La legisladora Mireya Pazmiño señaló que las conclusiones del informe enmarcan la responsabilidad estatal al no ejecutar políticas públicas que detallen un control político adecuado. Explicó que la Policía Nacional no está cumpliendo con los protocolos pertinentes y las instituciones encargadas  de la seguridad tampoco. “No tenemos un control adecuado en cuanto a la práctica de la Constitución, los derechos humanos y algunos tratados internacionales vigentes en el país”, precisó.

Enfatizó la complicidad del gobierno al no brindar información extra, ni los nombres de las autoridades a cargo de la supervisión y seguridad esa noche. Comunicó que la comparecencia de Ordóñez y sus comentarios misóginos a las comisionadas mostraron el desinterés y poca sensibilidad ante el femicidio de María Belén dentro de la Institución.

“Pedimos los nombres de las autoridades y cadetes que estuvieron en funciones el 10 y 11 de septiembre de 2022 como una forma de garantizar la verdad. Sin embargo hasta el momento no hemos tenido acceso a tal lista”, dijo.

La secretaria de la Comisión, Daniela Jervés informó que la señora Elizabeth Otavalo seguirá “desestabilizando” hasta saber lo que realmente ocurrió con su hija. Además, advirtió que Ordóñez prefirió cuidar la institucionalidad de la Policía que cuidar a las víctimas del caso.

“Las declaraciones de Ordóñez parcializan los hechos y vulneran los derechos de las victimas afectando la obligación del Estado de investigar las violaciones del derecho de la vida”, destacó.

Solicitudes de reparación detallados en el informe

Solicitan dar de baja a todos los funcionarios y autoridades que estuvieron presentes ese día y el cese de funciones a quienes omitieron su responsabilidad en el caso. Exigen que se investigue con celeridad y pertinencia la participación del Estado y lo que no debería hacer un Estado de derecho.

También piden juicios políticos contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Ministro del Interior, Patricio Carrillo; la secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores y la renuncia inmediata del Comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. (N.J.C)

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Las delegadas de la comisión realizaron el recorrido junto a la directora de la Escuela, Irany Ramírez, la subdirectora, Doris Viteri y la viceministra del Interior, Sandra Molina. El equipo de comunicación de las asambleístas notó que un sujeto les tomó fotos y les grabó.

Cuando le solicitaron que se identifique el ciudadano manifestó que su nombre era Wilmer y que pertenecía al medio de comunicación Wilar. Sin embargo, el medio aseguró que no envió a ningún equipo periodístico para realizar la cobertura en las instalaciones. Los únicos medios de comunicación autorizados en esta visita fueron: Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión y Gama TV.

Al solicitarle su identificación procedió a entregar una cédula que constaba con el nombre de Lucas Franco. Las sospechas y alertas se activaron, pues el nombre no correspondía al que inicialmente dijo el hombre. Ninguno de los dos nombres constaba en el listado de personas autorizadas para ingresar al recorrido de las instalaciones.

El equipo de comunicación de las legisladoras preguntó sobre quién autorizó el ingreso del ciudadano e inmediatamente la directora y subdirectora afirmaron que ellas autorizaron su ingreso porque era periodista.

Pronunciamiento del medio Wilar

El medio emitió un comunicado en el que aseguró que ningún equipo periodístico se acreditó para realizar la cobertura en las instalaciones de la Escuela de Policía. “Deslindamos cualquier tipo de responsabilidad de personas ajenas a la empresa WILAR COMUNICACIONES que se hayan tomado de manera arbitraria el nombre del medio de comunicación social”, detalla el comunicado.

Sin respuestas de las autoridades

La Comisión envió un oficio al ministro del Interior, Juan Zapata, para solicitarle de manera urgente que dé respuestas acerca de la identidad del individuo, por qué ingresó a la Escuela de Policía Nacional y que rol desempañaba en la visita. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial sobre este altercado.

Tampoco han dado respuesta a las amenazas contra los abogados de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. El vehículo del jurista sufrió un atentado durante esta semana, sin que haya habido la más mínima respuesta de las autoridades.

