La jueza Daniella Camacho, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, recibió la petición el 21 de abril y concedió tres días hábiles a las partes para presentar sus argumentos. La decisión final sobre el cierre del caso dependerá de los pronunciamientos recibidos.

Mireya Pazmiño, exasambleísta y denunciante original del caso, rechazó la solicitud de archivo a través de su abogado, Washington Andrade, quien calificó la investigación como “lenta y prolongada”. Además cuestionó la rapidez con la que la jueza Camacho procesó el trámite. “Nos sorprende que en un solo día se haya gestionado lo que usualmente toma meses. Sospechamos un intento de favorecer al expresidente”, declaró Andrade, anunciando una oposición formal al archivo.

Caso Flopec

El expediente se remonta al juicio político contra Lasso en 2023. La Corte Constitucional admitió únicamente la acusación de peculado, relacionada con contratos petroleros entre Flopec y el consorcio Amazonas Tanker Pool. Un informe de la Contraloría de 2021 determinó que estos acuerdos generaron pérdidas de USD 6,1 millones al Estado, al alquilar buques a costos superiores a los ingresos obtenidos.

La firma Amazonas Tanker, registrada en Islas Marshall (paraíso fiscal), fue incorporada mediante un adendo en 2020, antes del inicio del gobierno de Lasso (mayo de 2021). Los legisladores del período previo a la muerte cruzada sostuvieron que el exmandatario conocía las irregularidades y omitió actuar. Además, señalaron que el entonces gerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, intentó rescindir los contratos, pero fue reemplazado por figuras cercanas a Hernán Luque, designado por Lasso en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

La defensa de Lasso y el contexto político

En mayo de 2023, durante su comparecencia ante la Asamblea, Lasso negó toda responsabilidad y aseguró que los contratos se firmaron previo a su mandato. “No hubo denuncias formales en Fiscalía cuando asumí”, sostuvo en una cadena nacional. Días después, activó la “muerte cruzada” (Decreto 741), disolviendo el Legislativo y convocando a elecciones anticipadas. Este mecanismo paralizó su proceso de destitución en el Parlamento.

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