Chiriboga participó en un partido de fútbol junto a los Ministros de Gobierno, Francisco Jiménez, y de Inclusión, Esteban Bernal, como parte de la campaña política de CREO en Esmeraldas.

El pasado 21 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ocho personas fueron detenidas por presunto delito de asociación ilícita en un operativo en cuatro provincias. La institución lo bautizó como caso Danubio.

De acuerdo con la Fiscalía, las personas detenidas habrían tejido una red de corrupción y asociación ilícita para ofrecer cargos en entidades públicas. Para acceder a esos cargos, los vinculados pedían sumas exorbitantes de dinero.

Los implicados

En el proceso de investigación se presentaron audios que involucraban a Guido Chiriboga. La mención de su nombre aparece en una conversación entre Richard García, uno de los implicados y un hombre llamado “Juan José”, quien sería Juan José Pons, ex consejero ad honorem del presidente Guillermo Lasso.

En los presuntos audios, Chiriboga habría acordado con el «gordo García», principal operador de Juan José Pons, temas que son mejor «tratarlos en persona».

En el caso están involucrados el exconsejero del presidente Lasso, Juan José Pons y su hijo. Además, conversaciones telefónicas de los procesados evidencian otras supuestas conversaciones con Iván Correa, exsecretario de la Presidencia y Danilo Carrera, cuñado del mandatario.

Las denuncias no son recientes, a finales de marzo se conoció que se habría estado negociando el cargo de viceministro de Agricultura por más de USD 2 millones.

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No es un error de redacción, no se confunda, querido lector. Citemos a la propia fiscal para dimensionar su argumento. “Hemos tenido ejemplos de casos de éxito gracias a las investigaciones periodísticas y que ahora se encuentran, incluso, con sentencia condenatoria ejecutoriada. Sin embargo, no nos ata las investigaciones periodísticas a las investigaciones de fiscalía. Fiscalía actúa de manera objetiva. No cambian los objetivos ni son las coyunturas, el actuar de la fiscalía es siempre el mismo: luchar contra la impunidad”, dijo Salazar. 

Ella trataba de referir la trama de Juan José Pons, Guido Chiriboga y otros amigos cercanos del presidente, que están en plena investigación por la compra y venta de cargos públicos y por entrega a dedo de obras. 

“Ha referido, además, alguna relación entre el señor Richard García, el señor Juan José Pons, el señor [Guido] Chiriboga. Como había manifestado en un principio, se está realizando el análisis correspondiente de cada una de las evidencias que fueron recabadas durante la acción investigativa. Falta realizar este análisis. Es bonito el discurso, pero otra cosa es estar parada frente a los jueces y probar las aseveraciones”, se dijo a sí misma.

Queriendo convencerse de su trabajo sostuvo que su misión debía ser aportar pruebas. “¿Y cómo se obtienen las sentencias con pruebas?¿Y cuáles son los elementos? Interceptaciones telefónicas, seguimientos, vigilancias, prueba documental. Con eso se realiza. No con las investigaciones periodísticas”, dijo. 

El caso Danubio

Todo este titubeo quizás se debe a que la Policía Nacional habría entregado información parcial a la Fiscalía en el caso Danubio. Hay grabaciones del exconsejero presidencial Juan José Pons, de Juan José Pons Cruz (hijo) y del asambleísta por CREO, Guido Chiriboga, que no estarían en el expediente de la investigación.

En los presuntos audios, Chiriboga habría acordado con el «gordo García», principal operador de Juan José Pons, temas que son mejor «tratarlos en persona». En otras conversaciones Chiriboga y Juan José Pons dialogan directamente. Entre los datos reveladores está que el «gordo García» no solicitaba USD 3 millones por cargo en el Sistema Nacional de Aduana, sino USD 30 milllones. 

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La tarde de este viernes, la Comisión de Fiscalización, notificó el informe proporcionado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) a través del cual se plantea el pago de USD 34 por cada contenedor utilizado en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, en el decreto 227 firmado por el presidente Lasso el 19 de octubre del 2021 no se encontró ninguna estipulación de este tipo.

Así, en la comparecencia la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aclaró las interrogantes sobre este informe y su presunta vinculación en el delito de participación ilícita por parte de los funcionarios de la SENAE y el caso Danubio.