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La Comisión requirió la presencia del funcionario para que entregue información en relación al crimen que sucedió el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía. “¿Qué instancias de la Policía participaron en la búsqueda de María Belén Bernal? ¿Conoce de esto? y ¿Quién autorizó la búsqueda de María Belén Bernal a la una de la mañana?”, fueron algunas preguntas hacia Ordóñez.

«Lo que me pregunta, señora asambleísta, no me corresponde a mí, no está dentro de mis competencias», respondió el secretario. Además, aseguró que las preguntas de la Comisión que investiga el caso eran impertinentes.

«Usted como secretario tiene que saber lo que pasa dentro de la Policía», recalcó Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik. Él se retiró catalogando las preguntas como un «show político». «Lo que ustedes están haciendo es un show político, no están buscando la verdad», manifestó el funcionario.

Por otro lado, también compareció el ministro del Interior, Juan Zapata, quien aseguró que el 14 de noviembre se tendrán las conclusiones del proceso disciplinario en contra de 13 uniformados, que estuvieron el día de los hechos en dichas instalaciones.

Zapata dijo que todavía no puede establecer cuáles fueron los protocolos que se incumplieron en el lugar, pero aseguró que se cuenta con todos los videos de seguridad. El ministro estuvo a punto de retirarse de la mesa, al reclamar por una supuesta falta de respeto de la asambleísta Amada Ortiz, quien lo tachó como un funcionario que ha pasado de «Gobierno en Gobierno».

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La policía le contó a su madre lo ocurrido en abril. La progenitora denunció el hecho a la Fiscalía en mayo pasado y relató cómo su hija fue atacada. La victima habría sido sometida por un miembro de la misma Escuela.

La directora de la Escuela Superior, Iraní Ramírez, ante este caso de presunta violación en las inmediaciones de la ESP manifestó su molestia. “no estamos buscando revictimizar a la mujer”, aclaró.

“Como Policía Nacional brindaremos todas las disposiciones para que la parte fiscal venga y realice sus investigaciones. Solamente un juez puede determinar si existió o no violación, pero lo que sí puedo decirle es que como mujer y policía yo le creo a la víctima”, mencionó para Ecuavisa.  

Este hecho se dio a conocer después de lo ocurrido en septiembre con el crimen de la abogada María Belén Bernal, quien fue víctima de femicidio por un miembro de la Policía en el mismo lugar.  El principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres sigue prófugo de la justicia. (A.M)

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“No se ve lo positivo del país. El Ecuador tiene un problema de optimismo”, expresó Laso.

Para el secretario de Comunicación, la responsabilidad por los problemas del Ecuador recae en la gente. “Soy profundamente democrático, pero somos un pueblo que tiende a mirar al suelo y no al paisaje”, afirmó Laso durante una entrevista en Plan V.

Laso sostuvo que la desaprobación en contra del Gobierno del Encuentro se trataría de un “enjambre sin forma”. A su vez, añadió que el presidente Lasso si ha cometido errores, pero eso se debería a que lleva recién un año en el cargo.

“El presidente es un tipo que es como es. No es un político con la habilidad y la finta que tienen los políticos para torear los temas y mete la pata después de todo”, dijo.

Otro de los comentarios desatinados que emitió el secretario fue referente al caso María Belén B. al catalogarlo como una “infeliz coincidencia”, pues este sucedió mientras el primer mandatario y el exministro del Interior, Patricio Carrillo no se encontraban en el país.

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La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, continúo la sesión con las intervenciones de ocho asambleístas. Mario Ruiz (PK), Paola Cabezas (UNES), Victoria Desintonio (UNES), Guadalupe Llori (PK), Edgar Quezada (PK), María Fernanda Astudillo (UNES), Shyrabel Loor (PSC), y el presidente José Fernando Cabascango (PK) asistieron a la sesión para resolver el caso de la abogada víctima de femicidio.

