Ante la noticia del supuesto secuestro, el abogado de Kevin solicitó postergar su intervención para el final de la diligencia, compromiso que será justificado por escrito.

El pasado de alias Kevin

Alias Kevin es acusado por la Fiscalía de haber gestionado beneficios carcelarios para Norero y su familia, así como de haber defendido al capo en un proceso para recuperar bienes decomisados en Samborondón.

Esta audiencia marca el octavo día del juicio, donde 37 procesados enfrentan acusaciones de manipular la justicia a favor de personas privadas de libertad, con cuatro de ellos señalados como cabecillas y los demás en calidad de colaboradores. Previamente, los abogados defensores han cuestionado la solidez de la investigación fiscal, particularmente los chats revelados como evidencia del caso.

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El pasado 24 de julio, Salazar acudió a la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para recibir su sentencia. Además de los ocho meses que aún le quedan en la cárcel de Cotopaxi, el magistrado ordenó el pago de USD 11.040 como reparación integral ante el perjuicio al Estado.

Por otro lado, la sentenciada deberá pagar una multa USD 5.520, ofrecer disculpas públicas por sus actos y acatar el decomiso de sus bienes. El juez del caso destacó que las declaraciones de Salazar sirvieron para exponer la corrupción en las altas esferas de la justicia.

¿Qué dicta la ley?

El artículo 491 del Código Integral Penal (COIP) reconoce a la cooperación eficaz como el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de otros responsables.

Para que el sentenciado acceda a los beneficios de este mecanismo el fiscal debe expresar en su acusación si la cooperación prestada fue eficaz.

Asimismo, el mismo funcionario deberá proponer una pena no menor al 20 % del tiempo mínimo de la infracción. No obstante si el caso es de alta relevancia social y permite procesar a integrantes de una organización delictiva la pena no podrá ser menor al 10 %. (AGM).

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«Es audio tiene consecuencias tremendas en el caso Purga porque se demuestra y evidencia que fue el Banco del Pacífico el que pagó la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis. En este caso, Salazar decide hacer una colaboración eficaz que consiste en develar el caso Purga que trata de lo del Banco del Pacífico, es decir que el el Banco paga la defensa en un caso de narcotráfico para que cooperen a favor del banco», dijo.

De acuerdo con el abogado, Francisco Fierro ingresó a la cárcel de Chillogallo entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 a entregarle información a Mayra Salazar antes de que ella dé su testimonio anticipado. Agregó que «ese testimonio no tiene validez porque es información sembrado por Fierro».

Chimbo añadió que Ricardo Noboa Bejarano, en una entrevista, reconoció que conoce a Francisco Fierro.. «Reconoce que tuvo una reunión con Toledo y se le propuso los honorarios profesionales, pero él dijo que el Banco no había aceptado y que pasó la voz (…) ¿Qué hacía el señor Noboa reuniéndose con el señor Toledo para hablar de honorarios?».

El abogado indicó que presentará en Fiscalía una denuncia por fraude procesal en contra de Ricardo Noboa, Francisco Fierro y Mayra Salazar y que Salazar podría caer en perjurio si su testimonio anticipado fue entregado por terceros. (MIB)

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La mujer interpuso la denuncia ante el Consulado del Ecuador, en Caracas, y a Cancillería e informó que se encuentra secuestrada. Según su versión, Aleaga llevó de vacaciones a su hijo a Venezuela sin la opción de regresar al Ecuador por temor a que atenten contra la vida del menor de edad.

Ante la situación, ella relató que fue obligada a firmar una solicitud de refugio en una institución venezolana porque sin eso no podría regresar el Ecuador con su hijo. El 18 de marzo viajó a Caracas para proteger la vida de su hijo y llevarlo a otro país, en donde tiene familiares, pero Aleaga se habría negado rotundamente a dar su autorización.

»Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me deja encerrada en la casa sin tener acceso a llaves», dijo en una carta dirigida al subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante (e), Pablo Roldán.

El 25 de abril detalló que logró escapar y acudió al Consulado de Caracas, la mujer pidió ayuda al Estado ecuatoriano para residir en la sede diplomática.

Caso Metástasis

El pasado 15 de marzo la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra el exasambleísta Ronny Aleaga por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la entidad, su rol habría sido silenciar a Fernando Villavicencio (+).

”Como legislador de la Provincia del Guayas, abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier J”, dice el informe de la institución.

Resaltó que la participación estaba dirigida a silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: el excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio (+), quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier J. y Leandro Norero (+).

