los procesados por el caso Bernal, el exteniente Germán Cáceres (principal sospechoso del femicidio), la cadete Joselyn Sánchez (implicada) y Camacho.

Cáceres continúa prófugo de la justicia, mientras que la cadete ha cambiado su declaración en tres ocasiones y se mantiene con prisión preventiva.

El 30 de noviembre la directora de Escuela Superior de Policía, Irany Ramírez, indicó que las acciones administrativas contra Sánchez fueron anuladas por falta de pruebas y continuará siendo parte de la Policía.

Además, Sánchez se negó a cooperar en la reconstrucción de los hechos realizada por la FGE en la Escuela de Policía el pasado 4 de diciembre.

Muerte de Bernal

La abogada desapareció el 11 de septiembre luego de visitar a su esposo Germán Cáceres en las instalaciones de la Escuela. No fue hasta el 21 de septiembre que la Policía encontró el cuerpo de Bernal en el cerro Casitagua.

Desde entonces, la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo ha realizado una serie de plantones y movilizaciones para exigir justicia para su hija. Además, comentó que viajará a Colombia y Panamá para esclarecer el caso.

Además, acusó a la Fiscalía y al Gobierno de encubrir a los principales sospechosos de la muerte de María Belén. “La Fiscalía le dio más tiempo a la Policía para que arme su entramado. ¡Qué pasa señor Guillermo Lasso con sus ofrecimientos!, pero que se puede esperar su todo lo que dice es mentira”, expuso.

Por otro lado, el exministro del Interior, Patricio Carrillo evadió toda responsabilidad y acusó a la Policía de no tener un plan para resolver las inconsistencias del caso. (N.J.C)

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La FGE informó que la reconstrucción se llevó a cabo con la presencia de la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, equipos técnicos y los Bomberos de Quito. Esta pericia se efectuó en el cerro Casitagua donde fue encontrado el cuerpo de la abogada.

La defensa de la familia Bernal, Jesús López señaló que es importante esta reconstrucción porque permite esclarecer los eventos. Enfatizó que de esta manera se logró determinar que los gritos de María Belén se escucharon en todo el edificio y que todos los cadetes pudieron escuchar, refirió El Universo.

Comentó que la cadete Josselyn Sánchez fue trasladada a las instalaciones de la Escuela, pero se negó a colaborar en la reconstrucción.

Desaparición de Bernal

La abogada desapareció el 11 de septiembre luego de visitar a su esposo Germán Cáceres en las instalaciones de la Escuela. No fue hasta el 21 de septiembre que la Policía encontró el cuerpo de Bernal en el cerro. Mientras tanto, Cáceres ya estaba prófugo de la justicia.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, acusó al Estado y a la Policía de negligencia por las presuntas irregularidades durante la investigación. La desesperación de Otavalo se elevó hasta que el 16 de noviembre mencionó que viajaría a Colombia y Panamá para reclamar justicia para su hija.

Hasta el momento, la única detenida por el caso es la cadete Josselyn Sánchez y según la directora de la Escuela de Policía, Irany Ramírez, hay 20 cadetes más sancionados.

Ante la falta de respuestas sobre la detención de Cáceres, la Policía decidió ponerlo en la lista de los más buscados. Además, hay una recompensa de USD 20 mil para quienes den información sobre su paradero.

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Ramírez indicó que el equipo a cargo de la investigación no encontró elementos suficientes para sancionar a Sánchez. Por lo tanto, la cadete continúa dentro del grupo de cadetes de la Policía.

“No se encontraron los indicios necesarios para sancionar a la cadete y la conformación de un Tribunal de Disciplina. Por este motivo la investigación fue archivada”, detalla el último informe entregado por el equipo a cargo del proceso.

Además, explicó que la implicada tampoco puede ser sancionada por haber ingresado a la Escuela a una hora que no le correspondía, porque la autorización la dio Germán Cáceres. En este caso, el único sancionado sería el oficial de guardia de esa noche.

También aseguró hay 20 cadetes más sancionados con reducción de puntos a su conducta.

“Los sancionados recibirán cinco puntos menos por falta grave en asuntos inherentes a su formación y 15 por falta leve al inobservar el procedimiento dentro del centro y negligencia”, manifestó para Ecuavisa.

Finalmente, la directora señaló que la normativa vigente no les permite sancionar de manera estricta las faltas dentro del establecimiento. Aseguró que el reglamento se reformará, porque existen vacíos en las sanciones. (N.J.C)

Fuente: Radio Pichincha, Ecuavisa

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En una carta dirigida a los rectores, Otavalo pidió un sonómetro tipo 1 para realizar las pericias de audio en las habitaciones del castillo de Greyskull, de los tenientes de la Escuela Superior de Policía. La «falta» de este equipo técnico por parte de las autoridades ha impedido continuar con la investigación.