El asambleísta Ruiz fue el primero en expresar su positividad frente al ausentismo de la madre de María Belén, Elizabeth Otavalo: “Es de valientes decir ya no, ya no quiero ser revictimizado” aseguró. Además, se refirió a la cifra alarmante de mujeres asesinadas en Ecuador desde 2014.

Un total de 1.570 mujeres han sido víctimas de femicidio. Tan solo en este año se han reportado 206 casos, transformando al 2022 como el año más violento para las mujeres ecuatorianas. De los casos reportados, el 41% continúa en investigación; es decir, aún no se encuentran responsables. “La señora fiscal general del Estado tendrá que responder, debemos exigir respuestas”, sentenció Ruiz.

En continuación con la sesión, la asambleísta Paola Cabezas presentó la moción de remitir toda la información referente al femicidio de María Belén Bernal. Entre ellos, registros de audio, video y documentos que tiene la Comisión de Garantías Constitucionales, hacia la Comisión Ocasional Especializada para que se agilite el proceso de fiscalización.

“Todo el sistema se configura para dejar en la impunidad a estos casos de asesinatos a mujeres” dijo Cabezas.

Casos de femicidio en Ecuador

Los asambleístas hicieron hincapié en varios de los cientos de casos mediáticos que han quedado en la impunidad. Diana Carolina murió el 19 de enero del 2020. Doce policías observaron el crimen sin intervenir en el acto. Yordis L. apuñaló a su conviviente varias veces con un cuchillo de cocina. Durante 90 minutos la víctima, que estaba embarazada, fue retenida por su expareja de nacionalidad extrajera. Las calles de Ibarra vivieron el hecho en medio de la noche y conocieron la nulidad de presencia policial.

María Caicedo Malava fue asesinada el pasado 2 de enero del 2022. Un tiro en la cabeza, proporcionado por su exconviviente habría segado su vida para siempre. La victima de 36 años fue violentada varias veces delante de sus dos hijos, mientras vivían en Guasmo Sur. María Caicedo fue catalogada solo como “la primera victima de femicidio del año en Guayaquil”, una cifra más en Ecuador entre varios centenares que continúan en la impunidad. (J.C)

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«Tenemos que proteger a las mujeres y para eso queremos derrumbar el edificio (Castillo de Grayskull) para reconstruirlo y tener identidad de género (…) Lo importante es que protejamos a las mujeres y que evitemos la violencia contra las mujeres», expresó Lasso en una entrevista en TC Televisión.

Para el mandatario, el caso María Belén B. significaría una simple experiencia que impulsa a derrumbar edificios para luego reconstruirlos pero esta vez con identidad de género. «Debemos tomar el femicidio de María Belén B. como una experiencia para construir políticas públicas», dijo.

Lasso sostuvo que es necesario la designación de un presupuesto para la Secretaria de Derechos Humanos. Sin embargo, el 19 de septiembre se conoció que para la Protección de la Violencia contra la Mujer el gobierno solo ha utilizado el 5 %.

Según la activista de los Derechos Humanos (DD.HH.), Sybel Martínez, la Secretaría cuenta con un presupuesto de USD 13 millones pero solo USD 3 millones son destinados para la Ley de Protección.

El Gobierno del Encuentro no tiene corrupción

El mandatario enfatizó que en su gobierno no se ha presentado ni un solo caso de corrupción. «Un gobierno honesto que da ejemplo a toda la administración pública, llevamos un año cuatro meses y no ha habido ni un solo escándalo de corrupción».

Estas declaraciones fueron emitidas pese a conocer los casos que han involucrado a miembros de su gabinete. Entre esos constan los de su exconsejero Ad honorem, Juan José Pons relacionado al caso Danubi y las múltiples denuncias contra el consejero presidencial, Aparicio Caicedo.

A su vez, Lasso mencionó que uno de los problemas en el sistema de la salud ha sido el reparto de los hospitales y los sobreprecios en los medicamentos. Por lo que resaltó su programa de externalización de medicinas que consiste en un proceso electrónico digital, donde los pacientes puedan recibir su receta en cualquier farmacia.