La respuesta de Cancillería

Ante la denuncia, Cancillería se pronunció en redes sociales y manifestó que el Estado ha brindado a apoyo a la madre y al menor de edad »dentro del ámbito de sus competencias», pues para el Ministerio lo más importante sería su seguridad. (AGM)

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»He guardado silencio por casi dos meses hasta reunir pruebas y evidenciar que todas las declaraciones de Mayra Salazar son mentiras y burdas tergiversaciones con el ánimo de rebajar su pena», dijo Muentes.

El exparlamentario cuestionó que lo hayan procesado por el testimonio de Salazar y señaló que la conoció a través de la expresidenta de la Judicatura del Guayas, Fabiola Gallardo y que fue ella quien le ofreció sus servicios de comunicación. »A Fabiola Gallardo sí la conozco. He tenido una relación respetuosa, mas no de amistad», aclaró.

Según su testimonio, la contrató para un corta campaña que tenía como objetivo defenderse del ataque sistemático del abogado Ricardo Noboa, quien representaba al Banco del Pacífico. Asimismo negó que le pagaba un sueldo a Salazar para laborar en la Corte Provincial.

»No fue jamás una persona de mi confianza, por lo que resulta evidente que ha utilizado información falsa para afectarme y beneficiarse ilegalmente de una cooperación», manifestó.

El lío con Banco del Pacífico

Muentes expuso que hace más de 20 años mantiene litigios con el Banco del Pacífico por inconsistencias en los pagos que realizó a la entidad. Este problema habría ocasionado que en el 2004 un inmueble de su familia sea rematado y pase a manos de alguien cercano a la institución financiera.

»No debo nada al banco, el crédito fue pagado en su totalidad, tanto es así que el banco no tiene el pagaré que firmé cuando adquirí la deuda porque este me fue entregado al cancelar, o me acusarán de entrar a la bóveda del banco y sustraerme ese documento», dijo.

Asimismo, aseguró que no recibió USD 4 millones de indemnización por parte del banco y desmintió haber organizado en su domicilio varias reuniones con vocales de la Judicatura, de hecho, señaló que mantenía un enemistad con el exvocal Xavier Muñoz. También negó tener disputas con la expresidenta de la Judicatura, María Josefa Coronel y ser propietario de una empresa de limpieza.

¿Qué dijo Mayra Salazar?

El pasado 28 de marzo Mayra Salazar dio su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Gran parte de su confesión se centró en la figura de Muentes, quien habría tenido el control de la Corte Provincial del Guayas de varias dependencias de Guayaquil.

Manifestó que su contratación en la Judicatura se dio porque manejó la campaña de Fabiola Gallardo a la presidencia de la Corte del Guayas, más no porque su hoja de vida estaba en el banco de elegibles como lo había manifestado Gallardo en declaraciones pasadas.

No obstante, manifestó que desde el 2022 ya formaba parte de la entidad. Pero el que pagaba sus honorarios era Muentes. Cobraba un sueldo de USD 2.500 en efectivo para manejar la imagen de Gallardo, convertirse en su mano derecha e informar de todos sus movimientos al exlegislador

Para noviembre del 2023, cuenta que Muentes le pidió al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, el nombramiento para Salazar y Mercedes Villarreal, quien fue la Directora Provincial de Control Disciplinario de la Corte del Guayas. El favor no era gratis, pues era a cambio de su ayuda ante el juicio político que se veía venir en la Asamblea contra él y los exvocales de la entidad, Xavier Muñoz y Maribel Barreno.

Salazar entre lágrimas admitió sus errores

“Mi vida tomó otro rumbo el 13 de diciembre” contó Salazar y luego se despidió y agradeció entre lágrimas a la fiscal Diana Salazar por haber iniciado esta investigación.

También detalló que intervino activamente en el Caso Banco del Pacífico por órdenes de Muentes y Gallardo. En este proceso el juez Reynaldo Cevallos falló a favor de Muentes y dispuso que se le transfiera una jugosa indemnización por no reconocer que si habría pagado las cuotas de un crédito, no obstante las evidencias presentadas fueron varios comprobantes falsificados, según reveló Salazar.

Relató que después de este caso, Cevallos fue promovido de juez primer nivel a magistrado de sala penal, a través de un concurso manipulado por Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte del Guayas.

Los requisitos de este concurso detallan que el postulante no debe tener antecedente de destitución, no tener sumarios administrativos y pertenecer a la Escuela de la Función Judicial, y Cevallos no cumpliría con ninguno de esos puntos.