Investigación en el caso Danubio

La investigación del caso Danubio inicia el 23 de septiembre del 2021, por una denuncia realizada por la directora general de Aduanas, Carola Ríos. Esto, a partir de la presunta oferta de USD 3 mil para que Sergio Peña se desempeñara como Subdirector de Operaciones del SENAE.

Y, tras 10 meses de investigación, se prevé que esta culmine el 20 de octubre de este año, siempre y cuando no se relacionen a terceros a este proceso.

Caso contrario, la investigación se extenderá 30 días más, con el afán de que las personas involucradas puedan rendir sus declaraciones.

Así, a través de la utilización de técnicas especiales de investigación, como: allanamientos, intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias, etc., hasta el momento se han procesado a ocho personas: Juan José Aucancela, Sergio Peña, Jhon Salas, Henry Cabrera, Marcos Reyes, Pedro García, Marcos Leiva y Victor Tanato.

Ante esto, Salazar insistió en la importancia de la reserva y el cuidado en el manejo de la información. Pues de esta manera se evitará que las personas que aún no han sido llamadas a comparecer.

Además, recalcó que la salida de la fiscal Claudia Romero de este caso, se debió a que el 05 de julio del 2022, la sala especializada de la Corte, la declaró negligente para esta función debido a una denuncia presentada en su contra.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura resolvió poner en su lugar al juez Burbano y continuar con el proceso de investigación.

Facetas de la investigación en reserva

La fiscal comentó que hay aspectos que no pueden ser revelados en esta parte de investigación para evitar anticiparse a un dictamen.

Asimismo, mencionó que las investigaciones periodísticas y otros elementos que son de conocimiento público pueden llegar a entorpecer las investigaciones de la Fiscalía por su pronta publicación.

Y, que estos aportes necesitan un proceso de verificación y exposición ante un juez para que puedan formar parte de la indagación.  

Además, con base a los elementos recopilados informó que la FGE en su propósito de luchar contra la corrupción y crimen organizado solicitará a todos los involucrados rendir cuentas sin importa su cargo o posición política.

“La Fiscalía no persigue personas, sino hechos, y los que están vinculados a estos, deben responder ante la justicia, todos debe asumir las consecuencias”, aseguró.

Interrogantes en el curso de la investigación del caso Danubio

Por su parte, el asambleísta Roberto Cuero, puntualizó su inquietud sobre en calidad de qué (procesado, acusado, etc.) se encentra el implicado Juan José Pons.

A lo que la fiscal comentó que mediante el allanamiento al domicilio del mencionado se encontraron elementos que están siendo analizados junto al contenido de su teléfono. Y el acusado es investigado por el presunto ofrecimiento de cargos públicos.

Por otro lado, la asambleísta Paola Cabezas disputó la petición de discreción y prudencia en el manejo de información que solicita la fiscal, pues en otras ocasiones basta con un titular o una publicación para que se efectúen allanamientos y otras medidas de investigación.

Cuestionando si esto se debe a una situación que responde a la coyuntura o al cambio de los objetivos que persigue la institución.

A lo que Salazar respondió que “La Fiscalía actúa de manera objetiva, no persigue personas, sino hechos y se plantea obtener sentencias a partir de la recopilación de pruebas que puedan ser sometidas a una verificación”

Y, aclaró que de existir otros miembros involucrados en este caso, pertenecientes a no al núcleo del gobierno de Lasso, serán llamados a rendir sus versiones.

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“Nosotros nunca hemos ocultado la cara a las cosas […] la prensa tiene toda la libertad de señalar, pero nosotros tenemos la libertad de definir y tomar acciones en función de eso para que quienes son implicados nos den respuestas […]. Nosotros estamos a la espera de que la investigación que se está dando y donde las partes han dado respuesta  en función de ello avance y tomaremos la definición” expresó Flores.

Alegando  una posible inocencia de su  compañero de bancada. Además, calificó como no alarmante la información que emitió un portal digital sobre el tema. De la misma forma, mencionó a la Asamblea Nacional como una entidad poco profesional  a la hora de tomar decisiones en este caso.

¿Cómo resultó involucrado Chiriboga?

El 21 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ocho personas fueron detenidas por presunto delito de asociación ilícita en un operativo en cuatro provincias. Al siguiente día, la misma institución formuló cargos por ese presunto delito.

