Con la resolución emitida por el Tribunal de Apelación queda en firme la pena reducida de 50 meses de cárcel para el exasambleísta por Manabí, Daniel Mendoza.

El pasado 10 de noviembre, durante audiencia de procedimiento abreviado por el Caso Pedernales, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena de 50 meses al exasambleísta morenista, Daniel Mendoza. En el caso están implicados otras siete personas, todas con sentencia por delincuencia organizada.

De acuerdo con el artículo 369 del Código Orgánica Integral Penal (COIP) quien esté al mando de la red de delincuencia organizada tendrá más de cinco años de prisión, mientras que quien además obtenga beneficio

Jennifer C., Ángel A., José S tendrán 40 meses de prisión. Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V. estarán 34 meses. Los acusados pagarán una reparación al Estado de USD 8’000.000. De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, los hechos tuvieron lugar en Manabí y Pichincha entre los años 2019 y 2020.

“Estos ciudadanos, de forma permanente, planificaban y dirigían actividades ilícitas utilizando mecanismos como la contratación pública, la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito. La utilización del sistema financiero nacional para dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido de manera ilícita”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

De la Asamblea a la prisión

El pasado 1 de julio, el asambleísta Mendoza renunció a su curul cuando una Comisión Multipartidista recomendó su destitución al faltar a sus deberes como legislador. Durante el proceso de juicio, Daniel Mendoza dio testimonio de presuntas cuotas políticas entre los asambleístas y el Ejecutivo.

El Caso Pedernales también manchó al exlegislador Eliseo Azuero (BADI), quien fue destituido por la Asamblea Nacional. Azuero y parte de la bancada del BADI recibió sobornos de Mendoza que pertenecían al Hospital de Pedernales que sigue sin construirse.

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“La ANT fue entregada a finales del año 2018 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban USD 30 o USD 40 por trámite, es decir, alrededor de USD 2.500 diarios. Esa cuota política nos quitaron por no apoyar a Diana Atamaint en el juicio político en su contra. Todo se encuentra en el bloc de notas de mi teléfono y una libreta”, indicó Benavides.

Agregó “debo precisar que teníamos otras cuotas políticas que no nos generaban recursos económicos como la Secretaría de la Reconstrucción, la Gobernación de Manabí y Senplades (Manabí) como parte del reparto político por parte del gobierno. Por la cercanía con Daniel Mendoza, sé que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Incluso las de la ANT, designadas por el entonces ministro Aurelio Hidalgo, fueron también aprobadas por Romo”.

Gobernador de Manabí

Por su parte, el exasambleísta Daniel Mendoza indicó que la designación de Tito Nilton como gobernador de Manabí fue un pedido que la ministra solo cumpliría si el juicio político en su contra se archivaba.

“Cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, la ministra me aseguró que la asignación de Tito Nilton se daría después de que en la Asamblea se archivara la causa en su contra. Entonces, con mi voto se archivó el caso y así se designó a Nilton como gobernador”.

El exlegislador indicó que esta era una practica recurrente desde que empezó a ser asambleísta. “Siempre existía un asesor que hacía de puente entre los legisladores y podía pedir cierta organicidad para tal o cual perfil. Cuando Paul Granda estuvo en la Secretaría de la Política, esta persona era Paúl Bejarano. En el caso de la ministra Romo fue Fausto Holguín”, puntualizó.

Daniel Mendoza, Jean Carlos Benavides, José V. enfrentan procesos legales por ser parte de una presunta estructura de corrupción que operó en el proceso de adjudicación de la construcción del Hospital de Pedernales, Manabí.

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