Muentes también era beneficiario de la empresas de limpieza que brindaban servicios en el Consejo de la Judicatura y otras dependencias de Guayaquil. Las ganancias superaban el millón de dólares. No obstante, Salazar dijo que Muentes no pudo gestionar la contratación de esta empresas en el período de María Josefa Coronel ”desde ahí vienen sus diferencias”, puntualizó. (AGM)

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El suceso ocurrió la tarde de este 28 de abril en una cevichería del Centro Comercial la Quadra de Quevedo. Varios antisociales armados ingresaron al local y acabaron con la vida de la modelo, quien quedó tendida en el suelo junto a un acompañante.

La joven de 23 años era comunicadora social e influencer. Además tenía una gran trayectoria en las pasarelas, pues fue Reina de la parroquia Venus del Río Quevedo, Señorita Turismo de Quevedo 2019 y Miss Mesoamérica Ecuador 2022.

Su vínculo en el Caso Metástasis

El nombre de Landy Párraga fue expuesto en los chats del narcotraficante Leandro Norero, alias ‘El Patrón’ en el denominado Caso Metástasis. En una conversación con Helive Ángulo, alias ‘Estimado’ (su hombre de confianza) sale a la luz el nombre de Párraga.

Ángulo preguntó a Norero si conocía a la modelo, pues sus fuente en la Policía le habían preguntado ese dato, sin embargo, el narcotraficante negó identificarla, pero luego aceptó que la conocía y pidió a ‘Estimado’ que evite a toda costa que la vinculen con ella por temor a las repercusiones de su esposa.

Fiscalía tenía la intención de investigar una importadora que habría pertenecido a Párraga, sin embargo, ‘El Patrón’ aclaró que el negocio pertenecía a un »machucón de la man llamado César». En este sentido, pidió a Ángulo que no la revisen y que los policías digan a las autoridades que no vieron nada.

Asimismo, la modelo fue vínculo del narcotraficante con el expresidente de la Asamblea, César Litardo y otros generales. Pese a la evidencia, no fue llamada a rendir declaraciones en el Caso Metástasis. (AGM).

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»Él ha sido claro en su intención de servir al país a través de una candidatura presidencial», dijo Nebot en entrevista para RTS.

Reiteró que Topic sería su primera opción para lanzarse a las elecciones presidenciales del 2025. En este sentido, detalló que el empresario tiene la experiencia necesaria para asumir las riendas del país, pues tiene experticia en materia de seguridad y economía.

El PSC y el Caso Metástasis

»Está clarísimo que las acusaciones giran en torno a la actividades personales de Pablo Muentes ¿Por qué se calumnia o se trata de involucrar al PSC?», cuestionó.

Asimismo negó que la organización política maneja la justicia a través del Consejo de la Judicatura (CJ) a cambio de favores. Por el contrario, manifestó que tanto esa institución como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) deben desaparecer.

Aseguró que la fiscal Diana Salazar está realizando »acusaciones graves», sin embargo, agregó que »nadie está por encima de la ley». De igual manera, dijo que no intervendrá en el caso y que le corresponde a la justicia realizar la respectiva investigación.

Calificando la gestión de Noboa

Nebot afirmó que el presidente Daniel Noboa no es culpable de haber heredado un »Ecuador en alerta roja», pero si es responsable de cambiar esta herencia. El líder del PSC enfatizó que el problema del actual gobierno es el manejo de los recursos económicos.

“Hace seis o siete años la deuda pública no llegaba a los 40 mil millones, hoy supera los 80 mil millones. ¿A dónde va esa plata? a pagar la deuda externa puntualmente”, dijo puntualmente, mientras destruía el continuo relato del endeudamiento que dejó el »correísmo».

Del otro lado, aplaudió la iniciativa de la Consulta Popular, la misma que ya tiene el respaldo del PSC con su campaña por el SÍ en redes sociales. Para Nebot, la aprobación de estas preguntas implicaría el fomento de empleo y seguridad.

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La madrugada de este 3 de abril, Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas.

La personas involucradas serían jueces, secretarios, policías, exfuncionarios públicos y abogados en libre ejercicio que abusaron de sus cargos y realizaron argucias legales para favorecer a organizaciones delictivas.