«Con el nuevo sistema no solamente vamos a dar una mejor atención, sino que vamos a eliminar la corrupción. En nuestro gobierno no hay reparto de hospitales. Los directores de hospitales se los escoge con criterio técnico, no político», expuso.

El presidente de la República informó sobre la fin la pandemia en el país, pues para él, esta ya no representa un riesgo para la gente. «Volvemos a una vida normal, volvemos a la regularidad de la normalidad prepandemia».

El crecimiento económico del país

El banquero afirmó que durante su administración ha existido un considerable aumento económico que ha permitido sacar de la pobreza a 750 mil ecuatorianos, además de incrementar las fuentes de empleo.

Sin embargo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la pobreza a nivel nacional alcanza al 27,7 % de la población ecuatoriana, mientras que la pobreza extrema golpea al 10,5 %. Esto significa que 4.979.986 de personas son pobres y 1.887.720 también pero en condiciones extremas, hasta diciembre de 2021.

Asimismo mencionó que el Ecuador posee la reserva monetaria internacional record con USD 8.600 millones. Por lo que, según el primer mandatario proporciona estabilidad, inversión y más fuentes de trabajo. Aunque los datos del INEC indican que hasta agosto de 2022 el Ecuador posee el 4 % de desempleo.

Consulta popular

Lasso habló sobre una de las preguntas con la que pretende poseer un mayor control sobre la elección de determinados funcionarios. Esto a través del retiro de la facultad que tiene hasta ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

«Queremos que el Ejecutivo tenga una mayor participación, como enviar una terna», sostuvo. Por ahora, el Ejecutivo designa ternas para el Procurador General del Estado y Superintendentes.

Un documento confidencial

Durante la entrevista el presidente Lasso se refirió a la existencia de un documento creado por las Fuerzas Armadas (FF.AA) en conjunto con la Policía Nacional, «Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz». Pese a que el mandatario alegó confidencialidad, él no se abstuvo de explicar superficialmente su contenido.

«Esos documentos no son públicos y no lo van a ser. Es un documento de reserva, pero ahí se trata el tema del personal, las capacitaciones, los equipos, la tecnología y sobre todo la inteligencia», explicó.

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“La Asamblea Nacional evitará la politización de este tema y buscará a través del marco legal y constitucional, coadyuvar en las investigaciones para que se aclare la verdad”, expresó el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, solicitó al Legislativo el respectivo seguimiento y fiscalización a la investigación que está a cargo de la Policía conjuntamente con la Fiscalía.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales propuso la creación de la Comisión Especializada Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo.

La propuesta debatida y puesta a votación obtuvo 88 votos afirmativos, 22 negativos, 17 abstenciones y uno en blanco. La Comisión estará conformada por las asambleistas Ana Herrera, de la bancada de UNES; Yeseña Guamaní, de Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de Pachacutik (PK); Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano (PCS); y, Amada Ortiz, independiente.

Con la creación de la comisión, se estableció un plazo de 30 días para la presentación de un informe sobre la fiscalización y control político. Dicho documento será debatido en el Pleno de la Asamblea.

Intervenciones de los legisladores

Paola Cabezas sostuvo que el crimen de María Belén no fue pasional como lo había sugerido Patricio Carrillo. «No fue un crimen pasional como lo dijo cierto exministro (…). Tampoco se trató de un intento de desestabilización de activistas y de los grupos feministas “, mencionó.

Viviana Veloz aseguró que el asesinato de María Belén es un crimen de Estado, donde altos funcionarios ocultaron información y buscaron proteger al feminicida.

Por su parte, Alejandro Jaramillo sostuvo que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado debería ser la encargada de la fiscalización, pues fue la primera en convocar sobre el caso.

¿Partidismo o politización?

Sofía Sánchez se opuso a la creación de la Comisión. «No podemos politizar este tema, eso sería denigrante para esta Asamblea Nacional».

