De la maldad humana – Opinión

El pasado lunes 21 de diciembre unos señores, dizque eran jueces, junto al Procurador del Estado han colocado en la pared del Palacio de Gobierno una placa como parte de la reparación simbólica al Estado por el caso Sobornos 2012-2016. Me preguntó, ¿qué perturbada cabeza habrá tenido semejante idea?

La justicia ecuatoriana dictó la sentencia y allí debió haber terminado su rol. ¿Cuál es el interés de esta operación de propaganda política? ¿Por qué seguir abonando a las sospechas de irregularidad de la sentencia? Los autores del show deberían saber que la historia no es una simple transcripción de textos, aunque estén grabados en el mármol. La historia es, sobre todo, la crítica de los textos que permite aclarar los hechos. La placa en cuestión nos habla más de quiénes la mandaron a colocar que de las personas cuyos nombres se inscribieron.

Que de la pandemia saldríamos mejores seres humanos, eso se decía durante el primer confinamiento. Debo confesar que desde el inicio no me convencía la idea de la conversión milagrosa del ser humano. Y después de ver este gesto de la maldad humana creo menos todavía. Se sabía de la injerencia del poder político en la justicia, pero pensar en un país donde exista una policía política de la moral en lugar de la verdadera justicia… Solo pensarlo da escalofríos.

La placa, en efecto, muestra la voluntad de humillar al condenado y no la de hacer justicia. También hay la voluntad de infundir miedo, porque la pena que recae sobre el individuo ha sido extendida a un periodo preciso y solapadamente a la ideología de ese Gobierno.

Como la oligarquía no se puede permitir adjuntar a su pesado fardo una segunda hoguera barbara han creído que una placa con los nombres de sus adversarios serviría para estigmatizar sus apellidos y su ideología. Me pregunto, ¿qué va a pasar con la placa una vez que estas personas cumplan con la pena? Y si las cortes internacionales dicen lo contrario de la sentencia ecuatoriana, ¿pondrán otra placa pidiendo disculpas? ¿Quién va a pagar las reparaciones a estas personas que han sido humilladas por el poder público? ¿Cuál será la próxima sentencia, hacerlos desfilar desnudos en la procesión de Jesús del Gran Poder para que reciban los escupitajos de la gente? ¿O los van a obligar a llevar una escarapela amarilla pegada en el pecho?

Esta práctica de infundir miedo es tan antigua como la maldad humana, pero, en pleno siglo XXI, ¿qué habrán hecho de terrible estas personas para ser tratadas de esta manera? Pues otros antes ya habían cometido peores crímenes y sin embargo no han merecido tal trato. ¿Por qué? ¿Será que no se está castigando un delito? ¿Será que no se busca hacer justicia sino ejecutar una venganza?

Finalmente, ¿por qué escoger el Palacio de Gobierno para colocar esa placa? ¿Por qué no en la sede, sí la hay, de alguna de las empresas que habrían participado en los sobornos? El acto es de un irrespeto absoluto a las instituciones republicanas, pues con él se insinúa que la presidencia de la República es un antro de corrupción. Las formas y las palabras en política tienen un sentido. Lo que se ha hecho ha sido estigmatizar a una institución en lugar de castigar un delito cuya responsabilidad es individual. ¿Qué tiene que ver la presidencia en todo esto? Si a los autores del sainete no les gusta la forma republicana del Estado, colocar una placa en las afueras del palacio presidencial ha sido la mejor forma de hacérnoslo saber.

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«Hasta el momento, habiendo transcurrido trece días desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura sin que se conozca de sus paraderos, tanto más que de algunos sentenciados incluso es de conocimiento público que no estarían en el país. Se dispone que se proceda con la notificación roja de Interpol de todos los antes indicados sentenciados».

Notificación del juez Iván León.

La notificación roja implica que en las próximas horas se hará una solicitud a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener a los sentenciados.

Al conocer sobre el pedido del juez, Correa dijo el 7 de octubre en su cuenta de Twitter.

Además de Correa, entre los sentenciados están el exvicepresidente Jorge Glas (en prisión desde 2017 por corrupción ligada al caso Odebrecht); el exsecretario jurídico Alexis Mera; los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís; la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, y 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel.

La sentencia

El pasado 7 de septiembre un Tribunal de la Corte de Justicia de Ecuador negó el recurso de casación interpuesto por Correa y los otros implicados en el caso. De esta manera, la sentencia quedó en firme.

