El órgano judicial también condenó a 10 personas más. Sin embargo, las penas son diferentes. La justicia identificó al excontralor Celi, a su hermanos Esteban Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, como los líderes de la estructura criminal, por lo que deberán pasar el mismo tiempo tras las rejas.

En cambio, la exasesora de la Gerencia, Natalia C., y el exgerente de Refinación, Daniel O., fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de cárcel en calidad de colaboradores del delito.

Finalmente, en el eslabón más bajo de esta red de corrupción fueron condenados Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L., y Ángelo R., a siete años de prisión. SIn embargo, para Martha B., se dictó la pena reducida de seis meses de privación de libertad gracias a la cooperación eficaz.

Caso Las Torres

La Fiscalía sostuvo que la red de corrupción que lideraba Celi estuvo compuesta por un grupo de funcionarios y personas particulares que tenían como fin obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit, entre 2017 y 2020.

Fiscalía investigó a 11 de funcionarios de la Contraloría, la estatal Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de Lenín Moreno. Todos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la entidad de control.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera, en Miami. Posteriormente, fueron apresados el ahora excontralor (s) Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (N.J.C)

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Su salida del centro de reclusión responde a lo dispuesto por el Tribunal del caso Las Torres, que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. 

El cambio de medidas se da porque Celi cumplió 65 años y es considerado un adulto mayor, con lo que pudo acogerse al beneficio penitenciario, estipulado en el artículo 537 del COIP.

Funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) instalaron, en el domicilio de Celi, el equipo con el grillete electrónico y también se anunció que contará con vigilancia policial permanente.

El exfuncionario estuvo detenido en el centro carcelario desde el pasado 13 de abril del 2021.

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Esta etapa de juicio se trató de instalar desde febrero pasado, pero no se había logrado por problemas en la conformación del tribunal de juicio. Incluso, en esta convocatoria se trató de diferirla debido a que el conjuez, Adrián Rojas, estaría contaminado.

Según Marcelo Ron, abogado Celi, existen dos razones por las que el conjuez, Adrián Rojas, debe excusarse de ser parte del Tribunal de Juicio.

Una de las razones sería que Rojas decidió ordenar la prisión preventiva por cohecho, el cuál sería derivado del Caso Las Torres, es decir una causa conexa, y para disponer la medida cautelar analizó elementos de convicción que serán parte del juzgamiento por el delito de delincuencia organizada.

David Vaca, abogado defensor de Esteban Celi, considera que el conjuez Rojas debe excusarse de conocer el caso por delincuencia organizada, pues ya conoció información en un caso conexo, el caso por cohecho en el que se inició una instrucción fiscal por 90 días contra los hermanos Celi, Pedro Saona y la empresa China CAMC. 

Sin embargo, el mismo Rojas y la Fiscalía rechazaron el pedido del caso. Por lo que Walter Macías, juez ponente del caso, descartó el pedido e instaló la audiencia

Diana Salazar, fiscal General del Estado presentó su alegato de apertura. La fiscal relató que en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia funcionó una estructural delincuencial. Organización que estuvo presidida por Pablo Celi, Pablo Flores y José Agusto Briones, quienes eran los titulares de esas instituciones y que gestionaron el cobro de un soborno por el 20% de una factura por USD 20,3 millones, que Petroecuador debía a Nolimit.

Luego vendrá la fase probatoria. Se cree que el juicio podría durar entre cuatro y seis semanas. Entre las partes acusadoras y los procesados han anunciado un total de 297 testigos y 69 peritos.

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De acuerdo con el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), esta condición le facultará para solicitar una sustitución de medidas cautelares, lo que podría reemplazar la prisión preventiva con arresto domiciliario.

Marcelo Ron, abogado de Celi, el 9 de abril de 2022 solicitará la sustitución de medidas. Además, cuatro días después de su cumpleaños también caducará su prisión preventiva, es decir, deberá recuperar su libertad de forma inmediata.

Se considera que la caducidad también beneficiará a Esteban Celi, hermano de Pablo, otro de los procesados de este caso.

El juicio

El Tribunal escuchará a más de 400 testigos durante el juicio. La Fiscalía, la Procuraduría y Petroecuador (partes acusadoras) convocaron a 168 testigos y 300 peritos.

Sin embargo, el pasado 3 de marzo de 2022, la audiencia se suspendió por tercera vez. Y se espera que este lunes se fije el cuarto llamado a audiencia del caso Las Torres, donde Celi es uno de los principales acusados.