Frente a esto, Gissela Garzón ratificó que la Asamblea es un espacio político y que el caso María Belén es político. «Es una desición política fiscalizar y darle respuestas a una familia que ya no tiene una hija».

Además, repudió a los legisladores que solo les importa fiscalizar obras. «Fiscalizar proyectos les da discursos político y titulares en los medios. Esto es importante, la vida de las mujeres es importante, dejen de lavarse las manos o se van a sumar a la larga lista de zapatos rojos manchados de sangre en este país».

Finalmente, Johanna Moreira mostró su retundo rechazó a la moción, argumentanto que debe ser la Comisión de Justicia la pertinente para investigar el caso. «Es lamentable que quieran usar la muerte de María Belén como un trofeo para fines partidistas».

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La familiar del director Sarzosa ordenó la detención de la cadete, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló los cargos contra la detenida por desaparición involuntaria, debido a supuestos indicios de participación y pidió su detención para investigaciones.

Negación de habeas corpus para Joselyn

La acción de habeas corpus presentada por la defensa de Sánchez fue archivada debido a que los abogados de la cadete, Gonzalo Realpe y Henry Moscoso, no se habrían puesto de acuerdo en el argumento y desistieron del proceso.

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Uno de ellos, el general Alain Luna involucrado en la detención del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión y en la aprehensión del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.

Según informó Primicias, Bernal defendió al general Luna en una demanda interpuesta por Iza, por detención ilegal.

«Belén era mi abogada, con ella asistí a una diligencia judicial el viernes y con el otro abogado del consorcio jurídico. El último contacto que tuve con ella fue el sábado, me comuniqué a eso de las 18:00. Le envié el decreto de los generales que ascendían, que me había pedido que le avise”, dijo Luna.

El general añadió que habría pedido al teniente Germán Cáceres, esposo y presunto asesino de la abogada, denunciar su desaparición. Así también, Bernal habría representado a Luna en el proceso de una denuncia por abuso de facultades efectuada por el coronel Hugo Silva, representante del Ministerio del Interior en la gestión de Patricio Carrillo.

Otro de los oficiales representados por Bernal fue el teniente coronel Carlos Mora, a quien litigó de un sumario administrativo de la Inspectoría Policial y a muchos otros cadetes de la Escuela de Policía.

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Luego de la intervención de Elizabeth, dependerá del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela la apertura del debate para el tratamiento del femicidio de María Belén. De ser el caso, los legisladores pondrán en discusión alguna resolución.

Así también, el miércoles 28 de septiembre se tiene prevista la comparecencia del exministro del Interior, Patricio Carrillo; el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas; secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y, la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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«Para liderar el cambio estructural que necesita el Ministerio del Interior, he designado a Juan Zapata como su nuevo titular.», señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Lasso destacó el profesionalismo del ahora exdirector general del ECU 911 y enfatizó que contará con todo su respaldo. El nuevo nombramiento surge tras solicitar la renuncia de Carrillo la noche del 23 de septiembre.

Juan Zapata es Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor en servicio pasivo y posee varios títulos, entre los que destacan experto en Seguridad Pública y Privada por la Academia de Carabineros de Chile, licenciado en Ciencias de la Ingeniería, un diplomado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad de Chile, Alta Gerencia en Seguridad del Departamento de Estado Roswell, entre otros.

Pronunciamiento de Carrillo

Tras ser despedido, Patricio Carrillo se pronunció a través de su cuenta de Twitter. «Jamás es pérdida de tiempo atender lo esencial, como amar, respetar, ayudar, servir, dialogar y agradecer. Siempre hay que mantener buen ánimo e inteligencia emocional. Gracias ciudadanos por el respaldo. Hasta pronto!», dijo.

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«Pichincha: dentro de las investigaciones por el caso María Belén Bernal, Fiscalía, con apoyo de Policía, ejecutó dos allanamientos –mediante acto urgente– a las viviendas de la hermana de Germán C. y de una amiga de Joselyn S. (procesada)», explicó la institución.