Según la sentencia de casación, Correa y Glas instigaron a la exasesora Pamela Martínez «para que arme la distribución de los sobornos y el sistema ilícito en una oficina paralela a la Presidencia de la República»; Glas, por su parte, «instigó desde los sectores estratégicos y luego como Vicepresidente de la República y líder de su movimiento político para obtener los recursos económicos».

De acuerdo con la sentencia, el Estado debe recibir una reparación integral de 14,7 millones de dólares.

Al momento, Correa, quien ha negado insistentemente los cargos y se ha declarado perseguido político, reside en Bélgica, país de origen de su esposa. 

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La justicia nos debe.

La ratificación de la sentencia de ocho años para Rafael Correa y otros involucrados en el caso “sobornos”, provocó una infinidad de reacciones en redes sociales; muchos celebrando el actuar de los jueces a cargo y otros enalteciendo la labor de la fiscal General, Diana Salazar.

Pero, olvidaron que hay otros casos que siguen sin resolverse, cuyas investigaciones han quedado a medias o incluso archivadas. No hay avance respecto a los innumerables actos de corrupción que han enlodado la gestión del actual gobierno, que en su momento, también formó parte del correísmo y, aún mantiene en altos cargos públicos a personajes que defendieron aquel proyecto político.

¿Qué pasó con INA Papers?

Los INA Papers que involucran directamente al presidente, Lenín Moreno y a su entorno más cercano; un caso que comprende la compra de inmuebles costosos para el departamento que ocupó el mandatario durante su estadía en Ginebra y la adquisición de un departamento en Alicante, España por 133.400 euros, una cuarta parte más de su valor real. De esto aún no hay respuestas claras.

Los Bucaram, otra deuda de la Justicia

La venta de insumos médicos con sobreprecio a los hospitales del IESS, que implica a Abdalá Bucaram; a sus hijos, Dalo, Michel y Jacobo; Daniel Salcedo y otros, es quizás el acto de corrupción más grave que hayamos enfrentado en los últimos meses. El ex mandatario está acusado por delincuencia organizada; recibiendo apenas arresto domiciliario debido a su edad y el “grillete de la impunidad”. Bucaram se ha caracterizado por esquivar procesos judiciales con autoexilios y negociaciones políticas desde tiempos inmemorables.

El caso Salcedo en el olvido

En lo que se refiere a Salcedo, la fiscalía continúa con la recolección de pruebas que lo enredan en contratos irregulares con el estado; está acusado por asociación ilícita, peculado, lavado de activos y fraude procesal, todo esto, mientras aguarda su destino en la cárcel de El Inca, en la ciudad de Quito.

Nunca olvidemos los carnés de discapacidad fraudulentos

La justicia nos debe la sentencia de los responsables en estos temas y muchos otros, como la emisión de carnés de discapacidad para funcionarios públicos, cuando aquellos que sí lo necesitan deben esperar años para obtenerlo; el reparto de hospitales, las fundas para cadáveres, las canastas solidarias sin gluten.

Los ecuatorianos necesitamos respuestas urgentes; sin embargo, nos encontramos ante una justicia impávida frente a los numerosos hechos de corrupción que han destruido a este país.

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“En vía jurisdiccional el proceso terminó, pero aún podemos acudir a la vía constitucional. Tenemos un caso cuya base son los testimonios anticipados obtenidos a través de la ilegalidad. Hicieron la audiencia por solemnidad cuando todo ya lo tenían preparado”, dijo durante una entrevista para Radio La Calle.

Ante la Corte, el abogado denunciará el irrespeto al proceso como garantía constitucional y la violación al derecho a una defensa técnica en el caso de Sánchez. Además, demostrará que se valoraron las pruebas de Pamela Martínez y Laura Terán sin derecho a contradicción. “No se puede utilizar la justicia como medio de venganza”, añadió.

El recurso de casación

El representante de Bolívar Sánchez criticó la celeridad del proceso judicial en el Caso Sobornos. “Ya lo tenían resuelto con anticipación. De 16 recursos de casación, el pasado lunes ya dieron la resolución y el martes ya se había escrito la sentencia. Es imposible para un jurista”, mencionó.

El experto indicó que la casación se utiliza de forma individual, sin embargo, el día de la resolución “tomaron 10 nombres por hechos diferentes y cargos diferentes” para resolver la sentencia.

En el caso particular de su cliente, quien fue sentenciado por el uso incorrecto del Artículo 290, se le acusó por relacionarse directamente con el Estado, cuando el perito asegura que es inocente.

El jurista espera que se anule la sentencia dada con las contradicciones del caso y se sancione a los jueces que ratificaron la sentencia.

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