«Les suplico su ayuda y acudo a ustedes a fin de que si cuentan con este equipo y técnicos especializados faciliten a Fiscalía esta pericia para descubrir los culpables del asesinato de mi hija. Me siento desesperada, día a día aparece algo que obstaculiza el conocer la verdad y justicia», reza la carta enviada el 28 de noviembre de 2022.

Trabas en el proceso

La madre de Bernal expresó que Fiscalía ordenó hacer la pericia con las herramientas técnicas y el personal especializado a la Policía Nacional. Sin embargo, existe una «negativa absoluta» de la institución policial, pues no se ha realizado hasta ahora. Incluso han pedido apoyo a personal externo, pero sin resultados.

El perito del caso explicó que «una de las limitaciones para la ejecución del estudio es el acceso a un sonómetro tipo 1 con certificado de calibración». Este equipo es utilizado a nivel internacional en casos judiciales -y exigido por normas técnicas ecuatorianas- para realizar el peritaje de sonido. Sin este aparato, el grado de precisión no es posible.

Para Otavalo, las negativas de la Policía sobre los pedidos de Fiscalía son excusas que no permiten avanzar el proceso de investigación, que cuenta con un tiempo determinado. Finalmente, la madre de María Belén denució que esta no es la única limitación que han presentado las autoridades para esclarecer el caso.

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Caso Bernal

La abogada María Belén Bernal fue desaparecida el 11 de septiembre de 2022. La Escuela Superior de Policía, en Quito, fue el último lugar donde estuvo. El 21 de septiembre, encontraron su cadáver en el cerro de Casitagua.

Todas las evidencias apuntarían al teniente Germán Cáceres, exesposo de Bernal, con quien estuvo la última vez. Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, comentó que recibió una llamada de Cáceres ese día y le dijo que tuvo una discusión con su esposa y que ella se bajó del auto que él conducía para subirse en un taxi.

Días después, gracias a la presión ciudadana y mediática, se ordenó la captura de Cáceres. Sin embargo, ya era tarde porque huyó. Ahora es prófugo de la justicia y se desconoce su paradero. La única que enfrenta cargo por complicidad del delito es la cadete Joselyn Sánchez, quien se habría involucrado sentimentalmente con Cáceres.

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En rueda de prensa, Elizabeth Otavalo, Miroslava Cando y Ruth Montenegro, madres de féminas asesinadas, comunicaron que se movilizarán el viernes 25 de noviembre, a las 16:00 desde la avenida Patria hasta la Amazonas, en Quito.

Las madres coinciden en que el Gobierno apoya la lucha de las mujeres solo en el discurso, porque no existen políticas públicas que respalden sus derechos. Además, expusieron que no fueron tomadas en cuenta en las mesas de diálogo que organizó Lasso.

“Todos los ofrecimientos se quedaron en paliativos. Yo conversé con Lasso y me dio que iba a estar en las mesas y no pasó nada”, manifestó Otavalo.

Madres levantan su voz

Para Elizabeth Otavalo, el proceso de justicia que buscan es “un camino lleno de espinas”. “Es un camino que la ciudadanía se olvida y sobre todo algo que el Gobierno quiere que sea olvidado. Nacimos chillando y gritaremos verdad y justicia por nuestras hijas”, precisó.

Miroslava Cando, en su intervención, recalcó que su hija murió en una práctica militar que aún no se ha esclarecido. Sobre las mujeres se ejerce una violencia institucional, una violencia que no se habla, ni se conversa, porque las instituciones se unen, dijo.

Finalmente, Ruth Montenegro, madre de una pequeña de 11 años asesinada. Denunció la inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Nacional y Dinased al momento de atender un femicidio.

“Evaden la realidad de las madres, la minimizan. Al final estas instituciones resuelven los casos aludiendo que fue un accidente o suicidio. ¡Nos están matando cada 28 horas y esto va en aumento, no para!”, enfatizó.

Insuficientes políticas públicas

En 17 meses que se ha posicionado el Gobierno, la única mediada que implementó fue seis estados de excepción que no han mostrado resultados positivos ante la ola de violencia.

“No se han tomado acciones o políticas públicas encaminadas a los problemas del país, educación, salud, crimen organizado, contra la violencia feminicida”, enfatizó Montenegro.