La entidad levantó una orden de detención en contra del exjuez Simón G. en el cantón Rocafuerte, Manabí; el abogado José T. en Quito, sector de Calderón; a un ciudadano de nombre Lenin V., ya procesado en otra causa, en la Cárcel Nº 4 de Quito; al exjuez Ángel L., en Santo Domingo; a José A. y Omar J., exfuncionarios del SNAI, este último habría tenido documentación relacionada con beneficios penitenciarios; y a los policías Marco C. y Hugo A., en Guayaquil.

¿Una estrategia de Salazar?

Este es la tercera investigación que lanza la entidad en el marco de la corrupción implantada en el sistema judicial. Su titular, Diana Salazar lleva 20 años trabajando en la institución en diferentes cargos como amanuense, secretaria, fiscal hasta convertirse en la máxima autoridad gracias el nombramiento del Cpccs-T más conocido como ‘Trujillato’.

La fiscal culiminará su período en abril del 2025 sin la opción de ser reelegida. Su destino ahora es incierto, pues tiene encima un proceso de juicio político en la Asamblea.

Mientras tanto, en los últimos meses Fiscalía ha puesto en primera plana sus investigaciones relacionadas a las redes de corrupción en la justicia, un problema que el país ha venido arrastrando durante varios años. No obstante, siguen estancados los procesos del Caso INA Papers, en donde está involucrado el expresidente Lenín Moreno, y el Caso León de Troya, el detonante de la salida de Guillermo Lasso. (AGM).

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Terán, que cumple prisión preventiva desde diciembre de 2023, estaba en la cárcel #4 de Quito por su presunta participación en el caso Metástasis, una estructura criminal en la que participaban jueces para beneficiar, a cambio de dinero, al narcotraficante Leandro Norero.

El SNAI todavía no se ha pronunciado al respecto del traslado. En la ‘Roca’ se encuentran, delincuentes peligrosos como el femicida de María Belén Bernal, Germán Cáceres, pero también personas cuyos delitos son de cuello blanco comoFrancisco Barreiro Abad, el hijo de la vicepresidenta de la República, procesado por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias.

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Según la declaración juramentada de Salazar publicada en el sitio web de la Contraloría General del Estado (CGE), inició su trayectoria profesional en el sector público al ser servidora legislativa en el 2019, en donde su patrimonio era de USD 20.153 mil. Tenía activas dos cuentas bancarias, un automóvil y una casa.

Más adelante, a inicios del 2023 pasó por el Parlamento Andino, en donde fue asesora de comunicación. Hasta ese momento declaró un patrimonio de USD 166.168 mil con el registro de un automóvil y dos casas.

El golpe de los USD 15 millones

En abril del 2023, al finalizar su gestión en el Parlamento Andino, los fondos económicos de Mayra Salazar crecieron de manera abrupta, pero todo se habría tratado de un »error de tipeo». De acuerdo al documento de su declaración, su patrimonio era de USD 15.256.385,00 millones, sin embargo, mantenía el mismo número de bienes muebles e inmuebles y un ligero aumento en sus cuentas bancarias.

¿Qué ocurrió? Pues el registro del automóvil que antes era valorado en USD 28.999 mil pasó a costar USD 2.899.900,00 millones. Además, un cambio en los separadores de decimales provocaron que el sistema realice otra sumatoria.

La Calle contactó a Contraloría y un funcionario del departamento de comunicación institucional señaló que este error no es responsabilidad de Contraloría sino de los datos introducidos por el servidor público.

No obstante, indicó que el registro de una declaración con un aumento patrimonial de esta magnitud amerita un examen especial por parte de la institución. Por otro lado, este aparente error de tipeo recién fue revisado por la CGE en el momento que este medio de comunicación realizó la respectiva consulta.

La meta de Salazar

El último cargo de Salazar fue el de analista de comunicación en el Consejo de la Judicatura (CJ) en el Guayas en octubre del 2023. Ahí registró un patrimonio de USD 324.184 mil, es decir, que desde el 2019 hasta el año pasado aumentó su capital en más de USD 300 mil.

Actualmente, Salazar es la pieza clave de los casos Metástasis y Purga. En diciembre del 2023, las pesquisas de la Fiscalía llevaron a develar una estructura criminal en la Función Judicial. Ella ayudaba y colaboraba con el narcotraficante, Leandro Norero. (AGM).

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En los chats difundidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), Mayra S., y su pareja debatían quién deberían votar en las elecciones. La implicada tenía dos aristas en la vista. Por un lado, un puesto –orquestado por Pablo M.,- en caso de que Noboa llegue a la Presidencia y por otro, uno encomendado por Ronny A., si González ganaba.