Los allanamientos se realizaron la noche del 21 de septiembre en inmuebles situados en La Carolina y Pusuquí, en Quito. «En este último, donde se ubica el domicilio de la amiga de Joselyn S. (también cadete de Policía), se levantaron indicios para su posterior análisis», añadió la FGE.

La cadete involucrada habría conocido al teniente y le habría enviado mensajes entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre. De acuerdo con la fiscal a cargo del caso, María Isabel Jiménez «se presume (que Nadesha) podría tener algún grado de participación en el caso que se investiga».

María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre dentro de las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional. Su cadáver se encontró el 21 de septiembre en el cerro Casitagua y el principal sospechoso, su esposo, está prófugo de la justicia.

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Salinas expresó que el cuerpo de Bernal habría sido enterrado en el cerro Casitagua, a diez minutos de la Escuela Superior de la Policía. Tras 11 días de búsqueda fue localizado por miembros policiales. Además, Salinas sostuvo que no descartan que el principal sospechoso del crimen, Germán Cáceres recibió ayuda de más personas para enterrar a Bernal.

«No podemos determinar aún si existió ayuda de un tercero para enterrar el cuerpo, pero todos los indicios que se vienen levantando y se vienen sumando a la investigación van a contribuir para encontrar la verdad y se definan cómo sucedieron los hechos.», señaló.

Los restos de la abogada fueron encontrados la mañana del jueves 21 de septiembre, pero el presidente Guillermo Lasso y las autoridades anunciaron el hallazgo la tarde del mismo día.

Movilizaciones permanentes por Bernal

Según reporta Radio Pichincha, organizaciones de mujeres y en defensa de los derechos humanos anunciaron movilizaciones permanentes. Los colectivos exigen transparencia por el presunto femicidio de María Belén Bernal.

Finalmente, solicitan la renuncia del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y de la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

«Este llamado es a una movilización masiva, radical y con la suficiente fuerza que nos permita sentar al gobierno a una mesa técnica para discutir sobre sus reponsabilidades concretas», reza el comunicado.

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«Aquel que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado o una organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia: la ejecución extrajudicial; la esclavitud; el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos; la privación ilegal o arbitraria de libertad; la tortura, violación sexual y prostitución forzada; inseminación no consentida, esterilización forzada, y la desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años”.

En el caso de la abogada María Belén Bernal, desaparecida el 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía y encontrado su cadáver el 21 de septiembre, aún no existe consenso. El crimen ocurrió, sin embargo, en una dependencia estatal y con agentes de seguridad del Estado.

Para la abogada Lissette Pardo, existen opiniones divididas entre que si este delito es de desaparición forzada o de desaparición involuntaria. Todavía se debate.

La desaparición forzada, según el artículo 84 del COIP indica:

«La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre
el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años».

Por otra parte, el artículo 163.1. explica que la desaparición involuntaria es:

«La persona que prive de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca, traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
Si se produce la muerte de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años».

Germán Cáceres no solo no dio información relevante de la desaparición de su pareja cuando tomaron su versión sino que se dio a la fuga. Aún no se sabe su paradero.

Por desaparición involuntaria está siendo investigada por la Fiscalía, la cadete Joselyn Brigitte S.

El femicidio

No solamente la desaparición se juzgaría en este caso, también el femicidio, al encontrarse el cuerpo de la abogada y teniendo como principal sospechoso al teniente Cáceres que es su esposo.

El COIP tipifica al femicidio como:

«Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en
cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de
género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años».

Es un trabajo que corresponde a Fiscalía, que interpondrá cargos en contra de Cáceres el 23 de septiembre próximo.

Sobre los demás oficiales

Aunque la cadete Joselyn Brigitte S. ya tiene una investigación en su contra. 12 personas habrían estado cerca de la habitación de Cáceres el día de la desaparición y escucharon los gritos de Bernal. Ninguno ayudó a la abogada.

El artículo 23 del COIP habla sobre la conducta en un delito, tanto de acción como omisión.