(N.J.C)

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Jiménez envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en la que dizque refutó la aprobación del informe no vinculante de la Comisión Ocasional por el caso Bernal.

Según Jiménez, el informe es “oportunista” y los asambleístas que ratificaron esta decisión pretenden romper con el “orden democrático”.

“Que de forma temeraria se intente endosar al presidente Lasso una supuesta e inexistente responsabilidad política a causa de un delito execrable como el femicidio de la señora Bernal, no merece respuesta alguna distinta al desdén por la ignorancia”, señala la carta.

Al ministro se le olvida que el femicidio ocurrió en un establecimiento del Estado, como es la Policía Nacional. Sin contar la serie de omisiones e irregularidades durante la investigación del caso.

El alto funcionario justificó el silencio de Lasso aludiendo que está «concentrado en crear líneas que resuelvan la ola de inseguridad y violencia presente en el país». Medidas que aún no han sido evidentes, pues el pasado 21 de noviembre, se desató un enfrentamiento entre policías y miembros de la banda “Los Tiguerones”, en Guayaquil.

También, recalcó que en el Legislativo reposan 30 proyectos de ley sobre la violencia de la mujer que no han sido atendidos. “El enfoque de todos quienes hacemos política debe estar en las víctimas de violencia y nunca en el oportunismo demostrado por quienes votaron en la Asamblea”, reiteró Jiménez.  

Respuesta de Saquicela

Ante esto, Saquicela mencionó que no es responsabilidad del Parlamento si Jiménez tiene problemas para gobernar. “No busquemos un chivo expiatorio en el Pleno”, señaló. Además, mencionó que desde que él ejerce funciones, Jiménez no ha asistido a ninguna comparecencia.

“No sé qué es lo que ve el ministro. Está mal ubicado. Si no conoce los hechos no puede hablar de memoria”, detalló. (N.J.C)

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«Lo ratifico, (mi nieto) va a perder la vivienda, la va a perder completamente. Yo me he reunido con el coronel González, director del ISSPOL, donde me dijo «lo siento mucho, no hay nada qué hacer, se va a perder esa vivienda», señaló Otavalo.

Cuando Otavalo contradijo al coronel por la responsabilidad de la institución policial, él habría indicado que el dueño del crédito «está prófugo no más, ella es la asesinada», por tanto, todavía hay forma de recuperar el inmueble.

Otavalo precisó que ha intentado reunirse con la ministra de Educación, María Brown, pero sus intentos han sido en vano. «Trabajé con ella. Antes tenía un poco de sensibilidad. Ahora me manda asesores para que le informen. Se cree la súper ministra».

Para ver el programa completo y las declaraciones de Otavalo haga clic aquí.

Huecos de la resolución de la Asamblea

Durante la entrevista se habló de la responsabilidad estatal frente a los femicidios. Sin embargo, los expertos en derechos humanos, Sybel Martínez y Hernán Reyes reprocharon que la intervención de la Asamblea no haya abordado la protección integral de los niños; como el caso del hijo de María Belén.

«¿Quién atiende al pequeños Isaac, qué pasa con él? ¿Cómo está en su colegio? No sabe qué hacen las autoridades, si se está buscando justicia. Lo máximo que le queda es que le van a dar USD 125», cuestionó Martínez.

Otavalo trabajó en el Ministerio, precisamente en la elaboración técnica del bono de orfandad. Manifestó que no son USD 125, sino USD 112.

«Yo peleaba con el Secretario de la Administración de la Presidencia, porque le decía ¡USD 100 es nada!, pero me decía ‘hay que hacerlo significativo», mencionó Otavalo. Añadió que nunca pensó pasar por esta situación, pero la lucha continúa.

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El 28 de octubre, la cadete Joselyn Sánchez acudió a la Fiscalía para ampliar su versión respecto a los hechos del caso Bernal. En su testimonio declaró que mientras Cáceres hablaba con su esposa en la habitación, ella se quedó dormida y no escuchó nada más. Además, señaló que dos oficiales la presionaron para cambiar su declaración.

«ha dicho su verdad, sin presiones, subjetividades, sin un tercero que la presione”, afirmó Egred.

La madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, rechazó la nueva versión de Sánchez. “Hoy después de la audiencia ella debe quedarse detenida y no solamente porque hizo perjurio, sino también porque está encubriendo a todos”, señaló Otavalo.

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«La confianza en la Policía este mes (octubre) es del 7 %. El mes pasado (septiembre) era del 23 %, es decir, una baja de 16 puntos porcentuales en un solo mes. Es la cifra más baja que hemos registrado en la Policía Nacional», señaló Paulina Recalde, directora de la encuestadora, para NotiMundo.