Según la multifacética Mayra, Pablo le comentó en reiteradas ocasiones que «no la cambiaría porque ella le demostró su lealtad«. Un extracto de la conversación, detalla que «su amigo» le comentó que él ubica a su personal y las cosas estarían hechas.

«Él (Pablo) es consciente de mis sueños, por eso me ofreció lo de Noboa si es que llega al poder», relata.

De otro lado, mantenía la «oferta» de ‘Ronny’. Sin embargo, le procesada alegó que tenía «terror» de que González llegue al poder y pierda todos sus negocios. A la par, su pareja le comentaba que ‘Ronny’ está «quemado» y que él no podría votar por «Correa«. Pese a que Mayra comparte «el pesar» de su pareja, refuta que Rafael Correa le otorgó un trabajo y estabilidad.

«Ese tipo nos perseguía. Se nos llevaba los carros con militares y el SRI», dice su pareja.

En el programa de víctimas y testigos protegidos

La FGE informó que la implicada ingresó al programa de testigos protegidos. En un informe remitido al juez Felipe Córdova, solicitó que fije fecha y hora para que la mujer rinda su testimonio anticipado. En el programa también ingresó Libia Sarabia, fiscal especializada en crimen organizado, quien dará su testimonio como testigo. La fiscal era uno de los blancos de Leandro Norero, alias ‘El Patrón’, pues llevaba los casos de lavado de activos del narcotraficante y sus hermanos.

Los hilos de Mayra S.

En diciembre de 2023, las investigaciones de la Fiscalía revelaron una estructura criminal en la Función Judicial que supuestamente colaboraba con Norero. Según los partes difundidos por la entidad, la mujer y Norero habrían tenido una relación sentimental, desde entonces, ella era el nexo con varios jueces.

Esto ocurría mientras Salazar trabajaba en la dirección de comunicación en la Corte Provincial (CJ) del Guayas. Al ser procesada por Metástasis, decidió colaborar con la Fiscalía lo que llevó al Caso Purga. Una red de corrupción en la CJ de esa provincia que tenía como líder al exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes. El exfuncionario habría contratado a Salazar para controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos en su beneficio.

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«Cada quien debe responder por lo que hizo (…) Usted puede ser mi amigo del alma, mi compadre, pero debe responder a lo que hizo, en caso de que sea algo ilegal», refirió.

Correa enfatizó que este problema no debería trasladarse a la Asamblea Nacional o al movimiento por el hecho de que un personaje sea militante o simpatizante del mismo. Recalcó que la investigación revelará los nexos o posibles vinculaciones entre los implicados y otros actores. «Yo no soy de acusar o relevar de culpa a nadie», alegó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra Aleaga por el presunto delito de delincuencia organizada. En la audiencia, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, alegó que el implicado abusó de sus facultades fiscalizadoras y pedía información sobre ciertas investigaciones que se iniciaban contra Xavier J.

Orden de captura

Luego de varias horas de presentar los argumentos, la máxima autoridad de la FGE, solicitó al juez Felipe Córdova que conceda la orden de localización y captura para el implicado. Además, solicitó la colaboración de la Interpol, ya que Aleaga se encuentra fuera del país desde diciembre de 2023.

El implicado presentó sus alegatos de manera telemática. De la misma manera, su defensa, Adrián Flores, mencionó que Salazar no especificó la colaboración de su defendido ni qué información manejó a favor de Leandro Norero, alias «El Patrón». Por su parte, el exasambleísta expresó «que está dando la cara y no se oculta».

Su presunta vinculación

Salazar detalló que Aleaga estaría identificado con el seudónimo de «El Ruso». La fiscal mencionó que Javier Jordán habría presentado «al Ruso» a Norero. Además, habría actuado «desde su posición» para ‘silenciar’ al excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+).

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»Como legislador de la Provincia del Guayas, abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier J», dice el informe de la institución.

Resaltó que la participación estaba dirigida a silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: el excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio (+), quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier J. y Leandro Norero (+).

Ante lo expuesto la entidad solicitó al juez Felipe Córdova que se conceda la orden de localización y captura de Ronny Aleaga y Claudia Garzón, quienes están en el exterior.

La justificación de Aleaga

»Me defenderé con todas las herramientas que me asiste la ley, porque tengo un hijo, unos padres y una familia que hoy es perseguida por la revancha personal de la fiscal Diana Salazar», dijo el exparlamentario antes de la audiencia.