«Modalidades de la conducta.- La conducta
punible puede tener como modalidades la acción y la omisión.
No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la
obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo«.

En derecho penal, la omisión dolosa es «cuando se deja de cumplir el deber, con la convicción de que con ello ocasionará un perjuicio a un tercero, daño que debió y pudo evitar. / Dejar de hacer, sabiendo que ocurrirá un daño, pudiéndolo evitar».

Nuevamente, la Fiscalía deberá determinar el grado de participación de los policías involucrados. Según el ministro del Interior, Patricio Carrillo se ha solicitado «la vinculación y prisión preventiva» de los gendarmes.

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‘’Si no somos capaces de localizar al sujeto responsable y la desparecida, entonces la Policía tiene que reestructurarse y mi cargo no tiene razón de continuar’’, dijo en entrevista con  Radio Majestad.

Carrillo señaló que el caso representa una consternación general en el país y desde el cargo ofreció ‘’perdón público’’ a la ciudadanía. Añadió que los problemas en la institución se están manejando dentro de los marcos de la ley, y si en 30 días no encuentra datos certeros del caso, renunciará.

Explicó que la reestructuración es un paso necesario para atender las principales urgencias dentro de la institución y su formación dependerá de soluciones estratégicas. Además, atañe a la Universidad Central,  la creación de una malla curricular que busque solucionar las competencias para los futuros policías.

Sobre el caso Bernal

Han pasado 11 días de la desaparición de María Belén Bernal, el caso que ha conmocionado al país por las condiciones inauditas de su desaparición en la Escuela Superior de Policía. En esa línea, la institución está en el reflector mediático por sus acciones. Ante ello, el ministro aseguró que.:

 ’’El Ecuador necesita una respuesta y si no estamos en condiciones de darla, hay que dar un paso al costado. Es un fracaso y una vergüenza, pero no solo de parte del Ministro Carrillo, es una vergüenza de la Policía Nacional y no puedo dirigir una institución que no es capaz de devolver la confianza y credibilidad a la sociedad’’  

Por su parte, la Fiscalía ejecutó dos allanamientos a los padres del teniente, principal sospechoso en el caso en busca de pistas nuevas que aporten a la investigación del caso. Se levantaron distintos indicios tras su ejecución. (A.F.)

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Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Institucional, la figura aplica en casos de desaparición forzada cuando se desconoce la ubicación de la persona y hay indicios de la intervención de un agente estatal.

¿Qué dice la ley?

El procedimiento de habeas corpus entrega 24 horas de plazo para otorgar una audiencia y conocer el estatus del caso. Se convocaría a la máxima autoridad competente, en este caso, el ministro del Interior o el comandante general de la Policía.

El juez asignado al pedido es Willian Roman, él dispondrá a las diferentes funciones del Estado las acciones necesarias para encontrar a la víctima. En caso de que no se acaten, podría terminar en la destitución de las autoridades.

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La presidenta de la Comisión de Régimen Económico informó sobre su pedido para concluir el receso legislativo iniciado el 12 de septiembre e iniciar con el proceso fiscalizador. En el documento enviado a Saquicela, la parlamentaria recalcó la grave crisis institucional por la que atraviesan la Policía Nacional, Secretaria Nacional de Seguridad Pública y del Estado y Fiscalía.

Asimismo, Pazmiño instó para que convoque a un período extraordinario al Pleno de la Asamblea y se llame a comparecer al ministro del Interior, Patricio Carrillo; comandante general de la Policía, Gral. Fausto Salinas; secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado; Diego Ordóñez, y a la fiscal general, Diana Salazar.

Receso legislativo

Las vacaciones de la Asamblea tienen previsto finalizar el 26 de septiembre, según la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Si bien el período de descanso se dispuso para agosto, tuvo que posponerse debido al juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura.

Durante las dos semanas de pausa ninguna ley será tramitada. No se mantendrán sesiones del Pleno o de las comisiones. Los plazos establecidos para otros temas tratados por la primera función del Estado se mantendrán estáticos.

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