Las razones de la baja credibilidad en los uniformados se debe principalmente a que el 37 % de los ciudadanos los consideran corruptos. Le sigue un 19 % que piensa que no cumplen con su tarea de combatir la delincuencia. Después está un 11 % que argumenta que no ayudan en emergencias. Un 6 % dice que son cómplices de los delincuentes. Un 5 % señala que los policías son delincuentes. Otro 5 % cuestiona su acción alrededor del caso de María Belén Bernal y un 2 % alega que son mentirosos y deshonestos.

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Albán sostuvo que el término femicidio debería ser sustituido por feminicidio. Si el Estado ya conoce los problemas de la violencia contra la mujer entonces ya tiene la responsabilidad de actuar.

“Nosotros ya no deberíamos calificar el fenómeno que se viene presentando en Ecuador de simples femicidios, deberíamos empezar a utilizar la expresión de feminicidio. El Estado sabe que esto ocurre, pero no lo previene, investiga o sanciona como debe”, precisó. Es importante recalcar que en el país, el feminicidio aún no está tipificado en la Ley.

Albán ratificó que la violencia de género está normalizada en la dimensión simbólica, política, psicológica, física y sexual. Aclaró que, si bien el Estado tiene responsabilidad en el caso Bernal, no quiere decir que deba ser considerado un crimen de Estado.

 “Que no se trate de crimen de Estado no significa que no haya responsabilidad estatal. Yo creo que el Estado tiene una primera carga de responsabilidad en este hecho”, expresó.

Negligencia del Estado ecuatoriano

La asambleísta por Izquierda Democrática (ID), Yeseña Guamaní recalcó la evasión del gobierno frente al caso Bernal y los demás femicidios. “Es lamentable que tengamos un gobierno que no quiera escuchar y reconocer que existe esta falta de política pública”.

La parlamentaria por Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño responsabilizó al Estado por la muerte de las mujeres. “Siete de cada diez mujeres están sufriendo de violencia en el Ecuador con la negligencia de un Estado que no aplica y que no tiene ninguna política pública”.

La violencia contra la mujer

La abogada y experta en DD.HH., Sybel Martínez señaló que la violencia contra la mujer es “sistemática, estructural y cultural”. Además, enfatizó que el femicidio es de los pocos delitos que tienen tanta carga simbólica.

Asimismo, explicó que existe un espíritu de cuerpo malsano en la Policía porque favorecieron la fuga del expolicía Germán Cáceres. Añadió que a diario al menos un uniformado es arrestado en el país por haber cometido contravenciones o delitos.

“Ha habido descuidos y desaciertos en los voceros del Gobierno, así como en su máximo representante que se negó a venir. Yo creo que esa negativa tiene que ver con ignorancia y miedo, porque no tiene respuestas”, mencionó.

La legisladora Amada Ortiz sostuvo que existe una cortina de humo por parte del Gobierno y que dio mucho que pensar al país. “Era el momento y siempre será el momento porque señor Guillermo Lasso aún lo estamos esperando”.

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La mañana de este 15 de octubre, la entidad de control informó a través de un comunicado vía Twitter que no contibuyó en la fuga del teniente Cárceles, principal sospechoso en el caso del asesinato a la abogada María Belén Bernal.

Fiscalía señala que la notificación a Cárceles habría llegado el 14 de septiembre, no el 13, como lo aseveró el abogado Erick Huilca. Es decir, casi diez horas después, momento en que el exteniente ya había salido del país.

«La notificación a las partes acreditadas (incluyendo a quién era el denunciante) se dio el 14 de septiembre a las 11:49, es decir, casi 10 horas después de la notificación judicial a la Policía Nacional (por lo tanto las afirmaciones vertidas por el abogado carecen de sustento)», reza el escrito.

Además, la Fiscalía recalcó que el jurista que dio dicha información no es parte procesal en el caso Bernal. «La Fiscalía General del Estado rechaza las informaciones vertidas que pretenden desinformar, desviar la atención de la ciudadanía y que están alejadas de la verdad de los hechos», concluye la institución. (J.P.C)

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La menor de 15 años iba a ingresar a la Unidad Educativa Fiscal Brethren a primero de bachillerato. Su madre y padrastro notaron que ya no estaba en casa cuando regresaron del trabajo. En la habitación de Shirley encontraron una nota que especificaba que se marchaba supuestamente “por su propia voluntad”, debido a “problemas familiares”. Radio La Calle accedió a la carta de la pequeña antes de irse de casa.