Aleaga señaló que los argumentos de Salazar podrían carecer de elementos probatorios en donde pretendería involucrarlo en actividades ilícitas. »Esto es preocupante dado que en varias ocasiones ella ha afirmado mi inocencia», resaltó.

Manifestó que el hecho de haber solicitado información a Fiscalía no constituye una evidencia. Señaló que servidores policiales que estaban a cargo de su seguridad habrían sido infiltrados y estuvieron inmersos en sus actividades cotidianas por lo que entregaron su información personal a delincuentes y construir »falsos positivos».

»¿Por qué no exhibe toda la información existente en los supuestos chats del Caso Metástasis? ¿Será que usted está en la situación de negar que ha sido referida en los mismos?», cuestionó. (AGM)

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Los chats del 20 de octubre del 2023 expone como Salazar intercambia mensajes con un usuario identificado como Fg 73, quien sería un juez de la Corte del Guayas. En la conversación ella revela los detalles del asesinato del narcotraficante Leandro Norero.

Según Salazar, Norero eligió ir a la cárcel de Latacunga debido a su buena relación con alias «Pipo», quien tenía poder en ese centro penitenciario, sin embargo, su relación se deterioró durante su encarcelamiento.

Salazar afirmó que Norero había ganado la simpatía de otros reclusos y había facilitado la liberación de operadores de «Pipo», convirtiéndose así en un líder influyente, aunque no en la zona de máxima seguridad, que seguía bajo control de «Pipo».

Con este antecedente, ‘Pipo’ habría enviado a un hombre de confianza para infiltrarse en los círculos de seguridad de Norero. Este individuo solicitó la ayuda de Norero para mediar con ‘Pipo’, aparentemente para reclamar poder dentro de la organización criminal.

Con la confianza ganada, este individuo llevó a Norero a una trampa el día de su asesinato, cuando lo condujo al pabellón de máxima seguridad donde fue atacado por otros reclusos.

¿Y quién es Mayra Salazar?

La exfuncionaria de la Judicatura enfrenta procesos legales en el caso Metástasis, donde la Fiscalía la investiga por su presunta participación en una estructura de corrupción liderada por Norero desde la cárcel de Cotopaxi, con el objetivo de obtener impunidad para él y su familia. Además, se presume que mantuvo una relación sentimental con Norero, conocido como el ‘Patrón’.

»Cuando sea grande quiero ser como tú, robar al estado y comprar una casa así», le dice Carlos G (aún no identificado) a Salazar, exponiendo así las actividades delictivas que le dejaban grandes ganancias.  

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Este caso que conmocionó a todo el Ecuador dejó a 37 personas detenidas en el primer proceso. De acuerdo a las declaraciones de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, todo el caso se habría desatado luego de explotar el teléfono del reconocido narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón.

Otro lío para Terán

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.

Un intento por salir de prisión

El nombre de Daniel Salcedo es conocido en la Función Judicial por los casos de corrupción en los que ha participado. Sin embargo, el implicado interpuso una medida de habeas corpus contra el juez Felipe Córdova y el SNAI.

La audiencia se llevó a acabo el 1 de febrero de 2024, los abogados del implicado mencionaron que su defendido sufre de supuestas torturas en la Cárcel de Cotopaxi. Salcedo fue recluido el 21 de enero de 2024, luego de ser deportado desde Panamá.

El recluso, en su intervención, mencionó que no le proporcionan ni agua para tomar o un pluma. Según él, su vida corre peligro en en ese centro. «El SNAI sabe que todo lo que digo es real», comentó.

No obstante, la entidad a cargo de los presos mencionó que a Salcedo lo trasladaron de la cárcel 4 de Quito a la de Cotopaxi por supuestas amenazas. Además, fue enfático en que el recluso no debería recibir este beneficio.

Luego del largo proceso, el juez negó el habeas corpus a Salcedo y alegó que sus derechos no fueron vulnerados en ningún momento. También, expresó que esto se trataría de una «mera inconformidad por parte del detenido».

¿Norero vivo?

Se supone que Norero falleció en un motín carcelario en la Cárcel de Latacunga el 3 de octubre de 2022. Sin embargo, la justicia, nuevamente, activó sus alertas ante la posibilidad de que haya fingido o no su muerte. A estas sospechas se suma el excandidato presidencial Cristian Zurita, quien solicitó que se exhumen los supuestos restos del narcotraficante y confirmen su identidad.

