«Presentamos denuncia en contra de la asambleísta Guadalupe Llori para que el Comité de Ética investigue un presunto caso de diezmos.», señaló la asambleísta de UNES, Johanna Ortiz. asambleísta Guadalupe Llori para que el Comité de

La tarde de ayer, 30 de agosto, en representación de la Bancada UNES, la asambleísta Ortiz informó sobre la denuncia presentada, alegando que la asambleísta Llori habría solicitado diezmos a sus colaboradores, cuando ejercía el cargo de presidenta del Legislativo.

«La asambleísta Llori habría solicitado diezmos a sus funcionarios para que le renten un vehículo en el que ella se movilizara», aseguró.

Ortiz enfatizó que con este accionar buscan transparentar el accionar de la Asamblea y sus legisladores.

Proceso de la denuncia

Luego de presentada la denuncia, el caso será puesto bajo conocimiento del presidente del Legislativo y después al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Posterior a ello, la denuncia deberá ser califica y de cumplir con los requerimientos esta pasará al Comité de Ética de la Legislatura.

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Ambos postulantes participarán en representación de la Lista 33 Reto en las elecciones seccionales de febrero 2023.

La candidata a la prefectura de Tungurahua fue asambleísta por Creo durante el período 2017-2019.

Sin embargo, Galarza fue destituida por el Pleno del Legislativo el 9 de febrero de 2019, luego de que se iniciara una investigación previa en su contra por el caso Diezmos.

Tras un proceso investigativo, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó el archivo del caso.

La jueza Daniella Camacho ratificó que el caso fue archivado por falta de elementos de convicción que sustentaran la acusación.

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La mañana de este miércoles 3 de agosto, se retomó el cuarto día de juico en contra de Karina Arteaga y Jenny Muñoz, en el que se presentaron más pruebas.

El fiscal Wilson Toainga concluyó la práctica de prueba con la presentación de 31 testimonios y 24 documentos.

Además, la Fiscalía corroboró su teoría sobre la participación de Arteaga y Muñoz de Arteaga y Muñoz en el caso.

Testigos presentados por la Fiscalía

Entre los testigos presentados por la Fiscalía estuvo Verónica Pinargote., quien declaró haber entregado parte de su sueldo a Arteaga.

La acusadora informó que si bien su sueldo era de USD 2 781, solamente conservaba USD 400. Lo demás era entregado a la ex asambleísta de manera directa en su domicilio.

Por su parte, la empleada doméstica de Arteaga, Freya Orellana declaró que en 2018 enlistada en la Asamblea Nacional sin su consentimiento, con un sueldo de USD 1234, los cuales eran destinados para el pago de tarjetas de crédito de Arteaga.

Así también, el guardia de seguridad de la empresa Segircon en Chone dio a conocer la entrega de USD 40 durante 4 meses a la asistente de Artiga, Verónica C., con el fin de conservar su puesto de trabajo 

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El Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez, y Adrián Rojas, resolvió por unanimidad la sentencia. Vélez es la tercera sentenciada en el Caso Diezmos.

Durante el proceso de audiencia de juzgamiento se presentaron ocho testimonios, catorce testigos y 125 pruebas documentales que corroboraron la denuncia.

Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, Velez aprovechó su condición de asambleísta por la provincia de Loja, para exigir a sus subalternos el pago de contribuciones económicas por un valor de USD 40.440.

Los subalternos le habrían transferido valores entre los USD 20 y USD 1.000 durante el tiempo que trabajaron para ella.

Tras la sentencia los jueces también pidieron a Fiscalía investigar a Vicente Ogoño, exasesor de Vélez y denunciante de los hechos.

¿Violencia política y de género?

El pasado 22 de febrero la organización Diálogo Diverso y otros grupos de mujeres denunciaron que Nívea Vélez fue víctima de violencia política en 2018.

En 2018 Vélez anunció su candidatura a la alcaldía de Loja, este hecho hizo que sus opositores comenzarán a difundir rumores sobre el supuesto cobro de diezmos durante su gestión como asambleísta.

“La violencia política que Nívea Vélez ha vivido se ha realizado de forma sistemática con el objetivo de retirarla de la política. En el 2014, 2015, 2019 ha sido víctima de procesos judiciales que no progresaron y vuelven a plantear una denuncia del supuesto ilícito justo en el momento que Nívea encabezaba las encuestas para la alcaldía de Loja”, expresó Irene Pesantez de Diálogo Diverso

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El Juez estipuló el lapso de 30 días para que el pleno de la Asamblea Nacional apruebe la solicitud o, caso contrario, «se entenderá concedida».

Según la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 128, “las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional”. Por tanto, al retirarse el fuero de Corte, Arteaga podrá enfrentarse a los procesos penales en su contra.

Antecedentes

En marzo del 2020, la FGE emitió un comunicado donde implica a la asambleísta Arteaga en el caso de entrega de diezmos. Según el documento, Arteaga habría “exigido y ordenado a sus subalternos –durante su gestión como asambleísta- el pago de contribuciones económicas de sus remuneraciones mensuales”. La primera subalterna en denunciar el caso fue Andrea Utreras. Ella se negó a entregar montos exigidos por el despacho de la asambleísta supuestamente para financiar el movimiento Alianza PAIS.

El mismo día, FGE acusó formalmente a la asambleísta Karina Arteaga y, también, a Nivea Vélez por el delito de concución. Este acto implica que un funcionario público obtiene réditos de contribuciones o beneficios indiebidos exigidos a otra persona.

Por este tipo de casos, la exlegisladora, también morenista, Norma Vallejo perdió su dignidad dentro del Legislativo. Además, el pasado 14 de julio, la Corte Nacional de Justicia la condenó a un año de prisión. (JBS)

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