Al ver que su hija no tenía amigos, familiares o allegados a los cuales acudir, le comunicó a su hermana, Yadira Vintimilla, lo sucedido. Vintimilla vio por última vez a Shirley, el martes 29 de agosto. Se presentó formalmente a la Fiscalía el 8 de septiembre de 2022 a poner la denuncia de la desaparición de su sobrina.

“Puse la denuncia para ver si algún familiar o conocido dice: Ella está aquí, pero no, ninguna persona nos dio razón de ella. Shirley no tenía amigos, ni familiares con quienes pudiera estar. Todos están tratando de localizarla y no hay respuestas”, enfatizó.

La tía de la menor expresó que no tenía amigos, pues era la primera vez que acudía a un colegio de manera presencial. En los años anteriores acudía de manera virtual. Por esta razón presume que su sobrina no se fue sola, sino que alguien tuvo que acompañarla.

Además, insistió a las autoridades que busquen en sus redes sociales. Shirley no tenía amigos cercanos, pudo conocer a alguien por internet que apoye su decisión. Sin embargo, las autoridades le dijeron que tenían que esperar y ver qué sucede.

Culpa de Bernal, según la Policía

Las autoridades de la Dinased dijeron que tenía que esperar porque todos los policías estaban concentrados en el caso Bernal. Hasta el momento solo han enviado informes, pero no dan respuesta sobre el paradero de Shirley, lamentó Yadira.

También acudió al Terminal Quitumbe, al sur de Quito, con la esperanza de que alguien sepa algo o haya visto a su sobrina, pero las respuestas mantuvieron su negativa. Solicitó a las autoridades pedir las grabaciones del terminal y comprobar si su sobrina compró un boleto.

“Ya van hacer dos meses de la desaparición de mi sobrina y no nos dan respuestas. Supuestamente iban a pedir las cámaras del terminal, pero nada. Siempre dicen que ya van a ver y nada”, recalcó.

Comentó que su sobrina no tenía un teléfono celular porque la mayor parte del tiempo pasaba con su madre o su padrastro. Esa fue otra de las excusas que utilizó la Policía para no hacer nada. “se encontraban atados de manos los uniformados”, cuestionó.

Otra alternativa de búsqueda

La tía de Shirley compartió su foto en redes sociales y una maestra del plantel le aconsejó que hable con su esposo que trabaja en la Fiscalía para ver si le puede ayudar. “El señor muy amable me dijo que sí me podía ayudar. Hablamos con el secretario de la Fiscalía y ese día también aceptó”, declaró. Sin embargo, el día que fue a rendir sus declaraciones el secretario amenazó con reportar al esposo de su maestra porque no tenía que pedir ayuda a nadie.

“Ya vieron incluso en migración y nada. Es claro que ella está con alguien más, porque eso de borrar mensajes y bloquear Facebook, no lo hace un familiar. La familia del papá está en otro país y también la están buscando”, dijo. (N.J.C)

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“La Policía está haciendo un barrido y espero que no haya espíritu de cuerpo. Hoy están haciendo un barrido (en la Escuela de Policía). Se pidió hoy apoyo a los bomberos y al Municipio (de Quito)”, dijo la Elizbeth Otavalo mientra ingresaba a una audiencia en Fiscalía.

Los familiares de María Belén se han dividido para atender los frentes que se abrieron en este caso. Este sábado, se instaló la audiencia contra la cadete Joselyn S. P., quien fue detenida la víspera en la Escuela Superior de la Policía, y que habría participdo junto a la pareja de Bernal en su desaparición, según informó la Fiscalía. 

“Preferí estar aquí, quisiera también estar allá, en la búsqueda de mi hija. Tengo familiares que están ahí, nos estamos dividiendo porque no creo en lo que la Policía haga. Tenemos que hacer una veeduría constante porque de lo contrario no hay verdades”, dijo la madre de María Belén. 

El caso

Según los primeros indicios, se presume que María Belén desapareció el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional de Pusuquí. 

El hecho sucedió después de visitar a su esposo, policía en servicio activo con rango de teniente. Según Fiscalía, el martes 13 de septiembre se envió la alerta por desaparición de la ciudadana de 34 años.

Según el ministro del Interior, Patricio Carillo, las investigaciones del caso siguen en curso. En la Escuela Superior se detuvieron las actividades para realizar rastreos en los alrededores. También se tomaron versiones a 35 alumnos, de los cuales 16 hablaron.

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