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Quito 27 de junio (La Calle). – En la audiencia del lunes 21 de junio, la Fiscal Diana Salazar expuso una transferencia de USD 1′335.985 hecha a una empresa que tenía como beneficiarios finales a Pablo Celi y a su hermano Esteban.

La Fiscal explicó que la transferencia por $ 1,3 millones la realizó, el 18 de junio de 2019, la empresa China CAMC Engineering. Los recursos fueron depositados en LegalCont, empresa que también estaría vinculada en esta “trama criminal”. Diana Salazar considera que esta evidencia confirma el “modus operandi de esta organización”.

La información llegó como parte de una Asistencia Penal Internacional (API) que envió a Ecuador el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fue materializada por el perito Milton Jaque.

El caso Las Torres lleva dos meses y medio de instrucción fiscal, que analiza una “estructura delictiva” que habría operado entre el 2017 y el 2020. Presuntamente, la organización exigía dineros a cambio del desvanecimiento de glosas y la liberación de pagos de planillas de contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit C.A.,

la Fiscalía ha acumulado datos que hablan del desvanecimiento de otras glosas, apuntan a nuevas empresas y señalan más directamente la intervención del contralor subrogante Pablo Celi.

China CAMC

China CAMC Engineering es una empresa que viene contratando con el Estado desde febrero del 2012. Ha participado en proyectos de construcción de hospitales en Guayaquil, Esmeraldas, Portoviejo. Trabajó en obras relacionadas con la construcción de centros del sistema ECU911 y fue parte de la construcción de la Plataforma Financiera, en el norte de Quito.

La constructora se hizo cargo de la construcción del hospital básico de 30 camas en Pedernales, en 2020. La obra tenía el valor de USD 16.4 millones, pero aumentó a USD 19 millones porque la misma constructora se haría cargo del equipamiento.

Por la trama de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales están detenidos ex asambleístas, políticos, ejecutivos del Consorcio Pedernales Manabí que estaba a cargo de la obra e incluso los directivos del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

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«Abocamos conocimiento de la acción hábeas corpus presentada por el abogado Francisco Moreno en favor del señor Pablo Santiago Celi de la Torre, en aplicación de los dispuesto en el artículo 89 de la Constitución», indica el comunicado.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles a las 16h00 en la Corte Nacional de Justicia.

Proceso contra Celi

Celi dejó el hospital Eugenio Espejo tras superar un cuadro de COVID-19 y regreso a la Cárcel 4 donde guarda prisión preventiva mientras duran las investigaciones.

El funcionario estuvo a punto de perder el cargo cuando venció su licencia de 60 días. No obstante, la baja médica que puede extenderse hasta tres meses y el pedido de vacaciones que puede durar 60 días lo mantendrán en el cargo por más tiempo.

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“Constan ingresos por USD 345 mil depositados por parte de Naparina Corp S.A. y su propietario Enrique Cadena Marín, intermediario petrolero, y salidas por USD 122.400 para Jaime Baquerizo Escobar, contratista de Petroecuador que se encuentra prófugo, y su padre Jaime Baquerizo Chávez”, reseñó el medio.

Una treintena de cuerpos del expediente se refieren únicamente a las cuentas bancarias de Santiago Cuesta. Asimismo, figura su esposa Gloria Vinueza (junto al hermano de esta) y Julio César Vinueza. La evidencia indica cheques y papeletas de depósito o de cobro y detalla los bancos utilizados para el supuesto ilícito.

¿Qué hizo Fiscalía?

Durante el operativo se allanó la casa de Santiago Cuesta Caputi, alfil de Lenín Moreno. No obstante, el ex asesor no ha sido vinculado y tampoco se le ha solicitado asistir a declarar. Además, su nombre figura en las transcripciones de algunas grabaciones en poder de Fiscalía.

Actualmente, Santiago Cuesta está en España y fue intervenido por su estado de salud. Frente a los allanamientos de Fiscalía por el caso Las Torres, publicó un comunicado. En este desconoce sobre “compras, ventas, transacciones y cualquier tipo de negociación petrolera que se haya realizado entre el Estado ecuatoriano representado por alguna de sus autoridades y alguna empresa compradora o intermediaria del petróleo”, informó el medio.

Caso Las Torres

Fiscalía investiga a un grupo de servidores públicos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de la estatal Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la Contraloría General del Estado.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera en Miami. Posteriormente fueron apresados el Contralor subrogante Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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