Según diario La Hora, fuentes judiciales pidieron un examen de ADN de Norero, pero nunca fue otorgado. El día de su muerte, las autoridades encargadas trasladaron su cuerpo a la morgue de Ambato y posterior a eso a Guayaquil. Como el cuerpo de Norero llegó degollado y baleado, la familia reconoció el cuerpo por los tatuajes.

Ya fingió su muerte dos veces

La primera muerte de Norero fue en Perú, cuando lo detuvieron por ofrecerle USD 4.000 a dos jóvenes para ser «mulas». Cuando encontraron a Norero, un juez pidió prisión preventiva, pero ‘el Patrón’ se fugó. En 2019 fue herido en Guayaquil y las autoridades peruanas pidieron su extradición. Volvió a evadirse fingiendo su muerte.

Segunda muerte

La resurrección de Norero se da el 25 de mayo de 2022 cuando la Policía ecuatoriana allanó su casa y lo detuvo. El criminal pasó cuatro meses en prisión hasta el 3 de octubre cuando una balacera en la cárcel de Latacunga se cobra la vida de 15 privados de libertad (PPL), él entre los occisos.

“De lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las víctimas”, dijo a los medios el subdirector del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), Jorge Flores. No obstante, nunca hubo información fehaciente que pruebe que Norero estaba muerto.

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Este cambio se produce después de que Salcedo sea detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 18 de enero, fecha en la que fue deportado de Panamá por presunta participación en delincuencia organizada.

El traslado, llevado a cabo en un operativo que involucró al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), inició el sábado a las 19:40, según informó el SNAI a las 14:30 de este domingo.

Según información oficial, al llegar al nuevo centro, se llevó a cabo una evaluación médica de Salcedo en colaboración con el Ministerio de Salud, cumpliendo con medidas cautelares y asegurando su integridad física y psicológica.

El SNAI destacó su compromiso de facilitar todas las medidas necesarias para las investigaciones de las autoridades judiciales.

El historial de Salcedo

La historia legal de Daniel Salcedo incluye una liberación a finales de 2022, dispuesta por un juez en la provincia de Manabí. Sin embargo, ahora enfrenta una serie de cargos que incluyen lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social.

El traslado de Salcedo añade un nuevo capítulo a su historia legal, manteniendo el interés y la intriga en torno a los eventos que rodean su figura.

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«Quieren callarme, como lo hicieron con Fernando Villavicencio, y ahora lo quieren hacer con la Fiscal», expresó la fiscal en medio de la audiencia donde incorporó 8 nuevos nombres de sospechosos en el caso Metástasis.

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La autoridad añadió que el mismo grupo delincuencial que se encargó de asesinar al excandidato presidencial estaría detrás de un atentado contra ella y lo miembros de su familia. También reveló un nombre: Fabricio Colón Pico, un delincuente asociado con Los Lobos.

Según Primicias, Pico tiene 44 años y acumula 30 años de una carrera delictiva. Sus primeras detenciones datan de la década de los 90, cuando lo sindicaron por robos en los ejes viales del país usando ropa policial.

Conocido por los alias de ‘Capitán Pico’ o ‘Salvaje’, tiene 17 de detenciones y 30 procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. Salió de la cárcel con un beneficio penitenciario y un grillete electrónico. En 2019 volvió a prisión por extorsionar a taxistas quiteños, obligándolos a pagarle USD 30 semanales. En estos momentos, Colón Pico está libre otra vez. La Policía lo identificó en la ciudad movilizándose en autos de alta gama. No tiene órdenes de captura en su contra. (MIB)

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A través de una serie de chats descubiertos en el expediente del caso, se destapa una conexión poco convencional entre ambos actores durante su estancia en la prisión de Cotopaxi en 2022, revelando una red de complicidades.

Una conexión basada en la influencia mutua

Estos chats, fechados a partir del 29 de junio de 2022, exponen un intrigante intercambio de favores y diálogos que oscilan entre la fe (ambos conversaban sobre sus oraciones y su relación con Dios) y los oscuros negocios. La relación se fundamentó en la influencia mutua, donde Norero busca empleo para familiares en el sector público mientras Salcedo presume de conexiones y sugiere la posibilidad de «comprar entidades».

La dualidad de estos diálogos revela una trama de relaciones turbias y favores clandestinos que se desenvuelven en un contexto de corrupción y narcotráfico.

En medio de oraciones y expresiones de fe, Norero y Salcedo discuten tratos poco éticos. Salcedo busca la colaboración de Norero para localizar a su hermano (Noé) liberado por una apendicitis y, también, resolver problemas legales, mientras ‘el patrón’ presiona para colocar a familiares en puestos públicos.