Posterior a las investigaciones que se empezaron a implementar en el caso, la FGE pidió prisión preventiva para los ocho procesados. Entre las medidas están: la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En el proceso de investigación se presentaron audios que involucraban a Guido Chiriboga. La mención de su nombre aparece en una conversación entre Richard García, uno de los implicados y un hombre llamado “Juan José”, quien sería Juan José Pons, ex consejero ad honorem del presidente Guillermo Lasso.

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Dichas cifras «solo podría ser financiada por el narcotráficado o grupos ligados a estos actores del crimen organizado», argumentó el comunicador.

Fiscalización inició la mañana de este viernes 19 de agosto las comparecencias por el caso Danubio. La mesa legislativa investiga la venta de cargos en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). En el proceso está involucrado el exconsejero presidencial Juan José Pons, su hijo Juan José Pons Cruz, el asambleísta Guido Chiriboga, Francisco Gottifredi y el secretario Jurídico de Lasso, Fabián Pozo.

El periodista expresó cómo avanza la investigación respecto a las presuntas irregularidades en Aduana. Apuntó que las exasesora María Antonieta Reyes puso la denuncia sobre corrupción en Aduana para proteger a la directora Carola Ríos. «Puso la denuncia para investir a Ríos y creer que luchan contra la corrupción, pero solo lucha contra el otro bando».

Los asambleístas preguntaron por presuntos nexoson Xavier Jordán, Leandro Norero y Carlos Vallejo. Todos ellos investigados por presunta corrupción contra el Ecuador. Boscán explicó que por el momento La Posta no ha encontrado vínculos con estas personas.

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«(Lo que la Policía estaría haciendo es) hay audios a los que les dan volumen alto y el sistema los transcribe. Y esos se envían como reporte. Pero hay otros a los que se les baja la intensidad del volumen para que el sistema no los pueda transcribir. Hay grabaciones a las que se les está bajando el volumen», señaló el medio.

En los presuntos audios, Chiriboga habría acordado con el «gordo García», principal operador de Juan José Pons, temas que son mejor «tratarlos en persona». En otras conversaciones Chiriboga y Juan José Pons dialogan directamente. Entre los datos reveladores está que el «gordo García» no solicitaba USD 3 millones por cargo en el Sistema Nacional de Aduana, sino USD 30 milllones.

¡Pilas con Fabián Pozo!

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investiga el caso Danubio. Llamó a comparecer a la fiscal general Diana Salazar; a la directora de SENAE, Carola Ríos; al consejero presidencial Aparicio Caicedo; al secretario Jurídico del presidente Guillermo Lasso, Fabián Pozo; entre otros.

Sin embargo, el secretario Jurídico Fabián Pozo no rendirá cuentas ante la Asamblea Nacional. Pozo viajó el miércoles 17 de agosto al estado de Washington, Estados Unidos. Según el comunicado de Presidencia, recibirá asistencia técnica y aportes para la objeción a las reformas de la Ley de Comunicación. Todo esto con el fin de «respetar la libertad de expresión y fortalecer la democracia».

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El caso Danubio llegó a la Comisión presidida por Fernando Villavicencio. Las autoridades investigan el presunto delito de tráfico de influencias en sectores claves del Estado, como la Aduana. Los involucrados mencionan a varios funcionarios y exfuncionarios de Gobierno.

Gottifredi Pozo, la firma involucrada

Fiscalización encontró algunos nombres de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellos están Francisco Gottifredi, conocido de la directora Nacional de Aduanas, Carola Ríos, desde hace 12 años.

Según Teleamazonas ambos trabajaron en una de las empresas importadoras más grandes del país como socios directos. Ella como directora de una de las marcas del grupo y él como parte de la firma jurídica que trata los asuntos legales y aduaneros.

Gottifredi Pozo es la marca jurídica que presta los servicios. Fabián Pozo, secretario jurídico de Lasso, es el fundador y actual accionista. Esta asociación de abogados trabaja con algunas marcas, entre ellas la que fue directora Carola Ríos.

Al estar implicado el esposo de Ana Belén Cordero quién investiga el caso, expertos alertan un posible conflicto de intereses.

¿Qué dice la normativa legal?