En uno de esos diálogos, Salcedo propone la idea de «comprar entidades«, introduciendo Norero al mundo de operaciones poco convencionales en el sector público. Este intercambio de mensajes revela una conexión basada en la conveniencia y la disposición a transgredir límites éticos y legales.

Norero habría conseguido favores de parte de Salcedo

Durante su estadía en la cárcel, Norero presionó a Salcedo para que dos de sus familiares: su cuñada y su sobrina, puedan obtener empleo en el sector público. El intermediario, Salcedo, le aseguró al narcotraficante que no tendría mayores dificultades para lograrlo.

Al parecer, dicha gestión fue exitosa para la sobrina de Norero, contratada como auxiliar de carga en Celec, según registros de la Contraloría. Sin embargo, su cuñada no figura en los archivos de funcionarios públicos.

Las últimas conversaciones entre ambos personajes están ligada a las intenciones de Norero de extender su poder y conexiones hasta el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Sin embargo, estas no fueron concretadas, debido al fallecimiento del narcotraficante en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022.

Los chats entre ambos personajes exponen a la luz una red de influencias y corrupción que alcanza niveles sorprendentes, evidenciando la complejidad del caso Metástasis.

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«En este chat se registran las intenciones que Leandro Norero tenía en contra
del secretario de Inmobiliar, a quien acusa de haber robado cosas de su casa. Pide a
Fabián Yilmar C. B. que le dé cacería», indicó la entidad.

Norero también admitió haber matado y mandar a matar a muchas personas y que compró muchas armas. También se culpa de lo que pasa en las calles.

Puede encontrar todos los chats del caso metástasis en este enlace.

https://drive.google.com/drive/folders/1sLNG_tqIW9KfIUwJvSA6bm9muTE67Upc

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El exfuncionario aclaró que el 11 de agosto del 2022 se reunió con Intriago para hablar de los temas de inseguridad que atravesaba el cantón. El encuentro se habría dado a petición del mismo burgomaestre. Hasta ese momento el cantón había sido escenario de dos sicariatos.

»Una cosa es una conversación entre mafiosos y narcotraficantes que involucran a terceros y otra es una participación directa», dijo en entrevista para Teleamazonas.

De acuerdo a los chats difundidos por Fiscalía, el nombre de Carrillo aparece en una conversación entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Helive Ángulo. Los chats detallaban que Carrillo se reuniría con el »UNO», que según el exministro sería el alcalde de Manta.

Lo niega todo

»Hasta donde le hace más favores usted mi estimado, que hasta los ministros le reciben a este man» decía Ángulo a Norero.

Ante este mensaje, Carrilo se limitó a decir que él »no puede justificar lo que dos mafiosos conversen» y cambió de tema. También negó la relación cercana que habría tenido con el excabecilla de Los Choneros, Junior Roldán. »Yo ni conozco ese sujeto», resaltó.

El exfuncionario señaló que cuando era Comandante de la Policía se abrió la investigación del Caso Norero, sin embargo, el proceso se había paralizado debido a la muerte del narcotraficante. Más adelante cuando ocupó el cargo de Ministro resaltó que volvió a abrir el expediente, incluso, manifestó que de lo que también se debería hablar es de las cientos de amenazas que recibía de los mismos grupos delictivos.

Personajes de Lasso

Las evidencias del Caso Metástasis también involucran al exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez, quien habría ofrecido a Norero »realizar arreglos». Además se disculpó por la filtración de llamadas, videos y audios, y que las evitará en «lo más mínimo».

Por otro lado, Ordóñez habría mantenido contacto con la jueza de Samborondón, Glenda Ortega- implicada en el Caso Metástasis- para resolver uno de los procesos de Norero. En este sentido, el narcotraficante le agradeció por la ayuda prestada.

Ante lo expuesto, el exsecretario indicó que todo se trataba de un »burdo montaje» y que todo se trata de una falsificación a su usuario en WhatsApp. Resaltó que él jamás realizaría un acuerdo con delincuentes.

El nombre del exsecretario jurídico de Presidencia, Fabián Pozo también se encuentra implicado en las conversaciones filtradas por Fiscalía. No existe claridad en la respuesta que Ángulo daba a Norero pero decía que » ya tenía a los manes puestos por Fabián Pozo en Manta». El exfuncionario señaló a Expreso que jamás ha tenido contacto con Norero y ningún intermediario.(AGM).

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