Según el artículo 232 de la Constitución, los servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios.

Además, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el artículo 162, se establece que no se debe usar el beneficio propio de parientes o de terceros, la información reservada y privilegiada a la que tengan accedo en razón de la función que desempeñan.

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En la comparencia, Ríos niega que Gottifredi sea su asesor, pero reconoce que son colaboradores hace años. «No es mi asesor, es una persona que conozco hace 12 años». La directora conoció al ciudadano en su paso por la Cámara de la Industria de Cuenca (CIC) y aseguró que es un abogado aduanero más.

«Coincidíamos, yo estaba en las funciones de presidenta ejecutiva de la CIC y el era presidente de la Cámara ecuatoriana americana en Cuenca. No es funcionario público. No está en mi despacho», dijo.

Según un reporte de Teleamazonas, Ríos y Gottifredi trabajaron juntos en una de las empresas importadoras más grande del país.

¿Quién es Francisco Gottifredi?

Gottifredi es un abogado cuencano, miembro de la directiva en Azuay del partido de Gobierno, CREO. Es socio de la firma Gottifredi Pozo, junto con Fabián Pozo, quien además, es esposo de Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Por lo que existiría un posible conflicto de intereses.

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«De manera puntual, la noticia comunicó que entre las entidades se ofertaban también cargos públicos con poder de decisión en la empresa pública de Hidrocarburos PetroEcuador a cambio de altas dádivas económicas», dice parte del documento.

Cedeño agregó que para la empresa pública «es pertinente esclarecer estos hechos que pueden afectar a la gestión que estoy realizando».

Entre los pedidos del gerente se encuentras los nombres y apellidos de los presuntos responsables, además de los de las víctimas y los daños causados. El delito de tráfico de influencias conlleva a una pena de cárcel de tres a cinco años.

El caso Danubio salió a la luz el pasado 21 de julio cuando miembros de Fiscalía allanaron oficinas en Quito y Guayaquil, incluyendo el domicilio de Juan José Pons, exconsejero presidencial de temas bananeros.

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Pons ha aclarado algunos medios que no dará ninguna declaración en el caso mientras no existan formulación de cargos. Sin embargo, informó para Primicias que “Todo está bien, no tengo ningún problema” y que acudirá a fiscalía para declarar.

“La Justicia debe aplicar para todos… el que no la hace no la teme” expresó el exconsejero.

Pons fue designado como consejero presidencial Ad Honorem en temas bananeros en julio del 2021 y dejó de ocupar el cargo en mayo de este año. Entre sus anteriores cargos se encuentran la presidencia del Congreso Nacional en el gobierno de Jamil Mahuad.

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Caso Danubio

En la madrugada del jueves 21 de julio 8 personas fueron detenidas por presunta asociación ilícita. Se realizaron 17 allanamientos entre ellos la casa de Pons y su hijo. El caso se relaciona con la oferta de cargos públicos en el IESS y la SENAE.

El operativo se desarrolló en las provincias de Guayas, Pichincha, Cotopaxi y Azuay. Entre lo incautado para investigaciones se encuentran teléfonos celulares, dinero en efectivo, computadoras, pendrives y hojas de vida de varias personas. Asimismo, intervino las instalaciones de SENAE en Guayaquil y levantó información del área de talento humano de esa entidad estatal.

Tráfico de influencias

Según una investigación iniciada hace 10 meses por la Fiscalía General del Estado existe una mafia que opera en instituciones del estado. Para ocupar el cargo de jefe de operaciones dentro de la aduana que revisen el contenido de importación y exportación se cobraba alrededor de 3 millones de dólares.

Teleamazonas informó que el tráfico de influencias estaría operando en otras dependencias como el Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Petro Ecuador, SENEL y Ban Ecuador. Para ejecutar estos ilícitos dentro del gobierno debía haber hombres de confianza.

En varias declaraciones el presidente Guillermo Lasso ha hecho público el apoyo y la confianza que tiene a Pons, pues son amigos de la infancia.

Asimismo, el medio presentó algunas conversaciones alusivas a Juan José Pons y Juan José Junior, supuesto hijo de Pons, sobre cargos en la Aduana y el Ministerio de Agricultura. Por otro lado, también nombra al Ministerio de Educación para que se tramiten dos puestos dentro de esta independencia.

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